Se profundiza el deterioro de los derechos de las y los trabajadores

Al desempleo que hoy roza los dos dígitos, hay que sumar la franca picada del poder adquisitivo de la clase trabajadora, la criminalización del derecho a la protesta, la inflación desbocada y el desguace del Estado. Por eso es vital la conformación de un gran frente gremial en defensa de los intereses generales de los trabajadores, y el rechazo al Presupuesto 2019 que quiere imponer el Gobierno junto al FMI.

Por Leandro Rechister

La reciente cifra publicada por el INDEC a cargo de Jorge Todesca, expone un incremento del desempleo a nivel nacional, que llega al 9,6% (la cifra más elevada los últimos 12 años). La encuesta fue realizada en función de datos recabados respecto al segundo trimestre del corriente año, sobre un total de 31 aglomerados urbanos, como se observa en el gráfico.

Por si fuera poco, el salario mínimo, vital y móvil en nuestro país que en el año 2015 alcanzara una cifra promedio en dólares de u$s 607 (el más alto de Latinoamérica), en la actualidad y después de 33 meses de la gestión Macri ha caído estrepitosamente a la cifra de u$s 252. La más baja desde el periodo de la crisis del 2001.

Asimismo, el gobierno no muestra ni la más mínima intención de diálogo y acercamiento con los sectores de representación sindical para poder acordar paritarias en función de una recomposición salarial acorde al desmesurado aumento de la inflación.

Cabe destacar que en el contexto de ajuste planificado e impuesto por parte del FMI, se lleva a cabo un proceso de desguace continuo del Estado. Prueba fiel de esto es la eliminación de varios Ministerios (incluidos Trabajo y Salud), siendo degradados a la categoría de Secretarias, o bien pasando a ser Secretarias de Estado, los miles de despidos proyectados en diferentes áreas del sector público y la venta de acciones del FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) que pone en grave peligro el sistema previsional.

Sin embargo, pareciera no haber un “Plan B”. En el marco del proyecto de ley del presupuesto 2019, el gobierno prevé además un alcance mayor del impuesto a las ganancias incluyendo a trabajadores y trabajadoras que antes estaban exentos de dicha carga tributaria. Irónicamente y en plena campaña electoral del año 2015, el propio Mauricio Macri anunciaba tanto en pomposos sets televisivos como en spots de campaña que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias. Otra muestra contundente de la mega estafa electoral de la Alianza Cambiemos.

No se puede dejar de mencionar que en la dialéctica de funcionarios de gobierno, como también en economistas liberales ortodoxos se denota un lenguaje sumamente despectivo y denigrante para quienes se expresan en contra de este sinfín de atropellos a la clase trabajadora. Con lo cual se evidencia una clara intencionalidad de naturalizar el ajuste en los sectores laborales, con el objetivo de favorecer los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales.

En este sentido, podemos tomar como referencia las desafortunadas declaraciones del economista ultra liberal y lobista del gobierno, Iván Carrino, quien el pasado viernes 21-09 en el contexto de un acalorado debate sobre las políticas económicas y la actualidad del país en el programa Minuto uno de C5N, definió a las leyes laborales existentes en Argentina como “legislaciones fascistas”.


Programa Minuto Uno. (Min’ 20.12)

Amén de todo lo mencionado anteriormente, resulta imprescindible y urgente la organización y medidas de fuerza en las cuales la representación sindical tenga una posición firme para oponer resistencia al modelo de ajuste a los trabajadores que pretende seguir profundizando el gobierno.

Seguramente la movilización del día lunes 24-09 y el paro nacional convocado por la CGT para el martes 25-09, que además cuenta con la adhesión de las CTA y ATE entre otros, serán muestras contundentes del rechazo a las políticas económicas del gobierno que solo han traído desempleo, pobreza, recesión, miseria y hambre. Pero estas medidas de fuerza no debieran quedar supeditadas a un simple acontecimiento aislado, sino que tendrían que representar el punto de partida de un plan de lucha por tiempo indeterminado para frenar el avance de este modelo de ajuste y exclusión de las mayorías.

Al mismo tiempo, el congreso debería proceder a no dejar pasar más ninguna clase de medidas que solo van en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Por tal motivo, rechazar el proyecto de ley del presupuesto 2019 es esencial para impedir una profundización abrupta del ajuste.

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