El costo social del carbono se mide en dólares

De no detener la emisión de gases, la humanidad entrará en alto riesgo de supervivencia, afirman los especialistas. China y EEUU son las naciones que más gases generan. Repaso de la floja tarea que está realizando nuestro país en la materia.

Por Osky Russo

“Cada productor de metros cúbicos de gases que contaminan la atmosfera genera costos sociales y económicos a otros que no los genera, pero los efectos negativos del cambio climático lo pagan todos”, afirma el director ejecutivo de la Secretaria de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de Naciones Unidas en Argentina (CIFAL), Licenciado Rodolfo Tarraubella.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se preguntó cómo se puede calcular ese daño social y qué costo económico real tiene, y propuso ponerle un valor exacto y para pensarlo desde otra perspectiva.

“El costo social del carbono: una visión agregada para América Latina”, fue publicado en febrero de 2019, y concluye que el daño económico que le produce a la sociedad cada tonelada métrica de emisión de gases efecto invernadero (GEI) es de u$ 25.83. También el Tribunal De Apelaciones de Nueva York envió un pedido de informe para determinar el Costo social del Carbono (CSC) debido al aumento de las demandas por resarcimientos económicos a causa de pérdidas patrimoniales como consecuencia de los cambios del clima que provocan inundaciones, incendios forestales, etc. Este tribunal llego a la conclusión que el CSC era de U$ 41.30.

Los GEI son siete, pero seis son los más dañinos: vapor de agua, Metano (combustión al sol de pantanos, o humedales destruidos), óxido nitroso (fumigaciones agrícolas y gases de soldaduras), clorofluor carbono (por aires acondicionados), ozono troposférico (gases de carburantes fósiles) y el peor de todos, el dióxido de carbono (combustión de petróleo, gas, hulla, madera). De no detener abruptamente la emisión de estos gases, la humanidad entrará en alto riesgo de supervivencia. Así lo sostienen los 91 científicos de 40 países que participaron el año pasado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, y concluyeron que el año 2030 será límite para evitar “una catástrofe global”.

El Acuerdo de París del año 2015 había cerrado un compromiso mundial para impedir superar la barrera de los 2ºC de aumento de la temperatura global, pero según el reporte del IPCC vamos camino a 3ºC. “Es necesario reducir las emisiones un 30% de las registradas en el año 2010 para llegar a 2030 con estabilidad climática”, concluye el informe.

Las dos potencias que producen mayores emisiones de GEI son China y EEUU. En el último año EEUU aumentó sus emisiones de dióxido de carbono en un 3.4%, y a pesar de haber firmado el Acuerdo de París 2015, el actual presidente Donald Trump decidió retirarse con el argumento de que los países firmantes no se ven obligados a incorporar en su legislación los principios del acuerdo, y mucho menos se han creado los mecanismos de sanción por incumplimiento, pero tampoco propuso nada a cambio.

El resto de los Estados firmantes aun hoy se mantienen perezosos en materia de avances legislativos, de manera que los cambios son lentos, aunque no así el volumen de quejas, demandas, y reclamos de resarcimiento patrimonial entre empresas o particulares que generan los precedentes para impulsar el cambio de leyes y normas al interior de cada país. El principio del que genera un daño al medio ambiente paga, es impulsado por miles de organizaciones no gubernamentales, dentro de la esfera privada, y jueces que en la mayoría de los casos trabajan sin el apoyo político suficiente.

“Por ahora el único camino posible para frenar la emisión de GEI y detener de manera drástica el desastre climático es producir energías limpias sin emisiones, como la solar o eólica, y reemplazar la producción de electricidad con estos mecanismos hasta en un 85% en 2050”, sostiene el copresidente del IPCVC. Pero también se generan GEI en menor proporción en procesos industriales, la producción agrícola, el transporte, etc., y la incorporación de mejoras tecnológicas son imprescindibles pero muy costosas.

“Debemos conocer cuál es la ´huella de carbono´, que es el estudio de cómo y cuántas emisiones produce dentro de sus tareas cotidianas, cada productor y así determinar formas de compensación social que permitan neutralizar los daños”, propone Rodolfo Tarraubella como punto de partida para explicar lo que llama “Finanzas Climáticas”, y agrega que la creación de un impuesto al carbono es una buena iniciativa para generar un movimiento contracorriente, debido a que han sido ignorados recursos al alcance de la mano, sólo con la excusa de que no es el momento adecuado.

En la página oficial Argentina.gov.ar se anuncia con entusiasmo la obtención de más de U$ 100 millones del Fondo Verde para el Clima (FVC) creado por la ONU, que dispone de U$ 10 mil millones para ser asignados entre los mejores proyectos que logren obtener eficiencia energética, energías renovables y disminuyan los daños del cambio climático. “Pero a pesar de que estos fondos son a 20 y 40 años de plazo y una tasa del 0%, hasta ahora nuestro país solo ha presentado un solo proyecto, hasta el más egoísta debería tomar esos fondos”, y agrega que el Estado, y también iniciativas privadas invierten y gastan enormes recursos para mantener el equilibrio del medio ambiente, y “no es justo”.

La iniciativa del director de CIFAL-Argentina, consiste en proponer la construcción de un fondo con el aporte del impuesto al carbono, para lanzar un Bono de Carbono sujeto al Reglamento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que actúe como compensación a cada productor que logre disminuir su” huella de carbono”. Una vez que el productor se hace del bono compensatorio, podrá venderlo o cederlo a otros que decidan incorporar mecanismos limpios que reduzcan su huella. “Abra empresa más o menos sensibles a este impuesto según sea su huella de carbono, pero también es un nueva manera de motivar para que se promueva la incorporación de energías limpias”.

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