El 6 de octubre del 2019, el gobierno chileno implementó el aumento de la tarifa del transporte público de Santiago anunciado unas semanas antes. Miles de estudiantes secundarios se opusieron al alza saltando los molinetes del metro e incitando a la evasión y en unos pocos días fueron apoyados por manifestaciones masivas, reprimidas con brutalidad por la policía. Del rechazo al incremento del transporte público, las demandas ciudadanas pasaron a las bajas jubilaciones, el elevado costo de vida, el deficiente estado de la salud pública y, en términos generales, el rechazo a los representantes políticos en su conjunto y a la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet: “No son treinta pesos (por el monto del aumento), son treinta años” repetían los manifestantes.

El presidente conservador Sebastián Piñera decretó el Estado de emergencia en varias provincias y, rodeado de militares, advirtió: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso (...) Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz”. 

El desconcierto no fue una exclusividad del presidente. Cecilia Morel, la primera dama, envió un mensaje de audio a una amiga que se hizo viral: “Es como una invasión extranjera, alienígena”.

Unos setenta años antes, del otro lado de la cordillera, el diputado radical Ernesto Sammartino dio la bienvenida en la Cámara de Diputados a quienes acababan de ganar las elecciones de 1946, acompañando al candidato Juan Domingo Perón: “El aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, para que desde ella maúlle a los astros por una dieta de dos mil quinientos pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta.”

No deja de ser asombroso que desde la UCR denigraran a los representantes de un partido popular, teniendo en cuenta que unos pocos años antes los denigrados eran los radicales. Según el diario reaccionario La Fronda, “El triunfo del radicalismo en toda la República (en las elecciones de 1929) ha tenido, como principal consecuencia, un predominio evidente de la mentalidad negroide.”

Para sus detractores, los radicales olían a “catinga” y por supuesto eran ladrones. Así lo explicó Matías Sánchez Sorondo, el ministro del Interior de José Félix Uriburu, quien derrocó a Yrigoyen en 1930: “La ineptitud, el favoritismo sin escrúpulos, el medro personal, la concusión, el robo descarado, fueron las características de la época yrigoyenista que ha pasado, ya vomitada por el pueblo, al ghetto de la historia.”

No existiendo todavía los peronistas, los negros y chorros eran los radicales.

Hace unos días, Jorge Macri, primo de Mauricio y accesoriamente intendente de Vicente López devenido en candidato del PRO a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lanzó su campaña electoral. En un road show por los medios explicó cuál es el mayor problema del distrito. 

No se trata de la crisis habitacional, de las políticas de Larreta que expulsan a la clase media del acceso a la vivienda a la vez que favorecen el negocio de los desarrolladores con torres de lujo tan estridentes como vacías, no se trata tampoco de la red de subterráneo frenada, de los hospitales abandonados o de las ratas en las escuelas. Nada de eso parece preocupar al primo Macri ya que el drama del distrito más rico del país sería la gente que no tomó la precaución de nacer rica -como hicieron él y su primo- y debe dormir en la calle. 

Esos ciudadanos caídos del mapa, que no disponen de cien mil pesos mensuales para afrontar el alquiler de un monoambiente, ni tampoco la suma diaria para un cuarto de pensión, elige el único lugar que todavía no tiene pinches, rejas o púas: los cajeros automáticos de los bancos.

El primo Macri dice hablar en defensa del “vecino”, es decir, del ciudadano con recursos que según él padece la insoportable vista de esas personas durmiendo bajo un alero o en una recova. Para el intendente candidato a jefe de Gobierno, dichas personas no sólo perdieron su condición de ciudadanos sino incluso algo mucho más tenue: su condición de vecinos. Sin derecho alguno, sin poder invocar el acceso a una vivienda digna que establece el artículo 14 bis de nuestra Constitución, son considerados criminales en potencia y como tales su relación con el Estado es de índole policial.

Como Sebastián Piñera, Cecilia Morel, Ernesto Sammartino o Sánchez Sorondo, el primo Macri establece una discriminación nosotros/ellos en la que por un lado está el ciudadano integrado, con recursos materiales suficientes, un sujeto de derecho, alguien normal, y por el otro acecha un invasor, un ser de mentalidad negroide, un alienígena, un ladrón en potencia, alguien pobre y por lo tanto amenazante y violento, cuyo destino es ser invisible o ser reprimido.

Porque de eso se trata: de despojar de todo a quien ya no tiene forma de afrontar un alquiler o el pago de un cuarto de pensión, incluso del derecho a ser visto.