En noviembre de 2018 los bancos ganaron 86,7% más que en noviembre de 2017 (dato del BCRA). En ese mismo período las jubilaciones mínimas nominales subieron un 20%. Esta es una de las tantas asimetrías que presenta el sistema establecido por el gobierno de Cambiemos, basado en flexibilización estatal y transferencia de poder a sectores transnacionalizados del capital. Mientras suben tarifas en los mismos niveles del dólar, y permiten que los medicamentos suban por arriba de la inflación promedio, no hay ningún esfuerzo para que los montos de los ingresos que dependen de decisiones o de gobierno (salarios públicos, jubilaciones, obras, inversión en ciencia y tecnología, salario docente) acompañen aunque sea a la inflación. De este modo existen tasas de Leliqs que favorecen la renta financiera alrededor de 58%, por un lado, mientras la industria cae 13,3% en noviembre (dato EMI, INDEC), por otro. Estas no son casualidades.
Es verdad que la obsesión por el déficit cero forma parte del núcleo de razonamientos de la actual gestión, pero no porque con ello controlen la inflación o bajen la pobreza o alguna cuestión virtuosa, porque si tan seguros estuvieran de estos postulados, sería virtuoso tomar la decisión de bajar el gasto a cero para equilibrar esas variables y así generar el famoso derrame positivo en la economía. La obsesión por bajar el gasto público, que bajó 4 puntos porcentuales sobre PBI en los últimos 3 años (datos de Hacienda), y se achicó un 17% anual en términos reales, tiene su interés en realidad en reducir la recaudación del Estado, mejorando los ingresos de los sectores que más contribuyen, al tiempo que desarman cualquier regulación que afecta el comportamiento de los más fuertes para explotar a los eslabones más débiles, imponiendo precios, tiempos y normas de calidad.
Así estamos en la actualidad, con un escenario de difícil proyección, con una inflación que duele en cada uno de los sectores menos favorecidos de la economía, porque superó el 48% anual (la inflación más alta desde 1991) y no hay resortes que contengan el deterioro social, que aún puede crecer justamente por la caída del gasto primario.
La pregunta que cabe hacerse, en este año electoral, y frente a este escenario económico es si hay chances de que en 2019 haya alguna mejora social o laboral para apuntalar el voto oficialista. La respuesta es que es muy improbable. Es verdad que siempre es más fácil subir desde el fondo del pozo, pero también es cierto que la actual gestión no cree que haya tocado fondo y por eso analiza enviar proyectos de reforma laboral y previsional al Congreso para seguir restaurando ganancias y el poder de grandes empresarios. Esto es un problema, es su visión, pero también es un problema del gobierno.
Durante 2019, es posible que el salario no pierda contra la inflación y hasta gane algo del terreno perdido en 2018, y esto podría dar la sensación de estabilidad. Es posible también que el gobierno apunte a sostener estos sectores trabajadores para no perder más votos. La cuestión de difícil resolución es que en general la economía mejora cuando la industria mejora, cuando el dólar se estabiliza y la producción sube para atender exportaciones crecientes (escenario incierto) o para atender mayor mercado interno (escenario probable pero marginal). La industria no tiene ningún fundamento para crecer en inversiones con la capacidad instalada en uso por debajo de los dos tercios, las tasas de créditos en 75% por lo menos y el consumo por el piso.
En la medida que el poder del Estado no se oriente a mejorar el consumo, a promover la producción, a reasignar recursos para que haya inversiones de mayor derrame económico (como podría ser la obra pública), no se vislumbra un escenario de mejora económica o social. Entonces el gobierno tiene una sola forma de mostrar gestión durante este año de improbables mejoras en el nivel productivo, y eso es con estabilidad y cuestiones no estrictamente económicas de corto plazo (marketing polítio de lucha contra la inseguridad y corrupción, aparte de seguir insistiendo con la realidad política venezolana).
Con este panorama es que arranca el año de Cambiemos. Un ojo en la situación de la estabilidad cambiaria y otro en sumar o al menos no perder votos. La oposición, por su parte, arranca la pelea por el título de ganador electoral con la necesidad de mostrarse fuerte para un verdadero cambio en materia económica, donde su principal fantasma es que no la asocien al pasado (más allá del debate de cuán bueno o no fue aquel tiempo anterior).
Futuro y pasado, mejora social contra estabilidad, es una grieta que refleja un problema que debe resolver la oposición a Cambiemos para poder mostrarse como alternativa, sobre todo en los sectores con dudas de modificar su voto (de 2015) y dar vuelta la elección a favor de un gobierno que piense el país desde criterios de producción y desarrollo. Si la oposición queda asociada al pasado, por bueno que esto pueda ser para algunos, tendrá un problema enorme para conquistar nuevos votos y dar un salto electoral. Por eso las fórmulas deberán pensarse en función de pelear ahora no solo por el centro de continuidad ideológica sino también por la idea de futuro, buscando creativamente propuestas novedosas para los votantes que devuelvan esperanzas en lo económico. Cambiemos chocó la economía. El desafío opositor es lograr que la mera estabilidad no alcance para recrear una sensación de falsa esperanza en aquellos votantes de posiciones más urgentes.
Es verdad que la obsesión por el déficit cero forma parte del núcleo de razonamientos de la actual gestión, pero no porque con ello controlen la inflación o bajen la pobreza o alguna cuestión virtuosa, porque si tan seguros estuvieran de estos postulados, sería virtuoso tomar la decisión de bajar el gasto a cero para equilibrar esas variables y así generar el famoso derrame positivo en la economía. La obsesión por bajar el gasto público, que bajó 4 puntos porcentuales sobre PBI en los últimos 3 años (datos de Hacienda), y se achicó un 17% anual en términos reales, tiene su interés en realidad en reducir la recaudación del Estado, mejorando los ingresos de los sectores que más contribuyen, al tiempo que desarman cualquier regulación que afecta el comportamiento de los más fuertes para explotar a los eslabones más débiles, imponiendo precios, tiempos y normas de calidad.
Así estamos en la actualidad, con un escenario de difícil proyección, con una inflación que duele en cada uno de los sectores menos favorecidos de la economía, porque superó el 48% anual (la inflación más alta desde 1991) y no hay resortes que contengan el deterioro social, que aún puede crecer justamente por la caída del gasto primario.
La pregunta que cabe hacerse, en este año electoral, y frente a este escenario económico es si hay chances de que en 2019 haya alguna mejora social o laboral para apuntalar el voto oficialista. La respuesta es que es muy improbable. Es verdad que siempre es más fácil subir desde el fondo del pozo, pero también es cierto que la actual gestión no cree que haya tocado fondo y por eso analiza enviar proyectos de reforma laboral y previsional al Congreso para seguir restaurando ganancias y el poder de grandes empresarios. Esto es un problema, es su visión, pero también es un problema del gobierno.
Durante 2019, es posible que el salario no pierda contra la inflación y hasta gane algo del terreno perdido en 2018, y esto podría dar la sensación de estabilidad. Es posible también que el gobierno apunte a sostener estos sectores trabajadores para no perder más votos. La cuestión de difícil resolución es que en general la economía mejora cuando la industria mejora, cuando el dólar se estabiliza y la producción sube para atender exportaciones crecientes (escenario incierto) o para atender mayor mercado interno (escenario probable pero marginal). La industria no tiene ningún fundamento para crecer en inversiones con la capacidad instalada en uso por debajo de los dos tercios, las tasas de créditos en 75% por lo menos y el consumo por el piso.
En la medida que el poder del Estado no se oriente a mejorar el consumo, a promover la producción, a reasignar recursos para que haya inversiones de mayor derrame económico (como podría ser la obra pública), no se vislumbra un escenario de mejora económica o social. Entonces el gobierno tiene una sola forma de mostrar gestión durante este año de improbables mejoras en el nivel productivo, y eso es con estabilidad y cuestiones no estrictamente económicas de corto plazo (marketing polítio de lucha contra la inseguridad y corrupción, aparte de seguir insistiendo con la realidad política venezolana).
Con este panorama es que arranca el año de Cambiemos. Un ojo en la situación de la estabilidad cambiaria y otro en sumar o al menos no perder votos. La oposición, por su parte, arranca la pelea por el título de ganador electoral con la necesidad de mostrarse fuerte para un verdadero cambio en materia económica, donde su principal fantasma es que no la asocien al pasado (más allá del debate de cuán bueno o no fue aquel tiempo anterior).
Futuro y pasado, mejora social contra estabilidad, es una grieta que refleja un problema que debe resolver la oposición a Cambiemos para poder mostrarse como alternativa, sobre todo en los sectores con dudas de modificar su voto (de 2015) y dar vuelta la elección a favor de un gobierno que piense el país desde criterios de producción y desarrollo. Si la oposición queda asociada al pasado, por bueno que esto pueda ser para algunos, tendrá un problema enorme para conquistar nuevos votos y dar un salto electoral. Por eso las fórmulas deberán pensarse en función de pelear ahora no solo por el centro de continuidad ideológica sino también por la idea de futuro, buscando creativamente propuestas novedosas para los votantes que devuelvan esperanzas en lo económico. Cambiemos chocó la economía. El desafío opositor es lograr que la mera estabilidad no alcance para recrear una sensación de falsa esperanza en aquellos votantes de posiciones más urgentes.