Por Víctor Sudamérica
Mientras se habla de Adorni
Hay períodos en que la política argentina se consume entera en una sola foto, un solo tweet, un solo escándalo. En las últimas semanas, el centro del debate público fue Manuel Adorni: sus dichos, sus gestos, su futuro en el gobierno. Los canales de noticias en loop, las redes en ebullición, los analistas divididos. El país, al parecer, no podía hablar de otra cosa.
Mientras tanto, en silencio administrativo, se firmaron resoluciones que entregarán el agua potable de 15 millones de personas a operadores privados, posiblemente a amigos del Estado de Israel. Se publicaron pliegos para concesionar por 25 años la hidrovía por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. Se adjudicaron represas, líneas de alta tensión y distribuidoras eléctricas a un grupo empresarial fundado hace catorce meses, sin experiencia sectorial, pero con muy buenos amigos en el poder.
Esto no es una casualidad. Es el método. El escándalo de turno —la foto comprometedora, el funcionario polémico, el tweet que indigna— sirve para mantener ocupada la atención pública mientras, en la trastienda, se firman los contratos que definirán la economía argentina por las próximas tres décadas. Raúl Scalabrini Ortiz lo hubiera reconocido de inmediato: la telaraña no opera a la luz del día. Opera exactamente en ese espacio que la indignación mediática deja sin cubrir.
“Todo lo que es de propiedad extranjera es un factor de perturbación en la economía nacional. Las empresas extranjeras son núcleos de poder que escapan al control del Estado y actúan según los designios de sus accionistas lejanos.”
— Raúl Scalabrini Ortiz
Lo que está ocurriendo en la Argentina de 2025-2026 no es una simple política de privatizaciones. Es una reorganización regresiva: un proceso sistémico por el cual el Estado abandona su función de garantizar el bienestar colectivo para transformarse en una agencia de remate de los bienes comunes. El agua, la electricidad, los ferrocarriles, las rutas, los puertos fluviales: todo el esqueleto material de la nación está siendo subastado bajo el argumento de que “no hay alternativa”.
La historia enseña que este discurso es la primera mentira de un proceso largo: primero se desfinancia lo público, luego se instala la narrativa de la inevitabilidad y finalmente aparece el sector privado —con sus amigos y sus conexiones— como el “salvador” providencial. Un proceso que se va consolidando, donde la entrega es el objetivo.
El mapa de la entrega: infraestructura y soberanía.
El ferrocarril y la hidrovía
El Belgrano Cargas y Logística S.A. está a punto de ser subastado. El Decreto 67/2025 autorizó su privatización bajo el modelo de desintegración vertical: remate del material rodante, concesión de las vías y concesión de los talleres. Entre los interesados figura un consorcio de las principales cerealeras globales —ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y COFCO—, las mismas empresas que fijan los precios de los granos argentinos en los mercados internacionales. Es exactamente el mecanismo que Scalabrini describió para los ferrocarriles ingleses: la entrega del transporte es la entrega del comercio exterior.
A esto se suma la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del volumen de exportaciones del país. El Gobierno la tiene en administración interina mientras avanza su relicitación por 25 años. Un cuarto de siglo durante el cual el Estado resignará el control sobre la principal arteria de la riqueza nacional. Nada de esto fue tapa de los diarios la semana en que todos hablaban de Adorni. Aquel error garrafal de retroceder en la avanzada nacionalizadora del gobierno de Alberto Fernández hoy muestra la peor cara de la entrega.
AySA, Aerolíneas y el Correo
El 28 de abril de 2026, la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía aprobó el contrato que abre el camino a la licitación internacional de AySA: al menos el 51% del paquete accionario pasará a manos privadas. El agua potable de más de 15 millones de personas —en Buenos Aires y 25 municipios del Conurbano— quedará en manos de quien ofrezca más en una licitación. La historia latinoamericana de privatización del agua, de Bolivia a Chile, es uniforme: tarifas al alza e inversiones a la baja en las zonas menos rentables.
Aerolíneas Argentinas, que registró en 2024 su primer resultado operativo positivo (EBIT de USD 56,6 millones), está siendo preparada para la venta precisamente cuando dejó de ser una carga para el Estado. El Correo redujo su planta de 16.000 a 12.000 trabajadores. En ambos casos se repite la misma lógica: se sanean los activos con sacrificio de los trabajadores y, una vez que el Estado recuperó la empresa, se la entrega. El fruto del esfuerzo colectivo va a parar a manos privadas. Eso también pasó mientras la agenda mediática miraba para otro lado.
El capitalismo de amigos: la nueva "oligarquía concesionaria"
“La oligarquía no gobierna; hace gobernar. Tiene para eso sus instrumentos: los partidos, la prensa, los funcionarios. Ella permanece en la sombra, usufructuando.”
— Raúl Scalabrini Ortiz
Juan y Patricio Neus, hermanos criados en el country Martindale de la zona norte del Gran Buenos Aires, fundaron en marzo de 2025 una empresa llamada Edison Energía. En catorce meses, ese vehículo societario se convirtió en uno de los grandes ganadores de las privatizaciones energéticas: adquirieron distribuidoras eléctricas en Jujuy y Tucumán, la transportista del Litoral, una generadora en Mendoza, las represas Alicurá y Cerros Colorados, y una cuarta parte de Transener —la mayor transportista eléctrica del país, con 12.500 kilómetros de líneas de alta tensión— por 356 millones de dólares y 30 años de concesión.
La explicación no está en la experiencia sectorial del grupo —que antes de 2025 no tenía trayectoria en el sector eléctrico— sino en algo más antiguo: la amistad. Los hermanos Neus y Santiago Caputo, asesor presidencial con peso real sobre decisiones estratégicas del gobierno, se conocen desde la infancia. Compartieron el country Martindale.
El mecanismo de articulación es la Fundación Faro: laboratorio ideológico que produce los argumentos sobre la “ineficiencia estatal”, pero también el espacio donde los aportes empresariales al poder se traducen en condiciones favorables en los pliegos de licitación.
Los resultados son verificables: en el caso de Transener, la propuesta de Edison Energía no figuraba inicialmente en el sistema oficial pero terminó siendo la ganadora; en Alicurá, el Gobierno extendió el plazo de presentación permitiendo que Edison ingresara y superara a la empresa que ya operaba el activo. Todo esto ocurrió en semanas en que la conversación pública estaba en otra parte. El patrón no es accidental: es un sistema que requiere, para funcionar, que la atención colectiva esté distraída. Mientras tanto, el futuro de los argentinos está en peligro.
La distracción como política de Estado
El panorama es desolador, pero no inédito. Los ferrocarriles ingleses del siglo XIX generaron décadas de dependencia estructural; las privatizaciones menemistas de los noventa produjeron la concentración más brutal de la historia argentina moderna y culminaron en el colapso de 2001. Ahora viene una tercera oleada, y sus arquitectos han aprendido de los errores anteriores: se mueven más rápido, con menos debate público y con una maquinaria mediática capaz de mantener a la sociedad permanentemente ocupada en el escándalo del momento.
La función de Adorni —o de quien ocupe ese lugar la semana que viene— no es solo comunicacional. Es estructural: proveer el ruido necesario para que los contratos se firmen en silencio. Las concesiones de 25 y 30 años exceden cualquier horizonte democrático razonable. Las generaciones que vengan después recibirán un país donde el agua, la electricidad, los trenes, las rutas y los ríos navegables tienen dueño privado. Un dueño que no responde ante el voto popular.
La soberanía no se recupera con indignación en redes. Se recupera prestando atención a lo que ocurre cuando todos miran para otro lado: las resoluciones de madrugada, los pliegos que se publican en viernes, las licitaciones que se extienden para que entre el amigo. Todo lo demás es decorado.
Será necesario superar la agenda moral —más allá del repudio que generen los casos de corrupción— e involucrarse en una propuesta de denuncia clara, capaz de ubicar a la nación y a la soberanía por encima de todo. Corrupción, a lo largo de nuestra historia, hubo siempre y se manifestó de manera más escandalosa en gobiernos títeres del imperialismo. Ahora es el momento de construir una alternativa reflexiva, analítica, valiente y, sobre todo, soberana.
“La solución de los problemas argentinos sólo puede ser argentina. Cualquier solución extranjera que se adopte importará siempre la subordinación de los intereses del país a los intereses del país extranjero cuya solución se adopte.”
— Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata (1940)