Subsidios a los ricos

El fantasma del “subsidio a los ricos” recorre la Argentina, cuando en realidad, el verdadero subsidio consiste en no cobrarles a nuestros ricos los impuestos que deberían pagar, sostiene Sebastián "Rinconet" Fernández. Cómo complejizar la discusión e ir al hueso del asunto: el problema no son los subsidios, sino la falta presión tributaria sobre la población de mayores ingresos.

Por Sebastián “Rinconet” Fernández

Una tenaz letanía repetida desde hace años denuncia el terrible “subsidio a los ricos” que generarían los subsidios a la energía. Según esta teoría, subsidiar las tarifas de forma indiscriminada genera una distribución inequitativa ya que un sector de la población beneficiada, el de mayores ingresos, no necesita de esos recursos públicos y podría solventar el valor real del servicio. Alcanzaría, al menos en teoría, que ese sector pague lo que antes recibía del Estado para generar un ahorro en las arcas públicas. Los recursos así liberados podrían ser utilizados en objetivos más virtuosos ya que llegaría de forma focalizada a una población que realmente los necesita.

En realidad, lo mismo podríamos argumentar sobre la educación, la salud y el transporte públicos: se trata de servicios financiados, al menos en parte, por el Estado que están a disposición de todos los ciudadanos sin discriminación por ingresos o patrimonio.

Cuando Eduardo Wilde- ministro de Justicia, Culto e Instrucción de Julio A. Roca- impulsó la Ley 1420 que estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria, ni él ni su gran inspirador Domingo F. Sarmiento pensaron que la gratuidad generalizada podría significar una distribución inequitativa de los recursos públicos. La urgencia era otra, se trataba de modernizar el país a través de una gran herramienta: la educación como un derecho para todos (incluso para las niñas, un avance en igualdad de género notable para la época). La universalidad de ese nuevo derecho consolidaba su eficacia.

Subsidiar indiscriminadamente el transporte presenta también el mismo riesgo de destinar recursos públicos hacia una población que “no los necesita”, sin embargo, la SUBE sigue estando al alcance tanto del usuario pobre como del rico y eso potencia su eficacia. Que las clases con mayores recursos utilicen bienes públicos como trenes o universidades es una gran ventaja para las mayorías: garantiza un piso mínimo de calidad. Contar con transporte público para pobres y transporte privado para ricos, como existe en otros países de la región, sería un enorme retroceso en cuanto al servicio que reciban las mayorías.

En todo caso, el gobierno acaba de lanzar la tan postergada segmentación de tarifas. Nuestros medios serios pasarán así de denunciar el injusto “subsidio a los ricos” a indignarse porque se considere injustamente rico a tal o cual ciudadano quien, impedido de poder pagar la tarifa plena, pasará frío durante el crudo invierno o estará impedido de usar el aire acondicionado para mitigar el calor durante el tórrido verano.

Asombrosamente, el famoso “subsidio a los ricos” no es defendido por ningún rico. Los dueños de las mayores fortunas del país no sólo no exigen mantener este supuesto beneficio sino que piden eliminarlo. Los economistas serios que pululan en los grandes medios de comunicación, y que en la práctica actúan como voceros de esas grandes fortunas, denuncian incluso el impacto de esos subsidios en el gasto público, lo que según ellos genera un déficit insostenible (pese a que el déficit es siempre insostenible para nuestros economistas serios, nunca proponen atenuarlo aumentando los ingresos fiscales vía mayores impuestos a los más ricos. Es raro).

En realidad, el verdadero subsidio consiste en no cobrarles a nuestros ricos los impuestos que deberían pagar. La Argentina es un país injusto no por entregar energía barata incluso a sus ricos sino por tener una presión tributaria escasa con respecto a sus necesidades, además de regresiva.

El ahorro que el Estado podría conseguir con la segmentación de tarifas es un terreno todavía en disputa. El ex ministro Martín Guzmán afirmó que el 10% de los beneficiarios de los subsidios no los necesita. Si ese fuera el caso sería una gran razón para mantenerlos ya que significaría que el 90% de los destinatarios sí los precisa. Por otro lado, determinar con precisión cuál es la población más holgada que no requiere de ayuda del Estado no será una tarea fácil y la nueva segmentación de tarifas no podrá evitar el riesgo de los falsos positivos. Además, en una situación de crisis como la actual, con una caída tan pronunciada del poder adquisitivo de las mayorías- luego de la doble pandemia de Cambiemos y el COVID- el aumento de tarifas generará una inevitable tensión social.

Teniendo en cuenta que determinar con precisión la riqueza de un hogar es mucho más sencillo para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dejemos que nuestros ricos calefacciones con energía barata sus piletas- al fin y al cabo no tienen tantas- y cobremos impuestos como en los países que consideran serios y exigen imitar: el fisco y las mayorías saldrían ganando.

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