El gobierno incumple leyes de la comunidad deportiva

La Secretaría de Deportes ningunea la letra de tres leyes neurálgicas para el sector que el kirchnerismo sancionó antes de dejar el gobierno, cuyos beneficiarios son los actores centrales de la actividad y en especial los sectores más desprotegidos de la sociedad. Crónica de una otra de las caras de la falsa institucionalidad del macrismo.

Por Osvaldo Jara

Sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner se sancionaron tres leyes nacionales de mucha relevancia: la actualización de la Ley del Deporte, la del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED) y la Ley de Clubes de Barrio y de Pueblo. Las iniciativas fueron producto de la militancia de la comunidad deportiva y conforman una clara manifestación de las transformaciones vividas en la Argentina durante los últimos años.

La gestión Cambiemos está ignorando estos importantes vectores que marcarían el rumbo de una conducción deportiva democrática, participativa y plural. El secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, ignora las leyes con una serie de evasivas y goza del beneplácito del periodismo oficialista.

Los doce años de peronismo –entre 2003 y 2015- originaron avances concretos en materia deportiva. Se produjo un cambio de paradigma y la cultura física volvió a ser tomada como parte de un proyecto de inclusión, democrático y generador de identidades. El Estado empezó a construir nuevos lazos entre los sectores que habían sido duramente castigados por el neoliberalismo y a través de la Secretaría de Deporte se implementaron programas de fuerte impacto, sobre todo en las franjas más vulnerables.

De este modo, las Organizaciones Libres del Pueblo recuperaron un rol vital y fueron impulsores de importantes iniciativas. Fueron vitales en el despertar de una actividad que había sido relegada debido a otros requerimientos, de tipo asistenciales. Dicho protagonismo se tradujo en la gestación de leyes que responden a las demandas y necesidades del conjunto. Repasemos.

Espíritu de un pueblo
La actualización de la Ley del Deporte (27.202), es una de las últimas iniciativas logradas por el kirchnerismo. Se trata de una adecuación de la legislación creada por Juan Perón, que incorpora requerimientos de la sociedad actual y contempla una serie de modificaciones que le dan un marco de mayor democracia.

La creación del Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física es central en esta readecuación. Se trata de un ente que reemplaza a la Secretaría de Deporte y garantiza la participación de otros actores. Su directorio está compuesto por un presidente, tres directores designados por el Poder Ejecutivo, representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), la Confederación Argentina de Deportes (CAD), el Consejo Nacional de Deporte y la Actividad Física, así como también coordinadores regionales. El Instituto es el órgano de aplicación de la ley, y su principal atribución es dirigir los principales lineamientos de la actividad. Dicho ente va en consonancia con el funcionamiento de Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física, cuya periodicidad es la clave para la consolidación de un proyecto inclusivo.

El kirchnerimos impulsó el desarrollo de la práctica deportiva como no sucedía desde el peronismo.

La ley también contiene otros puntos relevantes, como la participación de minorías al interior de las instituciones, el funcionamiento de organismos democráticos y el reconocimiento de nuevas actividades para “todas aquellas modalidades en que se conciba el deporte en función de las necesidades y las características personales de los participantes, así como de las condiciones regionales, institucionales, culturales y socioeconómicas …”.

Para actualizar la ley se realizaron diversos foros en todo el país, en los que dirigentes, deportistas y aficionados realizaron sus aportes. El tratamiento que la iniciativa tuvo en el parlamento resulta ilustrativo respecto de la postura del entonces diputado Mac Allister, que votó negativamente, al igual que el resto del espacio UNEN-FAP-UCR.

ENADED
Otra ley de importancia es la del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (27.201), que en su primer artículo resalta el carácter público no estatal que garantiza “el asesoramiento y apoyo económico para el desarrollo de la infraestructura deportiva; y en lo social incluyendo, mediante la Asignación Universal por Hijo en el Deporte (AUD), el derecho a la práctica del deporte y la actividad física de niños, niñas y adolescentes”.

La AUD consiste en el cobro de un canon para que los jóvenes puedan desarrollar actividades deportivas y culturales en clubes, escuelas deportivas o polideportivos. De esta manera, más de dos millones y medio de chicos y chicas podrían insertarse en la cultura deportiva.

El ENADED es un complemento de la actualización de la Ley del Deporte, siendo una herramienta para propiciar la masividad de la práctica en franjas que tienen menor posibilidad de acceso. Un ejemplo de ello lo constituye la creación del Programa Nacional de Empoderamiento de la Mujer en el Deporte, cuyo objetivo es asegurar el derecho del género a participar de la actividad por medio de distintos programas y proyectos, como así también el desarrollo de infraestructura deportiva.

El proyecto original del ENADED establecía el cobro de un impuesto a las bebidas gaseosas, alcohólicas y a la industria del tabaco. De esa manera, se podía obtener la fuente de financiamiento suficiente para garantizar el pago de la asignación. Sin embargo, el lobby de sectores empresarios del rubro imprimió una fuerte presión sobre legisladores de todos los colores políticos. Finalmente, se acordó la aprobación de la ley sin estipular el modo de financiamiento.

El actual secretario de Deportes se declaró opositor a la creación de éste y otro tipo de entes, al esgrimir que demandan el nombramiento de cargos con altos sueldos. Desde el punto de vista legal el argumento es que la Secretaría no tiene intervención directa en la creación de dichos organismos; aducen que los entes descentralizados se encuentran fuera de la administración nacional y, por lo tanto, su implementación queda a criterio del Ejecutivo Nacional.

Tanto el incumplimiento de la actualización de la Ley del Deporte como del ENADED están siendo llevadas a la justicia, por impulso de la Confederación Argentina de Deportes (CAD) y está tramitada en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N°3.

Ley de Clubes
Otra situación irregular se presenta con la Ley de Clubes (27.098), sancionada en diciembre de 2014. Se trata de una normativa que contempla las necesidades de las distintas instituciones barriales y su legislación fue producto de la organización y ahínco de los dirigentes de todo el país. Entre los puntos más importantes se prevé un registro de clubes, presupuesto participativo, inclusión de personas con capacidades diferentes, inembargabilidad, y derecho de propiedad para las instituciones que tienen sus instalaciones en terrenos fiscales.

Sin ninguna duda, la tarifa social básica es un artículo fundamental debido a que las instituciones gozan de un pago diferencial a las empresas prestadoras de servicios públicos. Si bien su reglamentación fue una materia pendiente durante el kirchnerismo nunca se convirtió tan necesaria como en los últimos tiempos.

Los tarifazos que el Ministerio de Energía habilitó afectaron a todos los sectores, entre los cuales se encuentran los clubes barriales. Desde la implementación de esta medida distintas instituciones vienen recibiendo boletas con cifras exorbitantes. La situación es desesperante, en algunos casos se encuentran cerca de cerrar sus puertas.

Tanto la Unión Nacional de Clubes (UCB) como otras organizaciones vienen bregando por su reglamentación. Si bien el ministro de Energía, Juan Aranguren, prometió una solución, hasta el momento no hubo respuestas. Ante este panorama, la Secretaría de Deportes negó cualquier tipo de gestión para hacerla afectiva. En reunión con dirigentes de instituciones barriales, Mac Allister dijo que se trata de un tema ajeno a su área. A cambio ofrece un programa para acceder a una rebaja en las tarifas, aunque los requisitos para obtenerla son complejos. Uno de los más controvertidos es que deben presentar documentación en regla, lo que provoca que una infinidad de clubes no puedan acceder al beneficio.

Los clubes son vitales para contener el tejido social de los barrios.

La Ley es clara y señala que la implementación y determinación de la tarifa social estará a cargo de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Deporte. Pero Mac Allister niega a las Organizaciones Libres del Pueblo, que siguen sufriendo los tarifazos, y en consecuencia muchos de ellas están al borde del cierre. La estrategia del oficialismo consiste en corroer la resistencia de estas organizaciones, que fueron y son creadas por el pueblo para velar por los intereses comunes de las comunidades.

La postura de la Secretaría coincide con el histórico ideario liberal, negando la apertura y democratización de la conducción del deporte nacional. Las autoridades a cargo del área se niegan sistemáticamente al cumplimiento de las leyes, muy lejos de la pretendida “institucionalidad” que suelen esgrimir.

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