Apuntes sobre la incidencia de las telecomunicaciones en la inflación de junio

El abuso de las tres empresas que monopolizan el sector impacta directamente en el bolsillo de las y los argentinos. Con un fallo favorable del poder judicial, vienen aumentando las tarifas por encima de lo que intenta imponer el Estado nacional a través de la ENACOM. Propuestas para enfrentar el problema, de cara al futuro.

Por Roberto Scolari

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) dio a conocer la inflación del mes de junio: 3,2%. En lo que van del año, tenemos acumulado un 25,3%, y con una variación interanual del 50,2%. El desglose demuestra que el aumento en los alimentos y bebidas no alcohólicas es del 3,2%, que los servicios aumentaron 2,3% y la educación un 1,1%, sin embargo el promedio sigue siendo alto. ¿Cómo se explica? Con el aumento del 7% en el servicio de la telecomunicaciones.

Desde hace unos pocos años -y más aún desde la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus – la lectura del IPC se modificó de manera sensible. De nada sirve leer la variación de precios en bienes, en educación, o incluso en servicios regulares como la vivienda, la electricidad o el gas, si no se filtra por la variación de precios en el sector de las telecomunicaciones.

Luego de los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas -que por supuesto seguirá siendo el principal índice para medir la capacidad de consumo de las argentinas y los argentinos-, la mirada hay que enfocarla de manera simultánea en los servicios públicos y las telecomunicaciones, un servicio declarado, por el gobierno del Frente de Todos, como un derecho esencial para la población.

El abuso de las tres empresas que monopolizan los servicios de telecomunicaciones impacta directamente en el bolsillo de las familias, afectando especialmente a los jóvenes, cuya educación, recreación, vida laboral y social están atravesadas por la capacidad de acceso a internet o datos móviles para el celular. Contando los aumentos autorizados para julio, en lo que va del año los servicios de telefonía aumentaron un 10,25% y los de internet, telefonía fija y TV paga, un 15,76%.

¿Qué se puede hacer para evitar el abuso de las empresas del sector?

En octubre del año pasado, el Gobierno nacional, a través del ENACOM, lanzó la Prestación Básica Universal (PBU), un plan que contempla a más de tres millones de beneficiarios, quienes deberían acceder a los servicios de televisión, telefonía móvil e internet, por precios inferiores a los 400 pesos, dependiendo el caso y la cantidad de servicios que se adquieran. El formulario para acceder a la prestación se descarga de internet y se envía por correo electrónico a la empresa prestadora del servicio, siempre y cuando la compañía no tenga aún la opción para requerirla en la portada de su página web.

Las cifras son elocuentes.

Sin embargo, según el informe del Consejo Nacional de Políticas Sociales, al día de hoy una familia que recibe 4 mil pesos por Asignación Universal por Hijo (AUH), y 6 mil pesos por Tarjeta Alimentar, gasta cerca de 2 mil pesos en telefonía móvil y otros 2 mil en televisión paga. Esto quiere decir que de los 10 mil pesos que el Estado nacional invierte para mejorar la calidad de vida de una familia, el 40% se traduce en una transferencia directa a las empresas de telecomunicaciones. Según el mismo informe, de las 3 millones de personas que podrían acceder al beneficio, solo alrededor de 84 mil han logrado hacerlo. ¿Por qué son tan pocos usuarios? Existen por lo menos tres factores.

En primer lugar, por la connivencia entre un sector monopólico y por ello cartelizado como es el de las comunicaciones, con el Poder Judicial. Claro, Movistar y Personal se ponen de acuerdo no solo para fijar precios y presionar al gobierno, sino para solicitar la ayuda de magistrados amigos que bloqueen toda acción pública en beneficio de las mayorías. Así es que ni bien se publicó la PBU, los CEOs de Claro y Movistar advirtieron que no estaban en condiciones de acatar la regulación y acudieron al poder judicial, que hizo lugar a sus reclamos y autorizó los aumentos del 8% a principio de año.

Disolver este maridaje requiere de mucho más que la presión del gobierno en materia de regulación de las telecomunicaciones. Es necesaria una profunda reforma del sistema judicial argentino. Así como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, resulta irracional que jueces de instancias menores puedan detener decretos del Gobierno central, incluso de leyes votadas por el Congreso nacional, el máximo organismo representativo de nuestro sistema republicano. La disputa legal entre el Estado nacional y las empresas del sector hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En segundo lugar, existe una profunda contradicción entre un gobierno que reconoce la falta de accesibilidad que tiene la población a los servicios de telecomunicaciones (y por ello intenta regular su precio), y el mismo gobierno, que le pide a la misma población que tramite individualmente y a través de internet su acceso a la Prestación Básica. No es la primera política pública importante en la que el Gobierno nacional parece deshacerse de la responsabilidad de implementarla y actúa solo como contralor. Ya no alcanza el sueño idílico de que este papel debe complementarlo la militancia política organizada como en los años dorados de la política argentina. Hoy la militancia ocupa la mayor parte de su tiempo organizando ollas populares para la gente que no tiene acceso a un plato de comida y recorriendo barrios para desplegar el plan de vacunación. Por ello urge, aunque a cierto peronismo analógico le cueste, la modernización del Estado Nacional y la agilización de los procesos digitales para la implementación de políticas públicas. Este es sin dudas el gobierno peronista que más ha avanzado sobre ello pero aún falta mucho. En su informe, el ENACOM presentó el reclamo de más de 65 mil jubilados, beneficiarios de AUH y pensionados cuyo intento de acceso a la PBU fue bloqueado por las empresas y avalado por los jueces. La acción del Estado en este aspecto debe ser más rápida y eficaz, de otro modo las personas vulneradas quedan siempre a merced del capital concentrado.

Por último, una cuestión que dentro del proceso de concentración mundial de las telecomunicaciones parece imposible, pero no por ello debe dejar de mencionarse: es necesario buscar mecanismos para quebrar la dependencia con Movistar, Claro y Personal. La presión, las amenazas y las multas son necesarias pero no alcanzan. En ese sentido, el primer paso lo dio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con INVAP y el lanzamiento de ARSAT al espacio, aunque los cuatro años de la Alianza Cambiemos (venta de ARSAT a capitales mexicanos-argentinos privados mediante) fueron un enorme retroceso. Nadie podría decir que el gobierno de Alberto Fernández no ha retomado la senda que inició CFK, dado que en solo 18 meses de gobierno se invirtió nuevamente en INVAP, se lanzó el REFEFO (extensión de la Red Federal de Fibra Óptica) y se firmó el acuerdo transoceánico con Chile, Brasil, Australia y Japón para mejorar las telecomunicaciones en la zona cuyana y patagónica. El camino es el correcto, pero las inversiones requieren de tiempos que las urgencias desconocen. Y ya casi no queda margen para pensar en la solidaridad de las empresas trasnacionales.

Difundir y concientizar es nuestra tarea.

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