Libertad de Expresión

Cambiar para retroceder

Cambiemos avasalló el sector de las comunicaciones ni bien pisó la Casa Rosada. Como en los ‘90, cuando lo primero que se privatizó fueron los canales 11 y 13, la Ceocracia ahora se focalizó en disolver organismos creados por la ley de medios de la democracia. La función reguladora del Estado, dinamitada.

* Por la Comisión de Políticas de Comunicación y Libertad de Expresión del Frente de Profesionales de La Cámpora. Fotos: Majo Malvares. Ilustración: Gustavo Cimadoro.

El clima revanchista y el objetivo de desarmar todo aquello que el kirchnerismo había construido empezó a vislumbrarse desde el 23 de noviembre del año pasado, tras el triunfo de Macri en el balotaje. Como una antesala de lo que estaba por venir, los ataques al espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) comenzaron con el allanamiento dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío a su sede, el 4 de diciembre de 2015, en procura del expediente referido a planes de adecuación del Grupo Clarín.

Una vez iniciada la nueva gestión, la primera medida para el sector del nuevo gobierno fue la creación del Ministerio de Comunicaciones, a cargo del radical Oscar Aguad, cuya trayectoria en materia de medios es haber pasado por el directorio del diario la Voz del Interior de Córdoba, un pasquín del grupo Clarín en la provincia. Entre sus célebres declaraciones, luego de asumir el cargo dijo que “No hay monopolios de la comunicación en Argentina. Todos deben competir de acuerdo a las reglas del mercado”.

Más adelante también demostró lo poco que sabe de telecomunicaciones, al “asombrarse” públicamente por la capacidad de enviar imágenes y realizar compras a través de Internet. El ministro tampoco tuvo pruritos en colocar a su yerno, el diputado radical Rodrigo De Loredo, sin ninguna experiencia en el sector, al frente de la empresa pública especializada en satélites ARSAT.

A ello le siguió la intervención de la AFSCA y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) el 22 de diciembre y el Decreto 267, a través del cual se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que disolvió tanto AFSCA como AFTIC y modificó la normativa de regulación de ambos. El lenguaje tecnocrático que equiparó el rol del ENaCom con el del ENRE o el ENARGAS, tal el disparate dicho por el jefe de Gabiente, Marcos Peña, da cuenta de la profunda ignorancia de este nuevo gobierno respecto del derecho humano a la comunicación, que la LSCA consagraba, y su importancia en la producción de subjetividades.

El gobierno de Cambiemos retrocedió a una concepción de la comunicación propia del siglo XIX, en la que el paradigma de Libertad de Expresión se limitaba a la no injerencia del Estado, y que desconoce todo lo avanzado en la materia, en particular por la ONU/Unesco y la Unión Europea. Por el contrario, la comunicación entendida como un derecho humano concibe la intervención estatal como indispensable para garantizar la pluralidad y la diversidad de la información frente al ahogo informativo de los monopolios. Por este motivo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya realizó un cuestionamiento al gobierno de Macri y su desguace de la LSCA.

Bajo la fachada de la convergencia y la modernización se echaron por tierra todas las medidas antimonopólicas y se consagró una regulación a la medida de Clarín. En detalle: el decreto modifica la regulación sobre concentración de la propiedad en TV abierta, TV por cable y radios, extiende el plazo de explotación de todas las licencias audiovisuales en vigor y habilita el cruce para que grupos audiovisuales puedan brindar servicios de telecomunicaciones y (más tarde) para que los grupos de telefonía puedan ofrecer televisión por cable. Eleva de diez (10) a quince (15) la cantidad de licencias de radio y televisión abierta a nivel nacional y de tres a cuatro las licencias en el orden local.

La TV por cable (“servicios de radiodifusión por suscripción”) deja de estar regulada por la ley audiovisual y es considerada un servicio TIC. Con ello, el DNU elimina el límite para licencias y porcentaje de dominio de mercado de los cableoperadores. Elimina el límite del 35% de la cobertura de audiencia potencial para emisores de tevé abierta y radio. Todos los licenciatarios son beneficiados con la introducción de una “prórroga automática” de cinco años a toda licencia audiovisual y se relajan las condiciones para que, después, los licenciatarios tramiten una nueva prórroga por otros diez años. Elimina de la Ley TIC y de Telecomunicaciones “Argentina Digital” la obligación de prestación de facilidades esenciales por parte de los dueños de las redes con posición dominante para que sus competidores puedan hacer uso de las mismas en condiciones no discriminatorias.

Mientras que las modificaciones a la LSCA permiten que el principal grupo multimediático del país no requiera ya de cumplir con la adecuación que venía frenando judicialmente, las modificaciones a la ley Argentina Digital le aseguran poder ingresar a los mercados de telefonía y banda ancha móvil y fija, sin que las telefónicas puedan entrar a dar Cable. Resuelto el amurallado defensivo del Grupo Clarín, el nuevo decreto también le dio al multimedios, con un documento a sola firma presidencial, el cierre de su operación de adquisición de Nextel, mientras se cocina a fuego no tan lento su entrada en Telecom. Además, el DNU 267 también abre la puerta a la reprivatización de la actividad satelital, y también queda tiro de decreto la eliminación de la reserva preferencial a ARSAT del espectro 4G.

Un punto a destacar es que las cooperativas, las pymes, las asociaciones de usuarios no sólo no han sido consultadas para estas modificaciones sino que además se las privó por decreto de toda representación en el Directorio del nuevo ENaCom, al disponerse la disolución de los Consejos Federales tanto en AFSCA como en AFTIC. A su vez, fueron eliminados los mecanismos de promoción de Pymes y cooperativas que se establecían en el artículo 94 de Argentina Digital, a la par que se eliminaron del texto las Redes comunitarias.

Este detalle evidencia una idea de convergencia tecnológica sobre la base de la concentración y la “desregulación” del sector (eufemismo usado para la re-regulación a favor de sectores concentrados del mercado), lo que tendrá implicancia directa en los servicios, que serán cada vez más caros, lo que a su vez profundizará la brecha digital.
Apagón informativo

En lo que hace a la diversidad y la pluralidad del ecosistema de medios, tras años de escuchar que “TN puede desaparecer”, nos encontramos con un panorama radicalmente opuesto: un apagón informativo en el que las que desaparecen son las voces críticas del nuevo gobierno. Además, el nuevo criterio de tirada/rating y discrecionalidad para la distribución de la pauta oficial no hará más que profundizar el desbalance del sistema de medios.

Si uno considera los antecedentes del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y los sobreprecios de la pauta publicitaria, que llevaron a la escandalosa renuncia de Fernando Niembro al primer lugar de la lista de diputados para la provincia de Buenos Aires, el cinismo es escandaloso. Tras las palabra “modernización” sólo se ocultan medidas antipopulares y despidos, como el cierre de la agencia Infojus Noticias, que atenta contra la información que el propio Estado brindaba sobre asuntos jurídicos, la actualidad de los juicios de lesa humanidad y una agenda especializada en temas de género y violencia institucional. Así como la propuesta de un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública no puede ocultar el hecho de que el portal de información de la Presidencia de la Nación, que es clave para conocer las actividades del Presidente, está fuera de línea hace semanas.

Más extranjerización

Otro ejemplo de “modernización” es la elección de Facebook at Work (FAW) como herramienta “para potenciar el trabajo en equipo” en el Estado, en una primera etapa en el Ministerio de Modernización para luego avanzar al resto de la Administración Pública Nacional. El uso de FAW implica dejar todos los datos del Estado Nacional en manos de un único proveedor, una multinacional con base en EEUU, con lo que se pierde control de la herramienta y la seguridad de la información. Nuestro país había invertido en el desarrollo de una Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), entre otras cosas para garantizar seguridad de las comunicaciones y que el tráfico no debiera pasar sí o sí por EE.UU. y ahora la gestión Macri directamente decide alojar toda la información en ese país extranjero. Esta medida también atenta contra la generación de trabajo local ya que, en lugar de utilizar una solución basada en Software Libre que pueda ser adaptada a las necesidades del Estado por PyMes locales, utiliza los servicios de una empresa foránea.
Otro detalle a considerar es que el Ministerio de Modernización no hizo público su plan de acción ni mucho menos presentó la licitación pública que da lugar a esta contratación. Pero quizá el colmo de la “modernización” de Cambiemos en materia de Comunicaciones haya sido la designación de la mujer del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, responsable de “revisar” los contratos y concursos para echar a miles de empleados públicos, en la gerencia de Radio y Televisión Argentina (RTA) salteándose el concurso.

Por otra parte, pareciera que las más de cinco millones de netbook que ha entregado Conectar Igualdad, una política pública que ha sido premiada y reconocida a nivel internacional, no constituyen un aporte a la “modernización”. Por eso lo desmantelaron. No sería sorpresa que el Plan Sarmiento, entregado al Grupo Clarín en la Ciudad de Buenos Aires durante el mandato de Macri, y con sobreprecios en el costo de las computadoras, ocupe su lugar.

Fútbol para Pocos

Un capítulo especial merece Fútbol para Todos, ya que Macri había prometido en campaña que continuaría siendo gratuito. No obstante ello, Clarín, Telefe/Telefónica y América tienen en exclusiva la transmisión de los partidos de los clubes “grandes”, lo que significa la crema del negocio: pagan apenas $180 millones, un 10% de los casi $1.900 millones que el Estado le abona a la AFA en 2016. Además, los canales también se quedarán con la pauta publicitaria (exclusivamente privada) de las emisiones. Los otros canales transmitirán los demás partidos, y en la Televisión Pública sólo los de menor interés. La transmisión gratuita por Internet de los partidos más importantes también fue cancelada. Para confirmar el fin del “Fútbol para Todos” y su reemplazo por un “Fútbol para Pocos”, en muchas ciudades del interior no se podrán ver los partidos sin tener el servicio de la TV por cable.
Por todo esto, el Grupo Clarín, ya sin límites a su expansión, volverá a ser el gran beneficiado, en desmedro del conjunto. Y, al menos por un tiempo, hasta que sacie su gula, su periodismo militante será el Boletín Oficial de la gestión de Cambiemos.

 

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