La decisión que demanda la hora

Con el desconocimiento del DNU del gobierno nacional, la estrategia opositora hoy encabezada por Larreta podría ser tildada de sediciosa e incluso terrorista, pero qué se hace con el frente interno. Cómo resolver no solo la agenda sanitaria y política, sino también la emergencia social.

Por Gastón Fabián

El falso debate sobre la presencialidad escolar (ya saldado en todos los países que los autodenominados republicanos admiran), que es hoy uno de los caballitos de batalla que las corporaciones utilizan para embestir contra el Frente de Todos, demuestra la completa pérdida de dimensión de la realidad que caracteriza a una polémica política extremadamente ideologizada (y cuando hablamos de ideología, admitimos dentro del género a la “ideología de los datos”) y que, lejos de aducir pragmatismo, apela a abstracciones y mitologemas que no se corresponden con lo que sucede en el día a día.

En el universo de la política frivolizada, Larreta, el gran artífice del ajuste presupuestario en educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde tiempos de Macri, puede transformase, sin mediaciones dialécticas, en el “pobre tipo” que se preocupa por la escolaridad de los niños y niñas, mientras sufre los malvados destratos de las autoridades nacionales, que siempre “lo pasan por arriba”.

De repente, es como si el problema de la falta de vacantes desapareciera, las condiciones edilicias de los colegios fueran óptimas, las viandas de buena calidad y el salario docente digno. Y, por circunscribir todo al contexto actual, como si el virus se retirara milagrosamente de las aulas, de la puerta de las escuelas o del transporte público, devenidos espacios de inmunidad por gracia del jefe de Gobierno.

Esa irresponsabilidad delirante alcanzó su paroxismo cuando ayer, domingo 18/4, tres jueces porteños se arrogaron la potestad de obligar al Poder Ejecutivo Nacional a desistir (en lo referente a CABA) de la aplicación del artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, que determina la suspensión de las clases presenciales en el AMBA durante dos semanas.

Si en los últimos años se volvió una constante la intervención de los jueces sobre lo que antaño se llamaban “cuestiones políticas no justiciables”, que ahora tres magistrados no competentes pretendan influir sobre la estrategia de prevención y combate contra el Covid, es directamente un escándalo.

Para que el show mediático continuara, al parecer, no le convenía al gobierno de la Ciudad esperar a que la Corte Suprema dirimiera el conflicto constitucional entre el Estado nacional y el de CABA. Pero de ninguna manera el fallo mencionado goza de validez y, por lo tanto, debe considerarse el anuncio de Larreta de que no habrá interrupción de la presencialidad como un auténtico desacato, solo comparable a la sedición de los autonomistas porteños previa a la federalización de la Ciudad en 1880.

Reitérese: un tribunal local (tres jueces- una de las cuales es hermana de un importante funcionario macrista- que hicieron caso omiso ante la presentación de 43 amparos por motivo de la falta de vacantes) decide en forma express -y un día domingo- sobre la vida de cientos de miles de personas y, de manera indirecta, afectan a toda la población del AMBA.

La gravedad inusitada revela un defecto hoy estructural: en Argentina los hombres y mujeres de Estado se cuentan con los dedos de una mano, siendo la constante una dirigencia política lo suficientemente mediocre para no estar a la altura de una calamidad de esta magnitud. Cabe reconocer que sin la militancia organizada y sin la solidaridad de miles y miles de personas anónimas, la hecatombe hubiese sido mucho más explosiva y trágica de lo que ya lo es.

Sobre la estrategia opositora

Cualquier persona razonable esperaría que, en medio de la peor crisis mundial de los últimos 90 años y cuando la pandemia logra someter la mayoría de los instrumentos que los Estados emplean para contrarrestarla, lo que tiende a primar es la sensatez y no los cálculos electorales. En nuestro país, sin embargo, llegado el momento más apremiante y cuando urgen las decisiones difíciles pero osadas, la oposición al gobierno, otra vez, hace gala de su gigantesca irresponsabilidad y prácticamente llama a la desobediencia civil frente a las nuevas restricciones, amparadas en el aumento sideral de los contagios y de la saturación de los hospitales.

Por supuesto que no se trata de una estrategia novedosa. Los giros oportunistas han sido moneda corriente desde el principio de la catástrofe. A las Bullrich y los Macri, al compás de extremistas como Trump y Bolsonaro, siempre les preocupó más sembrar el caos y sacar rédito de la antipatía que podían generar algunas medidas poco amigables, que el cuidado de la vida. Semejante flexibilidad les permitió pasar de la afirmación de que la vacuna es veneno a denunciar que el oficialismo no hacía lo suficiente para conseguirlas en cantidad. Desde su criterio, que es en realidad el que difunden como propaganda de guerra los medios de comunicación hegemónicos, solo la Argentina se encuentra ajena a la situación excepcional que venimos atravesando. De ahí que las complejas negociaciones para gestionar las vacunas en un mundo que se cierra o la necesidad de decretar prohibiciones o limitaciones a ciertas actividades se nos presenten como “aislamiento” o “capricho ideológico” y como “populismo autoritario”.

No obstante, son los paladines de la República, las instituciones y la Constitución Nacional los que se comportan de una manera que roza el terrorismo y quieren definir a los gritos la política del país, pero sin hacerse cargo de su mala influencia (sobre los contagios y también sobre algunos indicadores económicos) y procurando que sea el gobierno quien tenga que pagar los “platos rotos” de las desastrosas consecuencias que se derivan de este psicótico hacer de cuenta que la pandemia no existe. El lobby o presión con el que los principales grupos económicos pretenden forzar aperturas inviables o una mayor desregulación resultó formidable desde el comienzo.

Lo que es flamante, en cambio, es el alineamiento de los supuestamente “moderados” (cuya templanza se explicaría por sus responsabilidades de gobierno) con el ala dura o radical de la derecha, que dirige a piacere el club de los negacionistas. Claro que aparentan ensayarlo con “oficio”, sin tanto descaro. Para ellos ya empezó la campaña. No solo para las legislativas de este año, sino también y sobre todo para las próximas elecciones presidenciales.

El ejemplo de Larreta, paradigmático por su cinismo e hipocresía, es el reflejo de muchos otros, con menos poder y proyección. Es evidente cómo gobernadores e intendentes recurren al doble discurso de quien pondera más la mirada de la opinión pública que las impostergables cuestiones de Estado que es preciso resolver con premura. Por un lado, manifiestan su preocupación y reclaman el auxilio del Gobierno nacional.

Por el otro, evitan quedar pegados a las medidas que combaten las causas de aquellos fenómenos que despiertan su nerviosismo, para que los costos políticos se computen únicamente a nombre de Alberto Fernández (o, en las hipótesis más demenciales y obsesivas, a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y sus prácticas “esotéricas”).

Invocan falta de diálogo, decisiones apresuradas o excesos, mas nunca indagan en su propia negligencia para lidiar con la circulación del virus. De igual manera, el periodismo pone el foco en la ausencia de coordinación (en el gabinete o entre autoridades nacionales y provinciales), en las internas o en las contradicciones de algún que otro funcionario, pero no en su persistente trabajo sistemático para destruir la conciencia ciudadana.

Sobre el frente interno

También es preciso entender que, independientemente de la oposición penosa y lamentable que lo desafía y a pesar de la economía hipotecada, el Estado enflaquecido y los índices sociales pauperizados que heredó, el gobierno del Frente de Todos debe hacerse cargo de la situación en su conjunto, porque la credibilidad del “sistema político” pende de un hilo y el imperio de la “ley de la selva” (con cara de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta) se encuentra a la vuelta de la esquina.

Por muy obvio que sea que la pandemia no habilita tomar decisiones sin costos (lo “menos malo” se erige como la única opción frente a la búsqueda de lo “bueno”, aunque tal vez habría que considerar que la persecución del fin último es todavía posible en medio de la excepción, si comprendemos el fin último como la generalización de la responsabilidad absoluta, que de alguna manera pretendía sintetizar la frase “nadie se salva solo”), explicarlo no es tarea sencilla, así como tampoco se le puede exigir a la sociedad una paciencia infinita, y menos cuando los propios funcionarios se tientan con el relajamiento que ellos mismos desalientan de la boca para afuera.

Un sector del gobierno se dejó llevar por el mantra de la “vuelta a la normalidad” y, así como actuó con mayor liviandad frente al problema sanitario, disminuyó el esfuerzo económico para, mínimamente, contener la profunda crisis social que se fue gestando. Nadie puede negar que la falta de recursos es una variable concreta (que condiciona) y que, por ejemplo, la prolongación indefinida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es imposible desde los parámetros fiscales actuales.

Pero de inmediato es imperioso agregar que, por mucho que el gobierno se identifique como “gobierno de los científicos”, su tarea es política y, por lo tanto, esta no puede verse supeditada a los diagnósticos y pronósticos de los tecnócratas que creen que las dificultades de la economía se solucionan desde la economía y la salud de la población desde la capacidad sanitaria del Estado (si no hay responsabilidad ciudadana, no hay sistema de salud que aguante).

Es indudable que la imposibilidad de movilizar a sus partidarios le juega en contra al gobierno a la hora de avanzar por senderos espinosos y disputados. Sin embargo, eso no justifica la falta de autoridad que ha demostrado en muchas contiendas. Es esta falta de autoridad la que explica la desaparición repentina del IFE (por remitirnos a nuestro ejemplo), como si el acceso al trabajo se hubiera “normalizado”, y no-solamente- el estado de las cuentas públicas, que al fin y al cabo es una variable sobre la que se tiene cierto margen de manipulación, siempre que se piense desde la política y no desde la economía.

Lo mismo ocurre con la no extensión del decreto que prohibía los desalojos y congelaba los alquileres. En vez de buscar soluciones de fondo (para inquilinos endeudados y también para los pequeños propietarios que resultan perjudicados), se hace como si la pandemia no existiera y la emergencia se hubiera disipado, que es como dejar entrar a una fortaleza sitiada la propaganda de guerra del enemigo y leerla como información objetiva e incuestionable, para luego abrir amistosamente las puertas al ejército invasor.

Desde el gobierno se indica que las oportunidades electorales del oficialismo dependen del éxito de la campaña de vacunación y de la desaceleración de la escalada de precios (una inflación que además de tener un fuerte componente importado, producto del alza de los precios internacionales de los alimentos, se explica por la puja distributiva y por la especulación de los grupos económicos que forman precios y que sienten que pueden hacer lo que quieren porque nadie los castiga).

Sobre la primera variable, tanto gobernadores como intendentes pueden maniobrar, pese a que le atribuyan la total responsabilidad al gobierno nacional. Sobre la segunda y, en rigor, sobre el destino de la economía, se suele admitir que ocuparse de la misma es deber de Nación y quizá por ello nadie le exija a Larreta (quien maneja un presupuesto europeo) por el hecho de no haber implementado ninguna medida (al estilo del IFE o los ATP) para paliar los efectos de la crisis.

Las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad siguen siendo, en sentido estricto, las de antes de la pandemia. Lo que denota su enorme irresponsabilidad, que es lo que históricamente ha hecho el macrismo en CABA: descansar sobre la inversión pública neokeynesiana del peronismo para después echar culpas y victimizarse cada vez que se le reclama a la Ciudad (que no deja de ser la Capital Federal, ergo, no es equiparable a ninguna provincia) mayor compromiso con el país.

Hoy la discusión política en ciernes, que pronto irá madurando de manera acelerada, es la que divide a la responsabilidad y la irresponsabilidad. La responsabilidad, del lado de la vida. La irresponsabilidad, del lado de la muerte. Responsabilidad no es abrir vías de diálogo o buscar consensos para enfrentar cualquier asunto. Responsabilidad es responder, no mirar para otro lado. Que Larreta tiene que rendir cuentas, que tiene que quedar claro que es un irresponsable y un cínico, es por supuesto algo que la construcción política no puede eludir, porque que Larreta salga impune lo que exhibe es la impunidad del discurso de Larreta.

Axel Kicillof, en una descomunal intervención, derrumbó una por una las mentiras del jefe de Gobierno porteño. Empero, el Frente de Todos tampoco puede sortear su responsabilidad histórica, por muy terrible que sea el coeficiente de adversidad con el que le toca lidiar a nuestro gobierno.

Ser responsable implica mostrar autoridad y determinación allí donde el individualismo y la irresponsabilidad hacen estragos. Mostrar autoridad no se agota en multar, labrar un acta o detener a alguien que viola las restricciones sanitarias. Mostrar autoridad es, también, luchar enérgicamente contra el hambre, contra el deterioro del salario, contra la pérdida de la vivienda, contra la especulación de los formadores de precios, contra la entrega de la soberanía nacional, contra los delitos de periodistas, empresarios y jueces corruptos. Y no dar tregua.

No se trata de una cuestión de mayor o menor pericia, ni de mayor o menor eficacia comunicacional. Se trata de resolverse a afectar (y no solo amenazar en un arranque de cólera o como método de susto) los intereses de quienes lideran la propaganda de guerra y el boicot contra el gobierno. Se trata de decidir con quiénes ya no se puede dialogar, antes de que sea tarde.

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