Por José Cohen y Mariano Abrevaya Dios. Fotos: Laura Cittadini

La Fundación Soberanía Sanitaria funciona en la planta baja de la calle San Martín, en el centro porteño. Cerca de la Plaza de Mayo, el Congreso, la AFIP, la banca pública, varias carteras nacionales. Uno de los lugares donde hay que estar si se hace política. Cuando nos anunciamos en la puerta, la mayor parte de los oficinistas y empleados de la zona comenzaban a retornar a sus hogares. Ya bajaba el sol. Nos recibió Daniel Gollán, uno los principales referentes del espacio de militancia de los sanitaristas del campo nacional y popular, un hombre que militó toda su vida por las mismas ideas y que hace un año y medio atrás era el ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.

Llegamos a la entrevista para conversar sobre los informes que elaboró y difundió la fundación sobre el cierre de programas y herramientas de inclusión y la subejecución que sufrió el presupuesto nacional durante 2016 -en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires-; también queríamos saber de qué se trata la cobertura universal en salud que viene impulsando el oficialismo.

Gollán es un hombre formado y apasionado, que volvió al llano para comenzar a elaborar –ya veremos que no de cero-, junto a cientos de colegas-compañeros comprometidos con la realidad del país, un programa en materia de salud pública –sin fisuras – para el 2019, o más adelante, cuando un gobierno popular vuelva a hacerse cargo de la gestión del Estado nacional y el país. Nos encerramos en una oficina rodeada de bibliografía médica y política y decorada con simbología peronista, y antes de que se encendiese el grabador, comenzó a circular el primer mate.

El informe sobre la subejecución del presupuesto para la salud –hablamos de más de 44 mil millones de pesos- fue elaborado por la fundación en conjunto con el Centro de Económica Política Argentina (CEPA). Gollán señala que “lo que uno constata en los papeles es lo que comprobamos en carne propia cuando recorremos centros de salud de los municipios”. Y dice que la cartera nacional de salud informó a comienzos de año que el presupuesto ejecutado el año anterior había rozado el 95 por ciento del total. “Es norma que los presupuestos nunca alcancen, no que sobren”, dice Gollán. Y hace una cuenta: “El presupuesto fue calculado con un 20 por ciento de inflación, que a lo largo de 2016 superó el 40, y si se considera la suba de los insumos médicos, la cifra trepa al 60 por ciento. Entonces, la capacidad de compra que tuvo el ministerio respecto de 2015 estuvo en cuarenta por ciento menos. Y si tenemos en cuenta que una gran parte de esa masa de dinero va a los salarios de los trabajadores, lo que queda para insumos, es mucho menor. Y eso se constató en el territorio”.

Desmantelamiento de programas y subejecución forman parte del plan oficial.

Gollán denuncia que la gestión del ministro Jorge Lemus descontinuó y cerró programas de abordaje territorial. Se desmanteló la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, por ejemplo, el área responsable sostener los planes de prevención y control del dengue, zika, chikungunya, el mal de Chagas, entre otros. El año pasado se produjo una las peores epidemias de dengue en la historia con más de 40 mil casos confirmados. Frente a la epidemia, el ministerio no contribuyó con las provincias y municipios con medidas de contención de los brotes. “Sacaron unos 630 promotores que hacían prevención en los territorios de este tipo de enfermedades en todo el país”, agrega Gollán.

El ex ministro de Salud de CFK explica que el programa Argentina Sonríe fue paralizado y luego cerrado. El dispositivo utilizaba tecnología de última generación para producir y proveer prótesis odontológicas para la población más desprotegida de la sociedad. También fue derogado el programa Qunita, que no solo generaba condiciones dignas para los hijos de las mujeres que recibían la Asignación Universal por Embarazo, sino que aumentaba los controles prenatales, entre otros tantos beneficios. Otro programa afectado fue el de Salud Sexual y Procreación Responsable.

El Estado nacional también restringió la política nacional de medicamentos. Gollán cuenta que el programa Remediar, con el que se realiza la compra y distribución de medicamentos para los más de 7 mil centros de atención primaria de la salud de todo el país, sufrió en 2016 una reducción del 40 por, comparado con el 2015. Por otro lado, el Estado abandonó la regulación de los precios de los medicamentos y que de ese modo lo que se produjo es que un aumento del 85 % de los remedios aumentaron por encima de la inflación.

Gollán fue una de las tantas víctimas del Terrorismo de Estado.

Al programa de inmunizaciones lo bajaron de categoría”, continúa Gollán. Se refiere a las 19 vacunas gratuitas que el kirchnerismo puso en el calendario. “Hubo faltantes y problemas en la distribución, no es que dejaron de comprarlas”, aclara, “pero no mandan los descartables, y entonces los municipios tienen que salir volando a comprarlas, no mandan los insumos accesorios, que antes eran provistos, y hay que salir a comprarlas, no mandan los recursos para mantener los Programas Ampliados de Inmunizaciones (PAI), una capacitación que se le ofrece cada seis meses a las vacunadoras, no se invirtió en mantener la cadena de frío de las vacunas”. Todas esas responsabilidades fueron transferidas al municipio.

¿Por qué tanto recorte y tanta desidia?, preguntamos. Gollán grafica la estrategia del PRO y los radicales: “Le saco recursos a una provincia, si protestan voy a un sistema de negociación, les restituyo una parte y el resto se lo negocio. La intención es transferirle lo más rápido posible a las provincias todo lo que se pueda, hasta tanto llegue la implementación de la anunciada Cobertura Universal en Salud”, una iniciativa oficial a la que define como “un gran engaño que termina con un aumento drástico en el gasto en el bolsillo de los argentinos” y que representa un avance hacia “un sistema de privatización de la medicina y los servicios de salud”.

Gollán afirma que la cobertura universal ya existe y menciona a las obras sociales, las prepagas y el servicio de salud del Estado. “La mitad de los partos que se realizan en el país se practican en hospitales públicos”, resalta. “El cien por ciento de la accidentología se atiende en hospitales agudos del sistema público de la salud”, agrega. ¿Y entonces?, preguntamos. “Apuntan al impacto político”, señala. “Dicen que van a repartir un carné que va a decir que tenés una especie de obra social de Estado, junto a una ficha electrónica que va a tener validez en todo el país. Eso sí: Cuando tengas que atenderte vas a ir al mismo hospital de siempre, y el remedio que antes te daban con el programa Remediar ahora lo vas a tener que ir a comprar a una farmacia, con el cuarenta por ciento de descuento, como si tuvieses una obra social”.

La Fundación fue lanzada en el arranque de 2016 para contener y formar cuadros técnicos y políticos en el área de la salud.

Luego de hacer una pausa, debido un llamado que acaba de ingresar en su celular, el referente de la fundación cuenta que para ponerle un moño al proyecto de privatización de la salud, Cambiemos pretende sancionar un proyecto de ley que está trabado en el senado, para crear una “Canasta básica de prestaciones”, con la que se le informará al beneficiario qué le cubre el sistema médico y qué no. “Lo que antes era ilimitado, ahora le empiezan a poner un número”, ejemplifica. También habría recortes para los afiliados a las obras sociales. Por ejemplo con prestaciones muy sofisticadas como la fertilización asistida. “Te van a llenar de nuevos requisitos para empastar el proceso y que accedan menos beneficiarios”.

Los recortes en el presupuesto son elocuentes.

Por otro lado, Gollán cuenta con el dinero subejecutado del presupuesto, el Estado invertiría en una “cápita” para las provincias. “Unos quinientos pesos por año, que deberían servir para confeccionar el carné, el programa informático, la digitalización de la ficha y otros trámites. Para el resto, no hay financiamiento previsto”, describe con un ritmo arrollador, interrumpido solo cuando le llega el turno de tomar el mate. “Estaríamos ante una enorme inequidad, ya que hay provincias con un gran potencial económico, y otras que no. Con el nuevo esquema tendríamos 24 sistemas de salud, en función de los recursos de cada provincia”, cierra.

Entonces llegamos al último paso de la estrategia oficial. Gollán lo precisa con claridad. “Cuando vas al hospital, al que están desfinanciando de modo sistemático porque le sacan insumos, equipamientos, recursos humanos y para el que impiden nuevos nombramientos, lo que se produce es una fuga hacia el sector privado, con una cobertura muy básica, de la mano de la ayuda estatal (cápita), representada por alguna clínica privada que funcione cerca de tu casa”. Y cita el caso de Colombia, en el que sucedió algo similar en 1993, con resultados nefastos para la población y el sistema de salud cafetero, que eclosionó diez años después. “De este modo, la gente accedería al sistema de salud según su capacidad de pago, de forma inequitativa. Y el aumento del gasto del bolsillo, del que pueda, se disparará al sesenta por ciento de los gastos”.

La fundación lanzó el número cero de su revista, en la que publica sus informes, entre otros contenidos.

Para volver
Cuando CFK convocó a los sanitaristas al Instituto Patria fue muy clara. Uno de los objetivos del espacio desde el que haría política ahora que no tenía responsabilidades institucionales, era visibilizar los horrores de la gestión de gobierno de Cambiemos. Y otros de los puntos era debatir acerca de cómo organizarse para volver al gobierno siendo mejores cuadros políticos y técnicos. En eso están los sanitaristas. Y no descansan ni un minuto.

“Hay que pensar el 2019”, sintetiza Gollán, vestido con zapatos, jeans y una camisa a cuadros. Usa lentes y mira a su interlocutor a los ojos. En ningún momento se distrae. No mira la hora, a pesar de que tiene otros dos compromisos militantes antes de que termine el día. “Desde la Constitución para abajo hay que rever todo”, ya que “el texto da cuenta de un sistema republicano de hace doscientos años” y no refleja “los verdaderos poderes que gobiernan el mundo”, resalta. “Tenemos tres poderes del Estado que están atravesados por un poder superior que los compra y que tiene un enorme poder de construcción de sentido común”.

“Cuál es la gran batalla que tenemos que dar cuando volvamos”, invita a pensar Gollán, que probablemente haya jugado al basket de chico ya que debe medir más de un metro noventa de altura. “Sabemos, entre otros objetivos centrales, que tenemos que ir hacia un sistema integrado de salud”, puntea, y alerta que “eso significa que tenemos que ir en contra de intereses poderosísimos”. Entonces plantea que “la única salida es la batalla cultural”. Dice que el nuevo gobierno popular puede modificar la constitución, la ley de salud o encarar otras decisiones estructurales, pero que “si no damos la pelea en el plano cultural, los cambios no se sostienen”.

El ex funcionario kirchnerista cuenta que la solución para ganar ese partido son “veinte mil cuadros políticos y sanitarios”, aparte de un “shock de inversión”, por supuesto, entre otras medidas. Habló de “seis mil cuadros para el primer nivel del sistema de salud” y otros tantos para ocupar los cargos ejecutivos de los ministerios, las secretarias y las conducciones de los centros de salud, para de ese modo “agarrar el sistema por abajo y por arriba”. La disputa del sentido, dice, “hay que darla con el trabajador de la salud, el médico y la enfermera”.

Organizarse para volver. Eso están haciendo los sanitaristas del Movimiento Nacional.

Los sanitariastas tienen todo encaminado para el momento que un gobierno popular ocupe de nuevo la Casa Rosada. Se empezaron a organizar en 2015, mientras gestionaban la cartera nacional de Salud. Metieron un encuentro masivo en el Espacio para la Memoria. Lanzaron la “Escuela Nacional Ramón Carrillo” para formación de cuadros. Ya en 2016 armaron una de las comisiones más dinámicas del Patria. Organizaron un gran acto en Lanús, y la principal invitada fue CFK. Crearon la fundación. Lanzaron una revista. Producen informes. Y aparte están trabajando con los borradores de los cinco grandes ejes que para ellos representan “lo estructural” de su proyecto sanitario: la reestructuración del sistema de salud argentino, la salud en una nueva constitución –incluida la salud mental-, la política nacional de medicamentos y la salud de los trabajadores. Sobre el último punto, Gollán dice que “no se la podemos dejar más a las ART, sino que tiene que volver a pasar a la órbita de las carteras de salud y trabajo”.

“Estamos cerrando un curso de formación para gestión en salud junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Universidad Nacional de Avellaneda”, adelanta con entusiasmo Gollán, luego de citar al Jauretche con aquello de las transformaciones no se pueden lograr con tristeza. Y justifica su entusiasmo con algunos datos: “Tenemos una base de datos con más de 25 mil trabajadores de la salud que están en contacto con nosotros, de los cuales unos 3 mil tienen un compromiso con la causa y unos 500 trabajan a diario en nuestros distintos frentes”.

El objetivo es que en el momento que volvamos al gobierno contemos con un programa para la salud pública que esté avalado por veinte mil actores del sector”, dice Gollán, y luego de tomar un último mate, cierra con dos definiciones que lo pintan de cuerpo entero como militante y estratega. “Mi compromiso personal con Cristina es dejarle un trabajo hecho de la mano de la mayor cantidad posible de jóvenes, porque son ellos los que nos permiten pensar en una proyección a veinte años”. Se refiere a los compañeros y compañeras sub-30 que lo acompañan en la fundación, en el Instituto Patria y en la calle: Nicolás Kreplak, Federico Kaski y Jonatan Konfino, entre otros. Y suelta la última definición, antes de cerrar y salir corriendo a un programa de radio: “Hay que poner al ministerio de salud, al ANMAT y a la superintendencia de salud y al PAMI en una misma línea de trabajo. Durante nuestra gestión se invirtió mucho dinero pero no tocamos lo sistémico”.

Recorrido político
Daniel Gollán nació en Córdoba y creció en Rosario, Santa Fe. Allí comenzó a estudiar la carrera de Medicina y a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). El 26 de julio de 1976 fue capturado por un grupo de tareas y estuvo secuestrado en el Centro de Informaciones de la policía de Santa Fe. Luego lo legalizaron y estuvo detenido un tiempo en la cárcel de Coronda. Más tarde se exilió en Alemania. Antes de regresar al país de forma clandestina, pasó por Brasil.

El día de la entrevista, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo que habilitaría a los genocidas argentinos a gozar del beneficio conocido como 2x1. Y Daniel, al repasar los años del Terrorismo de Estado, subrayó que antes de sus verdugos se sentasen en el banquillo de los acusados, la causa se cayó dos veces. “En las calles convivíamos con tipos como el ‘Ciego’ Lociego”, recordó, en referencia temido oficial de la policía José Rubén Lociego. Hasta que un día Néstor Kirchner promovió la anulación de las leyes de impunidad y la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. A él le tocó declarar a finales de 2010. En la audiencia, le clavó los ojos a sus verdugos. “Fue uno de los días más importantes de mi vida”, celebró. Pero lo nombró a Néstor, para homenajearlo, y no pudo seguir hablando. Hacía solo dos meses que se había muerto. El “Ciego” fue condenado a cadena perpetua y todavía está preso en una cárcel común.

Recorrido institucional
En 1989 Daniel Gollán se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario. Ese mismo año participó de la llamada renovación peronista, junto a Antonio Cafiero, se sumaría al grupo de los ocho diputados nacionales que rompieron con el Partido Justicialista por el rumbo que había tomado el gobierno de Carlos Menem, y por visión personal, o suerte, abandonó su espacio político antes de que se convirtiese en el Frente Grande que formaría parte del gobierno de la Alianza que detonaría por el aire a finales de 2001.

El 2003 lo encontró trabajando en la salud pública del partido de Merlo, al oeste de la provincia de Buenos Aires, junto a un grupo de compañeros que habían ganado el municipio. Entre mediados de aquel año fundacional y el 2007 estuvo a cargo de un programa nacional de salud en la secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, en aquel momento conducido por Daniel Filmus. Con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a ocupar el cargo concursado de su hospital, en Merlo, hasta que al poco tiempo lo convocaron para trabajar como sub interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) de la cartera nacional de Salud. Allí estuvo hasta el 2010, cuando el entonces ministro, Luis Manzur, decidió cambiar la conducción del organismo. “Nosotros nos tuvimos que fumar la nefasta gestión de Ocaña”, remarcará durante la entrevista.

Poco tiempo después de regresó una vez más a su hospital, el padre Juan Carlos Molina, a cargo de la SEDRONAR, lo convocó para hacerse cargo de la dirección que tenía a su cargo la regulación y el control de los precursores químicos. En junio de 2014 lo convocaron a armar la flamante Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. En febrero de 2015 se convirtió en ministro, y ocupó ese cargo durante el último año del segundo gobierno de CFK.