Once trabajadores están exigiendo la reincorporación a sus puestos de trabajo luego de que la Secretaría de Deportes decidiera no renovarles sus contratos. Las cesantías se están produciendo de manera paulatina y no se contempla antigüedad, fueros gremiales ni razones de salud. Desde el organismo optaron por la modalidad de renovar contratos por sesenta días. De ese modo provocan el despido por goteo. La mayoría se produjo cuando los trabajadores estaban de vacaciones.

Adriana La Rosa representa a sus compañeros y viene denunciando las distintas y sistemáticas irregularidades. Uno de los principales señalamientos tiene que ver con los despedidos con carpeta médica. “Muchos empleados con licencia con largo tratamiento están quedando sin obra social. Hay un caso de un compañero que tuvo un accidente en las instalaciones y ahora está con bastón. Tuve que hablar con él un montón de veces porque se quiere quitar la vida. Estamos muy preocupados”, señaló.

La Rosa es una perseguida política de la conducción Mac Allister. Tiene una larga militancia en derechos humanos y ocupó cargos ejecutivos. Hace unos días se encadenó en la puerta del Cenard junto a otro compañero, Leonardo Freidenberg, para solicitar su reincorporación. Con una antigüedad de quince años fue llamada por la coordinadora operativa del Ministerio de Educación y Deportes, Vanesa Berkowski, para notificarla de la no renovación contractual por “mal desempeño”. “Pasé de ser secretaria privada a la parte de acreditaciones, que consiste en estar en la entrada. No sabía que había una licenciatura para abrir portones”, ironizó ella.

Los trabajadores se encadenaron en en el acceso al organismo.

Vanesa Berkowski, por su parte, fue directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mandato de Mauricio Macri al frente de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una serie de denuncias por irregularidades. En 2011 debió renunciar al cargo ante sospechas de corrupción. En 2015 fue procesada por el derrumbe del boliche Beara, en el que murieron dos jóvenes.

Algunas áreas de la Secretaría fueron desmanteladas y sus empleados debieron deambular sin tarea específica. Es el caso de Marcelo Janín, profesional que se desempeñaba en la Oficina de Alto Rendimiento. Si bien insistió de modo permanente para que le asignaran una actividad, no obtuvo respuesta. Luego de haber sido contratado hasta enero y no tener una función concreta, la administración lo llamó para prescindir de sus servicios. “Increíblemente me dijeron que mis jefes no me evaluaron de buena manera”, señaló el trabajador.

Los trabajadores denuncian que los métodos que las autoridades utilizan para cesantear incluyen tareas de inteligencia, la incitación a delatar y el amedrentamiento a trabajadores. Asimismo, la administración dispuso la contratación de seguridad privada. “El lugar se ha convertido en Alcatraz”, sentenció Janín. Esta modalidad recrudeció en los últimos días cuando en una las paredes del lugar se pegaron las fotografías de los cesanteados para advertir la restricción del ingreso.

La constante lucha de los trabajadores hizo posible que Leonardo Freidenberg fuera reincorporado en los últimos días. Había sido despedido a pesar de poseer fueros gremiales, siendo otro agravante de la política laboral de la Secretaría.



En la secretaría de Estado que dirige Carlos Mac Allister parece ser que los trabajadores no son una preocupación de relevancia. El ex lateral izquierdo de Boca Juniors comenzó su gestión con el despido de ciento cincuenta trabajadores del Programa Líderes Deportivos Comunitarios, una herramienta que no sólo daba empleo a muchos profesionales sino que también generaba la práctica deportiva en decenas de barrios carenciados del país. El argumento utilizado en aquel momento fue que dicho programa no estaba contemplado en su área.