y Jerónimo Rueda(*)

Pasados unos diez días del inicio del escándalo $LIBRA, promovida desde el gobierno nacional como una herramienta de financiamiento para PYMES, es posible repasar los hechos con una precisión que pone en jaque no sólo los actos puntuales del presidente, sino, y para nosotros mucho más importante, el modelo económico que lleva adelante La Libertad Avanza.

El reciente colapso de la criptomoneda $LIBRA ha generado una crisis política y económica en la Argentina. El presidente Javier Milei, a través de sus redes sociales, promocionó este activo digital, lo que llevó a una ola especulativa que terminó en pérdidas multimillonarias para miles de inversores. Este episodio plantea serias dudas sobre la legalidad y ética de la acción presidencial, en un contexto donde la financiarización de la economía ya ha mostrado sus límites.

$Libra: Promoción presidencial y caída vertiginosa

El 14 de febrero de 2025, el presidente Milei recomendó la compra de la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta en la red social X. La moneda había sido creada apenas tres minutos antes de su publicación. Su capitalización bursátil alcanzó los 4.500 millones de dólares, con un valor de 5 dólares por token. Sin embargo, en pocas horas, perdió el 96% de su valor, desplomándose a 0,2 dólares por unidad.

Según informes de Solana Post, la operación tuvo características de 'rug pull' (tirar de la alfombra, que es una estafa repentina) una maniobra fraudulenta donde los creadores de un activo inflan su precio artificialmente y luego lo venden de golpe, generando un colapso. Cinco billeteras con información privilegiada controlaban el 82% de los tokens antes del anuncio presidencial, vendiéndolos masivamente cuando alcanzaron su pico de valor. Como resultado, 74.698 inversores resultaron estafados, con pérdidas que van desde miles hasta millones de dólares.

Solo 9 billeteras se llevaron más de 87 millones de USD, y los datos muestran la magnitud del perjuicio:

  • 71.369 traders perdieron hasta 10.000 USD.
  • 2.409 inversores perdieron entre 10.000 y 50.000 USD.
  • 756 personas sufrieron pérdidas de entre 50.000 y 250.000 USD.
  • 139 inversores perdieron más de 250.000 USD.
  • 25 personas perdieron más de 1 millón de USD.

(Fuente: Solana Post)

Un patrón repetido: antecedentes de estafas y cercanía a promotores

No es la primera vez que Milei se ve envuelto en episodios de estafas financieras. En 2021, recomendó la plataforma CoinX, que prometía rendimientos irreales del 8% mensual en dólares. En 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ordenó su cese y detuvo a sus dueños por operar sin autorización. Milei nunca asumió responsabilidad y admitió haber cobrado por la promoción.

En 2022, también recomendó Vulcano, un NFT que colapsó poco después de su lanzamiento. Lo que agrava la situación con $LIBRA es que los promotores de Vulcano y esta nueva criptomoneda, como Novelli y Davis, visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en al menos 12 ocasiones entre 2024 y 2025, para reunirse con los hermanos Milei por varias horas. Estas reuniones, algunas de más de cuatro horas de duración, sugieren un vínculo estrecho entre los creadores de $LIBRA y la cúpula presidencial, lo que refuerza la hipótesis de un fraude planificado con participación desde el más alto nivel del gobierno.

Violaciones a la ley y denuncias judiciales

La promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei ha suscitado múltiples denuncias que señalan posibles delitos, entre los que se incluyen:

Violación de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188): Esta ley establece deberes y prohibiciones para los funcionarios públicos, incluyendo la obligación de evitar conflictos de interés y de no utilizar el cargo para beneficios personales o de terceros.

Uso de información privilegiada (artículo 307 del Código Penal): Se refiere al aprovechamiento de información confidencial para obtener ventajas económicas indebidas.

Además, el artículo 309 del Código Penal, habla de la manipulación de mercado: castiga conductas más amplias y graves, como la manipulación fraudulenta del mercado. Se refiere a actos que buscan alterar artificialmente la oferta, la demanda o el precio de valores negociables para generar ganancias indebidas.

Fraude y lavado de activos: Implican la obtención de recursos mediante engaños y la posterior legitimación de esos fondos de origen ilícito.

Cohecho y soborno: En el caso de su hermana, Karina Milei, se investiga si recibió pagos a cambio de facilitar reuniones con el presidente, lo que constituiría un delito de corrupción.

Además de estos, se han presentado denuncias por otros delitos como 'asociación ilícita', 'estafas' e 'incumplimiento de los deberes de funcionario público'.

Es importante destacar que el artículo 265 del Código Penal argentino también contempla delitos relacionados con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, lo cual podría ser aplicable en este caso.

La promoción de $LIBRA, porque no parece una simple difusión, por parte del presidente Milei podría configurar una serie de delitos que van más allá de los inicialmente mencionados, abarcando diversas figuras penales relacionadas con la función pública y la ética gubernamental.

El 18 de febrero se filtraron mensajes donde Davis afirmaba que 'controlaba al presidente' mediante pagos a Karina Milei. Además, el creador de Ethereum denunció que allegados al gobierno le pidieron dinero para reunirse con el presidente. Empresarios que asistieron al Tech Forum también declararon que se les pidió dinero para una foto con Milei.

El caso también adquiere trascendencia internacional, según Forbes en una nota de este lunes 24 de febrero, señala que este escándalo es calificado como “el mayor robo de criptomonedas de la historia”, además “dejó un saldo devastador: el 86% de los inversores perdió dinero y el total de pérdidas alcanzó los 251 millones de dólares. La crisis llevó a la oposición a pedir su destitución y desató más de 100 denuncias judiciales, mientras que un empresario involucrado admitió haber manipulado el precio del token con una estrategia conocida como ‘sniping’, una táctica en la que los compradores más rápidos adquieren grandes volúmenes de un activo al momento de su lanzamiento para inflar artificialmente su precio y luego venderlo con ganancias antes de que el resto de los inversores pueda reaccionar”.

Financiarización especulativa: un modelo que no funciona

Este escándalo expone además de toda la corrupción que contiene el gobierno que vino a “atacar a la casta”, un problema estructural: la dependencia de la economía argentina en esquemas especulativos y de 'carry trade'. La promoción de criptomonedas sin regulación es solo una faceta de un modelo basado en la valorización financiera sin respaldo productivo. En un contexto de atraso cambiario y tasas de interés especulativas, este enfoque solo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

Las criptomonedas y la especulación desenfrenada no pueden ser la solución a los problemas estructurales del país. Es interesante que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a El Salvador a abandonar el uso del bitcoin como moneda de curso legal debido a preocupaciones sobre la estabilidad económica y financiera del país. La adopción del bitcoin como moneda oficial en 2021 generó riesgos significativos, incluyendo la volatilidad del mercado de criptomonedas y la falta de regulación adecuada, lo que podría afectar negativamente la economía salvadoreña. Para acceder a un préstamo de 1.400 millones de dólares del FMI destinado a equilibrar sus finanzas, El Salvador acordó en febrero de 2025 revocar el estatus legal del bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en transacciones comerciales y para el pago de impuestos. Esta medida busca mitigar los riesgos asociados con las criptomonedas y cumplir con las condiciones establecidas por el FMI para el otorgamiento del préstamo.

Esto demuestra que las criptomonedas, lejos de ser una alternativa confiable al sistema financiero tradicional, pueden representar un desafío adicional para economías frágiles como la de la Argentina, que en realidad necesita políticas que fomenten la inversión productiva, la generación de empleo y la estabilidad económica a largo plazo.

Los límites de la especulación y la necesidad de una economía productiva

El caso $LIBRA ha debilitado la credibilidad del gobierno y plantea la urgente necesidad de regular las criptomonedas para evitar fraudes a gran escala. Sin embargo, el problema de fondo no se limita a la falta de regulación en los activos digitales, sino a una política económica que prioriza la especulación financiera en detrimento del desarrollo productivo. La persistencia de un esquema de carry trade sin regulaciones macroprudenciales, junto con la desregulación de la cuenta financiera y la privatización del Banco Nación, refuerzan un modelo que privilegia la fuga de capitales en lugar de sostener la inversión a largo plazo. La confianza en las instituciones económicas y políticas no puede depender de apuestas especulativas que ponen en riesgo el patrimonio de miles de ciudadanos. La falta de un esquema financiero sólido orientado al desarrollo industrial limita la posibilidad de fortalecer las cadenas de suministro y generar empleo genuino. En este sentido, el financiamiento del balance de pagos a través de ingresos volátiles derivados de la especulación cambiaria impide el desarrollo de una economía diversificada y competitiva a nivel global.

Un presidente no puede ni debe utilizar su cargo para promover inversiones dudosas, menos aun cuando existen conflictos de interés evidentes. En lugar de avanzar en una estrategia de desregulación extrema y valorización financiera de corto plazo, la Argentina debe enfocarse en políticas que promuevan la inversión en infraestructura, industria y tecnología.

Por ejemplo, en base a datos del Instituto Argentina Grande (IAG), la ejecución de gastos en inversión de capital, o sea en obra pública, durante el gobierno de Milei cayó en promedio 68,3% en valores constantes, sobre el promedio del gobierno anterior. Más de dos tercios menos. Milei sostiene que la obra pública es innecesaria y debe ser reemplazada por un sistema de iniciativa privada, argumentando que el Estado es ineficiente y corrupto en la asignación de recursos. Sin embargo, esta visión ignora el rol estratégico de la inversión pública en el desarrollo económico, especialmente en infraestructura básica como rutas, energía y saneamiento, que no siempre son rentables para el sector privado, pero sí fundamentales para el crecimiento y la equidad territorial.

Además, desestima el efecto multiplicador de la inversión pública, ampliamente documentado en la literatura económica. Según estudios del FMI y el Banco Mundial, cada peso invertido en infraestructura puede generar un impacto positivo en el PBI superior a su costo inicial, debido al aumento del empleo, la demanda de insumos y la mejora de la productividad a largo plazo. Países con modelos de mercado exitosos, como Estados Unidos y Alemania, mantienen altos niveles de inversión pública en infraestructura porque comprenden que sin ella no hay desarrollo sostenible. En nuestro país, la paralización de la obra pública no solo frena el crecimiento, sino que profundiza la desigualdad regional y el desempleo en sectores clave, demostrando que la ideología extrema del presidente sobre este tema está desconectada de la realidad económica y social.

Por otro lado, de acuerdo a un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), publicado en Tiempo Argentino, la Función Ciencia y Tecnología (FCyT) del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) inicia el 2025 con un horizonte de caída en su Crédito Vigente (CV) del 21,3% en términos reales contra 2024, que se agrega a la caída real del 32,9% del año precedente, totalizando un deterioro en términos reales del 47,2% en menos de dos años.

Esto requiere un marco institucional que priorice la estabilidad macroeconómica, con reglas claras que limiten la especulación y favorezcan un crecimiento sostenido basado en la producción real y el empleo de calidad. Este episodio es un llamado de atención sobre los peligros de una economía basada en la financiarización especulativa y la urgencia de establecer marcos regulatorios sólidos que protejan a la ciudadanía de maniobras fraudulentas.

(*) Lic. en Ciencia Política UNSAM e integrante del IAG.