El 19 de enero pasado, una carta abierta ganó las portadas de los tres sitios de noticias más visitados del país: 500 empresarios manifestaban su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional de iniciarle un juicio político a la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones.

Se trata de viejos operadores, grandes jugadores de la arena política y mediática de nuestro país desde hace varias décadas, los dueños de la Argentina que para colmo hoy tienen la sartén por el mango, con Cristina proscripta, el Frente de Todos roto, un descontento generalizado en la calle, y aún así salen a esmerilar la decisión oficial de avanzar con el mecanismo constitucional del juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Congreso, que arrancó hace unos días en su respectiva comisión.

La razón: quieren que el máximo órgano del Poder Judicial siga siendo parcial, dependiente del poder económico, y corrupto, no solo para sostener sus privilegios, sino para profundizarlos.

El canto de sirenas que emana desde las usinas informativas de los medios hegemónicos, a pesar del debate público sobre su rol e intereses que instrumentó el kirchnerismo a pura disputa y enfrentamiento, durante sus dos últimos gobiernos, sigue sumando oyentes, adeptos y hasta mascotas, aún cuando parte de esa misma audiencia vea afectados sus propios intereses, como se señaló Cristina más de una vez.

Rarezas o particularidades de la época.

Lo que no resulta raro, ni novedoso, es que estemos ante una nueva mentira u operación política de parte del poder real.

Un grupo de abogados y abogadas se tomó el trabajo de revisar el listado de los supuestos 500 empresarios, desgranarlo, mirarlo con lupa, hacer algunas averiguaciones y, efectivamente, se trata de un rejunte en la que figuran los nombres de peso del empresariado local, como Ratazzi (Fiat), Peña Brown (La Anónima), Alejandro Elsztain (IRSA), Javier Goñi (Ledesma), Aranda (Clarín) y Saguier (La Nación), pero también mucho agregado de amigo, conocido, un listado inflado, engañoso, con referencias a distintas actividades, no solo empresarial, aunque todos, eso si, sin excepción, poseen una característica común: el sentimiento antiperonista.

Otra certeza: la mayor parte de las empresas mencionadas en el listado, fueron beneficiadas en los últimos años con fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Veamos.

Mas  de la mitad del listado son hombres y mujeres del ámbito del Derecho, dueños, socios e integrantes de directorios de los estudios de abogados más caros de la Argentina: Estudio Beccar Varela; Estudio Lanusse & Abogados; Marval O Farrel; Nicholson y Cano Abogados; Alemanno y Mazzaferri Abogados; la Corporación de Abogados Católicos; Cassagne Abogados; Estudio Aragone; Argento Argento Floria Zorraindo & Asociados Abogados; Estudio Bunge, Puig, Smith; Carena y Asociados; Ré & Carlevari Abogados; Estudio Carrega; Estudio Carrio Reussi; Estudio Jurídico Guillermo Fernando Combal; Davinovic Abogados; Pozo Gowland Abogados; Fontan Balestra y Asociados, y Márquez Smith Abogados.

En la carta, los “empresarios” apelan a los remanidos y pobrísimos latiguillos del macrismo: quieren reglas claras para la inversión, que traerá trabajo, en especial para quienes hoy sufren la pobreza. Aparte, llaman a respetar la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial, como si hordas del kirchnerismo hoy estuviesen incendiando los tribunales porteños, o los federales, en Retiro, cuna del Partido Judicial.

En el listado también hay algunos personajes con responsabilidades institucionales, pero ninguna actividad económica, como Mercedes Adrogué, integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Martín Alchouron, parte del staff de abogados de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires; personajes que podrían poner una mesita de campaña en Florida y Corrientes: Guillermo Lipera, ex integrante del consejo directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Roca Carlos Ataliva, escribano, abogado y ex alumno del Cardenal Newman; Nora Caamaño, una empleada administrativa La Caja de Ahorro y Seguro; Nora Steindl, otra de las firmantes, es psicóloga, y Sergio Birnbaun, médico.

También figuran algunos personajes del ámbito académico, como Manuel José García Mansilla, decano de la Universidad Austral; el profesor de facultad de Derecho de la UBA, Francisco Castex; o el consejero electo para el Claustro Docente, para la misma casa de estudios de la avenida Figueroa Alcorta, para el periodo 2018-2022, Alejandro Argento; el profesor Emérito de Derecho Constitucional de la Católica de Córdoba, Horacio Gentile, también puso el gancho.                    

Otros dos que no se quisieron perder la oportunidad de contarle al mundo que ellos apoyan a los cuatro cortesanos, son judiciales de pura cepa: el secretario letrado de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, Pablo Hirschmann, y el ex juez integrante de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero.

Aparecen unos cuantos firmantes con antecedentes curiosos: Alfredo Román, empresario exitoso del rubro del transporte, pero que figura entre los grandes evasores del Banco Nación durante el gobierno de Macri; María Paula Arana Tagle, familiar del actor Facundo Arana, un rabioso antiperonista; o Ignacio Bustingorri, dueño o socio de un estudio de arquitectura y hombre de confianza de Cristian Ritondo; en el listado figura un tal José María Gastaldi, cuya actividad es abogado, como su colega Alejandro Pérez Chada, quien defendió o defiende al propio  Macri; o allegados al macrismo como Alejandro Sicardi de Estrada, ex responsable de la Obra Social de la ex Policía Metropolitana, cuyo comisario general era el Fino Palacios.

Columnistas de La Nación, hay cinco: Marcos Buscaglia; Hernán Maurette; Cristina Miguens; Jorge Ossona y Fernández Moores; y también hay presencia de políticos: una diputada provincial de Mendoza, Josefina Canale, y algunos funcionarios de gobiernos neoliberales, como Alberto Cohan, ex ministro de Salud y Acción Social del gobierno de Menem, y Juan José Llach, ex ministro del gobierno De la Rúa, y Mariana        Rodríguez Giavarini, actual funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano de la CABA.

Conclusión: el antiperonismo tiene mucho poder, pero aún así, deben acudir a la mentira, el engaño y los falsos discursos republicanos, para ganar consenso en la opinión pública,  enchastrar esa carta en la cara del peronismo, en cualquier circunstancia, pero más aún, si tiene a su cargo el poder público.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está tramitando sesenta denuncias contra los cortesanos, sintetizados en 14 denuncias, entre las que se destacan cuatro asuntos centrales: el fallo del 2x1 que favoreció a los genocidas de la última dictadura cívico militar; el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación; la relación promiscua entre el supremo Rozenkrantz y algunos de sus ex clientes (habrá que ver si están en esta lista); el fallo por la disputa d la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires; y el aparente favoritismo que tiene ese mismo distrito, luego de que se hiciesen públicos los chats entre el ministro de Seguridad de CABA, D’Alessandro, y el hombre de confianza del presidente de la Corte, Robles; sobre esta misma corte recaen denuncias por mal desempeño, al callar y desistir de cualquier intervención, ante la persecución judicial contra Cristina y otros dirigente del campo nacional y popular, en especial, durante el gobierno de Cambiemos.

En las últimas horas, el Frente de Todos logró la admsibilidad de las denuncias, y ahora se abre la instancia de la presentación de las pruebas. Veremos cómo sigue el proceso. Por lo pronto, hay que estar atentos, porque el poder real en cualquier momento, intenta hacer pasar un gato por liebre.