El resistible descenso del Estado de Derecho

5 de Noviembre de 2017

Por Lisandro M. Teszkiewicz (*)

El artículo 18 de la Constitución Nacional comienza con la siguiente declaración de garantía: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. Formulaciones similares traen el artículo 14.1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No se trata de una declaración formal, no se trata de un tecnicismo burocrático, es quizás el pilar fundamental del Estado de Derecho. Constituye aquella garantía de que nuestra libertad, nuestros cuerpos e incluso nuestras vidas no estarán sujetas a la arbitrariedad del gobernante, si no protegidas por un sistema institucional de controles y garantías que nos permitirán, entre otras cosas, ejercer nuestra defensa frente a quien quiere privarnos de libertad, y que no tiene otro nombre que República.

Milagro Sala, Parlamentaria del MERCOSUR dotada de fueros legales, se encuentra hace 657 días privada arbitrariamente de su libertad, ante esa situación se ha alzado la voz de la Organización de Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una medida cautelar. Sin embargo la institucionalidad federal y provincial de nuestro país, hace oídos sordos, y aún peor transita un juego perverso de alivio y endurecimiento de las condiciones de detención que, con efectos devastadores sobre su salud física y psíquica, solo puede ser asimilado al trato cruel, inhumano o degradante que prohíben los pactos internacionales.

Santiago Maldonado participa de una protesta en las rutas de Esquel, Provincia de Chubut, que es reprimida por fuerzas de seguridad federales, durante 78 días el mundo desconoce su paradero, funcionarios de primer nivel de gobierno hacen públicas hipótesis disparatadas, retacean información a los órganos judiciales, niegan responsabilidades sin sustento, entorpecen y partidizan en contexto electoral, la investigación y finalmente aparece su cuerpo, sin vida, en la misma zona donde fuera perseguido por los agentes federales.

En violación a la Ley de Educación Superior, Fuerzas de Seguridad irrumpen durante un festejo en la Universidad Nacional de Jujuy y apresan al Presidente de uno de sus Centros de Estudiantes. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación ordena a los Directivos de Establecimientos que denuncien penalmente a los estudiantes que se oponen a la Reforma Educativa.

Dirigentes sindicales sufren, durante los procesos de negociación salarial, amenazas contra su vida y las de sus hijos y parientes, y el propio Presidente de la Nación ante la asamblea legislativa, desecha la necesidad de brindarles la protección que el Poder Judicial ordena.

Gremialistas, de cuño radicalmente opuesto, son apresados en razón de investigaciones sobre presunta corrupción, y jueces criminales sin competencia laboral, ordenan la intervención de asociaciones sindicales en razón de los supuestos delitos cometidos por sus dirigentes. En paralelo, los medios de comunicación publicitan que, el Poder Ejecutivo recolecta adhesiones sindicales a sus postulados de “acuerdo nacional” mediante la extorsión basada en el riesgo de prisión de las conducciones gremiales.

El ministro de Justicia, la ministra de Seguridad, el jefe de Gabinete y el propio Presidente de la Nación amenazan cotidianamente a distintos miembros del Poder Judicial y los Ministerios Públicos con su juicio político o remoción; llegando a postular la posibilidad de modificar el diseño institucional de Ministerio Público para obtener el alejamiento de su titular, que luego de más de 20 meses de acoso constante cede ante la presión y renuncia, con la esperanza de que su alejamiento evite el descalabro institucional de eliminar la independencia de un poder del Estado.

Decenas de jueces son hostigados mediáticamente y sometidos a procesos disciplinarios, de tramitación eterna, y en algunos casos suspendidos en sus funciones o removidos de sus fueros cuando no se obtienen sus renuncias, en razón de sus discrepancias ideológicas con el poder de turno.

El Diputado Nacional Julio De Vido es desaforado por sus pares y apresado por el Poder Judicial en el marco de un expediente judicial en el que ni siquiera le había sido otorgada la oportunidad de ser escuchado en el trámite de declaración indagatoria.

Durante tres días consecutivos medios gráficos publican la existencia de supuestos informes de auditoría que justificarían la remoción del Juez Federal Ariel Lijo. Luego, este ordena la captura del ex Vicepresidente Amado Boudou en el marco de otro expediente, en el que tampoco había transcurrido el trámite de indagatoria, pero aún más, en el que el Fiscal de la causa ni siquiera había solicitado la medida.

Los medios de comunicación especulan a diario, en una suerte de pronóstico deportivo u horóscopo macabro, si esta semana perderá su liberta la ex Presidenta o alguno de sus ex colaboradores, aliados, seguidores, o simples simpatizantes.

Podríamos seguir volcando ríos de tinta sobre el calamitoso estado de salud de República, pero lo que resulta alarmante es que hasta el momento la comunidad jurídica, los abogados, los juristas, sus Asociaciones y Colegios Profesionales, las Universidades Nacionales y Privadas que forman los futuros letrados, no hayamos podido alzar nuestra voz de alarma frente a tan grave y estrepitosa debacle del Estado de Derecho en la Argentina.

En mi carácter de consejero directivo, por la minoría, de la Facultad de Derecho de la UBA he intentado alertar a mis colegas, sesión tras sesión (como dan cuenta sus versiones taquigráficas) sin lograr conmover sus opiniones, ni obtener si quiera una tibia declaración de preocupación ante el derrumbe ético del Estado, que sin lugar a dudas pone en riesgo los pilares fundamentales del sistema de respeto a los derechos que con aciertos y errores hemos construido desde diciembre de 1983, pero que además altera nuestra cultura jurídica a niveles profundos y con consecuencias hoy impredecibles.

Este momento de poder pasará, como pasan todos, es necesariamente temporal, Pero la cultura política sembrada cosechará necesariamente revanchismos, y futuros poderes de otro signo se verán ante la disyuntiva de mostrarse como “tibios” o “canibalizar al caníbal”. Estamos ante la puerta de la destrucción del Estado de Derecho en nuestra comunidad.

Es momento que las mujeres y hombres que dedicamos nuestras vidas al Derecho, como abogados, operadores judiciales, académicos, juristas, observadores, o en la calidad que sea, unamos y alcemos nuestras voces en defensa del Estado de Derecho Todavía estamos a tiempo de no ser espectadores pasivos del triste final anunciado del sistema Republicano de Gobierno, establecido en nuestra Constitución Nacional.

Bertol Brech con su pluma exquisita nos regala en 1941, mediante “El resistible ascenso de Arturo Ui”, una sátira impecable del proceso que llevara, ante la pasividad del orbe, a lo que fue quizás la máxima expresión de aniquilamiento del Estado de Derecho durante el Siglo XX. Que no nos encuentre la próxima década preguntándonos: ¿Qué nos pasó?

* Consejero Directivo de Facultad de Derecho de la UBA. Integrante de Abogados por la Justicia Social (AJuS) en el Frente de Abogadxs Populares (FAP).