Por Marcos Percudani
A solo cinco días hábiles de dejar el gobierno, la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete instruyó a los responsables de las áreas de prensa y comunicación de las carteras nacionales a que archiven los contenidos publicados en las plataformas Twitter, Facebook, Instagram y Youtube durante el período 2015-2019.
La nota, firmada por el secretario Jorge Grecco y dirigida a todos los ministros, insta a entregar el control de los perfiles de redes sociales de cada área al Archivo General de la Nación, con el objetivo de convertirlas en perfiles de archivo y rebautizarlas con el nombre que tienen en la actualidad, más el sufijo 2015-2019. Así, por ejemplo, la cuenta de Twitter de la cartera del Interior y Transporte, que hoy es @MinInteriorAR, pasaría a llamarse @MinInteriorAR2015-2019.
Si se sigue al pie de la letra esta instrucción, la nueva administración se encontrará con los perfiles institucionales de las redes sociales en blanco, sin ninguna publicación. Y si un ciudadano quisiera encontrar el contenido anterior, debería acceder a las cuentas que crearía el Archivo General de la Nación.
La orden de Casa Rosada no realiza ninguna aclaración sobre los contenidos generados antes de la gestión de gobierno de Macri. En la mayoría de los casos, se trata de cuentas que se activaron entre 2009 y 2012, y que incluyen muchísima información publicada durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Twitter en particular, la orden emanada por el Poder Ejecutivo sugiere como opción más conveniente que la nueva administración comience su gestión institucional de las cuentas desde cero, perdiendo así los cientos de miles de seguidores de cada cuenta, que en gran parte fueron cosechados antes de 2015.
Los perfiles institucionales de las redes sociales de los ministerios y organismos del Estado nacional son patrimonio del pueblo argentino. La intención de la saliente gestión de Macri de apropiarse de las cuentas, y sus contenidos, confirma lo que la mayor parte de la ciudadanía sabe: no tienen ningún apego a la legalidad ni al servicio por lo público.
A solo cinco días hábiles de dejar el gobierno, la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete instruyó a los responsables de las áreas de prensa y comunicación de las carteras nacionales a que archiven los contenidos publicados en las plataformas Twitter, Facebook, Instagram y Youtube durante el período 2015-2019.
La nota, firmada por el secretario Jorge Grecco y dirigida a todos los ministros, insta a entregar el control de los perfiles de redes sociales de cada área al Archivo General de la Nación, con el objetivo de convertirlas en perfiles de archivo y rebautizarlas con el nombre que tienen en la actualidad, más el sufijo 2015-2019. Así, por ejemplo, la cuenta de Twitter de la cartera del Interior y Transporte, que hoy es @MinInteriorAR, pasaría a llamarse @MinInteriorAR2015-2019.
Si se sigue al pie de la letra esta instrucción, la nueva administración se encontrará con los perfiles institucionales de las redes sociales en blanco, sin ninguna publicación. Y si un ciudadano quisiera encontrar el contenido anterior, debería acceder a las cuentas que crearía el Archivo General de la Nación.
La orden de Casa Rosada no realiza ninguna aclaración sobre los contenidos generados antes de la gestión de gobierno de Macri. En la mayoría de los casos, se trata de cuentas que se activaron entre 2009 y 2012, y que incluyen muchísima información publicada durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Twitter en particular, la orden emanada por el Poder Ejecutivo sugiere como opción más conveniente que la nueva administración comience su gestión institucional de las cuentas desde cero, perdiendo así los cientos de miles de seguidores de cada cuenta, que en gran parte fueron cosechados antes de 2015.
Los perfiles institucionales de las redes sociales de los ministerios y organismos del Estado nacional son patrimonio del pueblo argentino. La intención de la saliente gestión de Macri de apropiarse de las cuentas, y sus contenidos, confirma lo que la mayor parte de la ciudadanía sabe: no tienen ningún apego a la legalidad ni al servicio por lo público.