“Estamos listos porque atrás mío hay un colectivo de compañeros y compañeras”

Carlos Bourlot es el coordinador del Centro de Acceso a la Justicia más grande del país. Su nombre fue propuesto por un grupo de abogados y abogadas para hacerse cargo de la Dirección Nacional, aún acéfala. Junto a dos de esos colegas, analizaron el rol de esta estratégica política pública para la etapa que comienza y contaron los estragos que produjo la gestión de Cambiemos.

Por Kranear

Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) fueron uno de los dispositivos territoriales más importantes del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con rango de subsecretaría de Estado, la política pública, creada en 2008 pero extendida y fortalecida a partir de 2010, sirvió para llevar justicia social a los barrios más postergados, y también en los alrededores de grandes estaciones de trenes y ómnibus como Once y Constitución.

Se trató de una potente política inclusiva que a lo largo de los años fue sostenida por los trabajadores y las trabajadoras de la dirección nacional, en su gran mayoría comprometidas con la realidad del país, con la que el Estado nacional no solo ofrecía servicios de atención jurídica, asistencia psicológica y mediación comunitaria, sino que también desplegaba una enorme ventanilla de acceso y promoción a derechos por medio de la presencia de una docena de organismos estatales.

Con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, el Estado perdió su función reguladora y garante de derechos, y la Dirección de Acceso a la Justicia, se adaptó al nuevo tiempo político que impusieron los Ceos y su modelo de exclusión, como así también al aparente perfil jurídico del ex ministro Germán Garavano.

Los CAJ ya no eran una ventana única al Estado presente, sino una oficina en la que se podía tener acceso a la juridiscción: asesoramiento jurídico, defensa del consumidor, chequeos de salud y otras prestaciones heredadas del período de gobiernos kirchneristas. Aparte, la gestión de Garavano echó a unos doscientos trabajadores y trabajadoras y cerraron por lo menos media docena de centros, algunos de ellos estratégicos por su ubicación geográfica o función de contención en lo social.

Los CAJ funcionaron y siguen funcionando, aún con su cambio de perfil, gracias a los y las trabajadoras de la Dirección Nacional. Un grupo de ellos, compuesto en su gran mayoría por abogados/as, pero también trabajadores/as sociales, psicólogos/as y administrativos/as, están impulsando que uno de sus colegas, Carlos Bourlot, en la actualidad a cargo del CAJ de Constitución, se haga cargo de la dirección nacional, todavía hoy acéfala desde la asunción del gobierno popular del Frente de Todos.

Hace un mes atrás, este grupo de colegas se juntaron, tiraron algunas ideas sobre un documento, y lo hicieron circular con la intención de sumar consensos para el posible nombramiento de un compañero de la Dirección, y ya no de un cuadro político o técnico que llegase desde afuera. Ni ATE ni UPCN, con presencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vetaron la iniciativa. Y consiguieron apoyo político de parte de nombres de peso como el senador Mariano Recalde y el diputado nacional Rodolfo Tahilade, ambos abogados.

“Charly tiene un perfil que se conoce mucho en Acceso por su experiencia y por el tipo de trabajo que realiza, siempre a cargo de este CAJ, al encabezar en los territorios, por ejemplo, operativos de documentación con la Dirección Nacional de Migraciones. Lo conocen todos por su trabajo en el CAJ de Constitución.”, aporta Alejandra Rech, abogada y mediadora del mismo centro.

Kranear: ¿Qué enfoque le dio Cambiemos a la política pública de acceso a la justicia?

Bourlot: La vaciaron. Tuvimos que salir nosotros a la calle a hacer la política pública. Fuimos a generar relaciones institucionales con los hospitales de la zona, merenderos, comedores. Hasta montamos un ropero solidario.

Rech: El cambio más grande me parece que fue que pasamos de ser una política de acceso a la justicia social, lleno de programas, prestaciones y beneficios, a ser un lugar de recepción de demandas de muy difícil resolución. De ofrecer programas de empleo pasamos a enseñar a hacer un currículum. De mediar por un conflicto por una medianera pasamos a mediar con el dueño de un hotel para que no deje en la calle a una familia. Tuvimos que cambiar nuestra dinámica de trabajo y comenzamos a gestionar la pobreza.

B: La cartera de Trabajo salió de los CAJ, Anses y Migraciones lo mismo, no se pudieron tramitar más los antecedentes penales que también se hacían acá. O sea, pelaron a la política de su perfil más social, inclusivo, y le dejaron el costado legal, jurídico.

R: Para graficarlo en una imagen, pasamos de agarrar gente de los brazos para subirlos al sistema, a abrazar de la cintura a tantos otros para que no se caigan de ese mismo sistema.

Garavano sacó el nombre de Néstor Kirchner del CAJ de Constitución. Y al de Once, el nombre de Eva Perón.

De la entrevista también participa Hernán Mirasole, abogado, integrante del espacio Nace un Derecho, y trabajador del CAJ de Floresta, CABA. Se trata de uno de los grandes impulsores de la iniciativa de impulsar el nombramiento de su colega Bourlot, y un abogado que hace varios años no solo abrazó sino que pregona y milita la idea de la función social del Derecho.

Los tres rescatan la decisión de la gestión anterior de haber habilitado el patrocinio jurídico gratuito de parte de los CAJ. Esto es, representar en un litigio judicial a a los vecinos y vecinas. En su documento proponen darle continuidad a este dispositivo en la etapa que comienza.

Mirasole: Siempre lo buscamos y no se había dado. El Ministerio firmó un convenio con distintos colegios de abogados para que dichos espacios, a través de abogados nóveles, patrocinen a algunos de los ciudadanos que se presentan en los CAJ con algún conflicto. Nosotros proponemos, aparte, que articulemos algunos de esos patrocinios con otras áreas de la cartera, como ADAJUS (acceso a la justicia para personas con discapacidad) o incluso, si se tratase de un tema de género, por ejemplo, con el flamante ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades.

K: ¿Qué cantidad de consultas mensuales se tramitaban durante el segundo gobierno de Cristina y cuántas se realizaron durante el gobierno de Macri?

B: Pasamos de cinco mil a mil.

K: Hablamos de todos los trámites que se hacían acá, desde una SUBE hasta la atención de una madre cuyo hijo tiene problemas de consumo.

B: Exacto. Todo.

K: ¿Por qué descendió la cifra?

B: Porque desarticularon al CAJ de otras políticas públicas y organismos. Antes recibíamos a la persona que se acercaba a Anses para tramitar una asignación. Lo guiábamos, le decíamos qué le faltaba, cómo conseguirlo. Ahora la tenemos que mandar a acá a dos cuadras.

R: Era importante tenerlos acá porque en muchos de los casos hace falta realizar un acompañamiento. Y el personal de los CAJ está preparado para eso. Tiene ejercitada la escucha activa. La presencia de trabajadores/as sociales y psicólogos/as nos permite ver más allá de los problemas que manifiesta la gente, y por eso decimos que el abordaje de algunos asuntos es integral.

B: Cuando vos le decís a alguien ‘no, no podés cobrar la asignación, por esto o por lo otro’, y la persona te devuelve el papel y se va, es muy probable que ya no resuelva su problema. Nosotros, cuando el trámite se hacía acá, agarrábamos el problema y tratábamos de encontrarle una solución.

Ponen de ejemplo la falta de pago del monotributo en la que cayeron miles de personas por la crisis económica que generó Macri. Eso derivó en el cese de pago de las asignaciones familiares. Algo parecido sucede con créditos de ANSES; si los beneficiarios se separan, la madre deja de percibir la asignación por hijo.

R: Somos nosotros los primeros en recibir estos problemas.

Mirasole, Bourlot y Rech.

Carlos Bourlet nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1975, y dos años después se fue a vivir a Gualeguachú, Entre Ríos, donde creció. Luego de haber terminado el secundario, viajó a Buenos Aires para estudiar Derecho. Su padre había militando en el radicalismo y fue diputado provincial. Una parte de su interés por la política se explica por ahí; la otra, en la época. En 2010 comenzó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social. En 2011 se sumó al espacio Abogados por la Justicia Social (AJUS), y un tiempo después, a La Cámpora. Su aporte tenía que ver con la especificidad del derecho. En febrero de 2012 ingresó al CAJ de Constitución, la sede original, sobre la calle Salta, a dos cuadras de la terminal de trenes. Su rol: abogado. Un año y monedas después se produjo una vacante en la coordinación del centro, y desde la gestión, a cargo en aquel entonces del ministro Julio Alak, le ofrecieron el cargo. Desde ese día, y hasta la fecha, no paró. En 2014 se recibió de mediador comunitario en la dirección nacional homónima de la misma cartera, para de esa manera contar con más herramientas de gestión de los conflictos que todos los días acercan cientos de vecinos y vecinas.

K: ¿Cómo te sentís para el caso de que te nombren a cargo de la dirección?

B: Estamos listos, principalmente porque no estoy solo, sino que atrás mío hay un colectivo de compañeros y compañeras. Estoy con muchas ganas. Las mismas que me tienen acá, al frente del CAJ, hace ocho años.

Parte de los puestos de trabajo que forman parte del CAJ de Constitución.

En el documento que los abogados y abogadas ya le hicieron llegar al subsecretario de Acceso a la Justicia, Víctor Hugo Oyarzo, subrayan que a pesar del vaciamiento y limitaciones que impuso la gestión de Cambiemos, “surgieron otras habilidades para intentar salir adelante, en esta constante de acompañar, empatizar y generar soluciones desde la más genuina y valorable inventiva, logramos con dedicación y constancia el empoderamiento legal-social y la difusión de derechos”. Remarcan que en la actualidad “tenemos la gran responsabilidad e ilusión de combinar ambas etapas (la gestión kirchnerista y la experiencia acumulada en los últimos cuatro años) y potenciar al máximo esta política que nos tiene nuevamente como protagonistas”.

Desde el espacio proponen, entre otras iniciativas, profundizar la capacitación hacia adentro del organismo, e “ir por articulaciones e interacciones con universidades nacionales, colegios profesionales, institutos de idiomas y entidades de capacitación específicas”. En el mismo sentido, llaman a capacitarse en perspectiva de género.

Proponen volver al funcionamiento de los intersaberes, porque “para abordar un tema es indispensable llegar a un punto en común de manera multifocal (…) poniendo en valor nuevamente un área interdisciplinaria, y no solamente eso, sino vincularla en forma activa con el área legal”.

También sugieren la excención del pago de la matrícula de los y las profesionales de la Dirección ya que de parte suya “es puesta precisamente en función de una necesidad social y paralelamente es abstraída entonces del sector privado”; llaman, entonces, a que “colegios profesionales y el Estado firmen los convenios necesarios para exceptuar el pago total de dicha matriculación por parte de los y las trabajadores/as de Acceso a la Justicia”.

También le informan al subsecretario que en caso de que no se resuelva la designación formal, ellos pueden acompañar la transicón de 180 días, poniendo a disposición la experiencia, el compromiso y las ganas, y comenzar a resolver una larga serie de dificultades que le complican la vida a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarias de la política pública, y también de los y las trabajadores de la dirección.

Kraneá tu comentario

Comentá primero

avatar
wpDiscuz