La Revolución Bolivariana en su laberinto

Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en un contexto de polarización política que pareciera no tener retorno y que viene poniendo en jaque la legitimidad de las instituciones. El factor externo y la injerencia internacional, fogoneadas por una oposición sedienta de poder. Las deficiencias del gobierno son inocultables. Ya son cinco años de crisis económica y social. Los desafíos a futuro de una Revolución imposible de soslayar.

Por María Constanza Costa (@constanzacost).

En medio de la crisis económica y social, Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato por un periodo de seis años. Los factores internos sumados a las sanciones internacionales desnudan la fragilidad de un sistema que, recostándose sobre su ala más dura, perdura sin encontrarle una solución a la situación del país. La polarización política que transita Venezuela desde hace casi dos décadas llegó a un punto sin retorno y hoy pone en jaque la legitimidad de las instituciones.

Los procesos electorales que se llevaron a cabo en los últimos años (2015, 2017 y 2018), han oscilado, por un lado, en generar estabilidad, al ponerle un freno a la violencia callejera en determinados contextos, y por el otro, en profundizar -aún más- el desencuentro entre el oficialismo y la oposición. Podría decirse que la oposición participa electoralmente si tiene las condiciones para ganar, y el chavismo sólo reconoce y respeta los triunfos propios.

Más allá de los matices que pueda presentar esta lectura, es cierto que la estrategia de uno y otro ha ido desgastando la posibilidad de una salida pactada de la crisis, dando por tierra con el acuerdo de paz y convivencia que se intentó alcanzar en la “Mesa del Diálogo” instaurada en 2016 en la República Dominicana. La oposición rechazó el documento final, acordado en enero de 2018, donde el gobierno se comprometía a llamar a elecciones y avanzar en la “normalización institucional” del país. El argumento principal para rechazar el acuerdo fue que los tiempos y las reglas de juego beneficiaban al oficialismo, ya que los principales candidatos opositores seguirían inhabilitados al momento de los comicios.

La convocatoria a elecciones presidenciales de 2018 fragmentó aún más a la oposición. Confiados por el triunfo de 2015 que le otorgó mayoría en la Asamblea Nacional y especulando que la crisis política podía brindar una oportunidad para ganar, un sector decidió presentarse. Llevaron como candidato a Henry Flacón, que venía de las filas del chavismo, hasta que rompió en 2012. En 2013 fue nombrado jefe de campaña de Henrique Capriles en una elección que lo dejó muy cerca del triunfo.

El discurso abstencionista, de una fracción de la oposición, boicoteó las elecciones y perjudicó al propio Falcón, que fue señalado como “traidor” y funcional al oficialismo. Abandonada la vía electoral, y también la insurreccional, la oposición ató su suerte al esquema de intervención internacional, con esta decisión su ala más radical volvió a tener un mayor protagonismo. Las fracturas dentro del espacio llevaron a una abstención y desmovilización de sus propias bases.

En el frente externo, el Grupo de Lima, formado en 2017, y la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por Luis Almagro, juegan un rol fundamental. A principios de enero, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía calificaron de “ilegítimo” el nuevo mandato de Maduro, y lo instaron a “no asumir la presidencia, a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y a transferirle a esta Asamblea, de forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. Sólo México tuvo una voz disidente y rechazó firmar el documento para mantener abiertos los canales diplomáticos con Caracas. Fue un intento por devolverle a la comunidad internacional un rol de mediación pacifica, de no injerencia en los asuntos internos, en vez de seguir fogoneando la desestabilización y promover los enfrentamientos civiles.

Con la carta de la injerencia internacional como única alternativa Juan Guaidó, el joven presidente de la Asamblea Nacional, horas después de la asunción de Maduro, buscó una reacción más contundente de los países que apoyan a la oposición, principalmente Brasil y Colombia. Guaidó desconoció a Maduro como presidente de la República y lo señaló como un “usurpador”. Además, hizo un llamamiento a las FFAA, ofreciendo un proceso de amnistía para los militares que dejen de apoyar al gobierno y se sumen a un proceso de “transición”. Si bien no se proclamó formalmente como nuevo presidente, apeló al artículo 233 de la Constitución para argumentar que si el presidente no asumía el cargo el titular de la Asamblea Nacional estaba en condiciones de hacerlo. De esta manera, Guaidó fue reconocido por la OEA, el gobierno de Brasil y el Estados Unidos como tal. Pero la estrategia de hacer caer al gobierno por medio de la presión internacional no es suficiente.

Las falencias de la oposición no ocultan los desaciertos y los abusos del oficialismo. Los “Enemigos de la Revolución” y el “Imperio” son señalados por el gobierno como los principales culpables de la desestabilización del país, pero a esta altura esa explicación tiene sabor a poco, incluso dentro del propio chavismo y entre quienes le brindaron apoyo fronteras afuera. La crisis económica ya lleva cinco años.

En 2018 se registró una nueva caída del PBI y la hiperinflación alcanza cifras históricas. Todas las medidas del gobierno para frenar la inflación y darle un giro a su política macroeconómica- que empezaron a ser implementadas desde su victoria electoral en mayo- han fracasado.

Hugo Chávez consolidó un sistema democrático igualitario que supo combinar mejor que nadie en la región la movilización popular con el funcionamiento institucional. Cinco años después de que Maduro asumiera el gobierno estos logros están en peligro de extinción. La progresiva quita de funciones a la Asamblea Nacional, declarada en “desacato” en 2017, de mayoría opositora, y su reemplazo por una Asamblea Constituyente, no parece haber sido la decisión más acertada.

En la actualidad, la Revolución Bolivariana ya no es percibida por muchos sectores como un proceso de profundización democrática que pueda transmitir una idea de futuro y transformación que mejore la calidad de vida de los venezolanos. La única manera de intentar revertir esta situación es volver a dotarla de pluralidad, hacerle un lugar a los sectores que se han manifestado críticos dentro del propio chavismo e intentar renovarse desde adentro.

Algo está claro. A partir de la coyuntura política venezolana los sectores conservadores quieren “escarmentar” a toda la región y presentar al chavismo como un proyecto político fallido, generar un sentido común sobre la inviabilidad de una alternativa independiente de los Estados Unidos. En síntesis, reducir un proceso democrático y transformador, que fue sostén de muchos de los proyectos nacional-populares-progresistas en la región, a sus errores.

Por el momento, el discurso de la “ilegitimidad” no parece ser suficiente ni tan potente para que los venezolanos se vuelquen a las calles, como así tampoco logra generar una fractura dentro del núcleo duro que sostiene a Maduro, cuyo pilar fundamental son las Fuerzas Armadas. Tampoco una supuesta invasión de Estados Unidos parece factible, si se tiene en cuenta que juegan factores geopolíticos como el apoyo que Rusia y China le brindaron a Maduro. Habrá que seguir esperando, pero el horizonte se ve gris, y en esa incertidumbre Venezuela camina hacia ninguna parte.

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