La familia Maldonado acude a la CIDH

Sus seres queridos le hicieron llegar al organismo con sede en Washington un informe que contiene pruebas acerca de cómo el gobierno de Cambiemos operó para negar y ocultar su responsabilidad sobre la muerte del joven artesano, como así también sobre la maquinaria que pusieron a funcionar para engañar a la sociedad y ponerla en contra de la familia.

A algo más de dos semanas de cumplirse dos años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en las orillas del Río Chubut, en la provincia homónima, su familia decidió acudir a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque consideran que en la Argentina, tal como sucedió en épocas del terrorismo de Estado, no hay chances de que avance la investigación judicial que no solo llegue a la verdad acerca de los hechos ocurridos aquel mediodía, sino también, que se encuentre y juzgue a los responsables materiales y políticos. “Se trata de un caso que hasta la fecha tiene impunidad”, dijo ante en los medios de comunicación Verónica Heredia, abogada de los Maldonado.

En el informe que la familia le envió al organismo internacional, se describe y detalla con nombre y apellidos el engranaje compuesto por el poder ejecutivo nacional, funcionarios de gobierno y legisladores nacionales de la fuerza política gobernante, periodistas de primera línea, más un centro de operadores digitales y creadores de noticias falsas, para de esa manera negar y ocultar el delito de la desaparición primero y la muerte después, entorpecer la investigación y finalmente incidir en la construcción de la subjetividad de la opinión pública, alrededor del caso.

En primer lugar, la familia denuncia que la comunicación oficial, a lo largo del caso, fue muy escasa. Cuentan y aportan capturas de pantalla sobre la falta de pronunciamiento del presidente de la Nación, una única mención de parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y los tres tweets del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. “Claramente el objetivo era silenciar la comunicación oficial y ‘hablar’ a través de otro canales”, denuncian.

En relación a los funcionarios y legisladores nacionales, la familia denuncia que “tuvieron un rol activo en la comunicación”, con la intención de “polarizar a la sociedad” y “deslegitimando el reclamo de aparición con vida de Santiago, reduciéndolo a un montaje político que solo intentaba dañar al gobierno”. El objetivo fue logrado, por lo menos en parte, ya que uno puede escuchar los argumentos oficiales en boca de un trabajador, una docente o una jubilada de la esquina de nuestra casa. Los comentarios pueden ir desde que se trata de “un caso muy politizado” o peor aún, que Santiago “se ahogó”.

Elisa Carrió fue una de las grandes operadoras. Sus mensajes son tan irresponsables como brutales y siniestros. Sin pudor alguno, en varias ocasiones, embarró la cancha y le faltó el respeto tanto a la víctima como a sus familiares. El diputado nacional Fernando Iglesias, experto en provocaciones y generación de violencia, publicó varios tuits insultantes hacia la figura de Sergio Maldonado, cara visible de la lucha por la verdad y justicia del caso, a quien acusó de formar parte de una conspiración contra el gobierno de Macri. Otro operador, de menor rango, y también vinculado a Cambiemos, fue el funcionario del gobierno porteño, Yamil Santoro.

Aparte hubo periodistas de primera línea que jugaron muy fuerte para incidir en la opinión pública con respecto al caso. “Su discurso pasaba por deshumanizar a la víctima”, denuncia la familia en el informe que le hizo llegar a la CIDH. Jorge Lanata fue uno de ellos. Un comunicador que ya había sido una pieza clave, para el armado oficialista, en la previa de las elecciones de 2015 que llevarían a Macri a la Casa Rosada, con todos los recursos que hiciesen falta de su empleador: el Grupo Clarín. “Las descalificaciones hechas en tono personal, tenían como objetivo polarizar a la audiencia y desprestigiar a todos los que reclamaban por la aparición de Santiago”, denuncian.

El otro periodista denunciado trabaja para América 24 y se llama Eduardo Feinmann. Sus acusaciones públicas son tan grotescas que cuesta creer que sean ciertas. Pero lo fueron. E incidieron en la subjetividad de unos miles de desprevenidos. El podio lo completa Baby Etchecopar, de Radio 10, un conocido homofóbico y xenófobo periodista que representa el sentimiento de los sectores más retrógrados de la Argentina, y que sin dudas forma parte de los periodistas que informan o desinforman por medio del pago de sobornos.

Hubo otro grupo de comunicadores que aportaron a la confusión y tergiversación de lo hechos. Son periodistas de segunda línea y se ocuparon en sus medios de cubrir el caso de modo exclusivo. Claudio Andrade del Grupo Clarín, que entre otras barbaridades insinuó que el artesano podría haberse pasado a la clandestinidad. Loreley Gaffoglio escribió para Infobae, ganadora de un reconocimiento de ADEPA en la categoría Investigación por el caso Maldonado, publicó por ejemplo, de modo “exclusivo” que el artesano le había arrojado bombas molotov a los gendarmes, mientras huía hacia el río. Y la tercera es la conocida operadora del gobierno Silvia Mercado, que prestó sus servicios para engañar a la sociedad, o a sus lectores, con supuestas pistas que hablaban de que Maldonado estaba en Chile cuando acá lo buscaba medio país.

“El fenomenal ataque de desprestigio y hostigamiento” de parte del oficialismo se completó con el aporte de las granjas de trolls –dirigidas y financiadas por funcionarios de la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña- que de modo coordinado encabezaron un ataque en las redes sociales en contra de la familia de Maldonado y todos los que estuviesen criticando al gobierno por su complicidad o por lo menos, responsabilidad.

“No hay garantías ni Estado de Derecho”, declaró Sergio Maldonado en declaraciones radiales, para argumentar la decisión de la familia de acudir a la CIDH. En enero último pasado la familia se realizó la audiencia de apelación, en Comodoro Rivadavia, de la resolución dictada por el juez federal de Rawson, Chubut, Gustavo Lleral, con la que cerró, a finales de noviembre de 2018, la investigación por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.

El informe se puede revisar acá: https://docs.google.com/presentation/d/18uyO4vOAiq-D59YmzSYQ-SWvLDUGsuhhS3q1OFXuAD0/edit?fbclid=IwAR1H-X9RPpYPbu5VZO1DHK1Jl3P6S8O4qvmf11TVYcSS6pzMux6aTBuEB8E#slide=id.g588c67e494_0_8

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