Seguridad

Puro maquillaje

Un militante y especialista en seguridad democrática analiza las primeras medidas de Cambiemos, que a los pocos días de asumir declaró la emergencia nacional en seguridad. El traspaso de la PFA, el intento por disciplinar la protesta social, las declaraciones y armado de escenas cinematográficas, entre otros.

Por Ricardo Dios. Fotos: Majo Malvares. Iustración: Gustavo Cimadoro.

Todo es urgente en Seguridad. Menos las soluciones concretas. Todos queremos vivir más seguros. Es obvio. Pero para eso se deben tomar decisiones difíciles. No sirven las palabras fáciles. Cuando la Alianza Cambiemos estaba en campaña, en los focus group caía bien que se hable de seguridad y narcotráfico. Ahora siguen hablando como si siguiera la campaña: una máquina de humo repleta de slogans y cero gestión o, lo que es peor, el humo para esconder la delegación de la gestión en las fuerzas de seguridad. En la página web del Ministerio de Seguridad las notas terminan con la frase “La seguridad vuelve”. Habría que preguntarse qué es lo que vuelve, en este gobierno que tanto huele al 55, al 76 y a los 90.

La seguridad vuelve nos quiere decir que alguna vez estuvo y que esa vez no fue en los últimos años. Es el discurso de una parte de la sociedad argentina, ese que dice que con los milicos se vivía mejor porque no había inseguridad. El terrorismo de Estado no es inseguridad para el relato hegemónico. Para nosotros sí.

La seguridad vuelve dice algo más con tono macrista: vuelve el autogobierno policial. Vuelve la DEA y la guerra a las drogas. Vuelve la política de la delegación: se delega en los mercados la economía y en la policía la seguridad. Vuelve el Siglo XIX.

Un tema de campaña para esmerilar al kirchernismo fue claramente el narcotráfico. Tiene marketing, produce miedo, se lo relaciona con el poder, circula mucho dinero. Nada más fácil que relacionar a un político con el narcotráfico. Lanata sabe de eso. Con muy poco crearon una novela que, quizás, definió la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿Qué se sabe de narcotráfico en Argentina? Poco. En campaña Eugenio Burzaco decía que ya casi éramos Colombia. Ya no lo dice más. Lejos, lejísimos de Colombia, Argentina tiene problemas de narcotráfico que requieren gestión, trabajo serio e inteligente. No somos un país productor de drogas, somos un país de tránsito y de consumo.

¿Pero qué hizo la ministra Bullrich para resolver el problema? Decidió volver a las relaciones carnales con Estados Unidos y en especial con la DEA. Estados Unidos es el país que más consume drogas en el mundo pero la guerra contra las drogas la lleva en el exterior. Le dicen imperialismo. Como en todo lo que hace, su objetivo no es eliminar sino regular. El “mejor equipo del mundo” lo único que muestra por ahora es el uso de una receta que ya fracasó de modo rotundo en todo el planeta y que encuentra su síntesis en la llamada guerra contra las drogas que lanzó Estados Unidos hace más de treinta años. Los resultados son nefastos. Creció el consumo de drogas y, lo más grave, en el camino quedó un fabuloso tendal de muertos por la violencia que genera el narcotráfico.

En lo concreto, acá en el sur, generan olas con un tema que ya tiene casi diez años (el caso de la efedrina), y para colmo no paran de pifiarla. Se les escaparon (o les abrieron la puerta a) los homicidas, mintieron acerca de su detención. Pusieron en la agenda a Pérez Corradi y una vez más hicieron agua con su detención. La voracidad por darle noticias al periodismo basura los hace comer sapos y pasar mucha vergüenza.

Mientras tanto, en lugar de generar políticas de prevención, la nula gestión genera que Argentina vuelva, como en los 90, a ser un país amigable para seguir haciendo negocios narcos. La seguridad vuelve.

Precursores

En nuestro país en los últimos 8 años se realizó una exitosa política en materia de prevención del tráfico de precursores químicos. Las estadísticas judiciales dan cuenta del casi nulo desvío de precursores químicos al narcotráfico en Argentina, nada que ver con “el festival de cocinas de drogas” que denunciaba Eugenio Burzaco antes de asumir su actual cargo de secretario de Seguridad. Los buenos resultados se lograron porque se trabajó mucho en la consolidación de una política intensiva de prevención, de investigación y de control.

Desde el 11 de diciembre de 2015 esa misma política está paralizada. El famoso DNU 13/15 que, entre otras aspectos, reguló ilegalmente sobre la ley de medios de la democracia y la ley federal de educación, estableció que todo lo relacionado con precursores químicos pasaba al ámbito del Ministerio de Seguridad (hasta ese momento el área funcionaba en la SEDRONAR). Ese traspaso no hizo otra cosa que paralizar la política pública de prevención del desvío de precursores químicos. Eso genera el escenario ideal para que el operador vigente y legal de precursores pueda verse tentado en el negocio de desviar sus productos ya que no hay un Estado que controle su posible destino. Y sabemos muy bien que sin precursores químicos es imposible producir drogas.

Radares, lavado y emergencia

Hay estudios que demuestran que en los últimos años la droga llega terminada a la Argentina, es decir que se produce en otros lugares e ingresa ilegalmente a nuestro territorio. Para evitar ese ingreso se requiere de un servicio de inteligencia y fuerzas de seguridad profesionales y comprometidas. Se requiere, además, de un Poder Judicial activo en perseguir delincuentes y no militantes.

Algunos de esos problemas se solucionan en parte con culminar la radarización que comenzaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y que el gobierno de Macri paralizó al despedir a los equipos de Fabricaciones Militares que se encargaban de fabricar radares de industria nacional, orientados a las necesidades de la política criminal de nuestro país. El cambio, como se dijo, trae un acuerdo con la DEA que viene con un paquete cerrado de productos, entre ellos los radares.

Los “papers” del PRO, previos a asumir el gobierno, decían que para combatir al narcotráfico era necesario apuntar a su estructura económica, es decir al lavado de activos. Lástima que en la UIF, donde se hace eso, pusieron a abogados que hasta el 10 de diciembre defienden a los lavaderos de dinero más importantes del mundo.

Todo eso en el marco y con el permiso del decreto que declaró la emergencia en seguridad, dictada sin justificar los hechos que respaldan semejante decisión. Puro voluntarismo. Como las soluciones a la inflación. O con la pobreza cero. Decir que hay emergencia no significa que esa emergencia exista. Ahora, además de comprar fierros sin tanto papeleo, se pueden derribar aviones, en una medida que afecta garantías básicas del ser humano y que resultó ineficaz en términos de seguridad interior en cada país que se implementó.

Numerosas personalidades de diferentes espacios sociales y políticos se manifestaron en contra de la marketinera declaración de la emergencia en seguridad, y aparte propusieron que se aborde en serio, en profundidad, la problemática de seguridad en general y de las drogas en particular: http://www.asd.org.ar/2016/01/ante-la-declaracion-de-la-emergencia-en-seguridad

Traspaso

Sumado todo esto tenemos la desprolija y apurada transferencia de parte de la Policía Federal Argentina a la Ciudad que trajo como consecuencia una PFA partida al medio, con internas feroces entre los azules. Las comisarías siguen haciendo lo mismo que antes pero ahora responden imaginariamente al Gobierno de la Ciudad. El convenio no dice a donde recae la transferencia: ¿Los transferidos son ahora de la Policía Metropolitana? ¿Son policías del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad? Lo cierto es que siguen siendo la Policía Federal Argentina, con todo su peso y tradición, con lo bueno y lo malo. La culpa nunca es de las fuerzas de seguridad, es de los gobernantes que el pueblo eligió para decidir el camino de esas fuerzas de seguridad.

Jueces corporativos

Entre tanto, todavía seguimos esperando la prometida agencia federal de investigaciones de delitos complejos. Quieren mejorar las investigaciones pero les dan el poder a los jueces, que si algo han demostrado en sus trayectorias es que no saben o no les interesa realizar una investigación eficaz.

Para reducir el narcotráfico y todos los delitos complejos se requieren sistemas modernos y profesionales de investigación. Una regla de oro en TODO EL MUNDO es que la investigación quede en manos de los fiscales y que los jueces actúen como garantes del procedimiento y de los derechos de las partes. Una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue postergar la implementación del Código Procesal Penal que preveía eso, que los fiscales sean los dueños de la investigación. Esto que pasó medio escondido genera que seamos casi el único país en la región con un sistema procesal penal inquisitivo, propio del siglo XVIII, donde los jueces son juez y parte.

Disciplinamiento de la protesta

Para completar el cuadro de inoperancia e ineficacia dictaron el protocolo de manifestaciones. La seguridad (la represión) vuelve. Habrán advertido en aquellos focus group que la gente está harta de los cortes de calle. También que a “la gente” le gustan los sheriff: te doy 5 minutos y si no te vuelo.

El nuevo protocolo para manifestaciones es un hecho político repleto de aberraciones jurídicas propias de gobiernos dictatoriales. No hay prohibición de usar balas de plomo y no obliga a los policías a ir identificados. Retrocede con todo lo que se avanzó en la materia desde 20 de diciembre de 2001. La seguridad vuelve. El marketing clase mediero los lleva a violar derechos humanos aprovechándose del cinismo que impera en el mundo que, entre otras cosas, genera la visita de Obama a la Argentina el 24 de marzo.

El rol de la seguridad democrática

Si bien en el campo de la seguridad, el proyecto nacional y popular tuvo sus tensiones que hacen que estas medidas no se adviertan tan drásticas como lo son las medidas económicas, lo cierto que desde la política de no represión de las manifestaciones sociales en adelante, siempre se intentó gobernar y democratizar a las fuerzas de seguridad, educando para la gestión del conflicto y no para la represión.

Ese paradigma hoy está desarmado. Se vienen épocas novedosas donde muchísimos integrantes de las fuerzas de seguridad tienen convicciones democráticas más fuertes que los funcionarios del ministerio de seguridad (el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, es defensor expreso de los genocidas del 76/83). Habrá que ver esta nueva tensión para donde dispara.

Está en nosotros defender los derechos conquistados, en fortalecer los consensos de los valores democráticos y en desarmar con acciones políticas, de comunicación y callejeras este marketing abrumador que solo tiene como consecuencia más violencia para nuestro pueblo.

 

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