La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le envió esta semana un informe al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, Jorge Faurie, con una serie de denuncias que darían cuenta sobre un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” de parte del gobierno nacional. A su vez, le dio sesenta días para que realicen un descargo.

El informe está firmado por el titular de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, el peruano Diego García Sayán, quien a lo largo de más de veinte carillas, puntea los “actos de intimidación” que el gobierno habría cometido sobre “diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura”, aparte de haber avanzado con el “disciplinamiento de magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Poder Ejecutivo”.

En el informe se habla del manejo espurio que realizó el oficialismo, en febrero de 2016, ni bien comenzado su mandato, y de la mano del diputado nacional Pablo Tonelli, para contar con una mayoría en el Consejo de la Magistratura, y de esa manera ejercer un control absoluto sobre la designación y remoción de jueces afines a sus intereses. “El reemplazo transitorio o subrogancia de magistrados por medio de designaciones no conformes a la legislación se ha producido en numerosas ocasiones”, detallan en el informe.

Otro de los asuntos denunciados en el informe es la designación por decreto que realizó Macri, cinco días después de asumir su gobierno, de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia. El hecho significó un atropello institucional inédito, una marca del perfil de gestión que realizaría el gobierno hasta la actualidad, pero fue tan grotesco que la iniciativa derivó en un escándalo institucional que obligó al gobierno a retroceder en su decisión.”Según la información recibida dicho nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecidos en la legislación”, se señala en el informe.

El gobierno de Macri, en alianza con los grandes medios de comunicación, horadó la imagen de Carbó hasta lograr su renuncia en 2017.

Otro de los puntos abordados en el informe es el sistemático ataque en contra de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el objeto de horadar su prestigio profesional y allanar el camino para poner allí un hombre o una mujer de confianza. El hostigamiento comenzó antes de que Macri asumiese su gobierno, y continuó de modo brutal ya siendo jefe de Estado, hasta que finalmente lograron su renuncia. Siempre con el apoyo de los grandes medios de comunicación, que diseminan sus campañas por televisión, radio y medios gráficos y digitales. Primero la acusaron de presunta imparcialidad, de querer introducir cambios en la Ley Orgánica del organismo, y al ver que con eso no alcanzaba, avanzaron con acciones judiciales por el supuesto beneficio en la compra de un inmueble. Ya nadie se acuerda ni habla de aquello.

Las denuncias sobre la campaña de manipulación y hostigamiento de parte del Gobierno nacional en detrimento de la independencia del Poder Judicial fueron presentadas ante el organismo internacional en septiembre de 2018, de parte de por lo menos dos fuentes. La Asociación Americana de Juristas (AAJ), los Abogados por la Justicia Social (AJUS) y el espacio Nace un Derecho, por un lado; y los Abogados por la Justicia Social – La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE), con la adhesión de varios organismos de Derechos Humanos, del otro.

Horas después de que se conociese el informe del relator de la ONU en el que le pide explicaciones al Estado Argentino, varios legisladores nacionales se expresaron sobre el asunto. Rodolfo Tailhade, del bloque Frente para la Victoria-PJ, dijo que “es gratificante que después de cuatro años de estar denunciando prácticamente en soledad cada uno de estos hechos, un organismo internacional de este calibre ratifique la existencia de maniobras extorsivas y persecutorias contra jueces y fiscales independientes”. María Emilia Soria, también del Frente para la Victoria-PJ), declaró para Página 12 que "como vice presidenta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, y vocal de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, vengo denunciando uno a uno los embates del Gobierno de Mauricio Macri con relación a la independencia judicial. Cambiemos, que se autodenominan los defensores de la 'transparencia' y la independencia del poder judicial, fue artífice de la manipulación más grotesca de este poder”.

La designación ilegal del Juez Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, el ataque a los abogados y jueces laboralistas por parte de Mauricio Macri cuando fallaron en contra de sus intereses, el ataque por parte del mismo Macri –al igual que sus funcionarios y sus legisladores- en contra del Juez Daniel Rafecas- quien dictaminó que no hubo delito por parte de Cristina Kirchner en la firma del Memorándum con Irán, un caballito de batalla de Cambiemos para sacar de la cancha a la ex mandataria-, o más cerca en tiempo, de Juan Ramos Padilla, a cargo de la investigación sobre la asociación ilícita conformada por espías ilegales, periodistas y funcionarios judiciales, para favorecer los interese del gobierno, son otros de lo puntos por los que pide explicaciones el respetado jurista peruano, a cargo de la relatoría.

Mahiques, un apellido clave para el armado judicial del gobierno.

Hay más denuncias en el informe: la designación ilegal del Juez Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del año 2015; la manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino”; y las presiones a la Jueza María Romilda Servini por parte de Macri y sus aliados políticos y mediáticos.

Hace un mes atrás, cuando representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), arribaron a nuestro país para conmemorar los cuarenta años de la visita que realizó al país, en plena dictadura cívico-militar, un grupo de asociaciones y organizaciones les acercó una denuncia similar a que se hoy tiene impacto internacional a través de la ONU.

“Los abajo firmantes nos hemos presentado ante el citado organismo, a efectos de peticionar su intervención exponiendo la grave situación que afecta al Sistema Judicial en la Argentina y su consecuente violación a los derechos humanos”, expusieron en la carta los Abogados por la Justicia Social – (AJuS); los Abogados por la Justicia Social – La Plata, Berisso y Ensenada (AJuS LPBE); la Asociación Argentina de Juristas (AAJ); la Asociación Latinoamericana de jueces del Trabajo; la Asociación Justicia Legítima; el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho – CLACSO; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Tonelli ocupó una banca del Consejo de la Magistratura con una jugada ilegal. Así lo denunció siempre la oposición.

La Relatoría depende de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que encabeza la ex jefa del Estado chileno, Michlle Bachelet, la misma que hace un tiempo atrás, luego de haber estado en Venezuela, había compartido un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño, y que el sistema de propaganda aliada al gobierno de Macri –que incluye los tres portales de noticias más visitados del país- replicaron hasta el cansancio.

No sucede lo mismo con este informe. No es llamativo ni mucho menos sorpresivo, teniendo en cuenta que dichos medios de comunicación operan abierta y desvergonzadamente a favor de los intereses que representa el proyecto político y económico de la Alianza Cambiemos.

No es casual que hace solo unos días los dueños del Grupo Indalo, a cargo de C5N, entre otras señales informativas, hayan denunciado que el propio Macri los apretó para que denuncien a Cristina Kirchner. Hace un tiempo, el empresario de medios Daniel Vila, titular del grupo América, hizo declaraciones similares.