La vida de la abogada laboralista Natalia Salvo cambió de modo rotundo desde el día que un colega le preguntó si le interesaba hacerse cargo de la defensa de Pedro Etchebest, un empresario agropecuario que denunciaba que estaba siendo extorsionado por Marcelo D’Alessio, un falso abogado y espía ilegal que decía trabajar para el fiscal estrella de los tribunales federales de Comodoro Py, Carlos Stornelli, en el marco de la híper mediática causa denominada Los Cuadernos, o Fotocopias de los Cuadernos. El colega de Salvo le aclaró que ningún otro abogado se quería hacer cargo del caso, por su estrecha relación con los lúgubres tribunales federales de Comodoro Py de Retiro. Ella aceptó. Ya pasaron algo más de tres meses, y su cotidianeidad se vio alterada por las múltiples implicancias que tiene el caso, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que está echando luz sobre la trama de extorsiones y espionaje ilegal, y que ella misma, entre otros, presenta como “el mayor escándalo político y judicial de la historia nacional”.
Salvo nos recibió en un estudio del centro porteño. Estaba notoriamente acelerada. “Así soy por naturaleza, pero desde que estoy con la causa, ese rasgo se potenció, por supuesto”, justificó. No es para menos. “Este asunto –retomó, y relación a la causa que instruye el juez federal Ramos Padilla- tiene proporciones inusitadas, porque ante un caso con pruebas tan contundentes y cuantiosas, se muestra una red de espionaje paraestatal, y los usufructuarios son integrantes de tres poderes del Estado, más el cuarto, que son los medios de comunicación”, explica.
“La denuncia de mi cliente es la punta del iceberg”, afirma, “ya que con el resultado de las pruebas del primer allanamiento a la casa del country de Marcelo D’Alessio, el delito inicial de extorsión se agigantara, y la línea investigativa fuera por el lado de la figura de la asociación ilícita, que lejos de agotarse, es un delito que se fue configurando en distintos lugares”, detalla.
¿Qué opinás del juicio político que le quiere realizar el gobierno a Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura?
“Creo que es sintomático, porque el presidente de la Nación se viene pronunciando de este modo, y me parece que está naturalizado y peligrosamente legitimado, que el representante del Poder Ejecutivo se pronuncie sobre la continuidad o no de un integrante del poder judicial, que encima está investigando una causa que puede llegar a comprometer a su alianza gobernante, cuando por otro lado existe un organismo encargado que se encarga de seleccionar y remover jueces”.
¿Y sobre las críticas de las grandes corporaciones de medios sobre la presencia de Ramos Padilla en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el miércoles 13/3 último pasado?
“El sujeto activo del derecho a la libertad de expresión no es solo la prensa, sino también la ciudadanía, que tiene el derecho de ser informado”, contesta. Y agrega: “No hay prejuzgamiento, como acusan desde los medios, sino pruebas obrantes en la causa. Cuando paulatinamente se va acreditando la participación o el carácter delictual de los fiscales o del gobierno, intentar meter en el medio la famosa grieta, y esto no atañe a la grieta, esto la sobrevuela, pone de relieve el deterioro institucional y del Estado de Derecho”.
¿Qué se hace ante la grotesca manipulación de la información que ejercen los grandes medios de comunicación?
“Es importante defender, y hasta con cierta necedad, el derecho a la información. El poder que hoy tienen los medios de comunicación es innegable. No solamente son formadores de opinión, también deberían concretar el principio de hacer publicidad de todos los actos de gobierno, incluidos los del Poder Judicial. Desde ese lugar, es fundamental visibilizar el peligro inminente en el que se encuentra el Estado de Derecho, visibilizar también la causa y que cualquier ciudadano pueda advertir el peligro que representa que un poder judicial realice inteligencia ilegal en convivencia con otros poderes”.
Salvo ejerce una defensa de su cliente en los despachos y pasillo de los juzgados, y también en su cuenta de la red social Twitter. Ya cruzó a dos periodistas del Grupo Clarín. Primero a Nicolás Wiñasky, por difamar a su cliente e incluso publicar una foto suya que se sospecha que consiguió de parte de un funcionario o funcionaria del Ministerio del Interior, y unos días después, echó luz sobre varias de las declaraciones que el operador mediático Daniel Santoro le ofreció, por medio de una entrevista, al dueño de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.
“Mi híper actividad en las redes sociales está motivada en tratar de torcer cómo están enlodando la causa. Porque no se trata de opiniones fundadas, sino de manifestaciones falaces de una supuesta verdad revelada, que desde mi punto de vista vulnera el derecho a la información de todos nosotros. No la puedo dejar pasar como abogada defensora, teniendo en cuenta, aparte, las implicancias políticas, jurídicas y mediáticas que tiene el caso. Están pasando por encima de mis sentidos, no es un tema que todo de oído”.
La primera y previsible defensa que realizó el fiscal Stornelli, ante la irrupción de las denuncias en su contra, es que se trataba de una operación política. ¿Qué decís?
“Es un escándalo, ya que se trata de un fiscal de la Nación, que en ejercicio de sus funciones en una causa de magnitud como la de los cuadernos, hable sin conocer los pormenores de causa que investiga Ramos Padilla, en la que por otro lado, hay muchas pruebas”.
¿Las que ofreció tu cliente?
Sí, en un principio, y que luego se fueron acreditando, y ampliando, con el resultado de las incautaciones que se realizaron en el primer allanamiento (fue el 12/2, en el barrio privado Saint Thomas, partido de Esteban Echeverría, que arrojó nuevas pruebas y más involucrados”.
¿Crees que a medida que se profundice la investigación seguirá creciendo el escándalo?
“Sin dudas. Todos los días recibimos novedades”, opinó. Y contó que unos minutos antes se habían enterado –ya era noticia en algunos portales de noticias- que en uno de los teléfonos periciados del falso abogado D’Alessio, había un archivo creado el 14 de diciembre de 2018 en el que se anticipaba las claves del fallo que la Cámara Federal emitiría seis días más tarde. “Todos los días aparecen pruebas cada vez más alarmantes”, advirtió. Y agregó: “Todas las tareas de investigación clandestinas o paralelas, no se dan en el marco de cualquier causa, que ya de por sí sería grave, sino en las causas que tienen al fiscal imputado, Carlos Stornelli”.
¿Cuál es el estado de la causa en estos momentos?
“Seguimos en etapa de instrucción, con declaraciones testimoniales. Por estas horas debe declarar Gonzalo Brusa Duvat –el uruguayo que fue gerente de la filial local de la petrolera venezolana PDVSA-, un testigo clave.
¿Por?
“Los casos por los que Ramos Padilla procesa a D’Alessio incluyen, aparte de la denuncia de mi cliente, la de Gonzalo Brusa Duvat, a quien D’Alessio ve por primera vez el 23 de enero, unos días después lo junta con el periodista Santoro, el 3 de febrero sale una nota en Clarín firmada por Santoro, y el 4 de febrero está sentando frente al fiscal federal Carlos Stornelli para ofrecer una declaración, con la presencia de D’Alessio –sin tener el permiso legal para hacerlo-“, explica.
Salvo es laboralista, tiene militancia gremial y aparte ejerce la docencia.
El ex directivo uruguayo, junto al cliente de Salvo, fueron quienes lograron poner en evidencia, frente al juez Alejo Ramos Padilla, y por medio de una enorme cantidad de pruebas, el esquema de aprietes y extorsiones que hoy comprometen, por lo menos, al mediático Marcelo D’Alessio, el periodista Daniel Santoro y al fiscal federal Carlos Stornelli.
En un momento hubo un intento de arrebatarle la causa a Ramos Padilla para que la causa se tramite en Comodoro Py. ¿En qué quedó aquello?
“Todos los intentos de inhibición del juez se acumularon, están todos juntos, en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, quien tiene a su cargo la definición de este asunto”, explica Salvo. Y aprovecha para contar: “Que el juez federal Julián Ercolini le haya dado curso a la inhibitoria pedida por Stornelli, en contra de Ramos Padilla, de modo apresurado y sin cumplir con los recaudos legales, motivó que hiciésemos una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Ercolini”.
¿Eso tiene chances de prosperar?
“Todavía no tenemos ningún tipo de novedad de tipo formal”, contesta, y denuncia que “nos llama la atención el criterio diferenciado, si ahora, el gobierno, a través de su representante en el Concejo -Juan Bautista Mahiques-, por instrucción del ministro Garavano, se le da curso ante la Comisión de Acusaciones y Seguimiento al pedido de juicio político contra Ramos Padilla”.
¿Hay posibilidades de que la causa de tu defendido eche por tierra la denominada Causa de Los Cuadernos?
“Nosotros desconocemos la causa de los cuadernos. Pero sí decimos: Que la fiscalía que entiende en la causa, con Bonadío como juez, esté abigarrada de este tipo de prácticas ilegales e ilegítimas que están saliendo a la luz, es gravísimo. Esta relación de causalidad no la hacemos nosotros, más allá de que algunos quieran politizar el tema y que digan que queremos hacer caer la causa. Acá nadie quiere hacer caer ninguna causa. Nosotros estamos con nuestra propia causa, que abrió un espectro enorme el caso de espionaje judicial más grande que haya en la historia de nuestro país”.
Para cerrar, le pedimos a Natalia un mensaje para los y las estudiantes de Derecho, ya que aparte de ser abogada, madre, y tener una militancia gremial, es doncente universitaria.
“Una sociedad que no está mediada por la ley queda a merced de la arbitrariedad y el poder del más fuerte. La mediación legal es lo que te permite resolver los conflictos y te asegura un sistema de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho. Si no resolvés los conflictos por medio de la ley, ese lugar, lejos de estar vacío, es ocupado por el poder de hecho, que es lo opuesto al derecho”.
Antes de que apaguemos el grabador, nos frena con un movimiento de brazo, y una sonrisa. Avisa que va con una idea más, ya de pie, porque la acaban de llamar para una reunión:
“Ejercer la profesión de abogado o abogada, en términos estrictamente jurídicos, sin defender el Estado de Derecho, sin arriesgarse a realizar la defensa de la ley o de los derechos y garantías que ofrece la Constitución, es un oficio y no una profesión”.
Salvo nos recibió en un estudio del centro porteño. Estaba notoriamente acelerada. “Así soy por naturaleza, pero desde que estoy con la causa, ese rasgo se potenció, por supuesto”, justificó. No es para menos. “Este asunto –retomó, y relación a la causa que instruye el juez federal Ramos Padilla- tiene proporciones inusitadas, porque ante un caso con pruebas tan contundentes y cuantiosas, se muestra una red de espionaje paraestatal, y los usufructuarios son integrantes de tres poderes del Estado, más el cuarto, que son los medios de comunicación”, explica.
“La denuncia de mi cliente es la punta del iceberg”, afirma, “ya que con el resultado de las pruebas del primer allanamiento a la casa del country de Marcelo D’Alessio, el delito inicial de extorsión se agigantara, y la línea investigativa fuera por el lado de la figura de la asociación ilícita, que lejos de agotarse, es un delito que se fue configurando en distintos lugares”, detalla.
¿Qué opinás del juicio político que le quiere realizar el gobierno a Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura?
“Creo que es sintomático, porque el presidente de la Nación se viene pronunciando de este modo, y me parece que está naturalizado y peligrosamente legitimado, que el representante del Poder Ejecutivo se pronuncie sobre la continuidad o no de un integrante del poder judicial, que encima está investigando una causa que puede llegar a comprometer a su alianza gobernante, cuando por otro lado existe un organismo encargado que se encarga de seleccionar y remover jueces”.
¿Y sobre las críticas de las grandes corporaciones de medios sobre la presencia de Ramos Padilla en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el miércoles 13/3 último pasado?
“El sujeto activo del derecho a la libertad de expresión no es solo la prensa, sino también la ciudadanía, que tiene el derecho de ser informado”, contesta. Y agrega: “No hay prejuzgamiento, como acusan desde los medios, sino pruebas obrantes en la causa. Cuando paulatinamente se va acreditando la participación o el carácter delictual de los fiscales o del gobierno, intentar meter en el medio la famosa grieta, y esto no atañe a la grieta, esto la sobrevuela, pone de relieve el deterioro institucional y del Estado de Derecho”.
¿Qué se hace ante la grotesca manipulación de la información que ejercen los grandes medios de comunicación?
“Es importante defender, y hasta con cierta necedad, el derecho a la información. El poder que hoy tienen los medios de comunicación es innegable. No solamente son formadores de opinión, también deberían concretar el principio de hacer publicidad de todos los actos de gobierno, incluidos los del Poder Judicial. Desde ese lugar, es fundamental visibilizar el peligro inminente en el que se encuentra el Estado de Derecho, visibilizar también la causa y que cualquier ciudadano pueda advertir el peligro que representa que un poder judicial realice inteligencia ilegal en convivencia con otros poderes”.
Salvo ejerce una defensa de su cliente en los despachos y pasillo de los juzgados, y también en su cuenta de la red social Twitter. Ya cruzó a dos periodistas del Grupo Clarín. Primero a Nicolás Wiñasky, por difamar a su cliente e incluso publicar una foto suya que se sospecha que consiguió de parte de un funcionario o funcionaria del Ministerio del Interior, y unos días después, echó luz sobre varias de las declaraciones que el operador mediático Daniel Santoro le ofreció, por medio de una entrevista, al dueño de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.
“Mi híper actividad en las redes sociales está motivada en tratar de torcer cómo están enlodando la causa. Porque no se trata de opiniones fundadas, sino de manifestaciones falaces de una supuesta verdad revelada, que desde mi punto de vista vulnera el derecho a la información de todos nosotros. No la puedo dejar pasar como abogada defensora, teniendo en cuenta, aparte, las implicancias políticas, jurídicas y mediáticas que tiene el caso. Están pasando por encima de mis sentidos, no es un tema que todo de oído”.
La primera y previsible defensa que realizó el fiscal Stornelli, ante la irrupción de las denuncias en su contra, es que se trataba de una operación política. ¿Qué decís?
“Es un escándalo, ya que se trata de un fiscal de la Nación, que en ejercicio de sus funciones en una causa de magnitud como la de los cuadernos, hable sin conocer los pormenores de causa que investiga Ramos Padilla, en la que por otro lado, hay muchas pruebas”.
¿Las que ofreció tu cliente?
Sí, en un principio, y que luego se fueron acreditando, y ampliando, con el resultado de las incautaciones que se realizaron en el primer allanamiento (fue el 12/2, en el barrio privado Saint Thomas, partido de Esteban Echeverría, que arrojó nuevas pruebas y más involucrados”.
¿Crees que a medida que se profundice la investigación seguirá creciendo el escándalo?
“Sin dudas. Todos los días recibimos novedades”, opinó. Y contó que unos minutos antes se habían enterado –ya era noticia en algunos portales de noticias- que en uno de los teléfonos periciados del falso abogado D’Alessio, había un archivo creado el 14 de diciembre de 2018 en el que se anticipaba las claves del fallo que la Cámara Federal emitiría seis días más tarde. “Todos los días aparecen pruebas cada vez más alarmantes”, advirtió. Y agregó: “Todas las tareas de investigación clandestinas o paralelas, no se dan en el marco de cualquier causa, que ya de por sí sería grave, sino en las causas que tienen al fiscal imputado, Carlos Stornelli”.
¿Cuál es el estado de la causa en estos momentos?
“Seguimos en etapa de instrucción, con declaraciones testimoniales. Por estas horas debe declarar Gonzalo Brusa Duvat –el uruguayo que fue gerente de la filial local de la petrolera venezolana PDVSA-, un testigo clave.
¿Por?
“Los casos por los que Ramos Padilla procesa a D’Alessio incluyen, aparte de la denuncia de mi cliente, la de Gonzalo Brusa Duvat, a quien D’Alessio ve por primera vez el 23 de enero, unos días después lo junta con el periodista Santoro, el 3 de febrero sale una nota en Clarín firmada por Santoro, y el 4 de febrero está sentando frente al fiscal federal Carlos Stornelli para ofrecer una declaración, con la presencia de D’Alessio –sin tener el permiso legal para hacerlo-“, explica.
Salvo es laboralista, tiene militancia gremial y aparte ejerce la docencia.El ex directivo uruguayo, junto al cliente de Salvo, fueron quienes lograron poner en evidencia, frente al juez Alejo Ramos Padilla, y por medio de una enorme cantidad de pruebas, el esquema de aprietes y extorsiones que hoy comprometen, por lo menos, al mediático Marcelo D’Alessio, el periodista Daniel Santoro y al fiscal federal Carlos Stornelli.
En un momento hubo un intento de arrebatarle la causa a Ramos Padilla para que la causa se tramite en Comodoro Py. ¿En qué quedó aquello?
“Todos los intentos de inhibición del juez se acumularon, están todos juntos, en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, quien tiene a su cargo la definición de este asunto”, explica Salvo. Y aprovecha para contar: “Que el juez federal Julián Ercolini le haya dado curso a la inhibitoria pedida por Stornelli, en contra de Ramos Padilla, de modo apresurado y sin cumplir con los recaudos legales, motivó que hiciésemos una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Ercolini”.
¿Eso tiene chances de prosperar?
“Todavía no tenemos ningún tipo de novedad de tipo formal”, contesta, y denuncia que “nos llama la atención el criterio diferenciado, si ahora, el gobierno, a través de su representante en el Concejo -Juan Bautista Mahiques-, por instrucción del ministro Garavano, se le da curso ante la Comisión de Acusaciones y Seguimiento al pedido de juicio político contra Ramos Padilla”.
¿Hay posibilidades de que la causa de tu defendido eche por tierra la denominada Causa de Los Cuadernos?
“Nosotros desconocemos la causa de los cuadernos. Pero sí decimos: Que la fiscalía que entiende en la causa, con Bonadío como juez, esté abigarrada de este tipo de prácticas ilegales e ilegítimas que están saliendo a la luz, es gravísimo. Esta relación de causalidad no la hacemos nosotros, más allá de que algunos quieran politizar el tema y que digan que queremos hacer caer la causa. Acá nadie quiere hacer caer ninguna causa. Nosotros estamos con nuestra propia causa, que abrió un espectro enorme el caso de espionaje judicial más grande que haya en la historia de nuestro país”.
Para cerrar, le pedimos a Natalia un mensaje para los y las estudiantes de Derecho, ya que aparte de ser abogada, madre, y tener una militancia gremial, es doncente universitaria.
“Una sociedad que no está mediada por la ley queda a merced de la arbitrariedad y el poder del más fuerte. La mediación legal es lo que te permite resolver los conflictos y te asegura un sistema de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho. Si no resolvés los conflictos por medio de la ley, ese lugar, lejos de estar vacío, es ocupado por el poder de hecho, que es lo opuesto al derecho”.
Antes de que apaguemos el grabador, nos frena con un movimiento de brazo, y una sonrisa. Avisa que va con una idea más, ya de pie, porque la acaban de llamar para una reunión:
“Ejercer la profesión de abogado o abogada, en términos estrictamente jurídicos, sin defender el Estado de Derecho, sin arriesgarse a realizar la defensa de la ley o de los derechos y garantías que ofrece la Constitución, es un oficio y no una profesión”.