De la mano del gobierno de la crueldad, y en medio de una escalada sin antecedentes de la frecuencia con la que ocurren los femicidios -en Argentina, cada 35 horas matan a una mujer simplemente por su condición de género-, el Ministerio de Justicia de la Nación, publicó en el día de ayer un comunicado oficial con el título “se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer”. Le pifiaron al nombre, o lo evadieron intencionalmente, quizás como parte de la batalla cultural que el Presidente dice estar librando. No se nombra lo que no existe, y esta pareciera ser la intención. Sin embargo, además de una lucha por el plano simbólico, esta decisión implica impactos muy concretos en la vida de mujeres y diversidades.
A través de un Whatsapp, el Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños le comunicó a la titular de la sangría que quedó de aquella cartera -una Subsecretaría de protección contra las violencias de género-, que el organismo había dejado de existir y que despedirían al 80% de su planta. Claudia Barcia presentó entonces de forma inmediata su renuncia indeclinable. En el comunicado, se sostiene que este fue un organismo “utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica”. Con el discurso de “eficientizar” el Estado, cerraron un área que representaba el 0,02% de todo el gasto de la administración pública.
Vale la pena recordar cuál es el derrotero de las políticas de género en nuestro país. Fue el entonces presidente Carlos Menem quien en 1992 creó el Consejo Nacional de las Mujeres, que luego fue ampliado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando pasó a ser el Instituto Nacional de la Mujer, hasta que en 2019 el Frente de Todos toma una demanda de los feminismos, lo jerarquiza y le da rango ministerial. Desde entonces, el Ministerio de las Mujeres (así en plural, porque no hay una sola manera de ser mujer), Géneros, y Diversidad acompañó a más de un millón de mujeres. Creó áreas destinadas a promover la igualdad, a cerrar brechas salariales, laborales, culturales, de cuidados y de participación política. Armó Programas que cuestionaron privilegios, pero que no se quedaron en lo simbólico, sino que intervinieron y transformaron escenarios y realidades palpables.
Con la reducción que está planteando el Gobierno nacional, no va a ser posible que continúen en funcionamiento ninguno de los dispositivos de acompañamiento y protección a las víctimas de violencia de género, además de la línea 144. Es una tragedia mayúscula que debería despertar una resistencia transversal a todo el arco político, y sin embargo eso no sucede. ¿En dónde van a encontrar protección las víctimas de la violencia machista? Es el Estado el garante de resguardar la vida de esas mujeres que hoy quedan ante una intemperie gubernamental, en la soledad más absoluta de la violencia, sin respuestas. Se trata de un Estado que deja de alojar, de contener y que deliberadamente deja sin recursos ni amparo a quienes más lo necesitan.
A esta situación se suma el hecho de que cientos de trabajadoras y trabajadores se encuentran en estos momentos atravesando la incertidumbre sobre si el mes que viene podrán pagar el alquiler. Son aquellxs que sostuvieron durante todos estos años estas políticas públicas, que se comprometieron con la erradicación de la violencia y la promoción de la igualdad. La falta de humanidad que manifiesta y ejerce esta gestión de gobierno nos arroja a una sensación de parálisis. Porque ante el odio y la crueldad es muy difícil no quedar en offside. Por eso, la única respuesta es más organización colectiva para resistir pero también para reconstruir. Ayer murió Lita Boitano, y si algo fue exaltado ayer, fue su sonrisa. Como dijo Jésica Tritten en un tuit que nos devuelve la ternura: “esa risa, Lita, después de la tragedia argentina, nos obligaba a todxs a levantar la autoestima ante las derrotas y seguir luchando. Las ganas de vivir una vida digna y hacerla digna y feliz. Esa risa es la pedagogía de la lucha que, espero, estemos a la altura de honrarla”. Es por ahí.
Por otra parte, esta decisión pone al Gobierno en una situación de incumplimiento en términos de los acuerdos y convenciones internacionales a los que Argentina adhirió y se comprometió a refrendar, como por ejemplo Belem do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), firmada en 1994 y CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980.
Se rompe un acuerdo democrático fundante, que rompe pactos elementales, estructurales y estructurantes. No podemos avizorar aún las profundas consecuencias que tiene esta definición, porque no se agotan en lo inmediato, sino que calan en imaginarios, y en la construcción de perspectivas, de narrativas que sin dudas derramarán sobre las futuras generaciones. El topo destruye el Estado, pero esa abstracción no alcanza para entender que a quienes nos destruye es a nosotras, a nosotros, y a nosotres.