“Siempre se meten con los más vulnerables”

Organizaciones y referentes de la salud mental y los derechos humanos denunciaron que el Gobierno quiere modificar por decreto la ley de Salud Mental para habilitar de ese modo los negocios de las corporaciones médicas. Aparte, dicen, le estarían dando un estocada a la perspectiva en derechos humanos que tiene la key. Marisa Herrera, investigadora del CONICET, dijo que la iniciativa "es antidemocrática y da cuenta de un autoritarismo enorme".

Por Kranear

El 16 de noviembre, varias organizaciones e instituciones vinculadas a la salud mental y los derechos humanos encabezaron junto a distintos especialistas una conferencia de prensa para denunciar que el Gobierno nacional tiene la intención de modificar la Ley Nacional de Salud Mental mediante un decreto. Se trataría, dijeron, de una derogación encubierta de la ley, que aparte significaría un grave retroceso ya que alteraría el espíritu de la ley, con el que se protege los derechos de los usuarios de la salud mental, aparte de habilitar estupendos negocios para las corporaciones médicas y los laboratorios.

El acto se realizó en la sala Laks del Centro Cultural de la Cooperación, sobre la avenida Corrientes del centro porteño. Participaron referentes de organizaciones vinculadas a la salud, los derechos humanos, aparte de especialistas y colectivos y familiares de usuarios de la salud mental. También dijeron presente los diputados nacionales Mónica Macha y Horacio Pietragalla.

Fueron cinco los especialistas que abordaron distintos aspectos del decreto reglamentario. La psicóloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz, dijo que “parte de nuestrcas preocupaciones tiene que ver con que el texto del decreto reglamentario viene a plantear cuestiones regresivas y borrar derechos que la ley de salud mental consagró y que de ninguna manera se puede retroceder. Y enumero algunos: “Reinstala la idea de manicomio con otro nombre, deja de pensar a la salud mental dentro del campo de la salud, incorpora una definición de salud mental médico biologicista, vuelve a las internaciones compulsivas y al aislamiento, queda el usuario de salud mental sin defensa técnica y se deja de escuchar la voz de las personas usuarias”. Aparte, señaló que la iniciativa oficial dice que “los letrados deben desoír la voz de las personas usuarias y sólo escuchar la voz de los equipos tratantes y vuelve a instalar la idea de la incapacidad, contrario a nuestro nuevo Códigos Civil”. Para cerrar anunció que “estamos organizándonos para llevar adelante medidas judiciales para enfrentar esta avanzada”.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno quiere derogar la Ley de Salud Mental por decreto.

Virginia Reinoldi, de la Red FUV-Familiares, Usuarios y Voluntarios, anunció que “no vamos a permitir que hoy vuelvan a instalar el monovalente como una alternativa para nuestros seres queridos” y consideró que con el proyecto oficial “se le echa la culpa al individuo por sus características”. Sostuvo que “no puede ser que esta gente quiera quitarnos nuestra voz, nuestra posibilidad de participar” debido a que la iniciativa pretende quitar del medio al órgano de revisión y recordó que “los lugares de encierro no curan” sino que “enferman, te quitan la vida”.

El acto había sido organizado en el edificio anexo del Congreso, pero a última hora las autoridades les negaron a los organizadores el uso del salón.

Ana Bordenabe, de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA, denunció que “el decreto lo que establece es que la conducción de los equipos de salud deben hacerse en el marco de la ley de ejercicio profesional de la medicina (una norma de la época de Onganía)”. Fue categórica: “Es patético, y además restringe la interdisciplina y promueve una hiperespecialización”.

La conferencia se iba a realizar en el Congreso pero les cancelaron el uso del salón a último momento.

La trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales, Silvia Faraone, denunció que “el decreto reglamentario lo que hace es desnaturalizar la ley” y que por otro lado, se trata de una iniciativa que “a diferencia de la ley, que se hizo con el consenso de toda la sociedad civil, se cocinó a puertas cerradas”, ya que “sólo estuvieron presentes las corporaciones médicas más reaccionarias”. Contó que “el decreto saca de cuajo la iniciativa de la ley que indica que para el año 2020 la Argentina no debía tener un solo manicomio”. La intención oficial, justamente, es reinstalar los manicomios.

La investigadora CONICET y docente UBA y UNLAM, Marisa Herrera, celebró que pese a los tantos retrocesos que se están viviendo en el país, “otra vez estamos acá, defendiendo derechos”. “Siempre se meten con los más vulnerables”, lanzó. “Es el si pasa-pasa”, anotó. “Se nota en la redacción. Está mal redactado”, dijo, y agregó que “esto es antidemocrático y da cuenta de un autoritarismo enorme, está pensando en el modelo ya dirimido que es el modelo médico y tiene una visión muy porteña”. Recordó que hace unos años “se hicieron leyes donde los protagonistas eran los actores sociales, leyes de abajo para arriba” y que “estas son leyes de arriba hacia abajo, con un modelo conservador y biologicista que no tiene nada que ver con la convención de discapacidad”. “Es una violación profunda a la mirada de Derechos Humanos”, cerró.

Los convocantes fueron muchos de los que elaboraron y lograron el consenso para que se sancione, luego de mucho esfuerzo físico e intelectual, la ley vigente.

En el cierre de la conferencia de prensa, surgió una convocatoria amplia para el próximo martes 21 de noviembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, en avenida La Plata 85, para consensuar un documento con todas las organizaciones y elaborar un plan de lucha.

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