La Isla Martín García está atravesando una situación de regularización como nunca se vio en la historia gracias a la gestión del gobernador Axel Kicillof. Es lógico creer que nadie se opondría al ordenamiento de las tierras consideradas patrimonio de la humanidad; sin embargo, toda regularización debe enfrentarse con negocios turbios, contratos irregulares y cobros de “canon” en forma de coimas que afectan a los intereses de los beneficiados.

Y no solo a los directamente beneficiados: también a sus operadores, que responden a intereses superiores. En este caso los mercenarios de turno son Santiago Sautel, director de la revista Realpolitik y uno de sus más burdos operadores: el “periodista” Joaquín Sosa Bustos.

Los días 8 y 29 de octubre, la revista bonaerense RealPolitik publicó dos notas: una de ellas derivada de una entrevista radial a un supuesto vecino de la Isla Martín García (José Fernando Sánchez), en la que se acusa al gobernador por intento de expropiación para convertir a la isla en una casa de vacaciones. Junto a la grave acusación, se adjuntan las fotos del Director General de Islas, Eugenio Liggesmayer y del Director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, Diego Simonetta y se los acusa de perseguir a los vecinos para cumplir con las indicaciones del gobernador. La operación es tan burda que alcanza apenas con conocer el estatus jurídico de la Isla para desarmarla. Queda entonces la pregunta sobre qué intereses defienden Sosa Bustos y Sautel para montar tan patética operación mediática. Veámoslo en detalle.

La Isla Martín García es patrimonio histórico de la humanidad. Por un lado, fue declarada patrimonio histórico y cultural de la Argentina por su reconocido valor histórico y simbólico, pero al mismo tiempo tiene estatus de reserva natural declarada en forma binacional por la República Argentina y por la República Oriental del Uruguay. Con solo este párrafo alcanza para desnudar lo grotesco de la operación mediática: como patrimonio de la humanidad, todos los terrenos de la Isla Martín García son fiscales; pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y es función indelegable de la Dirección Provincial de Islas su gestión y el cuidado de su patrimonio. De modo que toda acusación sobre un intento de expropiación cae en el terreno de lo absurdo: el Estado no puede expropiar lo que ya le pertenece. Hay otro organismo que interviene en la Isla: el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). La habilitación que firma OPDS junto con la regularización de los directores de la Isla son las únicas autoridades competentes para habilitar o inhabilitar la explotación de un comercio que está dentro de una reserva natural, que es, además, patrimonio histórico de la humanidad.

Esta primera mentira se desprende de la nota del 8 de octubre, firmada por Sosa Bustos, en la que se presenta a José Fernando Sánchez, “vecino” de la Isla, como el primer damnificado frente al “intento de expropiación” del gobernador Axel Kicillof. Pero hay otra falsedad aquí: el “vecino” José Fernando Sánchez vive en Mercedes, no en la Isla, y administra una panadería, sin concesiones, y explotando los recursos naturales de la Isla, en forma irregular.

Santiago Sautel dirige el portal Realpolitik.

Cuando Eugenio Liggesmayer y Diego Simonetta ingresaron a la gestión a través del Ministerio de Gobierno que en ese momento conducía María Teresa García, se encontraron con todo tipo de irregularidades heredadas de gestiones anteriores. Entre ellas, la de la adjudicación a un comercio para la explotación comercial dentro de la Isla a un habitante externo, que tenía a un empleado público trabajando en su panadería como un asalariado encubierto. Se trataba del panadero José Fernando Sánchez, que desde el año 2006 tiene revocada su contratación.. Además del empleado público contratado irregularmente, Sánchez utilizaba todo el capital de la Provincia de Buenos Aires (maquinaria, herramientas) para explotar su emprendimiento privado. Dado que durante tantos años de explotación privada de recursos públicos le sirvieron como fuente de ingresos directos, nunca renovó la maquinaria, de modo que siguió cocinando a base de leña, explotando los recursos naturales de la Isla. La Dirección se encontró, inclusive, con que Sánchez usaba el cloro que se utiliza para potabilizar el agua de la Isla para limpiar las paredes de la panadería. La cárcel de la Isla Martín García, patrimonio histórico de las argentinas y los argentinos, que se encuentra ubicada justo frente a la panadería, estaba recubierta de las cenizas que Sánchez deshechaba por la combustión de la leña.

Frente a la cantidad innumerable de irregularidades mediante las cuales Sánchez explotaba su comercio en territorio fiscal, Eugenio Liggesmayer lo citó en diciembre del año 2020 para acordar las condiciones de explotación en forma legal y regulada por el único dueño de las propiedades: el Estado provincial. Frente a la ausencia del panadero, que se negó a todo intento de regularización de su situación, en agosto del 2021 se le comunicó la revocación definitiva de su licencia para explotar el comercio, facultad inherente a un funcionario del rango de Liggesmayer. Acostumbrado al desorden, Sánchez había ofrecido a Diego el pago de un “canon” al comienzo de la gestión, como venía acostumbrado a hacer, para seguir explotando los recursos de la Isla. La negativa de la Dirección a aceptar ese pago por su condición de irregularidad, culminó con Sánchez acudiendo a una operación mediática, en este caso por parte del medio dirigido por Sautel, para sembrar dudas sobre las intenciones de los funcionarios.

Estos empleados estatales, que no vivían en la Isla, le cobraban la leña a los habitantes, les cobraban el corte del pasto, el transporte en tractor, todo hecho con bienes del Estado. Estas personas, incluso, decidían quiénes podían estar en la Isla y quienes no. Un disparate.

Toda esta operación pudo haberse desmontado fácilmente si Realpolitk consultaba con los habitantes de la Isla, que tienen pleno conocimiento de Sánchez y del accionar de las autoridades anteriores y actuales. Pero el hecho de no acudir a la más básica de las prácticas periodísticas para corroborar los hechos, demuestra que Joaquín Sosa Bustos y Santiago Sautel tienen intenciones que exceden a comunicar los hechos: montar operaciones mediáticas contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.