La corrupción política: un dispositivo del neoliberalismo

La instalación del delito de la corrupción en la agenda pública fue utilizada por los medios de comunicación, a lo largo de los años, para erosionar no solo a un Estado fuerte que combatiese las inequidades, sino también a la política como instrumento de transformación de una realidad en la que los ganadores, casi siempre, fueron los mismos sectores de privilegio. Citas, repaso histórico y coyuntura.

Por Roberto Scolari

Martín Astarita, politólogo argentino, historiza el discurso sobre la corrupción política como un fenómeno que prácticamente no existía en la agenda pública hasta 1989, año en que asumió su presidencia Carlos Menem.

“El año 73 fue un punto de inflexión en el desarrollo de la economía mundial y por supuesto, en el desarrollo de la política argentina. La “crisis del petróleo” terminó con un modelo de acumulación de riqueza que desde la última crisis financiera (1929) se había montado como nunca antes sobre la producción y la industria. El nuevo patrón de acumulación de riquezas, que se inició en Argentina durante la dictadura militar (1976-1983), abandonó la nuevamente a la producción para tenderse sobre la valorización financiera del capital, fortaleciendo en la economía doméstica a la fracción del capital trasnacional no productivo. Fue Alfonsín el primero en sufrir esta transformación, quien a pesar de los planes y contraplanes económicos, se despidió del gobierno con una hiperinflación provocada por un golpe de mercado que no pudo detener debido a la falta de reservas. Este proceso fue interrumpido políticamente durante el kirchnerismo, pero operó desde el mercado (corrida a Kicillof) y desde los medios de comunicación) hasta recuperar el poder democráticamente a través de un partido nuevo (PRO), conformado por los intelectuales orgánicos del propio capital concentrado (financiero-trasnacional en su mayoría y de exportación de granos, seguidos por actores dominantes locales ligados principalmente a la distribución de energía). Los años de valorización del capital financiero trasnacional (1976-2002/2016-2020), se imbricaron sobre un dispositivo discursivo, mediático, que logró cargar las tintas de las sucesivas crisis sobre la política (a través de personalidades políticas específicas) y no sobre el proceso económico-financiero que benefició al capital concentrado en desmedro de los sectores productivos nacionales, de los sectores medios y de las mayorías populares: el neoliberalismo. Este dispositivo fue, y sigue siendo, la corrupción política”.

La corrupción en los años 90
En su primer discurso, el gran promotor en democracia del neoliberalismo argentino, Carlos Menem, identifica a la corrupción como el mal de la política: “Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional, y no para la defensa del delito o de la coima (…) vengo a anunciar ante los representantes del pueblo, que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública, será considerado como una traición a la patria”.

¿Cuáles eran los objetivos del discurso neoliberal al instalar a la corrupción en la agenda pública? Fundamentalmente dos, que se cumplieron con rigurosidad en etapas bien definidas: primero destruir el Estado de bienestar, asociando el crecimiento del Estado y la función pública al aumento de la corrupción. Y también, destruir a la política como herramienta de transformación, para instalar tecnócratas dentro del Estado que lo redujeran a una mera función administrativa.

Otra cita de Martín Astarita: “En 1991, Menem pronuncia el discurso sobre Emergencia Moral (…) en 1993 nace Transparencia Internacional (TI) y en 1997 es aprobada en Caracas, Venezuela, la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia trasnacional de la corrupción”.

Astarita pone en evidencia que la instalación de la corrupción en la agenda pública no fue un fenómeno argentino sino un fenómeno internacional, propiciado por el neoliberalismo, para erosionar allí en donde hubiera un Estado fuerte que permitiera resolver las problemáticas de la desigualdad y la pobreza.
Tan poderosa fue esta discursividad, que quedó plasmada en la reforma constitucional de 1994, que incorporó tres organismos fundamentales para la lucha contra la corrupción: el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. El combate contra la corrupción le permitió a Carlos Menem privatizar una por una las empresas nacionales de servicios públicos para sostener la Convertibilidad.

La idea era muy simple: no había sido la estatización de la deuda pública durante la dictadura cívico-militar lo que acabó con la economía argentina, sino la corrupción en los organismos del Estado, de modo que privatizar todo aquello que pertenecía al erario público solucionaría el déficit y al mismo tiempo proveería de las divisas necesarias para sostener la convertibilidad.

Todo el gobierno de Menem se encargó de la primera fase del dispositivo: la destrucción del Estado. Pero llegó el segundo lustro del menemismo y la economía ya no aguantó, la crisis económica del Efecto Tequila secó la liquidez de divisas, la crisis política sobrevino y hubo que buscar una alternativa para que la ciudadanía no identificara al neoliberalismo como el principal artífice de la pobreza y la precarización laboral.

Entonces llegó la Alianza, con un discurso que, gracias a los medios de comunicación, soportó el desgaste: no había sido el neoliberalismo el destructor de la economía, sino Menem, cuyo gobierno estuvo plagado de corrupción.

Así fue que el discurso menemista se volvió en contra del propio caudillo riojano, y ni bien concluyó su mandato, fue imputado por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Teniendo en cuenta además la existencia de los casos AMIA, Embajada de Israel, el atentado en Río Tercero, ¿por qué la primera y única –durante varios años– imputación tenía que ver con la corrupción? Como dice Jorge Asís: “¿Qué presidente podía traficar armas a la guerra de los Balcanes sin pasar por las manos de Estados Unidos?”.

Al neoliberalismo le interesaba que Menem quedase imputado por corrupción, el resto podía ser tanto el tráfico de armas, la servilleta de Corach o cualquier otro caso. La misma suerte corrió María Julia Alsogaray, la cara más pronunciada de la frivolización de la política.

Entonces comenzó la segunda etapa del neoliberalismo: una vez destruido el Estado, “el gran corruptor”, había que destruir a la política, “la clase corrompida”. Y así sucedió, hasta que en el año 2001 el neoliberalismo estalló por los aires. Todo el discurso neoliberal se enfocó entonces en los políticos, como únicos artífices de la corrupción –y de la crisis– omitiendo al verdadero corruptor, que procede del ámbito privado, el empresariado parasitario.

El dispositivo mediático en años kirchneristas
Llegaron Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández y durante años el discurso de la corrupción fue sepultado por los medios de comunicación porque ya no les era útil. Y esto por una razón muy sencilla: con años de crecimiento económico sostenido, creación de empleo, aumento de los salarios, una marcada mejoría de la calidad de vida y distribución de las riquezas, a nadie parecía importarle que hubiera o no corrupción. Prueba de ello es el caso Antonini Wilson, del año 2007, que concluyó como un hecho aislado, sin una consecución periodística de hechos de corrupción.

Entonces se pusieron en marcha dos discursividades que aparecían entremezcladas cada día en la portada de los grandes medios y que se hacían evidentes en la famosa encuesta acerca de “¿cuál es la mayor preocupación de la gente?”: la inseguridad y la inflación.

Hasta fines del año 2013, la corrupción estaba cuarta en las encuestas, a “la gente” no le preocupaba si los políticos se quedaban con dinero malhabido. No obstante, llegando a las elecciones 2015, el dispositivo mediático se puso de nuevo en marcha. Los medios de comunicación hablaban sobre corrupción día y noche ya que la inflación había menguado y luego de la corrida cambiaria al entonces ministro de Economía Axel Kicillof, los números comenzaron lentamente a estabilizarse.

Curiosamente, durante el año 2018, con una economía en plena destrucción, las encuestas sobre la preocupación de “la gente”, volvían a poner a la corrupción en los primeros lugares, impulsada por los medios de comunicación para evitar señalar que la fenomenal crisis debía medirse específicamente en términos del plan económico que ejecutó Mauricio Macri.

Nuevamente, las dos fases de la corrupción y el neoliberalismo se hicieron presentes, pero esta vez de forma invertida: primero la corrupción sirvió para denostar a la política y para lograr que el kirchnerismo perdiera las elecciones 2015, con una cantidad irrecuperable de operaciones diarias entre las que se encontraban las cuentas de Máximo Kirchner y Alicia Castro en Suiza, la causa Hotesur-Los Sauces contra CFK, la obra pública en Santa Cruz, y la causa de la efedrina contra Aníbal Fernández, entre otras.

Por poco creíble que parezca, durante el año 2015 Canal 13 recorría el sur del país con topadoras buscando “la bóveda de la familia Kirchner”, en donde tendrían enterrados “2 PBI”, uno de los delirios más grandes que presentó alguna vez una operación mediática. Una vez que Macri comenzó a ejercer la primera magistratura, el discurso de la corrupción del pasado se convirtió en un velo que permitió ocultar el achicamiento del Estado y el desmantelamiento de todas las políticas públicas redistributivas de la última década. Los medios de comunicación olvidaban señalar que la corrupción, no ya como dispositivo mediático, sino como instrumento privado, es la contracara de la corruptela, la llave del empresariado para financiar campañas, comprar voluntades, ganar licitaciones o conseguir favores políticos.

El dispositivo en la actualidad
Comenzado el gobierno de Alberto Fernández, la corrupción dejó de ser una cuestión preocupante para los medios de comunicación. Si bien la corrupción pudo haber sido una buena excusa para maquillar el desastroso plan económico de la Alianza Cambiemos, los escándalos salpicaban directamente a los dueños de los medios de comunicación, sus operadores y sus periodistas, como es el caso del falso abogado Marcelo D’alessio y su amigo Daniel Santoro.

La excusa para evitar hablar de corrupción apareció rápidamente: aconteció la pandemia y la destrucción económica, las dudas sobre las vacunas y la inflación dieron motivos de sobra a los medios de comunicación para atacar al gobierno y omitir el escándalo económico producido por Macri. La corrupción pasó a un segundo plano y solo se convirtió en un arma esporádica para golpear con temas específicos.
El 2022 será un año de recuperación económica para el Gobierno nacional. Los 10 puntos de proyección de crecimiento económico, la salida de la pandemia, la recuperación la actividad auguran cierto equilibrio macroeconómico que, sumado a un probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita al Estado nacional empezar a pagar sus deudas en el en durante el próximo gobierno, suponen al menos dos años de recuperación del poder adquisitivo, de mejora en la calidad de vida y, por lo tanto, de recuperación de la imagen del gobierno. Todo indica que el año entrante será un año cargado de operaciones mediáticas y del reflorecimiento de la discursividad neoliberal contra la corrupción política.

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