La Argentina concentra cerca del 46% del crédito vigente de la ventanilla principal del FMI —la Cuenta de Recursos Generales— y le debe al organismo unos USD 57.700 millones. Ese es el contexto material de la visita de Kristalina Georgieva, la primera de una máxima autoridad del Fondo en ocho años. La anterior fue la de Christine Lagarde, en julio de 2018, semanas después de sellado el stand-by récord que negoció Luis Caputo como funcionario de Mauricio Macri. El lunes 27 de julio, en el Palacio de Hacienda, el anfitrión que la presentó fue el mismo Caputo. La relación argentina con el Fondo tiene actores estables y resultados conocidos.

Concentración del crédito del FMI (% del crédito total vigente). Fuente: Congreso de EEUU en base a FMI, Fund Accounts Database.


Dónde estamos parados con el Fondo

El programa vigente es el Extended Fund Facility firmado en abril de 2025. Bajo el gobierno de Milei, el capital adeudado al FMI aumentó más de USD 15.000 millones. La revisión en curso llega con un dato que podría hacer ruido: junio cerró con un déficit primario de $697.000 millones, el primero de la gestión fuera de diciembre, y la meta fiscal semestral quedó incumplida (y eso que al mismo tiempo la deuda flotante del Tesoro creció con mucha fuerza). Habrá que tramitar un waiver antes de la revisión de septiembre. Las metas de reservas, en cambio, se sobrecumplieron: el Central lleva comprados más de USD 12.000 millones en el año. El programa exhibe así su jerarquía interna: las metas que se cumplen son las financieras; la actividad y el salario no tienen meta.

El calendario explica la ansiedad del acreedor. Entre 2029 y 2031, los vencimientos con el Fondo superan los USD 10.000 millones por año entre capital, intereses y sobrecargos. El muro está a la vista y la visita es, antes que nada, una inspección de la capacidad de repago.

Vencimientos de la Argentina con el FMI (en millones de dólares). Fuente: Elaboración propia IAG en base al FMI.


Qué dijo Georgieva

El mensaje de la directora gerente en la conferencia de prensa junto a Caputo se resume en estas definiciones:

- Elogió “la fuerte posición fiscal” del país y la disciplina “que se ha ejercido aquí en la Argentina”.

- Celebró la desaceleración de la inflación del 210% al 30% interanual y afirmó que “la confianza del mercado ha regresado”, con el riesgo país en torno a los 400 puntos.

- Pidió profundizar la acumulación de reservas con una instrucción textual: “sigan comprando”.

- Descartó desembolsos adicionales: “no va a haber necesidad de un nuevo financiamiento del FMI”.

- Reconoció que el crecimiento se concentra en petróleo, gas, minería y agro, y reclamó que “se pueda compartir más ampliamente”, con empleo y crédito para pymes y hogares como ejes.

- En la cena con empresarios en el Palacio Duhau preguntó por la presión tributaria y por los sectores rezagados de la recuperación.

Al otro día, 28 de julio, recorrió Loma Campana, el bloque estrella de YPF en Vaca Muerta: la primera vez que un titular del Fondo pisa un yacimiento argentino.

El Fondo pide lo que el programa impide

Georgieva describió la economía en forma de K con precisión de manual: el crecimiento existe y se concentra en los enclaves exportadores. Lo que omitió es la genealogía de esa K. El superávit que elogia se construyó con una caída del 81% de la obra pública, transferencias a provincias 65% abajo, universidades con $2,4 billones menos y un gasto primario 32% inferior al de 2023. Ese ajuste golpeó de lleno a la industria, la construcción y el comercio —los sectores que emplean— mientras liberaba recursos y divisas para el enclave. Desde noviembre de 2023 se destruyeron 28.300 empresas y 235.000 empleos privados registrados, y el salario privado sigue 3,6% abajo del punto de partida. La economía en K es el modelo mismo.

La contradicción se completa en el terreno tributario: mientras reclama crecimiento compartido, el Fondo acompaña una reforma que promete eliminar el Impuesto al Cheque y aliviar la carga sobre el capital, dos vías que desfinancian a la ANSES y a la coparticipación, es decir, a jubilados y provincias. Los impuestos son la base de la distribución del ingreso, y en nuestro país eso tiene relación directa con mejorar la calidad de vida nuestra población vía el financiamiento del Tesoro en pesos para ampliar las inversiones estatales.

El orden de prioridades quedó explícito en la propia conferencia: primero el superávit, que garantiza el repago; después el desarrollo, que queda en el terreno de la recomendación. El superávit es la garantía; el crecimiento compartido, una promesa imposible bajo el actual modelo.

Vaca Muerta: la caja de cobranza

La directora gerente del Fondo viajó a Loma Campana en Vaca Muerta. El petróleo ya es el principal producto de exportación argentino: USD 4.700 millones en el primer semestre, con un alza de casi 48% interanual (desagrupando los distintos productos de la soja). La balanza energética y minera aportó USD 20.000 millones en el último año y el superávit comercial del semestre marcó un récord histórico de USD 13.900 millones.

Georgieva viajó a Neuquén a verificar exactamente eso: que el flujo de divisas que respalda el repago existe, crece y quedó blindado por el RIGI a treinta años. El Fondo audita el colateral. Las tres calificadoras que subieron la nota argentina a B- lo escribieron sin pudor: la solvencia percibida del país descansa en el enclave.

Para el acreedor, Vaca Muerta es la caja de cobranza; para el modelo, la única fuente de solvencia. RIGI, reforma laboral, aperturas, desregulaciones sobre cuentas del balance de pagos, apertura a la remisión de utilidades, ajuste fiscal que estabiliza nominalmente la macro y presiona salarios a la baja, todas patas de un mismo elemento, que es a generar una economía friendly para los negocios de las empresas de Estados Unidos, situación que también se expresa en los insultos a Lula.

Una relación tóxica con piso alto

El balance cambiario del BCRA permite medir la historia completa. Desde 2018, las operaciones de capital con el Fondo acumulan más de USD 60.000 millones, y los intereses pagados suman unos USD 16.000 millones: una sangría permanente que salió del país y ya se perdió. Cada escalón de la serie es un gobierno tomando deuda: 2018 con Macri y Caputo, la refinanciación de 2022, la ampliación de 2025 y 2026 con Milei y Caputo.

Relación con el FMI según el Balance Cambiario del BCRA (flujos acumulados, en millones de dólares). Fuente: Elaboración propia IAG en base al Balance Cambiario del BCRA.

El vínculo es tóxico por diseño. El FMI es acreedor privilegiado: cobra primero, siempre, y un default con el organismo expulsa al país del sistema financiero multilateral completo. Esa prioridad de cobro tiene un efecto silencioso sobre el resto de la curva: el bonista privado sabe que, ante cualquier estrés, queda subordinado detrás de un acreedor que concentra en la Argentina casi la mitad de su cartera mundial. Por eso el riesgo país conserva un piso estructural alto aun en los momentos de euforia: la deuda con el Fondo desplaza al privado en la fila de cobro.

La alternativa que el gobierno descarta

Con superávit comercial récord y superávit fiscal, la Argentina tuvo por primera vez en décadas la posibilidad material de desendeudarse con el Fondo: usar los dólares del enclave para amortizar capital y recuperar grados de libertad. El gobierno eligió el camino opuesto: acordó con el propio FMI la toma de USD 11.000 millones de deuda externa privada nueva, sumó avales del Banco Mundial y el BID, colocó un Bonar 2029, vende activos públicos por USD 2.300 millones y confiesa como meta el investment grade para volver a endeudarse afuera lo antes posible.

El Tesoro, mientras tanto, le compra dólares al Central para la caja de la deuda antes que para las reservas. De la crisis de 2018 —financiamiento externo para sostener un esquema cambiario— aprendieron que el ajuste debe hacerse fiscalmente para contener las variables cambiarias, a diferencia de aquel año en que subieron el dólar un 100% entre puntas.

La escala de estas decisiones exige un contrapeso institucional que hoy está suspendido. La Constitución le asigna al Congreso la atribución de contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda —artículo 75, incisos 4 y 7—, y la ley 27.612, sancionada en 2021 como respuesta directa al stand-by de 2018, tradujo esa regla en un mandato concreto: todo programa con el FMI requiere aprobación parlamentaria.

El acuerdo vigente (y el de 2018 también) nació esquivando ese mandato: el Ejecutivo lo instrumentó por el DNU 179/2025 y el Congreso quedó reducido a espectador de un compromiso que se extiende por los próximos cuatro mandatos presidenciales —los vencimientos llegan a 2042—. Una deuda que condiciona el gasto, el tipo de cambio y la política exterior durante décadas es una decisión de la democracia, y le corresponde al órgano donde están representados el pueblo y las provincias que cofinancian cada ajuste.

Restablecer la aprobación por ley de los créditos con el Fondo es el piso de cualquier relación soberana con el organismo: quien firma de espaldas al Congreso hipoteca a quienes todavía no votaron. Por supuesto, hay actualmente proyectos de ley del peronismo para jerarquizar estos temas ().

La dimensión geopolítica ordena el resto. Estados Unidos controla cerca del 17% de los votos del FMI y con eso veta cualquier decisión mayor del organismo (que requiere un 85% para las decisiones claves); el respaldo del Tesoro norteamericano al programa argentino es explícito desde 2025. El alineamiento pleno de Milei con Washington encuentra en el Fondo su instrumento económico: la deuda funciona como ancla de la política exterior.

La visita deja las dos caras de la relación a la vista. De un lado, un Fondo que celebra un ajuste más brutal que su propio manual: el organismo recomienda proteger la inversión pública y el gasto social que el gobierno ya demolió, y termina en el papel inédito de pedirle moderación distributiva a un deudor que sobreactúa la ortodoxia. Milei se sitúa como el mejor alumno, incluso a la derecha del FMI. Del otro lado, un país que renuncia a desendeudarse teniendo con qué, y que convierte los dólares de Vaca Muerta en garantía de repago y calma cambiaria de corto plazo.

Georgieva en Vaca Muerta.

Necesitamos reabrir la discusión de la oportunidad que nos genera que existan mayores exportaciones. Esos dólares podrían usarse para apalancar nuevos desarrollos industriales, vinculados a esas exportaciones, pero también por afuera de ella, para mejorar la calidad de vida de la población. Las inversiones requieren más importaciones y hoy hay margen para que aumenten, por un lado, pero por otro también se abre la oportunidad de crear fondos soberanos para acelerar nuevas infraestructuras. Pueden financiar la cobranza del Fondo y la estabilidad electoral de un modelo que destruye trabajo, o pueden financiar el desendeudamiento y la reconstrucción productiva. Los recursos existen cada vez más gracias a decisiones de Estado que se están tomando desde 2012 para acá. La decisión de ponerlos al servicio del país sigue pendiente, y es la que como sociedad vamos a tener que dar. Y es también parte de lo que se vota en 2027.