Hay que saber que la Argentina se posiciona como un país abolicionista cuando suscribe, en 1949, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Asimismo, desde 1937, con la sanción de la Ley 12.331 de Profilaxis Antivenérea, en la Argentina están prohibidos los prostíbulos y todos los eufemismos que se utilicen para denominarlos, como “whiskería”, “casa de tolerancia”, “sitio de alterne”, “bar de copas”, “club nocturno”, “spa”, u otros, así como su administración, sostenimiento y regenteo. Por el contrario, la prostitución no es considerada como un delito, de la misma forma que las mujeres en situación de prostitución no deben ser criminalizadas.
En nuestro país han tomado fuerza posiciones como la de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR), en contraposición de las voces de Sonia Sánchez o Alika Kinan, mujeres que estuvieron en situación de prostitución y que hoy se reconocen como fervientes defensoras de la postura abolicionista.
Con el objeto de difundir y enriquecer el debate, desde KRANEAR ofrecemos dos textos con fundamentos de ambas posiciones, por intermedio de dos columnistas que representan una y otra perspectiva.
Gustavo Cimadoro
“Ese forro que te da el sindicato es el forro que te hace quitar el prostituyente por uno pesos más, porque él es el que sabe la verdad: sos una mujer hambreada, explotada y que, por lo tanto, no puedes decir no. Ese es el verdadero poder del prostituyente y no se lo otorga sólo el billete que tiene, sino todo y todos los que sostienen a una mujer en ese lugar”. “Ninguna mujer nace para puta.” Sonia Sánchez y María Galindo.
¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta hoy el abolicionismo en relación a la discusión con el reglamentarismo? El abolicionismo es una postura contracultural. Requiere de una lectura crítica, y de un esfuerzo que permita esquivar el posmodernismo reinante y sortear esos sentidos establecidos que históricamente nos enquistaron en pos de moldear un imaginario social profundamente liberal, patriarcal, y capitalista. Además, el abolicionismo tiene un doble desafío: por un lado desmarcarse de la acusación de ser “moralista”; y por el otro, de desanudar la confusión (probablemente inducida) que existe entre la legalización, prohibicionismo, y reglamentación de la prostitución: hoy en la Argentina la prostitución es legal. Cualquier mujer en nuestro país puede inscribirse en la AFIP como trabajadora autónoma, rentar un departamento privado y realizar allí cualquier actividad.
El abolicionismo no condena esto, porque no se trata de una cuestión atravesada por la moral, ni tampoco de criminalizar a las mujeres en situación de prostitución. El abolicionismo no va por la prohibición, lo que condena es el privilegio masculino que ello involucra y el marco que lo engloba: el sistema patriarcal. ¿Por qué reglamentar una institución que históricamente sirvió de privilegio para los varones? Se supone que una institución debería cumplir una función social, ¿qué función social cumple hoy la prostitución?
El abolicionismo se para desde una perspectiva de derechos: nadie puede consentir su propia explotación. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos es categórico en este sentido: los derechos humanos son inalienables e irrenunciables. El ser humano es considerado como un fin en si mismo, y no como un medio para satisfacer el placer sexual de otro en una relación asimétrica de poder, siendo en este caso ese otro abrumadoramente masculino.
Otro punto que se vuelve urgente problematizar. ¿Es solamente un dato que la inmensa mayoría de quienes consumen prostitución sean varones? Incluso si atendemos el bajísimo porcentaje de prostitución masculina, los llamados "clientes", son mayoritariamente varones también. ¿Por qué no hay trabajadores sexuales pidiendo por sus derechos? ¿Será porque los varones no cotizan tanto en el mercado como las mujeres?
Por otra parte, el discurso que sostiene AMMAR tiene una retórica que seduce e interpela especialmente a las generaciones más jóvenes que crecieron al calor de las políticas neoliberales de los ´90. La libertad individual como panacea exquisita, la sexualidad “contrahegemónica”, la agencia, la aceptación resignada del mundo capitalista que nos rodea, en donde el Dios mercado pone y fija precios nada más y nada menos que de los cuerpos, aunque se intente encubrir esto bajo la falacia de que la fuerza de trabajo de las “trabajadoras sexuales” son solamente sus genitales. ¿O no es una falacia negar que en una relación sexual es el cuerpo en su integralidad, y la psiquis, lo que se pone en juego?Asimismo, y desde una lectura marxista, ¿cuál sería el plusvalor que produciría este trabajo? ¿El placer masculino?
El reglamentarismo nos habla, desde una supuesta cruzada por la liberación, del “empoderamiento” que las mujeres tendrían al ejercer agencialibremente. Quizás, la primera discusión radique en problematizar el concepto de “libertad”. Y ahí es necesario comprender el clasismo que se esconde detrás de esto.
Reglamentar la prostitución implicaría sentenciar a las chicas pobres de los barrios, que quizás son primera, segunda o tercera generación de mujeres en su familia, que desde los márgenes de una sociedad que las excluye, fueron empujadas a que sus cuerpos sean explotados para pagar la olla y llegar a fin de mes. Mujeres que terminan enquistadas ahí y que naturalizan una realidad cargada de violencia, simbólica y física. ¿Esas mujeres eligen libremente estar en ese lugar? ¿No lo eligen siendo menores pero al cumplir la mayoría de edad sí lo hacen?
Un modelo social que garantiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente, no es compatible con un proyecto de sociedad igualitaria. Sólo una mirada liberal puede creer que alguien vulnerado en sus derechos autodetermina libremente sus acciones.
Coincidimos reglamentaristas y abolicionistas en un punto: el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas de inclusión que promuevan la igualdad para aquellas mujeres que no eligen la prostitución como forma de vida y que tampoco cuentan con un capital social y simbólico lo suficientemente amplio como para construir nuevas alternativas. Ahora bien, ¿qué Estado se va a esforzar por generar oportunidades de trabajo si ellas efectivamente estuvieran empleadas en términos formales? Por otra parte, la reglamentación implicaría aceptar que existan cuerpos de primera y cuerpos de segunda. ¿O va a ser lo mismo en el juego de la oferta y la demanda una mujer blanca de clase media que se ajuste a los estereotipos de belleza occidentales, a una morocha de clase baja?¿Hay cuerpos de primera y de segunda? ¿Estamos dispuestos como sociedad a legitimar eso?
Cuestionamos un sistema que subordina a las mujeres, colocando a los varones en posiciones de poder, cuestionamos un sistema que condena y sentencia a las principales víctimas de la prostitución, que son las mujeres pobres. Demos herramientas, demos recursos, y si optan por eso, es su decisión.
También sería interesante dejar de poner el foco permanente sobre las mujeres, si quieren o no, si eligen o no, y preguntarse por qué un varón se siente habilitado a pagar por acceder al cuerpo de una mujer como si eso conmutara la violencia que se esconde ahí.
Un tema aparte, pero no por eso menos fundamental, es la mención de las consecuencias dramáticas que tuvieron los países que optaron por la vía reglamentarista y que se traducen en estadística dura: aumento de la trata, del tráfico de personas y la prostitución infantil;creciente sintomatología que se percibe en las mujeres prostituidas (mujeres que después de 20 “pases” en un mismo día se tajean los brazos para poder volver a sentir algo de su cuerpo); sometimiento de las mujeres a controles sanitarios; segregación de mujeres en “zonas rojas”. La reglamentación no implicó en ningún caso que las condiciones de existencia se hayan modificado. Y la cosa se pone peor cuando nos referimos a mujeres trans y mujeres migrantes. Asimismo, se produjo un enriquecimiento exponencial de proxenetas devenidos en empresarios, lo cual da cuenta del lobby internacional que los beneficia y que trasciende la discusión local. El reglamentarismo cuenta con una enorme financiación proveniente de esos mismos sectores.
La propuesta abolicionista se relaciona precisamente con abolir un sistema estructuralmente injusto y desigual, que solidifica estereotipos que dañan profundamente nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿O no existe un puente entre la escalada de femicidios a la que asistimos y esta situación?¿Cómo obviar ese vínculo entre la promoción y venta de cuerpos de mujeres cual catálogo de supermercado, y los homicidios agravados por el género? Si entendemos que los femicidios son también la expresión de un Patriarcado que deja marcas sobre los cuerpos femeninos (o feminizados) porque los considera territorio de su propiedad, ¿cómo legitimar entonces la explotación y mercantilización de los cuerpos que viene justamente a reforzar ese sentido de posesión?
Por supuesto que es difícil, pero no se trata de lanzar una política de “reducción de daños”, cayendo en la premisa de que la prostitución, en tanto realidad vigente, es inevitable. Es necesario que el Estado ponga en marcha un andamiaje de políticas que apunten directamente a terminar con la exclusión social y la discriminación a las mujeres. ¿Desde cuando dejamos de creer en que lo imposible solo tarda un poco más?
Por Pilar Oteriño
En los últimos meses se ha revitalizado el debate acerca de considerar a la prostitución como trabajo sexual autónomo, es decir, diferenciado de la trata de personas y el proxenetismo. Si bien en el plano legislativo sigue siendo un debate pendiente, en la agenda política local y nacional viene tomando protagonismo. Lo mismo pareciera ocurrir en los espacios de acción colectiva y al interior de la propia academia.
Lxs Trabajadores Sexuales (TS) exigen ser visibilizadxs como sujetas de derecho y que se respete su decisión de elegir su propio proyecto de vida, y su derecho al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población trabajadora. Lxs TS luchan por terminar con la trata de personas, bregan por el fin de la explotación del trabajo sexual ajeno y lo hacen de tal manera que esas luchas ya les han costado la vida de muchas de sus compañeras. Aun así no las han silenciado.
Esta postura es fuertemente resistida por organizaciones abolicionistas que van desde importantes sectores del feminismo hasta organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica con sus voceros, legisladores e instituciones educativas con programas y objetivos afines al discurso más punitivo y restrictivo. Quienes se autoproclaman vocerxs de esta postura, levantan muchas veces las banderas de la moral y las buenas costumbres, defendiendo una sexualidad unidimensional y biológica.
“Acá no hay trata, hay mujeres libres”, “No necesitamos el rescate de nadie”, “No nos tiren a la clandestinidad”, “basta de trata. Basta de proxenetismo, pero también basta de decidir por nosotras!”, “el trabajo sexual no es trata” y “Basta de discriminación” decían algunos de los carteles de las activistas a favor del trabajo sexual en Rosario durante la marcha de cierre del último Encuentro Nacional de Mujeres.
Quienes están a favor de la lucha por lxs derechos de lxs TS, aprovechan cada espacio para exponer la diferencia entre trabajo sexual, explotación sexual y trata de personas, y en reclamar la necesidad de una ley que garantice el ejercicio de la actividad amparando a las TS en derechos laborales como cualquier trabajador/a registrado/a en el país. En Argentina el Trabajo Sexual no está prohibido, pero tampoco cuenta con un marco normativo que garantice derechos. Lxs TS proponen un modelo de “legalización” del trabajo sexual autónomo que reconozca los derechos humanos y laborales de quienes ejercen esta actividad.
La Ley de Trabajo Sexual Autónomo que impulsan propone crear un registro único de Trabajadoras/es Sexuales que dependa del Ministerio de Trabajo, de forma tal que la entidad pueda controlar el ejercicio voluntario del Trabajo Sexual. Además, contempla la habilitación de cooperativas de Trabajadoras Sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría Trabajo Sexual en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos. De igual forma, propone reinserción laboral para las personas que quieran dejar de ejercer este trabajo.
Nuestro país es considerado mayoritariamente abolicionista, sin embargo están vigentes en 18 provincias artículos contravencionales que criminalizan el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública y le dan poder a la policía para multar y/o arrestar hasta 30 días a personas que ofrecen sus servicios en la calle. Además, a partir del despliegue de políticas anti-trata se ha confundido el trabajo sexual con la trata de personas y se han diseñado un sinnúmero de políticas prohibicionistas que criminalizan todos los espacios donde las TS pueden ejercer.
En este contexto, cabe preguntarse acerca de cuan presente está la disputa con el capitalismo, el patriarcado y la doble moral, que al negarles la voz a lxs TS les niega la su visibilización como sujetxs políticos, reduciéndolas a la condición de meros objetos-mercancía.
Lxs TS enuncian (gritan), su vínculo de igualdad con el cliente, ellxs son sujetxsactivxs dentro de una transacción comercial capaces de distinguir prácticas abusivas de aquellas consensuadas, establecer un precio por la oferta de sus servicios y, en definitiva, poner como objeto mercancía al deseo y el placer, y no a su cuerpo; lo cual nos lleva a la visibilización de su trabajo subvirtiendo la antigua tesis abolicionista que insiste en denominar el ejercicio de la prostitución como una violación serial y estructural tal como denuncian intelectuales feministas y a la que se suman otrxs formadores de opinión.
En este sentido, el feminismo abolicionista no puede seguir insistiendo en ignorar estas voces y en forzarlas a adoptar una identidad que no les pertenece. La lucha contra el heteropatriarcado debe rechazar todos los lugares de inferioridad en los que se coloca a las mujeres en la sociedad. ¿Por qué, entonces, las feministas abolicionistas insisten en darles a las trabajadoras sexuales una identidad subordinada?Esto ¿no es patriarcado con rostro de mujer?