Foto portada: Carina López Monja y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP.
Sin dudas, la Masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002, que le costó la vida a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, tras una brutal represión policial, luego de un corte en el Puente Pueyrredón, marcó un antes y un después la Argentina.
Mientras que la prensa quiso atribuir las muertes a una pelea entre los propios piqueteros, los reporteros gráficos y medios de comunicación populares que estaban en la zona de la estación de Avellaneda, lograron sacar la verdad a luz y el país entero supo, finalmente, que había sido la propia policía la que disparó contra los manifestantes.
A veinte años de aquellos hechos, los responsables directos de la masacre están detenidos, pero aún falta investigar quienes fueron los responsables políticos que dieron la orden de reprimir.
La estación de trenes de Avellaneda, rebautizada como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, es un símbolo de una lucha que continúa, con viejas y nuevas consignas, viejos y nuevos actores sociales, pero el espíritu de ambos militantes asesinados vive en muchas de las luchas que las organizaciones sociales dan en la calle o cualquier otro ámbito, todos los días.
Kranear conversó con Carina López Monja es militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), politóloga y periodista, que tuvo una activa participación en aquellos días de junio de 2002 y que hoy colabora en el diario Tiempo Argentino y trabaja en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). También es madre de mellizos y militante del feminismo popular.
¿Dónde estabas aquel 26 de junio de 2002?
Aquel 26 de junio de 2002 yo estaba estudiando periodismo, vi las imágenes en el Puente Pueyrredón desde mi casa, hablamos entre los compañeros y compañeras que estábamos estudiando en TEA (Taller Escuela Agencia), hablamos con nuestro docente y nos fuimos a la movilización espontanea, que se fue auto convocando en Plaza de Mayo, en repudio a los asesinatos de Maxi y Darío. Recuerdo que en su momento los medios decían que se habían matado entre ellos, que era un problema entre piqueteros, y vino la tapa de Clarín del día siguiente (“La crisis causó dos nuevas muertes”, titularon).
Esa misma semana coordinamos con compañeros que militaban en aquel momento en el MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) Aníbal Verón, luego el Frente Darío Santillán, para sumarnos a aportar desde la comunicación en los barrios, y la experiencia del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas. Como muchos otros compañeros, me sumé luego de ver esas imágenes brutales, esa represión salvaje y la necesidad de movilizarnos que sentimos muchos y muchas frente a esa injusticia y represión, de ese avance por parte de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes en el Puente Pueyrredón, definido por una orden política.
Esa fue la manera que me sumé: primero en talleres de comunicación, luego al área de formación política de La Verón. Fue un proceso duro porque me sumé al barrio donde había empezado a militar Darío, en el barrio Don Orione (partido de Almirante Brown), y justamente donde estaban muy presentes “las doñas”, esas mujeres que habían sido, y siguen siendo, las primeras en la línea de batalla, las primeras en el piquete, las primera en el corte, que vivían la pérdida en carne propia, y además se vivía una situación de mucho miedo, de mucha violencia, ya que la semana posterior a los asesinatos de Darío y Maxi, las razias de la policía bonaerense en los barrios eran muy, pero muy fuerte, y pese al miedo y al intento de disciplinar a las organizaciones populares, lo que hubo fue una respuesta enorme de movilización y organización popular, que hizo que muchos y muchas nos hayamos sumado a la militancia.
Carolina en un acto del FPDS, organización que forma parte de la UTEP.
¿Cómo manejaron los medios de comunicación lo sucedido en el puente y la estigmatización a los piqueteros?
En aquel momento hubo una cuestión mediática muy clara, nosotros hicimos un análisis de las notas del diario Clarín y el diario La Nación que efectivamente asociaban el piquete con la violencia, por el hecho de que usaban la cara tapada y llevaban palos, que cabe recordar, en aquel momento era por una cuestión de seguridad de los que iban al frente de las movilizaciones para garantizar que las mujeres se pudieran replegar antes, ya que después los iban a buscar a los barrios. Estaban marcados y los iban a buscar. Era una cuestión básica de seguridad.
Y sin embargo lo que había era una estigmatización y una criminalización a la pobreza y la protesta muy pero muy fuerte marcada en los medios de comunicación, que también eran los que permitieron preparar el escenario para la represión. Les salió mal porque la respuesta fue multitudinaria. Si no hubieran existido comunicadores y comunicadoras populares en aquel momento como lo fue el rol de Indymedia y ANRed (Agencia de Noticias Redacción), y por supuesto los fotógrafos y trabajadores y trabajadoras de prensa, honestos y comprometidos que mostraron efectivamente lo que había sucedido, sin ellos y sin ellas hubiese sido muy difícil desarmar ese relato mediático que hablaba de violencia entre piqueteros, entre organizaciones y no del accionar de la policía.
Aquel 26 de junio decimos que fue un antes y un después, no solo porque Duhalde tuvo que adelantar las elecciones, sino también porque fueron presos los policías que apretaron el gatillo, después de una enorme movilización en los Tribunales de Lomas de Zamora, que termino con Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta presos, con prisión perpetua.
También marcó un antes y un después en relación al paradigma de seguridad, el rol del Estado en las protestas sociales, a través de la decisión de parte de Néstor Kirchner, en 2003, de impedir que los efectivos de la fuerza de seguridad portaran balas de plomo,o sea: la definición de no reprimir las protesta social. Hablamos de la concepción de entender que protestar es un derecho y que la respuesta frente a una protesta social es el dialogo, y atender esa demanda concreta que hace que se produzca esa protesta, y no que la respuesta sea policial.
Ese 26 marcó esto con mucha claridad, y cuando los medios de comunicación vuelven a estigmatizar las protestas como estamos viendo ahora, genera mucha preocupación y mucha bronca.
¿Las fuerzas de seguridad siguen gozando de la impunidad que tenía hace veinte años para reprimir manifestaciones?
La policía nunca actúa sola, nosotros en aquel momento fuimos muy claros en que no existen loquitos sueltos dentro de la fuerza de seguridad que actúan porque se les dio las ganas, o porque se levantaron enojados y con ganas de reprimir o de matar o de pegarle palazos a un manifestante. Por supuesto que a lo largo de estos veinte años siguieron existiendo casos de violencia institucional, siguieron existiendo los casos de gatillo fácil, hubo también una gran cantidad de denuncias contra las fuerzas policiales en pandemia.
Lo que no hay que perder de vista es la orden política que hace que las fuerzas de seguridad avancen o no en determinado sentido. Y eso es un debate de que alguna manera se ganó, incluso estuvo muy presente a pesar de las represiones que hubo durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, hay un consenso de la sociedad que no puede ser la represión a una protesta.
Incluso en aquella represión que hubo frente al Congreso de la Nación durante la sesión, en diciembre de 2017, para avanzar en la reforma jubilatoria, por la noche hubo un fuerte cacerolazo de los sectores medios en contra de esa represión. Más allá de los abusos que siguen existiendo, lo que cambió es el paradigma y que la sociedad Argentina tiene un consenso de que eso no se puede permitir.
Cuando esto sucede hay una respuesta de la mayoría de la sociedad rechazando ese tipo de accionar y para nosotros eso es importante, y es importante recuperarlo en la memoria de lo que sucedió ese 26 de junio de 2002, para entender en qué momento estamos hoy y qué peligrosos son eso discursos liberales que hablan de criminalizar las protestas o de avanzar sobre las organizaciones, por ejemplo, al impedir las movilizaciones frente al Ministerios de Desarrollo Social. A veinte años de la Masacre de Avellaneda es fundamental rechazar, repudiar y estar alerta frente a esos discursos de odio de violencia de estigmatización que vuelven a aparecer con más frecuencia.
La crisis causó dos nuevas muertes, tituló Clarín al otro día de los asesinatos, aún cuando en la redacción los editores generales del diario tenían en sus manos esta foto (y otras) del reportero Pepe Mateos.
¿En qué quedo la idea de que los policías Fanchiotti y Acosta reciban la libertad condicional?
No avanzó. Fanchiotti y Acosta siguen con presión perpetua, y siguen detenidos. Para nosotros es fundamental seguir alertando y tener presencia para que no queden en libertad los policías que dispararon, los responsables materiales del asesinato de nuestros compañeros. Más allá de eso seguimos luchando y trayendo a la memoria popular las responsabilidades políticas que nunca se investigaron sobre quienes tenían el rol de definición del Gobierno nacional y provincial de aquel momento, y la orden sobre las fuerzas de seguridad que justamente fueron quienes definieron que ese día se avanzara con el asesinato de nuestros compañeros y con una represión brutal que dejó más de 30 heridos con balas de plomo en las inmediaciones del puente Pueyrredón y en la estación que hoy lleva el nombre de Maxi y de Darío.
¿Son comparables tanto la crisis de 2002 como esta de 2022?
En el 2001/2002 se vivió una crisis producto de las políticas neoliberales y exclusión de los 90, el nivel de hambre, de desocupación y miseria, de aquel momento, no sé si se puede comparar a la situación que vivimos hoy, aquella era una situación muy difícil donde no había ninguna protección social. Hoy el escenario económico que vivimos es muy difícil, pero hay otros procesos que existen y que vienen a pararse desde otro lugar: desde la organización comunitaria, desde las redes que existen a lo largo y ancho del país de contención, de articulación, la existencia de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como forma de organizarse frente al escenario que se vive cotidianamente.
Hoy en día existe la AUH, que antes no existía, pero también existe un nivel de desigualdad que podemos decir que aumentó, y un crecimiento de la pobreza producto de los cuatro años de Macri y los dos de pandemia.
Si miramos la realidad en la que estamos hoy, es de mucha desigualdad y mucha pobreza, pero al menos tenemos otras herramientas para discutir y conquistar derechos que en 2002 no existían.
¿Cuál es el legado que dejaron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki?
El legado que deja, fundamentalmente Darío Santillán es la pedagogía del ejemplo, la solidaridad, el compañerismo, el poner el cuerpo, por encima de lo colectivo y no lo individual, el comprometerse con el otro, y ese ejemplo entendemos nosotros y nosotras se ha multiplicado en todo el país. Nosotros decimos Darío no se murió, se multiplicó, quisieron matarlo, pero lo que hicieron fue hacer crecer semillas que hoy permiten que hayan barrios enteros que hoy están construidos por trabajadores y trabajadoras de la economía popular que llevan el nombre de Darío Santillán, que haya clubes en los barrios populares para pibes y pibas, en donde se da una respuesta, un lugar de pertenencia, de encuentro, para que no estén en las calles.
Como dice el Papa Francisco: nadie se salva solo. Darío volvió a la estación que hoy lleva su nombre, para buscar un compañero que no conocía, para buscar a Maxi, para decir que no lo mataran y esa mano, ese ejemplo que decimos nosotros se multiplicó con los años para poner en el centro la solidaridad, el compañerismo, la lealtad al pueblo por encima de todo.
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El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) se fundó en 2004 a partir de la confluencia de distintas organizaciones de desocupados. Desde 2019 integran el Frente Patria Grande, cuyo referente más conocido es Juan Grabois, un espacio de militancia del campo nacional y popular que a su vez forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Sin dudas, la Masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002, que le costó la vida a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, tras una brutal represión policial, luego de un corte en el Puente Pueyrredón, marcó un antes y un después la Argentina.
Mientras que la prensa quiso atribuir las muertes a una pelea entre los propios piqueteros, los reporteros gráficos y medios de comunicación populares que estaban en la zona de la estación de Avellaneda, lograron sacar la verdad a luz y el país entero supo, finalmente, que había sido la propia policía la que disparó contra los manifestantes.
A veinte años de aquellos hechos, los responsables directos de la masacre están detenidos, pero aún falta investigar quienes fueron los responsables políticos que dieron la orden de reprimir.
La estación de trenes de Avellaneda, rebautizada como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, es un símbolo de una lucha que continúa, con viejas y nuevas consignas, viejos y nuevos actores sociales, pero el espíritu de ambos militantes asesinados vive en muchas de las luchas que las organizaciones sociales dan en la calle o cualquier otro ámbito, todos los días.
Kranear conversó con Carina López Monja es militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), politóloga y periodista, que tuvo una activa participación en aquellos días de junio de 2002 y que hoy colabora en el diario Tiempo Argentino y trabaja en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). También es madre de mellizos y militante del feminismo popular.
¿Dónde estabas aquel 26 de junio de 2002?
Aquel 26 de junio de 2002 yo estaba estudiando periodismo, vi las imágenes en el Puente Pueyrredón desde mi casa, hablamos entre los compañeros y compañeras que estábamos estudiando en TEA (Taller Escuela Agencia), hablamos con nuestro docente y nos fuimos a la movilización espontanea, que se fue auto convocando en Plaza de Mayo, en repudio a los asesinatos de Maxi y Darío. Recuerdo que en su momento los medios decían que se habían matado entre ellos, que era un problema entre piqueteros, y vino la tapa de Clarín del día siguiente (“La crisis causó dos nuevas muertes”, titularon).
Esa misma semana coordinamos con compañeros que militaban en aquel momento en el MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) Aníbal Verón, luego el Frente Darío Santillán, para sumarnos a aportar desde la comunicación en los barrios, y la experiencia del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas. Como muchos otros compañeros, me sumé luego de ver esas imágenes brutales, esa represión salvaje y la necesidad de movilizarnos que sentimos muchos y muchas frente a esa injusticia y represión, de ese avance por parte de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes en el Puente Pueyrredón, definido por una orden política.
Esa fue la manera que me sumé: primero en talleres de comunicación, luego al área de formación política de La Verón. Fue un proceso duro porque me sumé al barrio donde había empezado a militar Darío, en el barrio Don Orione (partido de Almirante Brown), y justamente donde estaban muy presentes “las doñas”, esas mujeres que habían sido, y siguen siendo, las primeras en la línea de batalla, las primeras en el piquete, las primera en el corte, que vivían la pérdida en carne propia, y además se vivía una situación de mucho miedo, de mucha violencia, ya que la semana posterior a los asesinatos de Darío y Maxi, las razias de la policía bonaerense en los barrios eran muy, pero muy fuerte, y pese al miedo y al intento de disciplinar a las organizaciones populares, lo que hubo fue una respuesta enorme de movilización y organización popular, que hizo que muchos y muchas nos hayamos sumado a la militancia.
Carolina en un acto del FPDS, organización que forma parte de la UTEP.¿Cómo manejaron los medios de comunicación lo sucedido en el puente y la estigmatización a los piqueteros?
En aquel momento hubo una cuestión mediática muy clara, nosotros hicimos un análisis de las notas del diario Clarín y el diario La Nación que efectivamente asociaban el piquete con la violencia, por el hecho de que usaban la cara tapada y llevaban palos, que cabe recordar, en aquel momento era por una cuestión de seguridad de los que iban al frente de las movilizaciones para garantizar que las mujeres se pudieran replegar antes, ya que después los iban a buscar a los barrios. Estaban marcados y los iban a buscar. Era una cuestión básica de seguridad.
Y sin embargo lo que había era una estigmatización y una criminalización a la pobreza y la protesta muy pero muy fuerte marcada en los medios de comunicación, que también eran los que permitieron preparar el escenario para la represión. Les salió mal porque la respuesta fue multitudinaria. Si no hubieran existido comunicadores y comunicadoras populares en aquel momento como lo fue el rol de Indymedia y ANRed (Agencia de Noticias Redacción), y por supuesto los fotógrafos y trabajadores y trabajadoras de prensa, honestos y comprometidos que mostraron efectivamente lo que había sucedido, sin ellos y sin ellas hubiese sido muy difícil desarmar ese relato mediático que hablaba de violencia entre piqueteros, entre organizaciones y no del accionar de la policía.
Aquel 26 de junio decimos que fue un antes y un después, no solo porque Duhalde tuvo que adelantar las elecciones, sino también porque fueron presos los policías que apretaron el gatillo, después de una enorme movilización en los Tribunales de Lomas de Zamora, que termino con Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta presos, con prisión perpetua.
También marcó un antes y un después en relación al paradigma de seguridad, el rol del Estado en las protestas sociales, a través de la decisión de parte de Néstor Kirchner, en 2003, de impedir que los efectivos de la fuerza de seguridad portaran balas de plomo,o sea: la definición de no reprimir las protesta social. Hablamos de la concepción de entender que protestar es un derecho y que la respuesta frente a una protesta social es el dialogo, y atender esa demanda concreta que hace que se produzca esa protesta, y no que la respuesta sea policial.
Ese 26 marcó esto con mucha claridad, y cuando los medios de comunicación vuelven a estigmatizar las protestas como estamos viendo ahora, genera mucha preocupación y mucha bronca.
¿Las fuerzas de seguridad siguen gozando de la impunidad que tenía hace veinte años para reprimir manifestaciones?
La policía nunca actúa sola, nosotros en aquel momento fuimos muy claros en que no existen loquitos sueltos dentro de la fuerza de seguridad que actúan porque se les dio las ganas, o porque se levantaron enojados y con ganas de reprimir o de matar o de pegarle palazos a un manifestante. Por supuesto que a lo largo de estos veinte años siguieron existiendo casos de violencia institucional, siguieron existiendo los casos de gatillo fácil, hubo también una gran cantidad de denuncias contra las fuerzas policiales en pandemia.
Lo que no hay que perder de vista es la orden política que hace que las fuerzas de seguridad avancen o no en determinado sentido. Y eso es un debate de que alguna manera se ganó, incluso estuvo muy presente a pesar de las represiones que hubo durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, hay un consenso de la sociedad que no puede ser la represión a una protesta.
Incluso en aquella represión que hubo frente al Congreso de la Nación durante la sesión, en diciembre de 2017, para avanzar en la reforma jubilatoria, por la noche hubo un fuerte cacerolazo de los sectores medios en contra de esa represión. Más allá de los abusos que siguen existiendo, lo que cambió es el paradigma y que la sociedad Argentina tiene un consenso de que eso no se puede permitir.
Cuando esto sucede hay una respuesta de la mayoría de la sociedad rechazando ese tipo de accionar y para nosotros eso es importante, y es importante recuperarlo en la memoria de lo que sucedió ese 26 de junio de 2002, para entender en qué momento estamos hoy y qué peligrosos son eso discursos liberales que hablan de criminalizar las protestas o de avanzar sobre las organizaciones, por ejemplo, al impedir las movilizaciones frente al Ministerios de Desarrollo Social. A veinte años de la Masacre de Avellaneda es fundamental rechazar, repudiar y estar alerta frente a esos discursos de odio de violencia de estigmatización que vuelven a aparecer con más frecuencia.
La crisis causó dos nuevas muertes, tituló Clarín al otro día de los asesinatos, aún cuando en la redacción los editores generales del diario tenían en sus manos esta foto (y otras) del reportero Pepe Mateos.¿En qué quedo la idea de que los policías Fanchiotti y Acosta reciban la libertad condicional?
No avanzó. Fanchiotti y Acosta siguen con presión perpetua, y siguen detenidos. Para nosotros es fundamental seguir alertando y tener presencia para que no queden en libertad los policías que dispararon, los responsables materiales del asesinato de nuestros compañeros. Más allá de eso seguimos luchando y trayendo a la memoria popular las responsabilidades políticas que nunca se investigaron sobre quienes tenían el rol de definición del Gobierno nacional y provincial de aquel momento, y la orden sobre las fuerzas de seguridad que justamente fueron quienes definieron que ese día se avanzara con el asesinato de nuestros compañeros y con una represión brutal que dejó más de 30 heridos con balas de plomo en las inmediaciones del puente Pueyrredón y en la estación que hoy lleva el nombre de Maxi y de Darío.
¿Son comparables tanto la crisis de 2002 como esta de 2022?
En el 2001/2002 se vivió una crisis producto de las políticas neoliberales y exclusión de los 90, el nivel de hambre, de desocupación y miseria, de aquel momento, no sé si se puede comparar a la situación que vivimos hoy, aquella era una situación muy difícil donde no había ninguna protección social. Hoy el escenario económico que vivimos es muy difícil, pero hay otros procesos que existen y que vienen a pararse desde otro lugar: desde la organización comunitaria, desde las redes que existen a lo largo y ancho del país de contención, de articulación, la existencia de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como forma de organizarse frente al escenario que se vive cotidianamente.
Hoy en día existe la AUH, que antes no existía, pero también existe un nivel de desigualdad que podemos decir que aumentó, y un crecimiento de la pobreza producto de los cuatro años de Macri y los dos de pandemia.
Si miramos la realidad en la que estamos hoy, es de mucha desigualdad y mucha pobreza, pero al menos tenemos otras herramientas para discutir y conquistar derechos que en 2002 no existían.
¿Cuál es el legado que dejaron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki?
El legado que deja, fundamentalmente Darío Santillán es la pedagogía del ejemplo, la solidaridad, el compañerismo, el poner el cuerpo, por encima de lo colectivo y no lo individual, el comprometerse con el otro, y ese ejemplo entendemos nosotros y nosotras se ha multiplicado en todo el país. Nosotros decimos Darío no se murió, se multiplicó, quisieron matarlo, pero lo que hicieron fue hacer crecer semillas que hoy permiten que hayan barrios enteros que hoy están construidos por trabajadores y trabajadoras de la economía popular que llevan el nombre de Darío Santillán, que haya clubes en los barrios populares para pibes y pibas, en donde se da una respuesta, un lugar de pertenencia, de encuentro, para que no estén en las calles.
Como dice el Papa Francisco: nadie se salva solo. Darío volvió a la estación que hoy lleva su nombre, para buscar un compañero que no conocía, para buscar a Maxi, para decir que no lo mataran y esa mano, ese ejemplo que decimos nosotros se multiplicó con los años para poner en el centro la solidaridad, el compañerismo, la lealtad al pueblo por encima de todo.
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El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) se fundó en 2004 a partir de la confluencia de distintas organizaciones de desocupados. Desde 2019 integran el Frente Patria Grande, cuyo referente más conocido es Juan Grabois, un espacio de militancia del campo nacional y popular que a su vez forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).