La legislatura de los privilegios

Vamos Juntos avanzó con dos medidas que van no solo en contra de los intereses de los trabajadores y el ciudadano a pie, sino también la normativa vigente. Con uno le otorgan mayores facultades al tribunal superior de justicia local, copado por el macrismo, y con el otro, le dan nuevos negocios a los desarrolladores immobiliarios para construir megatorres en media docena de barrios porteños.

Por Gastón Fabián

Durante un estado de excepción, cuando la crisis obliga al Estado a tomar decisiones rápidas y urgentes, siempre se pone en duda el rol del Poder Legislativo, que deja de aportar serenidad, reflexión y diversidad de miradas a las cuestiones y se convierte en un estorbo, que demora aquello que, se dice, debería resolverse en un santiamén. Lógica que explica actualmente el predominio de los Ejecutivos en casi todos los países del mundo.

Pero cuando lo que está en discusión son problemas que afectan la organización institucional o la fisonomía de una ciudad, el tratamiento express es del todo injustificado. Más aún cuando se superpone en un mismo día la aprobación de varias leyes que, por la relevancia que tienen, merecerían un abordaje separado y detenido.

Es lo que ocurrió en la Legislatura en la sesión del pasado jueves, cuando el oficialismo, entre otros temas, sancionó un proyecto que habilita recurrir al Tribunal Superior (TSJ) de CABA ante fallos de la Justicia Nacional y nada menos que 12 convenios urbanísticos (iban a ser 16, pero durante el transcurso de la sesión el macrismo postergó para una próxima oportunidad el más polémico de ellos, que ponía en riesgo la integridad de la Iglesia Santa Catalina de Siena, patrimonio histórico de la Ciudad, y nos enteramos también que del paquete presentado en el segundo despacho se dieron de baja tres convenios, curiosamente los que menos ingresos recaudaban en materia de contraprestación). Por otro lado, se aprobó el establecimiento del Juicio por Jurados, y tuvieron nula repercusión las propuestas de denominar con nombres de mujeres a distintas calles y plazas en dos barrios de la Ciudad, o las modificaciones que se introdujeron en el Código Fiscal y que benefician, como siempre, a las grandes constructoras.

La Legislatura tuvo la sesión más larga del año, con más de cuatro horas de duración (algo mínimo en comparación con las jornadas maratónicas a las que suele acostumbrar el Congreso), pero no porque se diera lugar al debate sino porque se superpusieron proyectos que era necesario tratar cada uno por su cuenta.

Colonizar la justicia nacional
El bloque del Frente de Todos, igual que diversas organizaciones, alertaron días antes de la sesión que la apacible propuesta de adaptar las audiencias administrativas y judiciales a las nuevas condiciones que generó la pandemia (entiéndase: virtualidad) se transformó, entre gallos y medianoche (es habitual en la Legislatura porteña que, en vísperas de recibir dictamen en Comisión, aparezcan en los proyectos artículos inesperados), en un intento encubierto de facultar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para expedirse sobre sentencias de la Justicia Nacional. Los legisladores macristas, paladines de la autonomía porteña, justificaron la decisión alegando que la Ciudad tiene el estatuto de una provincia y, por ende, es competente para resolver en materia procesal dentro de su propio territorio, sin depender del Congreso.

Omitiendo que la llamada Ley Cafiero sigue vigente y que difícilmente pueda sostenerse que CABA cuente como una “provincia preexistente” de nuestra república federal, en tanto ha sido federalizada como capital del país (luego de décadas de guerra civil), quizá sea apropiado corrernos un minuto del argumento jurídico y pasar directamente a la cuestión política.

La realidad es que el partido/coalición que gobierna el distrito desde hace 14 años, no utiliza como instrumento para medir sus acciones y responsabilidades la “dignidad” de una provincia, salvo a la hora de cometer este tipo de atropellos. El jefe de Gobierno se dirige a “vecinos y vecinas” y se escuda bajo los atributos menores de un intendente (la actual Legislatura, escribanía de Horacio Rodríguez Larreta, bien se parece al antiguo Concejo Deliberante), pese a disfrutar de un presupuesto europeo, envidia de cualquier provincia argentina. Gracias al blindaje mediático del que goza, nadie le exige a Rodríguez Larreta que la Ciudad se parezca a Ámsterdam. Y, sin embargo, la Ciudad, como si no tuviera los recursos que tiene (o los problemas estructurales que arrastra) ni expoliara financieramente al interior del país (Martínez Estrada la definió, en línea con Alberdi, como la Cabeza de Goliat), le sirvió al macrismo como vidriera y catapulta para expandirse más allá de la General Paz. El precio de la deshistorización.

Lejos de ser una democracia participativa, la opulenta CABA, bastión de la derecha, se gobierna de una manera muy poco democrática y republicana.

En su intervención, la diputada Lucía Cámpora observó cómo viene sucediendo de facto el recurso ante el TSJ para no cumplir fallos de la Justicia Nacional que, por ejemplo, protegen derechos laborales. Pero denunció que el verdadero propósito de los cambios procedimentales es el de garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa por la quiebra del Correo Argentino, ya que el macrismo se ha encargado de colonizar el TSJ con jueces amigos, violando todo principio de división de poderes. Cristina Fernández de Kirchner difundió el discurso, calificó la ley de escandalosa e inconstitucional y advirtió que los “republicanos de morondanga” están a un solo legislador de poder modificar la Constitución. En efecto: los que viven hablando de frenos y contrapesos, gobiernan la Ciudad como sultanes, sin respetar las leyes y dejando a la mitad del electorado a la deriva.

Para el miércoles 6/10, distintas agrupaciones de abogados, magistrados y organizaciones gremiales, convocaron a un acto de protesta frente al TSJ, sobre la calle Cerrito.

Más negocios inmobiliarios
El segundo de los proyectos votados expresa a la perfección el sentido de tal gobierno, que se resume en dos palabras: negocio inmobiliario.

Cuando el macrismo perdió la mayoría calificada en el 2019, se quedó sin la posibilidad de seguir vendiendo tierras públicas a manos privadas. Pero la voracidad del capital financiero e inmobiliario (no hay boom inmobiliario sin boom financiero, ergo, son frágiles e inestables, porque toda burbuja que se infla explota tarde o temprano) no cedió. Tuvo que apelar a otra herramienta: los convenios urbanísticos. Entonces la excepción se volvió la regla. Lo que debía realizarse solo en determinados casos, en pos del interés público, pasó a canalizar el avance feroz del mercado sobre nuestra ciudad (algo que se manifestó esa misma mañana en el violento desalojo y represión de mujeres de la Villa 31 que se hallaban con sus niños y niñas, o que define la “reurbanización” con fines de gentrificación por la que apuesta el gobierno porteño).

El diputado Javier Andrade, por su parte, se refirió a una “gran subasta” y explicó que, quien tiene dinero, puede hacer norma a su antojo y disponer del nivel de constructividad que guste, sin importar lo que digan los Códigos que fueron sancionados hace muy pocos años.

Los 16 convenios que se pretendía tratar en la sesión, fueron ingresados de la noche a la mañana y tuvieron una recorrida express por la Comisión de Planeamiento Urbano, que es el comité de negocios del gobierno de Larreta. Como tienen los votos, no hace falta discutir la conveniencia de los convenios, ni su impacto, social y ambiental. Para la oposición, la Legislatura es apenas una tribuna para denunciar tropelías y negociados, o para convocar la movilización de los ciudadanos y ciudadanas en defensa de una Ciudad en peligro de extinción.

Pero como escribió el poeta alemán Friedrich Hölderlin, “allí donde crece el peligro crece también lo que nos salva”. Si la especulación inmobiliaria es ama y señora, debe vislumbrarse a su vez el pequeño orificio tras el que puede colarse el pueblo urbano que a la Ciudad le falta. Hemos visto hasta ahora innumerables resistencias locales, conflictos atomizados, militancias a las que se les dificulta ir más allá del barrio. No obstante, donde se lucha, e incluso donde no se lucha mas proliferan preocupaciones y malestares (que abren grietas en el orden existente), se huele el olor putrefacto del negocio inmobiliario. No hay lugar para el ocio, para la suspensión de las necesidades inmediatas, porque, por todas partes, hay neg-ocio. Quizá no podamos todavía atar los cabos o las conexiones, que si nos pasa esto es por esto y esto, pero la Ciudad, expulsiva, desigual, más fea que antaño, se vuelve insufrible para gran parte de quienes vivimos en ella.

El negocio inmobiliario afecta a quienes se encuentran en situación de calle, a quienes viven en villas, a quienes alquilan y padecen el encierro de un monoambiente, a quienes hace mucho dejaron de soñar con acceder a un crédito hipotecario, a quienes reclaman una ciudad más verde, a quienes no tienen vacantes escolares ni centro de salud donde atenderse y también a aquellos propietarios que hace décadas residen en el mismo barrio y contemplan con terrible melancolía cómo la tan prestigiosa “modernización” arrasa con la identidad, el patrimonio y el paisaje al que estaban acostumbrados, porque es una parte más que importante de sus biografías.

Un tercer proyecto
Por último, es cierto que el proyecto de Juicio por Jurados tuvo un tiempo considerable de trabajo en Comisión e incorporó la participación y el consenso de la mayor parte de la oposición. Pero no deja de sorprender que siendo algo de tanta envergadura, una deuda que la Legislatura tenía con el Constituyente (del mismo modo que el Congreso Nacional con el de 1853), se le concediera un segmento con discurso de apenas 15 minutos por bloque, cuando debería disponer de una sesión entera. No solo porque es una institución que continúa dividiendo aguas entre los juristas, muchos de los cuales consideran que su buen funcionamiento depende de una larga experiencia y práctica en la discusión y el ejercicio de los asuntos públicos y que no puede simplemente importarse de los países anglosajones, como en cierto modo quiso hacer Alberdi, lector apasionado de El Federalista y de La Democracia en América de Tocqueville. Si se apuesta al jurado como una escuela formadora de ciudadanos y ciudadanas (porque es más un instituto político que judicial, como atinadamente observó el mismo Tocqueville), que irá perfeccionándose de forma gradual y discontinua, con avances y retrocesos, entonces corresponde a los representantes del pueblo explorar la cuestión desde sus muchas aristas y sus muchos recovecos, desde sus luces y sus sombras, para que manifiesten expectativas y temores. Pues también una sesión legislativa debe cumplir el papel de informar y educar. Cuando únicamente se reduce a “poner el sello”, el espíritu público se debilita y termina por fenecer.

En definitiva, la Legislatura, casa de representantes del pueblo, hace tiempo se convritió en la inmobiliaria de Larreta y sus amigos. Hay que hacer más ruido. Hay que visibilizar más las contradicciones. Porque hace 14 años que gobiernan para los ricos y no para “los vecinos”. Porque tienen un presupuesto del “primer mundo” pero lo ejecutan desastrosamente mal. Cada vez hay más personas en situación de calle, viviendo en villas y alquilando a precios imposibles. Cada vez es más cara la Ciudad. Las viviendas son para vivir. Los barrios son para compartir. La Ciudad, para ciudadanos y ciudadanas, no para las constructoras y los desarrolladores inmobiliarios. En tanto el mercado del suelo continúe completamente desregulado, en tanto no se graven las viviendas ociosas, en tanto las inmobiliarias manejen la oferta de alquileres y ventas (ni siquiera sabemos cuántas propiedades administran), en tanto se privilegie la renta urbana por sobre la producción, el trabajo y el buen vivir, la Ciudad permanecerá inviable, social y políticamente. No hay tiempo que perder. Es hora de actuar. Defendamos el derecho a la Ciudad.

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