El 1 de marzo de 2021, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguraba un nuevo año de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Quizás uno de los ejes que miramos con mayor detenimiento y esperanzas, además del discurso confrontativo con el Poder Judicial, es el del endeudamiento externo y la necesidad de investigar a qué intereses sirve y de qué manera se le puede poner límites a una práctica desmedida, cíclica y recurrente, cada vez que desde desde el gobierno central se implementa un programa de desregulación económica y financiera.
Con el anuncio de una querella criminal por administración fraudulenta al gobierno de Macri, por el préstamo con el FMI, se lanzó un documento del Banco Nación, “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, que nos permite tener un claro panorama sobre el propósito que tuvo el préstamo acordado entre la Alianza Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional.
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Lejos de ser un experimento novedoso que implicaba un riesgo razonable, la inauguración de un nuevo ciclo de endeudamiento combinado con desregulación financiera sólo tenía un camino que recorrer y era similar al de la dictadura militar y el menemismo.
En ocasiones relacionar a la dictadura cívico militar exclusivamente con la represión y la clausura política, nos quita la posibilidad de recordar que la dictadura fue mucho más que eso: implicó el desembarco de un programa económico de desprestigio a una industria nacional supuestamente ineficiente, que tenía entre sus principales objetivos desregular la economía y en particular los mercados financieros.
La herencia de la dictadura además de los desaparecidxs, fue una deuda externa multiplicada por cinco (pasó de 8.300 millones de dólares a 43.600 millones, entre 1976 y 1982) (Luzzi y Wilkis, 2019, p. 124). Este componente de endeudamiento, lejos de deberse a la inversión en proyectos productivos que garantizaran liquidez futura, en parte se debe a la decisión que tomó Domingo Cavallo de estatizar la deuda externa de privados. Se trató de un período de concentración del mercado financiero –quedaban en pie quienes habían surfeado los riesgos que aparejaba ofrecer productos financieros tan rentables- y empresarial, que explica mucho más que otras decisiones de política económica posteriores, el país en el que hoy vivimos.
Otro período ejemplar en este sentido fue el período en que regía la convertibilidad, durante los gobierno de Menem. Para sostener la paridad cambiaria era necesario lograr superávits comerciales e ingresos de capitales externos. Las importaciones duplicaron las exportaciones del período, por lo tanto, superávit comercial no tuvimos; y los ingresos de capitales devinieron en fuga y acumulación de activos financieros externos de residentes locales.
Otra vez, se recurrió al endeudamiento externo para sostener un modelo a todas luces inviable (no es raro, Cavallo se había reconvertido a ministro de economía). Al final de este período, con intervencionismo estatal tardío y recomendaciones de ajuste en forma de shock por parte del FMI, Argentina entró en default y la cifra adeudada alcanzaba los 73.000 millones de dólares (Kulfas, 2019). Nuevamente con un mercado financiero y empresarial más concentrado que al inicio del mandato.
A tragar sin culpa, de nuevo
Como señala el documento del Banco Nación, existe en nuestro país una dinámica pendular que conlleva en sus extremos dos fases: una primera fase, de ingreso de capitales y expansión económica; y una segunda fase de retracción y aumento en la vulnerabilidad externa, que desencadena crisis o desequilibrios en la balanza de pagos. En este sentido, la apertura financiera combinada con una política monetaria de rendimientos financieros atractivos, favorece el ingreso de divisas necesarias para la economía. Cuando a este esquema le sumamos endeudamiento externo, lo que nos queda por esperar es que aumente la prima de riesgo y que se acrecienten cada vez más las necesidades de financiamiento: porque, desde ya, crecieron los intereses de la deuda; se incrementó la demanda de divisas por vía de importaciones y para atesoramiento; y porque las divisas que entraron por la ventana de la apreciación financiera, se van por la ventana de la fuga.
El ciclo de apertura y expansión económica se rompe cuando un cambio en el escenario financiero internacional propicia la salida de capitales que ingresaron con fines no productivos y conlleva problemas de falta de liquidez y caída de reservas internacionales. En este sentido, lo que el modelo nos dejó es endeudamiento, escasez de divisas y mercados de financiamiento cerrados. Los únicos ganadores posibles son los grandes jugadores del mercado financiero que aprovecharon una política monetaria ortodoxa, que ofreció altas tasas de interés con el supuesto objetivo de bajar la inflación y con la notable consecuencia de afectar la producción.
A diferencia de períodos en que el endeudamiento externo se presentaba como una política general para América Latina, en este caso Argentina se constituyó como una excepción: ni el Ecuador de Lenin Moreno llegó a la prima de riesgo que nos dejó el macrismo.
La flexibilización financiera comenzó tempranamente, en 2015, cuando se levantó el llamado “cepo”, permitiendo la compra de hasta 2 millones de dólares mensuales -monto que luego se agrandaría hasta 5 millones y volvería a un cupo mínimo de USD 200 hacia final del mandato. Esta decisión se acompañó con la reducción de plazos de estadía mínima de capitales transfronterizos, la posibilidad de invertir en Lebacs, la eliminación completa hacia 2017 de las regulaciones sobre la cuenta capital del balance de pagos, la eliminación de obligaciones de ingreso y liquidación de divisas en el mercado cambiario local para exportadores, entre otras.
Una vez destrabado el acceso al financiamiento, post acuerdo con los Fondos Buitre y habiendo recibido un país desendeudado con el extranjero, se desplegó una política de endeudamiento en dos etapas: la primera consistió en la colocación de bonos de deuda que, cuando hicieron notable su insostenibilidad, abrieron paso a la segunda etapa, que implicó la asistencia al FMI.
Lejos de deberse a una “lluvia de inversiones”, según el documento, “el 81% de las divisas que ingresaron al mercado de cambios provinieron de colocaciones de deuda del Sector público nacional, provincias y empresas, y de la entrada de capitales especulativos”. La entrada de divisas se utilizó para financiar la formación de activos externos –asociada a la fuga de capitales-, el déficit de la balanza de servicios y el pago de intereses de la deuda.
Entre mayo de 2018 y octubre de 2019, llegaron a desembolsarse 44,5 mil millones de dólares del trato con el FMI. En ese mismo período, la fuga de capitales del sector privado alcanzó los 45,1 mil millones de dólares, la salida de capitales especulativos llegó a 11,5 mil millones de dólares y los servicios de deuda pública y privada llegaron a los 36,9 mil millones de dólares.
Sobre el final, el documento repasa la concentración de los operadores del mercado. Lejos de tratarse de un movimiento de compra y fuga de capitales por parte de la población en general, “se observa que tan sólo el 10% de quienes tuvieron una formación de activos externos neta positiva, concentró aproximadamente el 63,8% de las compras netas realizadas por individuos […] En el caso de personas jurídicas […] el 10% de los mayores compradores demandó USD 51.742 millones en concepto de FAE (el 92,9% de los montos adquiridos por empresas)”.
Consideración final
Para cerrar, porque el repaso se hizo largo de tanta literatura que hubo que consultar para estar bien asesorada, este documento debe ser el argumento que cada uno de nosotres tenga para reclamar NUNCA MÁS DEUDA INSOSTENIBLE, y para exigir que en este tema no hay que volver a retroceder, ni cerrar ningún consenso con los grandes ganadores de siempre. El pueblo argentino está endeudado y tenemos por delante un camino por demás sinuoso. Que no se vuelvan a llevar nuestro futuro. Seamos inflexibles.