El 16 de febrero de 1976, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE, de ideología conservadora, liberal y anti-estatista), organizó un paro patronal con altísimos índices de acatamiento que paralizó el comercio, la industria y el agro, especialmente en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Los directivos más encumbrados de APEGE eran: César Polledo de la Construcción, Jorge Aguado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Jorge Sabaté titular de la Unión Comercial Argentina, Celedonio Pereda de la oligárquica Sociedad Rural Argentina y Armando Braun al frente de la Cámara Argentina de Comercio. 

La medida de fuerza clasista, buscaba desestabilizar, darle el golpe de gracia, a la gestión presidencial de María Estela Martínez de Perón, criticando el 'Pacto Social', la política económica y la violencia política existente.

Fue un lock-out patronal que tuvo un alto impacto y fue considerado con posterioridad como un 'aporte empresarial' al golpe cívico-militar, demostrando un alto acatamiento y funcionando como una medida de presión extrema, para forzar la salida del ya por sí debilitado gobierno peronista.

Exposición Rural de aquellos años: el gran Campeón Shorton, mucho mejor cuidado que los peones.


Dato que no es menor: Muchos integrantes de APEGE posteriormente ocuparon cargos de decisión en la dictadura militar que asumió el 24 de marzo de 1976, un mes después. 

Como muestra de lo expresado, dos personajes. El primero: Osvaldo José Cornide. 

Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el organismo que reunía a más de mil cámaras, federaciones y centros de comercio de todo el país y que tuvo un rol principal en el lock-out patronal antes mencionado, que facilitó el golpe de Estado de marzo de 1976.

Al año siguiente, (1977) en los meses pico de secuestros y desapariciones de ciudadanos, Cornide dio a conocer una carta pública felicitando a la Junta Militar.

“Al cumplirse el primer aniversario de la asunción del gobierno, por las Fuerzas Armadas, acontecimiento que concluyó con un régimen que conducía inexorablemente al país al caos y la disgregación, consideramos un deber expresar a ustedes y por su intermedio a vuestras respectivas instituciones nuestro agradecimiento y el de nuestras entidades por la patriótica decisión tomada (…) Asimismo, deseamos destacar los importantes logros del Gobierno Militar en el plano de la acción antisubversiva y el restablecimiento de la moral pública, el orden y la seguridad” (25 de marzo de 1977. Diario La Prensa. Declaración firmada por Jorge Sabaté y Osvaldo Cornide).

Si este es el empresariado que gusta definirse como “empresariado nacional” imaginemos que queda para el resto.

Videla y los dueños de los diarios más importantes de la Argentina.

El segundo personaje: Celedonio Vicente Pereda. En la década de 1950 se casó con Matilde Born, perteneciente al grupo Bunge y Born. A la muerte de su padre (Celedonio Vicente Pereda Girado) en 1970, pasó a liderar el grupo económico de la Familia Pereda. En 1972, accedió a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Ya cuatro meses antes del lock-out patronal, en octubre de 1975 la Sociedad Rural Argentina y otras organizaciones rurales patronales, decretaron un 'durísimo paro agrario nacional' contra el gobierno, que duró once días. El paro produjo una reducción considerable del área sembrada y desabastecimiento de varios productos rurales esenciales. 

Los empresarios convocaron “al País” a adherir al lockout con el lema “Porque todos los argentinos son víctimas de un proceso que conduce inexorablemente a la disgregación y el caos”. Uno de los principales cuestionamientos de la APEGE se enfocó contra el “constante aumento del poder sindical”, “la desmedida influencia de una conducción sindical no representativa” y lo que consideraba una “entrega del país al sindicalismo, continuando su camino hacia el marxismo”.

Una vez instalada la dictadura, la Sociedad Rural Argentina, bajo la gestión de Celedonio Pereda, aportó al gobierno de la dictadura a uno de sus principales dirigentes, Jorge Zorreguieta, quien se desempeñó simultáneamente como subsecretario de Agricultura de la Nación (1976-1979) y presidente de la Junta Nacional de Granos. Padre de Máxima, princesa y luego reina consorte de los Países Bajos, más acá en el tiempo.   

Pero había una razón oculta y esencial para el apoyo empresarial al golpe militar. 

A mediados de 1975 con un aporte masivo de la clase trabajadora de Capital Federal y Gran Buenos Aires se conforma la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, con el fin de enfrentar a las patronales y lograr mejoras salariales y de condiciones laborales en sus lugares de trabajo.

Obreros de Molinos Río de la Plata reclaman frente al Congreso Nacional.

Y la Coordinadora se hacía ver y se hacía sentir con creces. De una publicación de la época, cito: “La movilización del 3 de julio reunió a 10 mil obreros de distintas plantas de zona Norte.

El grueso de los mecánicos y metalúrgicos de General Motors, San Martín, Bendix y Tensa se concentraron en la Ford de Pacheco. Los trabajadores de la Alimentación (Terrabusi, Nesquik, Paty, Fanacoa), papeleros (Cartonex), químicos (Squibb), del neumático (Fate), fideeeros (Matarazzo), se movilizaron luego de realizar asambleas en sus fábricas.

En más de cincuenta micros aportados por la Coordinadora de UTA comenzaron a avanzar por la Panamericana, hacia la Capital. La marcha se engrosó con un contingente de cuarenta ómnibus que venían de San Fernando y Tigre con el personal de los astilleros navales (Astarsa, Forte)”.

Pero estas multitudinarias marchas no se quedaban en lo gestual. 

Había al frente de los trabajadores auténticos representantes gremiales que con su lucha y lealtad de clase habían desplazado de hecho y de sus cargos a una camada de burócratas sindicales entongados en sus lugares de trabajo con las patronales para que el grado de explotación del asalariado se mantuviera incólumne.

Esos nuevos representantes gremiales. en su gran mayoría jóvenes de alrededor de treinta años para arriba, que peleaban por la defensa del salario, para que hubiese plena ocupación y democracia sindical, se animaron a lo impensado tanto antes como después en la historia gremial argentina.

Les fijaron a los patrones los ritmos de producción en sus propias fábricas y las condiciones dignas para que el trabajador pudiera cumplir sus tareas sin dejar la salud y a veces la propia vida en el intento. Si aquellos no aceptaban los nuevos términos laborales, el trabajo se hacía a desgano o directamente se paralizaba la fábrica.              

He aquí la verdadera razón del apoyo patronal al golpe cívico-militar.

Se estima que aproximadamente el 66% de las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) pertenecían a la clase trabajadora, incluyendo activistas, delegados sindicales y secretarios generales.

Trabajadores del fibrocemento protestan frente al Ministerio de Trabajo.

Si centramos nuestra atención en el perfil laboral: el movimiento obrero organizado fue un blanco central, con un alto porcentaje de trabajadores industriales, especialmente en los sectores metalúrgico, automotriz y textil.

Estos datos destacan la intencionalidad de la dictadura de desarticular la organización gremial y laboral del país.

Y el periodista Oscar Ranzani nos recuerda que durante la dictadura cívico-militar 1976-1983, los trabajadores industriales perdieron 700 mil puestos. Hubo alrededor de 50 mil Pymes cerradas. Los trabajadores pasaron del 48 por ciento al 30 por ciento en su participación en la distribución de la riqueza generada por ellos mismos.

Las consecuencias de aquel trágico golpe cívico-militar ocurrido hace 50 años atrás, aún las estamos lamentando: Hubo cuatro presidentes de facto a lo largo del mismo; todos militares y generales: Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Se cerraron 20.000 fábricas. Funcionaron 814 centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal (Fuente: Archivo Nacional de la Memoria, octubre de 2022).

La deuda externa se multiplicó por 5,5 veces, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones en 1983. Fue el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un período tan breve de tiempo.

La inflación acumulada durante el período 1976-1983 fue del 517.000%. Se vetaron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos, muchos infantiles. Otros los quemaron. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes, a varios cientos más.

Aumentó la pobreza del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. La dictadura disolvió el Congreso Nacional, prohibió los sindicatos y clausuró la actividad de los partidos políticos.

Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. Más de 9.000 de esos casos fueron denunciados en la CONADEP. La cifra de 30 mil no es antojadiza. El matutino porteño La Nación del 24-03-2006 relata en base a documentos desclasificados en EE.UU. que los militares argentinos reconocían para 1978, ante el Amo del Norte, la cantidad de 22 mil crímenes (léase “desaparecidos”) hasta 1978, cuando todavía faltaban 5 años más de dictadura.

490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura. Sólo 140 fueron recuperadas hasta ahora. 90.000 personas fueron presas y torturadas. Más de medio millón de activistas y dirigentes sindicales intermedios fueron despedidos de las fábricas u otros lugares de trabajo.  Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntaria o forzosamente durante esta dictadura.    

Actualmente (24 de marzo de 2026) estamos viviendo un momento oscuro, aciago, lamentable y muy triste para el campo nacional y popular.

Solo nos resta organizarse y resistir.

Como lo hicieron anteriores generaciones de argentinos desde 1955 en adelante, en condiciones mucho más desfavorables que las actuales

Como dicen nuestras heroicas y queridas Madres de Plaza de Mayo: LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE DEFINITIVAMENTE, ES LA QUE NO SE DA.