Poner las telecomunicaciones en la agenda pública

Durante el viaje oficial a Chile, Alberto Fernández firmó el acuerdo Puerta Digital Asia-Sudamérica, una iniciativa que servirá para mejorar la calidad digital y el acceso a las telecomunicaciones. Los detalles de la medida y las razones por las que el acuerdo fue ninguneado por los medios hegemónicos.

Por Roberto Scolari

En el marco de la serie de iniciativas oficiales vinculadas a las telecomunicaciones, que incluyen el Plan de Conectividad, los intentos de recuperación de la tecnología satelital, la declaración de los servicios TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) de interés público, la extensión de la red de fibra óptica y la Prestación Básica Universal, el Gobierno nacional firmó hace unos días su participación en el acuerdo “Puerta Digital Asia-Sudamérica”.

Este acuerdo, firmado originalmente entre Chile y los gigantes asiáticos, permite a los países sudamericanos desarrollar centros de datos autónomos y tener menos dependencia satelital respecto de la relación internet-telefonía celular. Pero además, amplía la capacidad nacional de ingresar en un mercado que corre a zancadas como es el de las telecomunicaciones. Convertirse en un exportador continental de servicios de telecomunicaciones no solo permite la soberanía comunicacional sino además aliviar las tensiones sobre el balance de pagos por el ingreso de divisas.

El acuerdo consiste en la extensión de un cable submarino transpacífico, amarrado entre Asia, Oceanía y Valparaíso para proveer de servicios de datos a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en el que participarán ARSAT y la entidad pública chilena Desarrollo País. En la tríada que forman el Estado nacional, el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y los organismos de ciencia y tecnología satelital como ARSAT e INVAP se dibuja un horizonte que, si logra permanecer en el tiempo, puede potenciar a la Argentina como gigante de Sudamérica.

La pregunta que subyace ante cada logro del Gobierno en materia de telecomunicaciones es muy simple y la respuesta muy compleja: ¿por qué tienen tan poca prensa? Un primer motivo parece hallarse en la disrupción entre la prensa presidencial y la comunicación gubernamental. En ningún gobierno estas son la misma cosa porque desde ambos sectores se explotan distintas caras de la comunicación y, básicamente, porque el presidente no es el Estado. Sin embargo, suele haber una relación de continuidad.

La visita a Chile se vendió, inclusive en los medios “afines” al gobierno, como la recuperación de las relaciones internacionales en materia de acuerdos comerciales. Se habló también de la pandemia y la vacuna Sputnik V, de la relación de ambos presidentes con el nuevo gobierno estadounidense e inclusive sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Piñera. Poco, casi nada, se escribió sobre el acuerdo “Puerta Digital”.

Estas discontinuidades podrían hallarse en la originalidad constitutiva del Frente Todos, que en su amplia diversidad contiene distintos liderazgos que ordenan distintas agendas. Es deseable, para todo gobierno, tener una sola agenda, porque es más fácil de imponer. Por otro lado, puede que sean otras las razones.

No obstante, hay que destacar otro elemento.

En general, los temas de comunicación no aparecen en el sistema de medios opositor, aunque no le afecten sus intereses. De la batalla por la Ley de Medios, el Grupo Clarín se llevó un gran aprendizaje: no se habla de tus intereses en tu propio medio. Durante aquella época, Clarín escribía todos los días sobre la ley, con distintas estrategias y por medio de su red de repetidoras. Llegaron a decir que el canal TN iba a desaparecer. Sin embargo, el Grupo ganó la pelea en los juzgados, y luego en las elecciones, aunque no sucedió lo mismo en términos culturales.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una derrota grosera para el grupo: cientos de miles de personas de personas dejaron de consumir los medios del grupo, la enorme mayoría de ellas pasó a aborrecer a todo el Grupo y los que estaban en contra de la ley no se movilizaron para defender a Clarín, salvo el puñado de políticos, jueces y empresarios que tenían intereses particulares en el asunto.

Roland Barthes decía que la burguesía francesa vivía en un estado constante de ex-nominación porque no se llama a sí misma por su nombre. Los partidos burgueses se llamaban “Repúblicano”, “Liberal” o “Demócrata” pero ninguno se llamaba el “Partido Burgués”. Esa es en cierto sentido la lógica que incorporaron los conglomerados mediáticos nacionales.

Cuando los intereses de Clarín son afectados por medidas como la recuperación de la empresa ARSAT, el lanzamiento de la Prestación Básica Universal o la extensión de la red federal de fibra óptica, el grupo económico ataca al gobierno por otros flancos, intenta desestabilizarlo a través de otros intereses, sin focalizar en las telecomunicaciones, porque ese sigue siendo su piedra angular. Es importante destacar que me refiero al Grupo Clarín y no a otras empresas del rubro porque el camino que está emprendiendo el Gobierno nacional tiene como eje el desarrollo de las telecomunicaciones que se reparten Movistar, Clarín y Telecentro, y no el de los contenidos, como era se planteó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Es de importancia suprema para el Gobierno nacional que las telecomunicaciones entren en la agenda pública, pero además, que el eje de la comunicación se corra de los contenidos, es decir, si lo que publica tal o cual medio es más o menos razonable, para abordar el de las telecomunicaciones, y cómo se logra la provisión de internet a toda la ciudadanía y la exportación de servicios de telecomunicaciones para el desarrollo económico nacional.

La primera batalla ya la dio el kirchnerismo; el Frente Todos debe dar la suya.

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