El gobierno nacional sigue sumando razones para que crezca todos los días el descontento popular. En este caso, entre los trabajadores estatales, con quienes los libertarios están ensañados de un modo macabro. Las autoridades del mega ministerio están haciendo circular un formulario, para que los trabajadores lo llenen con sus datos y fiscalicen las elecciones del domingo que viene para la Libertad Avanza.

¿Es una burla, una nueva provocación, un manotazo de ahogado para ver si contrarrestan el déficit de fiscales propios? No se sabe, pero sí estamos seguros de que se trata de una ilegalidad, ya que no se puede apretar a los estatales para que garanticen la elección de su partido.

Esta decisión política, con sustento administrativo, va en contra de la propia letra de la Ley Bases, tan dañina para el interés nacional, con la que modificaron la ley de regulación del empleo público, y prohibieron la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales. Con este instrumento, por ejemplo, voltearon bustos y retiraron cuadros de referentes del peronismo como Eva Perón o Néstor Kirchner.

“Les recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno”, advirtieron desde ATE Capital con un comunicado. Aparte, le enviaron una nota a la ministra, acusada, en el último año, entre otros delitos, de esconder los artículos de primera necesidad que Desarrollo Social le transfiere a los comedores populares de todo el país.

Kranear se comunicó con Soledad Santellan, integrante de la Secretaria de Convenios Colectivos de Ate Capital, para conversar sobre la denuncia de la organización gremial.

¿En qué momento comenzaron a llegar los formularios a vuestras casillas de correo, llamándolos a fiscalizar para LLA? 

La comunicación nos empezó a llegar el jueves y viernes de la semana pasada por mensaje de WhatsApp. Esto generó pánico y se entiende como una maniobra extorsiva, ya que desde que llegó la Libertad Avanza al organismo tuvimos más de 3.000 despidos.

¿Por qué creen que avanzan con esta medida?

Hacen esto porque son sádicos, y agudizan el escenario de violencia y  persecución hacia los trabajadores/as. Ellos sancionan la Ley Bases –con la que modifican la ley que regula el empleo público nacional- y una modificación plantean que no se puede hacer campaña política ni tener figuras políticas en los distintos sectores del organismo. Nosotros rechazamos esa reforma, que es inconstitucional en su forma (por cómo se sancionó), y también de fondo, porque queda demostrada la contradicción y el abuso de poder de esta gente, que ni siquiera cumple una ley que ellos mismos modificaron.

El formulario para cargar datos que envió Capital Humano.


¿Qué definición tomaron? 

En Capital Humano tenemos varias juntas internas: Educación, Desarrollo Social, Trabajo, entre otras. Y nosotros, desde la Secretaría de Convenios Colectivos, y la Secretaría Gremial, articulamos con todos los compañeros y compañeras delegados de cada uno de los sectores. De ahí sale la gacetilla de prensa con la denuncia, y también la nota para Petovello.

Ya tiene varios capítulos la persecución del gobierno contra los estatales.

Sí. La persecución comenzó en la campaña. En sus discursos, Milei era muy violento con los trabajadores y trabajadoras estatales, desde el famoso “afueeera”, que gritaba para graficar que volaría ministerios, o cuando decía que el Estado era una asociación criminal. Ya en el gobierno, cerraron y disolvieron organismos y fusionaron ministerios, despidieron a miles de compañeros y compañeras contratadas por el artículo 9,  y también jubilaron a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en condiciones de jubilarse, sin ningún tipo de miramiento ni criterio. Además pasaron a disponibilidad a compañeros de planta permanente que tienen la estabilidad del empleo público, pero con la Ley Bases pudieron avanzar, y hoy son unos 1.600 compañeros y compañeras los que están en el registro de disponibilidad. Algunos ya no forman parte del Estado, ya que los indemnizaron.

¿Activaron con alguna iniciativa, ante este avance? 

Sí, estamos presentando un proyecto de ley respecto a este registro de disponibilidad, para dejar sin efecto el artículo de la Ley Bases. Aparte, ya presentamos medidas cautelares en el poder judicial, respecto a este mismo tema, y todavía no tenemos respuesta.

O sea que cuentan con más de una estrategia.

Sí, vamos avanzando con distintas estrategias para afrontar este terrible momento. Y el amedrentamiento para que fiscalicemos para LLA, es un hecho más. También hay que mencionar la rendición de un examen obligatorio que tuvimos que hacer, porque si no, no nos renovaban los contratos.

¿Cómo fue eso? 

Un circo, porque aprobaron a la mayoría de los compañeros y compañeras, un gastadero de plata, de tiempo, absolutamente innecesario, porque aparte muchos compañeros pasaron por mucha angustia, otros renunciaron antes de rendir el examen, porque no toleraban más esa situación de desgaste, de exposición. Así que venimos como muy complicados con este gobierno, y quiero hacer una mención especial de Sturzenegger, un funcionario que desde el principio es muy cruel con nosotros.

En la nota que la organización sindical le envió hoy 21 de octubre a la ministra, plantean que “es grave la doble moral y contradicción del Gobierno, que estigmatiza y nos quiere imponer una prohibición de opinión y participación política en el lugar de trabajo, pero son los primeros en incumplirla, demostrando la total hipocresía con la que se maneja el gobierno libertario”. 

Y en el cierren, advierten que “por todo lo expuesto rechazamos las presiones a los/as estatales para que fiscalicen para su partido en las próximas elecciones e intimamos para que se proceda a investigar el hecho a fin de deslindar sanciones administrativas a los funcionarios que estuvieron involucrados en el hecho, todo bajo apercibimiento de denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”.