Alba Rueda es una mujer trans y militante histórica por los derechos de las personas trans y travestis, que el 10 de diciembre pasado se convirtió en la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, del también flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros, y Diversidad.

Kranear la entrevistó para que nos diera su mirada sobre el decreto 721/2020 que el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el viernes 4 de septiembre, y que  establece el cupo del 1 por ciento para la población trans, travesti y transgénero en el sector público nacional. Se trata de un logro histórico en la lucha por los derechos de las personas travestis y trans, y cuyo desafío próximo es que se convierta en ley, como sucedió con las otras dos conquistas sociales impulsadas por las organizaciones de diversidad sexual e institucionalizadas durante las gestiones de gobierno de Cristina Kirchner: la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

Alba estuvo muy demandada todo el fin de semana para que diese su opinión sobre la decisión del gobierno nacional de ampliar los derechos de una población históricamente asediada, excluida, perseguida. Le dio notas a varios medios de alcance nacional, y también a medios autogestivos que hacen comunicación popular, como Kranear, porque ella misma viene del llano, y también milita un medio de comunicación, Noti Trans, el primer magazine trans del país.

Aparte, es presidenta de Mujeres Trans Argentina, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, e integrante del equipo de trabajo del Observatorio de Género en la Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es la genealogía de este logro histórico?

La genealogía está basada principalmente en la lucha de los movimientos, en la lucha travesti y trans de nuestro país, y está muy vinculada a un trabajo militante que viene desde hace muchos años focalizado en identificar que las personas travestis y trans vivimos situaciones de violencia estructural en virtud de lo que es nuestra identidad de género.

Teniendo en cuenta la perspectiva de género y diversidad, podemos ver que realmente las personas travestis y trans estamos viviendo y vivimos desde hace muchos años en Argentina una violencia estructural que se traduce en una cadena de exclusiones cuyo último eslabón es la muerte temprana. Muchas de esas muertes tempranas están vinculadas a travesticidios y otras a un transfemicidio o travesticidio social, es decir que se relacionan con la exclusión de las instituciones, que termina en una muerte temprana.

Cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género el 9 de mayo de 2012, surgió una iniciativa que impulsaron las organizaciones de la Provincia de Buenos Aires, junto a Diana Sacayán, Conurbanes por la Diversidad, y muchos otros espacios que planteaban que la identidad de género era un logro fundamental pero que había que resguardar el acceso al empleo para las personas trans, porque esa es básicamente la respuesta principal que tenemos frente a la desigualdad estructural que nos atraviesa. Ese planteo fue una larga militancia por parte de les compañeres durante varios años, y finalmente en 2015 se alcanzó la primera ley en Argentina de cupo trans, la Ley Diana Sacayán en la Provincia de Buenos Aires.

A partir de 2015, vinieron años muy duros, y sin embargo la organización militante, junto con ese logro tan importante e histórico, permitió avanzar con las agendas de demandas en todo el país, al punto de que llegamos a tener cuatro provincias con Ley de Cupo, y además un montón de resoluciones provinciales y municipales que dan cuenta de esa importancia.

Claramente la genealogía es en una lucha histórica, una lucha en contra de la violencia del Estado, y entendiendo que esa respuesta que buscábamos las organizaciones, las activistas, estaba vinculada a una respuesta que nos permitiera cambiar de manera estructural nuestras condiciones de vida. El empleo es un núcleo de esa estructura porque permite garantizar el acceso a un salario, a las vacaciones, pero sobre todo a los aportes jubilatorios y a una obra social, aspectos fundamentales para el desarrollo, la sostenibilidad, y la proyección de nuestras vidas. Sostenibilidad nuestra, propia, en términos económicos, y de nuestras familias.

El decreto aplica a toda la Administración Pública Nacional, que según el artículo 8 de la Ley 24.156 incluye a la administración central y los organismos descentralizados, la Jefatura de Gabinete, los distintos ministerios y a todas las empresas y sociedades del Estado, así como a los entes públicos que dependen del Estado nacional.

La norma contempla que se haya realizado o no la rectificación registral, y quienes no hayan podido terminar sus estudios van a poder hacerlo mientras desarrollan su actividad laboral. Además, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la reglamentación del decreto, llevará un registro de los puestos de trabajo vacantes, las ofertas disponibles y la cantidad de cargos cubiertos en el marco de la normativa. Se abrirá también un "Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero" aspirantes a los puestos de trabajo, que será voluntario y no será requisito para el ingreso a ningún empleo.

¿Qué sentimientos te atraviesan al ver que hoy sos una parte directamente involucrada en la materialización de esta demanda? 

Es un sentimiento de una alegría militante inmensa, me conectó con mi historia de desempleo durante tantos años. Para mi generación trans realmente el trabajo era un imposible, nuestro destino era la expulsión a una esquina. Entonces soy muy consciente de lo que significa para mi generación la posibilidad de un empleo.

Ver y vivir que hoy asumimos el enorme desafío de ser nosotras, quienes desde las perspectivas de género y diversidad y disidencias, estemos llevando adelante una agenda política de acuerdos, una plataforma feminista y transfeminista, es fundamental. Mi sentimiento es de mucha alegría, pero también de una enorme responsabilidad para la tarea que se viene. Y los sentimientos de memoria, de recordar a todas las compañeras que crearon esta tierra fértil para nuestras democracias trans.

¿Cuáles son los desafíos que quedan por delante?

La agenda que tenemos por delante es enorme. Tiene que ver con infancias, y adolescencias trans, con la protección frente a las violencias, pero también con el derecho al libre desarrollo personal, con las personas adultas mayores, con las políticas de memoria y con aspectos culturales muy significativos. Hay una línea vinculada al resguardo de derechos, pero también otra fundamental vinculada a un cambio cultural. Es una agenda que vamos a ir reflejando en anuncios en la medida que se vayan materializando.

La esperanza de vida de las personas travestis y trans promedia los 35 años. El dato se encarna en historias y relatos marcados por la violencia y la exclusión, desde hace muchos años. Se trata de una realidad que debería funcionar como una alarma que suene todos los días, a cada hora; una realidad inaceptable en un contexto de democracia.

El cupo travesti trans es la punta de un ovillo de un camino de reparación –junto a la ley de Identidad de Género-, para empezar a construir vidas dignas de ser vividas, vidas deseadas, como plantea Alba.