Fue durante el 2017 que el Gobierno nacional pasó a los hechos. Había que reprimir la protesta social y meter miedo en los sectores dispuestos a luchar. Operativos desmesurados, brutalidad policial, causas judiciales armadas. Es evidente que a Macri, Bullrich y compañía no les interesa perseguir a un grupo de violentos, sino a los que se oponen a su saqueo. Y cuentan con el visto bueno de una parte de la sociedad.
El Gobierno quiso meter con la prepotencia del dueño de estancia una ley que perjudica a los estratos más débiles de la sociedad, y entre la dirigencia opositora del parlamento, y las organizaciones del campo popular en la calle, lograron ponerle un freno. Se trata de un duro golpe para un grupo de patrones poco acostumbrados a la frustración.