Hace más de un año y medio que la Argentina está gobernada por una fuerza política que entiende al Estado como una entidad a la que hay que destruir, porque no permite el libre juego del mercado, porque iguala realidades que son naturales y en las que no hay que meterse, y que implementó un programa neoliberal que ya fracasó tres veces, y en consecuencia viene horadando el bolsillo de las grandes mayorías.
Aparte, entre todos los enemigos que ven por todos lados, figuran las organizaciones libres del pueblo un enemigo. Y más puntualmente, las cooperativas, entidades de la economía social que durante los gobiernos populares fungieron como espacios socioeconómicos vitales para hacerle frente no solo al desempleo, sino también al desánimo.
En una nota que Kranear publicó hace unos días, se mencionó que la Mutual de Trabajadorxs de Industrias Tecnológicas (MIT), hizo circular un informe con evidencia y análisis sobre la realidad del sector cooperativo, titulado “Políticas de desarticulación de la solidaridad – Informe sobre la persecución al cooperativismo y mutualismo en la Argentina de Milei”.
“Este informe nace en un momento crítico para el cooperativismo y el mutualismo en Argentina”, explican en la introducción, y detallan que “entre 2024 y 2025 se redefinió el marco regulatorio con una batería de resoluciones que reorganizaron —por la vía de intimaciones, sumarios, suspensiones y retiros — la relación entre el Estado y las entidades”, y que en paralelo, a través del poderoso aparato comunicacional del gobierno, en alianza con el sistema de las grandes empresas periodísticas, “el debate público se cargó de sentidos comunes estigmatizantes que, con frecuencia, toman casos excepcionales como regla para perseguir al cooperativismo y al mutualismo”.
Para graficar la política de desarticulación de las redes de solidaridad que se propuso el gobierno de los hermanos Milei y compañía, se pueden ver las cifras de la creación de entidades de la economía social a lo largo de los años. Son clarísimos los puntos de inflexión.
El giro neoliberal de los años 90 produjo un freno en el crecimiento del sector y aparte se instaló un discurso estigmatizante contra las cooperativas, a las que se ligaba con la ineficiencia y la dependencia estatal (este fenómeno discursivo lo volvió a instalar el macrismo, y luego los libertarios). Sin embargo, a partir del año 2002/2003, se produjo un nuevo ciclo de crecimiento, sobre todo en cooperativas de trabajo, vivienda, reciclado y cultura, que se convirtieron en herramientas de formalización y de generación de empleo, en un contexto atravesado por el desempleo y la precarización laboral. Esta nueva expansión se produjo de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, quien encabezó una refundación nacional, con altos niveles de crecimiento e inclusión social y políticas de Memoria, Verdad y Justicia que le pusieron un fin a dos décadas de impunidad. Durante los dos gobiernos de Cristina, el sector cooperativo siguió creciendo y fortaleciéndose (se inscribieron más de 3.200 cooperativas por año).
En 2016, cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, la inscripción de cooperativas cayó de modo abrupto, a un piso de 565, lo que significa un desplome de 82% en relación a los años kirchneristas. A lo largo del gobierno de la Alianza Cambiemos, el bajo nivel de inscripciones se mantuvo en un promedio anual de 930 cooperativas.
Las cooperativas de trabajo, una forma de economía social e inclusiva.
El segundo punto de quiebre llega en 2024, primer año de gobierno de Milei. Allí, la creación de cooperativas cayó a 1.094 (contra 4.346 creadas en 2023), lo que implica una retracción del 58,7% respecto del promedio de 2.650 anuales creadas durante el gobierno del Frente de Todos, entre 2019 y 2023.
Las cifras son elocuentes: las cooperativas se expanden como forma organizativa durante los gobiernos populares, y se contraen cuando en Casa Rosada gobierna una expresión de corte neoliberal.
Persecución legal
Una de las razones por las que el sector cooperativo se retrae y achica durante los gobiernos antipopulares, es la persecución que realizan, con instrumentos del Estado, hacia estas formas organizativas y comunitarias.
Tal como se evidencia en el informe del MIT, Milei transformó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia (INAES) en un organismo orientado casi exclusivamente a la sanción y la deslegitimación del sector, en lugar de promoverlo y fortalecerlo en beneficio de los distintos sectores de la economía y el bien común.
Desde que los libertarios asumieron la gestión del país, firmaron una larga serie de resoluciones que en conjunto 'funcionó como un dispositivo de disciplinamiento que afectó al 90% de la entidades alcanzadas, consolidando así un punitivismo sin precedentes'. La subejecución presupuestaria, la imposición de obstáculos administrativos inéditos, la prohibición de actividades específicas y el desmantelamiento territorial y operativo terminaron de configurar un escenario de asfixia institucional”, detalla el informe.
Y advierten que “se trata de una ofensiva que combina recursos legales, financieros y discursivos para instalar la idea de irregularidad estructural y debilitar a un actor clave de la economía social y solidaria. El contraste entre el discurso de la ‘libertad’ y las practicas de control y restricción es flagrante: mientras se invoca la libre concurrencia, se refuerzan las trabas que impiden la organización a pequeña escala. Esta estrategia no solo erosiona el derecho a la autogestión, sino que además pone en riesgo miles de experiencias de trabajo colectivo, debilitando un modelo histórico de democratización económica y social en la Argentina”.
Otra línea de ataque contra las cooperativas consiste en restringir la creación de entidades en determinados sectores de trabajo. Tal lo hizo en su momento el menemismo, que inhabilitó cooperativas de limpieza, seguridad y correo. Durante la gestión de Alberto Fernández, la prohibición fue revertida, y ahora Milei reinstauró la normativa menemista. No es casual que le hayan dedicado un busto en Casa Rosada ni que expresen públicamente la admiración por el riojano que traicionó las banderas históricas del peronismo.
Nada es casual, y mucho menos si se trata de intereses económicos.
Martín Menem es una de las figuras más importantes del gobierno, ya que preside la Cámara de Diputados de la Nación. Aparte, es un empresario del rubro de la seguridad privada, y la restricción que el gobierno impone para crear cooperativas de ese mismo rubro, impacta directamente a su favor, por torcer abiertamente en contra de cualquier competencia.