Introducción 

La Argentina enfrenta el desafío de transformar su riqueza energética en un motor de desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo, las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei amenazan con debilitar el papel estratégico del Estado en sectores clave como el energético, ponen en riesgo el potencial de desarrollo del país. Las medidas de desregulación, el corrimiento del Estado del mano de la petrolera, con posiciones estratégicas, y el régimen de inversiones (RIGI), son muestras de que el camino no es el de orientar todo el marco de acción del Estado hacia una planificación de lo que necesita el conjunto de los sectores del país, y sus regiones, para generar mayor empleo y producción. La lógica del Estado mínimo que propone Milei, es claramente dejar de pensar un país para el futuro, para permitir que las empresas piensen sus rentabilidades presentes. Es realmente un problema.

Situación laboral 

Durante 2024, el mercado laboral argentino enfrentó desafíos significativos, reflejados en un aumento de la tasa de desempleo. En el tercer trimestre, el desempleo alcanzó el 6,9%, afectando a más de 1,5 millones de personas, lo que representó un incremento interanual de 1,2 puntos porcentuales, sobre 5,7% del mismo período en 2023, evidenciando la presión sobre el empleo en el país.

Los salarios privados muestran una leve recuperación después de una caída abrupta en la primera mitad del año, ubicándose un 1,14% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, el peor dato del gobierno anterior, mientras que los salarios públicos experimentaron una caída mucho más pronunciada del 15,65% en términos reales, según datos del INDEC. Durante el macrismo, los salarios habían caído un 19,6%, mientras que en el albertismo lograron sostenerse con una disminución menor, del 5,7%.

Durante el primer año de Milei el salario mínimo cayó 19% real y quedó en valores peores que 2001 antes de la devaluación. Después de 11 meses de ajuste, la obra pública (gastos de capital), ya es la que más explica el ajuste de Milei acumulado sobre el mismo período del año anterior: 24% del ajuste total, está explicado por la caída de la obra pública.

La calidad del empleo siguió siendo una preocupación, con un notable incremento en la informalidad y precarización laboral. De los nuevos ocupados, una proporción significativa se incorporó al empleo informal, sin acceso a beneficios como jubilación o actualizaciones salariales por acuerdos paritarios.

El impacto económico y social de estas políticas es evidente. Mientras que las exportaciones energéticas alcanzaron cifras significativas en 2024, con un superávit proyectado en el saldo de la balanza de energía de más de 5.000 millones de dólares, el salario real de los trabajadores argentinos se encuentra en niveles alarmantemente bajos. En términos reales, el salario promedio del empleo privado registrado en 2024 es más de 20 puntos porcentuales inferior al de diciembre de 2015. Este deterioro afecta el consumo interno y profundiza las desigualdades sociales.

En 2024, la Argentina enfrentó una profunda crisis productiva y salarial marcada por la parálisis de sectores clave. La inversión en obra pública, históricamente una herramienta contracíclica, cayó un 78,4% en términos reales entre enero y octubre, dejando el 79% de las obras recibidas en ejecución paralizadas. Este ajuste, que, si bien contribuyó significativamente al superávit fiscal del 1,8% del PBI, tuvo por otro lado un impacto directo en la actividad económica, con una caída acumulada del 28,5% en las ventas de materiales para construcción y del 14,5% en los despachos de cemento respecto a 2023. En paralelo, la industria mostró un estancamiento persistente, con sectores como minerales no metálicos y maquinaria registrando contracciones interanuales de hasta el 22%. La falta de dinamismo productivo, sumada a la inactividad de proyectos estratégicos como el Gasoducto Néstor Kirchner II y la planta de GNL, limitó el potencial de recuperación económica y exportadora del país.

El ajuste fiscal y la inflación erosionaron el poder adquisitivo, con sectores como la construcción experimentando una caída histórica en los ingresos reales, resultado de una crisis que se arrastra desde 2018. A nivel general, el salario real promedio mostró un deterioro continuo, exacerbado por el recorte en el gasto social y las políticas de contención fiscal. Este contexto, sumado a la reducción en el empleo vinculado a la obra pública y la actividad industrial, empujó a más de 5 millones de personas a situaciones de pobreza hacia el primer semestre de 2024, evidenciando la profunda desconexión entre la estabilidad macroeconómica lograda y el bienestar socioeconómico de la población.

Exportaciones de energía para una macro ordenada: YPF y el fondo soberano de Noruega

Para que la situación laboral pueda revertirse de modo virtuoso, y mejorar los ingresos de la población, se precisa una macro ordenada, pero a la vez una importante presencia estatal. En este sentido, las exportaciones coadyuvan a lograr el flujo de dólares que precisa el país para ordenarse con inclusión. Y el sector hidrocarburifero está indicado como el que más potencial exportador tiene. Sin embargo, si el Estado no juega ese partido se corre el riesgo de descalzar los goles del sector respecto de los resultados sociales.

El ejemplo de YPF, una empresa estatal que ha liderado el desarrollo de Vaca Muerta, destaca la importancia del rol estatal. En efecto, es la petrolera soberana recuperada en 2012 la que lideró todo el proceso de riesgo sobre las inversiones en Vaca Muerta. Actualmente, en octubre de 2024, la producción de petróleo aumentó un 12,2% interanual, mientras que la producción de petróleo no convencional, que representa el 53% del total, creció un 29,5% interanual. Por su parte, la producción de gas natural aumentó un 5,7% interanual, con un crecimiento del 11,3% en la producción de gas no convencional, que constituye el 62% del total. Este desempeño fue impulsado principalmente por la cuenca Neuquina y el liderazgo de YPF, una empresa con control estatal que ha asumido riesgos iniciales que el sector privado no estaba dispuesto a tomar.

La cuenca Neuquina se consolida como el motor del crecimiento de la producción energética nacional. Sin el liderazgo de YPF y las inversiones estatales en infraestructura, como el gasoducto Néstor Kirchner, estos avances no habrían sido posibles. La relevancia de estas obras públicas estatales, además de reducir la dependencia de importaciones, posiciona a la Argentina como un actor competitivo en el mercado global.

En este contexto, resulta crucial vincular los ingresos derivados del sector energético con políticas redistributivas. Un ejemplo inspirador es el fondo soberano de Noruega, que ha permitido reinvertir los ingresos petroleros en sectores estratégicos como educación e infraestructura. Argentina podría implementar un modelo similar, asegurando que los beneficios de Vaca Muerta se traduzcan en mejoras concretas en la calidad de vida de la población y en una reducción de las desigualdades regionales.

El fondo soberano de Noruega, conocido como el 'Government Pension Fund Global' (GPFG), es el mayor fondo soberano del mundo, con un valor estimado de 1,4 billones de dólares en 2024. Este fondo se financia con los excedentes derivados de la explotación petrolera y está diseñado para garantizar el bienestar de las futuras generaciones, así como para proteger la economía nacional de la volatilidad de los mercados internacionales. Noruega tiene una alta presión fiscal del 41,6% y un gasto público del 46,4% del PIB. Estos ingresos se destinan no solo a fortalecer las finanzas públicas, sino también a impulsar sectores clave de la economía, como infraestructura, salud y educación.

El éxito de Noruega se debe a una combinación de alta presión fiscal, gasto público significativo y una gestión estatal estratégica. Esto permite redistribuir recursos de manera eficiente y estimular sectores clave de la economía, promoviendo el desarrollo local mediante encadenamientos productivos. La empresa estatal Equinor, por ejemplo, ha sido un actor central en este modelo, fomentando el valor agregado interno y la generación de empleo calificado. Esta visión contrasta con modelos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, que ofrece beneficios irrestrictos a las empresas extranjeras sin asegurar su impacto positivo en la economía nacional.

La creación de un fondo soberano en Argentina podría representar un paso crucial hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible, que no solo recupere la producción y los salarios, sino que también siente las bases para una economía menos dependiente y más equitativa. El desafío está en diseñar políticas que prioricen los intereses de la mayoría, asegurando que los recursos naturales sean una herramienta para el progreso compartido y no para el enriquecimiento de unos pocos.

El error estratégico de Milei

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de LLA ha promovido un agresivo plan de privatizaciones, comenzando con el DNU 70/2023, que fue rechazado en el Senado. Posteriormente, presentó la 'Ley Bases' para privatizar empresas públicas, aunque debido a la oposición social y política, tuvo que reducir la lista de empresas a privatizar de 41 a 9. Sin embargo, esta tendencia persiste, con ejemplos como la privatización de IMPSA y la insistencia en desmantelar Aerolíneas Argentinas.

El gobierno libertario también ha desarmado iniciativas relacionadas con la transición energética, como YPF Litio, consolidando un modelo extractivista y neocolonial que privilegia la exportación de materias primas sobre el desarrollo local. En este sentido, la falta de un marco regulatorio robusto limita las oportunidades de integración del sector energético con el desarrollo nacional, poniendo en riesgo el potencial transformador de recursos como el litio y el gas natural.

Los subsidios energéticos en 2024 aumentaron un 138% en términos nominales respecto al año anterior, alcanzando los $5,7 billones, pero este incremento quedó muy por debajo de una inflación anual que supera el 180%. Este desfasaje refleja el debilitamiento de las políticas públicas para garantizar un acceso equitativo a la energía en un contexto de desregulación que favorece a las grandes empresas en detrimento de los consumidores. Además, el aumento de subsidios no ha sido acompañado por una estrategia efectiva para regular los precios y asegurar la sostenibilidad del sistema, generando un descalce persistente entre los costos de generación y los precios que paga la demanda. La desregulación promovida por el gobierno solo ha profundizado estas inequidades, beneficiando a los grandes operadores del sector mientras los hogares enfrentan tarifas cada vez más altas. Aunque los precios promedio pagados por la demanda eléctrica aumentaron un 360% interanual en octubre, cubriendo un 84% de los costos de generación, el descalce estructural sigue vigente: en los últimos 12 meses, los usuarios cubrieron apenas el 56% de los costos (según un informe del Instituto Mosconi). Este contexto resalta las tensiones generadas por un esquema tarifario insuficiente y sin planificación integral, para sostener un sistema energético eficiente y accesible.

El sector energético mostró un superávit de USD 618 millones en octubre de 2024, según datos del Indec y de la Secretaría de Energía, impulsado por el incremento del 23,4% en las exportaciones anuales acumuladas, mientras que las importaciones cayeron un 48,8% en el mismo período. Este superávit refleja, por un lado, el esfuerzo de YPF en liderar la producción, pero por otro, las dificultades estructurales derivadas de políticas que priorizan la desregulación, limitando una distribución más equitativa de los beneficios energéticos hacia la sociedad.

El futuro de la Argentina depende de una visión estratégica que priorice el desarrollo inclusivo y sostenible. Las decisiones actuales tendrán un impacto duradero en la economía y la sociedad, y es fundamental garantizar que los recursos energéticos del país sean utilizados en beneficio de todos los argentinos, no solo de unos pocos intereses privados. En este sentido, YPF y Vaca Muerta representan un modelo a seguir, demostrando que el liderazgo estatal es indispensable para orientar el desarrollo hacia el bienestar colectivo.

La desregulación promovida por el gobierno no solo ha afectado al sector energético, sino que también ha impactado gravemente a la industria manufacturera. En noviembre de 2024, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró una contracción interanual del 1,7%, con sectores como textiles y caucho sufriendo caídas de dos dígitos (-17% y -16,2%, respectivamente). Este deterioro refleja la falta de una política industrial coordinada y la ausencia de medidas de estímulo para proteger el empleo y fomentar la inversión. Las perspectivas tampoco son alentadoras: más del 25% de las empresas anticipan una menor utilización de su capacidad instalada en el corto plazo, mientras que el 21,7% prevé una reducción en las horas trabajadas. Estas cifras no solo son un indicador de la crisis económica, sino también de las consecuencias sociales que estas políticas generan.

Conclusión

Frente a las limitaciones del modelo neoliberal promovido por Milei, es imprescindible construir una alternativa que reconozca el rol estratégico del Estado para garantizar el desarrollo inclusivo y sostenible de la Argentina. Este modelo debe centrarse en el aprovechamiento integral de los recursos energéticos, como Vaca Muerta, vinculándolos con políticas redistributivas que prioricen el bienestar social. Este enfoque implica priorizar la inversión pública en infraestructura energética, como gasoductos y plantas de GNL, que no solo potencien las exportaciones, sino que también promuevan encadenamientos productivos internos. Un fondo soberano inspirado en el modelo noruego puede ser clave para canalizar los excedentes petroleros hacia sectores estratégicos como educación, salud e infraestructura, asegurando que la riqueza nacional impulse mejoras en el empleo, el poder adquisitivo y la igualdad regional.

Para que esta visión sea viable, es necesario un enfoque macroeconómico ordenado que combine el fortalecimiento del mercado interno con la expansión exportadora. La planificación estatal debe articular encadenamientos productivos que integren la producción energética con la industria local, generando valor agregado y empleos calificados. De este modo, la Argentina puede superar el estancamiento y la precarización laboral promovidos por políticas de corte extractivista (como el RIGI), avanzando hacia un modelo que convierta sus ventajas competitivas en herramientas para mejorar el salario real y construir una sociedad más equitativa.