Registrar a quienes sostienen la vida

El Gobierno nacional lanzó el programa Registradas, para tratar de reducir la informalidad en el servicio doméstico. Las trabajadoras de casas particulares son el sector más golpeado por la pandemia, y aparte sufren el nivel de salario más bajo del promedio de remuneraciones del país. La palabra de una referente del sindicato de trabajadoras de casas particulares y una funcionaria de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Por Celeste Abrevaya

“No sé qué haría sin vos”, “no me dejes nunca”, “sos fundamental para mi”. Un repertorio de frases que parecen salidas de una película minitah de amor romántico al palo en Netflix, de un viernes a la noche pochoclero. Pero no. Se trata de toda una estantería construida alrededor de una persona que se vuelve imprescindible para la vida de miles de familias que confían ahí su casa, sus hijxs, su comida, su logística cotidiana. Y del miedo que provoca que ese mecanismo de engranajes se caiga.

“Me acaba de llamar que le duele la panza, que no viene. ¿Y ahora qué carajo hacemos? ¿Quién lleva a lxs chicxs a la escuela? ¿Quién va a lavar la pila de ropa que se acumula en el canasto? ¿Y el perro? Va a estar todo el día solo. Hoy pedimos delivery porque no llego a comprar y cocinar. Preguntale a tu mamá si puede reemplazarme mientras tengo la reunión”.

El esfuerzo que implica sostener cotidianamente la vida: esto fue lo que quedó en evidencia durante la pandemia, y que hoy se vuelve irrefutable.

En muchos hogares argentinos, ese sostenimiento queda garantizado gracias al trabajo de mujeres que no reciben a cambio el reconocimiento formal que ameritaría semejante responsabilidad: la tasa de no registro alcanza casi el 77 %, a pesar de los avances en la normativa, como fue el régimen de casas particulares, plasmado en la Ley 26.844, sancionada en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sumado a esto, son las trabajadoras con el nivel de salario más bajo del promedio de remuneración del país.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (2020), existen en nuestro país 1.4 millones trabajadoras de casas particulares, de las cuales un 99% son mujeres. Este trabajo representa el 17,4% de las mujeres ocupadas y el 22% de las asalariadas (SRT y MTEySS, 2020). Por otra parte, un 9% son migrantes de países limítrofes.

¿En qué momento una tarea tan fundamental se volvió invisible y precarizada? Un trabajo profundamente feminizado que se esconde en el fondo del tarro del olvido y el silencio. En El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente (OIT, 2019), se plantean tres características que se dan en los sectores que conforman la economía del cuidado (trabajadoras y trabajadores que prestan cuidados en los sectores del cuidado: educación, salud, trabajo social; y trabajadoras domésticas): violencia y acoso, feminización, y penalización en la remuneración.

Se sostiene allí que la violencia en el sector del trabajo doméstico es omnipresente. Las trabajadoras se ven frecuentemente excluidas de la cobertura legal de los sistemas de derecho del trabajo y, cuando están protegidas, en la práctica puede que no disfruten de esas protecciones, puesto que con frecuencia trabajan de manera informal (OIT, 2019).

Por otra parte, la desvalorización social que existe en torno a estos trabajos, contribuye a la falta de reconocimiento monetaria. También hace lo suyo la oferta de trabajo migrante. Las cadenas globales de cuidado implican transferencias de cuidados de unos hogares a otros, en las condiciones de mayor vulnerabilidad y precariedad posibles. Asimismo, la atomización que existe de las trabajadoras, que muchas veces se encuentran aisladas, dificulta la constitución de luchas colectivas por la mejora del salario.

Sin embargo, en Argentina, el sindicato de trabajadoras de casas particulares está cobrando una fuerza y una visibilidad notorias. Hoy encuentran un eco en un gobierno que ha decidido recuperar esas banderas y llevar los cuidados al centro de las políticas públicas.

En el último año, las trabajadoras de casas particulares, agrupadas en la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), han logrado conquistas de recomposición salarial, y de reconocimiento de un plus por antigüedad. En este sentido, KRANEAR entrevistó a Carmen Britez, referente de UPACP, quien señaló que el sindicato de casas particulares “viene luchando muchísimo para poder lograr conquistas y derechos que ya tenemos pero que no son aplicados. Nuestro sector fue altamente golpeado en esta crisis y hoy necesitamos levantar cabeza para que nuestras compañeras puedan tener el derecho a la registración que les corresponde.”

Durante la pandemia, 280.000 trabajadoras de casas particulares perdieron su empleo. A muchas se les discontinuó el sueldo por acatar las medidas de aislamiento, y a muchas otras se las obligó a seguir trabajando en condiciones informales. Iris Pezzarini, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, le dijo a KRANEAR que “este sector de trabajadoras ha estado en la trinchera de la pandemia, y de la vida, desde siempre, en las comunidades y las familias. Fue uno de los grupos más afectados por la crisis del coronavirus, por su perfil sociodemográfico, y por las condiciones en las que se desempeñan. Particularmente, las que realizan tareas de cuidado de personas se encontraron en una situación de especial vulnerabilidad, más expuestas al impacto económico y sanitario del covid 19”.

Ayer lunes 27/9, el Gobierno nacional lanzó “Registradas“, un programa que apunta a reducir la informalidad en el servicio doméstico. En un anuncio conjunto entre la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, su par de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se dio a conocer que el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

“Es una política pública que solo un gobierno nacional y popular puede plantear. Fundamentalmente es una herramienta que busca la reactivación económica desde la perspectiva de género, y garantizar el acceso y permanencia de las trabajadoras a un empleo registrado. Nos parece que es un paso fundamental para acercarnos a esta noción de justicia social que tanto buscamos los feminismos populares, y para tratar de construir esto de cuidar y ser cuidadxs en igualdad”, señaló Pezzarini.

Asimismo, Mercedes Marcó del Pont apuntó que es una política de inclusión financiera y bancarización. En ese sentido, Britez señaló que “la falta de inclusión financiera y bancarización se notó mucho durante la pandemia. Los empleadores no pagaban los salarios porque las trabajadoras no estaban bancarizadas. Ellas no podían salir de sus casas, y los empleadores tampoco, entonces no les pagaban, Fue muy caótico tratar de encontrar una medida para ayudar a que esa trabajadora tenga su salario”.

Un andamiaje de acciones específicas con impactos concretos en la vida de las personas, e impactos en el imaginario social. Promover la formalización de las trabajadoras de casas particulares es también enviar un mensaje a la sociedad: basta de paternalismos. Acá hay una masa de trabajadoras que tienen derecho a una obra social, a una jubilación, licencias, ART, vacaciones, aguinaldo. En definitiva, a ejercer sus derechos laborales. A ser reconocidas y visibilizadas. A que las registremos, en un sentido más amplio que el tangible. Las palabras, sabemos, no son inocentes, conllevan cargas de sentidos. Esta disputa es entonces también por poner a quienes sostienen la vida en el centro de la escena.

“Es una tarea muy poco reconocida por los empleadores. Esto de que se siga pensando que las trabajadoras son ´de la familia´, o ´alguien que nos ayuda´, hay que cambiarlo y que las vean como lo que son, trabajadoras que dan un servicio a cambio de una remuneración”, concluyó Britez.

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