Judiciales

Justicia M con M de mamarracho

Macri designó por decreto a un juez amigo en la Cámara Federal de Casación Penal. No importó la Constitución Nacional ni la manifiesta oposición de los camaristas. El Consejo de la Magistratura, copado por el macrismo, avaló la designación. Crónica de un nuevo escándalo institucional.

Por Luciano Jesús

Hoy jueves 11 de Mayo de 2017 nos encontramos con un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y refrendado por su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que impone el traslado del magistrado Carlos Alberto Mahiques, quien por los mecanismos previstos en la Constitución accedió oportunamente al cargo de Juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Con la decisión se lo designa a la Cámara Federal de Casación Penal.

Atrás de esas palabras que parecen decir que sólo se trata de un cambio de escritorio, irrumpe la verdadera cara de la Justicia M: el bochorno institucional. Traduciendo: donde estaba Mahiques se revisan decisiones judiciales sobre delitos comunes consumados en la Ciudad de Buenos Aires. Un homicidio, una estafa, un abuso sexual, entre otros delitos. Donde Macri puso ahora ilegalmente al juez se revisan las decisiones judiciales sobre delitos federales cometidos en la Ciudad de Buenos Aires. Narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y corrupción (chan) entre otros. El traslado es inconstitucional porque para ser juez se deben seguir los procesos constitucionales: o sea, un concurso en el que pueda competir con otros aspirantes al mismo cargo.

El Consejo de la Magistratura, órgano constitucional que se encarga de gestionar los concursos y las sanciones disciplinarias de juezas y jueces, hoy dominado por el macrismo, había dictaminado que el traslado de Mahiques era válido y que no requería un nuevo concurso. Las juezas y los jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal, por su parte, dictaminaron que Mahiques no podía ingresar a la Cámara Federal sin los procedimientos constitucionales y rechazaron su nombramiento y calificaron la situación como “inédita”.

El Decreto de Macri zanja sin pudor esa discusión. Ganó el autoritarismo. Un presidente nombra jueces sin el procedimiento habitual que debe seguir la designación de cualquier juez. Típico de la arrogancia, impunidad e hipocresía de la dirigencia de Cambiemos. Y van dos datos más: Carlos Alberto Mahiques -que hace un tiempo atrás fue ministro de Justicia del gobierno de María Eugencia Vidal- es el padre de Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo que encabeza Macri, en el Consejo de la Magistratura, y de Ignacio Mahiques, Fiscal de Instrucción en Ciudad de Buenos Aires, que entre otros antecedentes, cuenta con el de haber imputado a Cristina Kirchner, junto a su colega Policcita, en la causa Hotesur.

El objetivo político judicial de la Alianza Cambiemos no es mejorar el servicio de justicia, como juran ante las cámaras Macri, Peña, Garavano, Vidal y Carrió, sino fustigar judicialmente a la ex Presidenta de la Nación y a los ex funcionarios y dirigentes de su gobierno o movimiento político. Carlos Alberto Mahiques es a partir de hoy una pieza fundamental en ese esquema persecutorio, ya que ahora va a revisar las decisiones de los jueces federales como Bonadio, Ercolini y Lijo, para avalar sus sentencias, y por la contraria, rechazará las sentencias de otros magistrados federales que no se arrodillen ante la voracidad de un gobierno bochornoso.

Es larga lista de decisiones del gobierno en materia judicial que afectaron a la República, al Estado de derecho y a la división de poderes. Maniataron la independencia del Poder Judicial, pero no hubo gran repercusión mediática porque muchos de los que ocupan cargos en “La Justicia” pertenecen al mismo espacio ideológico y cultural de los dueños de los grandes medios de comunicación y de los funcionarios del gobierno.

En lo discursivo la derecha se esconde en las formas, pero siempre apuntan al fondo de la cuestión. Para lograr sus objetivos – concentrar las riquezas del país y conservar las tradiciones que culturalmente facilitan esa misma concentración- utilizan el sistema político que tengan a mano. En los tribunales fueron cómplices o partícipes de eso. Juez o jueza que sentencie a favor de los trabajadores será objeto de persecución. Por ejemplo, los integrantes de la justicia laboral que los instaron a realizar la paritaria docente o convalidaron las paritarias por arriba de la pretensión de Mauricio Macri.

La operación política es sencilla. Se hace a través de los medios monopólicos. Las juezas y los jueces que garantizan derechos y ponen límites a la arbitrariedad de la Alianza Cambiemos son “Jueces K”, y sus rostros salen impresos en las portadas con nombre y apellido y una foto de buena calidad. Quienes resuelven a favor de los intereses de los más poderosos son “La Justicia”, y no llevan nombre porque son la moral republicana.

La persecución más alevosa y cuasi mafiosa la sufre Alejandra Gils Carbo, actual Procuradora General de la Nación, ya que supuestamente es simpatizante K. O sea, por pensar diferente que el Poder. Justamente ahí se lucen los valores de la democracia: en las diferencias y más aún si esas diferencias provienen de quienes toman decisiones judiciales. El Poder Judicial debe controlar los abusos de poder. De eso se trata la tan manoseada palabra República.

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