Por Kranear
13 años. Abusada. Desnutrida. Enferma. Violentada. Una niña. Miembro de una comunidad originaria. De Chaco. 13 años.
El Estado miró para otro lado, cuando debía garantizarle el derecho a la salud, a la educación, a la vida digna. Miró para otro lado, cuando no la alertó que sería legal interrumpir su embarazo, porque había sido abusada, porque estaba en riesgo su salud. Porque era una niña. ¿Volverá a mirar hacia otro lado para determinar quién fue el responsable del abuso sexual? ¿Volverá a mirar a otro lado para determinar quiénes son los funcionarios estatales que no garantizaron los derechos de una niña en situación de extrema vulnerabilidad?
Sin embargo, el Estado no miró para otro lado siempre. La obligó a gestar. La hizo una cesárea de urgencia en la semana 28, ante la precariedad de su salud. El bebé murió. Y ella también, pocos días después.
En Argentina, una nena entre 10 y 14 años entra en una sala de parto cada tres horas. Chaco es una de las provincias con mayores índices de mortalidad de personas gestantes. Según cifras del 2015, el 27% de los nacimientos que se producen en esa provincia corresponden a embarazadas menores a 20 años. De ese 27%, se calcula que la tasa de fecundidad de niñas menores a 15 años es del 5 por mil.
Cuando en el mes de junio, la Cámara de diputados aprobó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, 3 de los 7 representantes del pueblo chaqueño votaron en contra. Adujeron vericuetos legales, sobre la constitución y el derecho. También dijeron ser la voz de las mujeres pobres que se abrazan a la vida y no desean el aborto, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y el humanismo natural de la pobreza romántica.
En agosto, cuando la Cámara Alta sentenció a la clandestinidad el derecho de la mujer a decidir, el senador Ángel Rozas culpó a la dirigencia de no estar a la altura, de no poder interpretar a ese pueblo que estaba partido en dos, y pidió más tiempo. Fue el único senador de su provincia que votó en contra. Tal vez la política y los políticos tengan tiempo. Es el que le negaron a la niña de su provincia que murió ayer, violentada por su abusador, violentada por un Estado que vulneró sus derechos, violentada por diputados y senadores antiderechos que antepusieron interpretaciones legales, experiencias personales, preferencias religiosas y supuestos tiempos y procedimientos de la política por sobre su infancia, su vida y su dignidad.
El aborto seguro y gratuito será ley. Hasta entonces, los días que transcurran se traducen en niñas, jóvenes y mujeres muertas.
Aquí, el comunicado oficial de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Obligar a una niña a gestar y parir es tortura. El Estado es responsable.
13 años. Abusada. Desnutrida. Enferma. Violentada. Una niña. Miembro de una comunidad originaria. De Chaco. 13 años.
El Estado miró para otro lado, cuando debía garantizarle el derecho a la salud, a la educación, a la vida digna. Miró para otro lado, cuando no la alertó que sería legal interrumpir su embarazo, porque había sido abusada, porque estaba en riesgo su salud. Porque era una niña. ¿Volverá a mirar hacia otro lado para determinar quién fue el responsable del abuso sexual? ¿Volverá a mirar a otro lado para determinar quiénes son los funcionarios estatales que no garantizaron los derechos de una niña en situación de extrema vulnerabilidad?
Sin embargo, el Estado no miró para otro lado siempre. La obligó a gestar. La hizo una cesárea de urgencia en la semana 28, ante la precariedad de su salud. El bebé murió. Y ella también, pocos días después.
En Argentina, una nena entre 10 y 14 años entra en una sala de parto cada tres horas. Chaco es una de las provincias con mayores índices de mortalidad de personas gestantes. Según cifras del 2015, el 27% de los nacimientos que se producen en esa provincia corresponden a embarazadas menores a 20 años. De ese 27%, se calcula que la tasa de fecundidad de niñas menores a 15 años es del 5 por mil.
Cuando en el mes de junio, la Cámara de diputados aprobó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, 3 de los 7 representantes del pueblo chaqueño votaron en contra. Adujeron vericuetos legales, sobre la constitución y el derecho. También dijeron ser la voz de las mujeres pobres que se abrazan a la vida y no desean el aborto, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y el humanismo natural de la pobreza romántica.
En agosto, cuando la Cámara Alta sentenció a la clandestinidad el derecho de la mujer a decidir, el senador Ángel Rozas culpó a la dirigencia de no estar a la altura, de no poder interpretar a ese pueblo que estaba partido en dos, y pidió más tiempo. Fue el único senador de su provincia que votó en contra. Tal vez la política y los políticos tengan tiempo. Es el que le negaron a la niña de su provincia que murió ayer, violentada por su abusador, violentada por un Estado que vulneró sus derechos, violentada por diputados y senadores antiderechos que antepusieron interpretaciones legales, experiencias personales, preferencias religiosas y supuestos tiempos y procedimientos de la política por sobre su infancia, su vida y su dignidad.
El aborto seguro y gratuito será ley. Hasta entonces, los días que transcurran se traducen en niñas, jóvenes y mujeres muertas.
Aquí, el comunicado oficial de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Obligar a una niña a gestar y parir es tortura. El Estado es responsable.