Por Kranear
El martes 27/8 al mediodía, decenas de grandes y chicos con distintas discapacidades físicas y mentales, junto a sus familias, profesionales de la salud, transportistas y representantes de distintas instituciones y organismos vinculados al sector, se manifestaron en la Plaza de Mayo contra el ajuste económico que el gobierno de la Alianza Cambiemos viene realizando desde el comienzo de su gestión en detrimento de sus derechos y necesidades.
Del otro lado de las rejas que dividen la plaza, y de espaldas a la Casa Rosada, los organizadores acto, pertenecientes al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad montaron un fondo de escenario con una especie de gran colchón inflable, de color negro, con la consigna “Una sociedad más justa para todos” impresa en enormes letras blancas. El acto, que finalizó con la entonación del Himno Nacional Argentino, contó con la presencia de un presentador, un par de oradores, músicos en vivo y hasta un encuentro ecuménico.
Héctor Filipa, miembro del Observatorio Nacional para el Derecho a la Discapacidad, al ser consultado por Kranear sobre la realidad que hoy sufre el sector por el abandono de parte del Estado nacional, contó que “El miércoles pasado se murió un chico de nombre Lucas, en una guardia de un hospital de Wilde, por no contar con terapia intensiva”.
El hombre, que se movía en muletas y con el pañuelo azul de la Lengua de Señas Argentina (LSA) atado al cuello, explicó que el ajuste del gobierno impacta sobre todos los sectores que trabajan con las personas con discapacidad. “Es a través de la obra social de los pensionados no contributivos, Incluir Salud, que el Estado atiende al sector, y arrastran problemas de pago desde 2017, aparte de no actualizar los nomencladores”, explicó, y agregó que “Esto es una reducción del servicio para las personas con discapacidad y hoy muchos pibes ya no van a realizarse sus tratamientos porque no tienen como trasladarse”.
Desde el acceso a la Diagonal Norte, y hasta Hipólito Irigoyen a la altura de la calle Defensa, más de un par de decenas de camionetas escolares ocupaban el asfalto. Los choferes, mientras tanto, acompañaban el acto. Desde el potente equipo de sonido, sonaron canciones de León Gieco, Víctor Heredia y Gilda.
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“El observatorio habla por todos aquellos que tienen relación con las personas con discapacidad, como los prestadores, el sistema de salud, los transportistas, los ayudantes terapéuticos. No puede ser que esas personas no perciben un sueldo. ¿Vos trabajarías gratis?”, señaló Filipa, un hombre con discapacidad que hace muchos años defiende los intereses del sector, y que hoy se expresa con indignación por la situación que se vive en el país. Y cerró: “Haber bajado la categoría de la cartera de Trabajo de Ministerio a Secretaría, y a su vez, la Secretaría de Discapacidad, al rango de Subsecretaría, te está dando la pauta de que estos tipos no quieren a las personas”.
Durante el acto se reclamó el cumplimiento de La Ley Nº 24.308, que dispone “que las personas con discapacidad pueden acceder a la concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios (en su mayoría kioscos) en organismos públicos dentro del Estado nacional, entes descentralizados y autárquicos y empresas mixtas donde concurran como mínimo un promedio diario de 300 personas”. Los organizadores denunciaron que esta es otra de las leyes que el gobierno no cumple.
Las rejas de la Pirámide de Mayo fueron revestidas por los distintos carteles y cartulinas pintadas a mano que las familias y profesionales pusieron a la vista de todos los oficinistas que por esa hora caminaban a través de la plaza. “Que el Estado no nos abandone”, “Una sociedad más justa para todos” y “Piensen un poco en el otro” se mezclaban con las banderas de las instituciones y organizaciones presentes, aparte de unas cuantas celestes y blancas, argentinas. Una enorme silla de ruedas, armada con un inflable, completaba el decorado del acto.
Daniel Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), contó que la actividad se suma a otras realizadas en los últimos dos años, en el Congreso, en la Quinta de Olivos, ya que “Desde hace unos años se viene profundizando medidas de ajuste en la atención de las personas con discapacidad, como el arancelamiento deficitario de las prestaciones”, y que “las instituciones prestadoras de servicios, que en muchos casos son congregaciones religiosas, o asociaciones de padres, no puedan sostener la atención”. Lo mismo sucede “con distintos tipos de hogares, centros de día o terapéuticos”, advirtió.
El primer gran avance del gobierno en contra del sector se produjo en 2016, cuando eliminaron 170 mil pensiones por discapacidad y un discurso muy peligroso acerca de la viveza criolla de apropiarse por ejemplo de una pensión. Hubo un tira y afloje muy importante, impulsado por las organizaciones y las familias, que incluyó un recurso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Alianza Cambiemos se vio obligada a restablecer una buena parte de las pensiones. Luego, con la paulatina implementación del plan económico, el sector, al igual que la mayoría de los argentinos y argentinas, comenzó a empobrecerse y a chocarse de frente con una realidad desesperante, agravada por la complejidad que implica, hacia el interior de una familia, padecer una discapacidad.
“El otro problema es que el gobierno sacó una serie de resoluciones que dificultan el acceso a una pensión” ya que ahora “se te exige que tramites un certificado médico obligatorio de discapacidad laboral que debe ser digitalizado en el centro de salud”, retoma Ramos. “Ningún médico te va a dar el certificado de discapacidad para un chico, porque no está en condiciones de trabajar”, y en consecuencia “te dan una pensión por incapacidad laboral pero no por discapacidad”, detalló.
Por otro lado, el referente CAIDIS cuenta que hoy para recibir la pensión, aparte de ser una persona con discapacidad, tenés que estar en una situación de pobreza. “Si le pedís a esa persona, o familia, que a lo mejor tiene dos chicos con discapacidad, y que aparte apenas tiene para comer, y que quizá requiere alimentación especial para sus hijos por su discapacidad, que vaya a hacer un trámite, que antes se podía realizar en centros de atención locales y que ahora está unificado en Anses, le estás poniendo barreras a las personas que menos barreras tienen que tener”.
La historia del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que organizó la actividad nació en la misma Plaza de Mayo en la que se realizó la actividad. El espacio, conformado por organizaciones de y para las personas con discapacidad, nació el 15 de Mayo de 2001, a través de “La marcha de las sillas vacías”. Tanto en aquellos días sombríos, como en los actuales, el blanco de los reclamos es el Estado nacional, por su falta de respuestas y sensibilidad.
“Si aumenta la pobreza y la desigualdad, aumenta la discapacidad”, apunta Ramos, antes de despedirse, y ante la pregunta de si hay diferencias entre el 2001 y la actualidad, apunta que sí, que en el medio las Naciones Unidas se creó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), destinada a proteger los derechos humanos del sector, a la que nuestro país adhirió en 2014. Por lo tanto, el Estado nacional está obligado a garantizar el cumplimiento de una serie de derechos para las personas con discapacidad ya no solo por una cuestión humanitaria, o ética, sino también porque debe cumplir con la ley.
El martes 27/8 al mediodía, decenas de grandes y chicos con distintas discapacidades físicas y mentales, junto a sus familias, profesionales de la salud, transportistas y representantes de distintas instituciones y organismos vinculados al sector, se manifestaron en la Plaza de Mayo contra el ajuste económico que el gobierno de la Alianza Cambiemos viene realizando desde el comienzo de su gestión en detrimento de sus derechos y necesidades.
Del otro lado de las rejas que dividen la plaza, y de espaldas a la Casa Rosada, los organizadores acto, pertenecientes al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad montaron un fondo de escenario con una especie de gran colchón inflable, de color negro, con la consigna “Una sociedad más justa para todos” impresa en enormes letras blancas. El acto, que finalizó con la entonación del Himno Nacional Argentino, contó con la presencia de un presentador, un par de oradores, músicos en vivo y hasta un encuentro ecuménico.
Héctor Filipa, miembro del Observatorio Nacional para el Derecho a la Discapacidad, al ser consultado por Kranear sobre la realidad que hoy sufre el sector por el abandono de parte del Estado nacional, contó que “El miércoles pasado se murió un chico de nombre Lucas, en una guardia de un hospital de Wilde, por no contar con terapia intensiva”.
El hombre, que se movía en muletas y con el pañuelo azul de la Lengua de Señas Argentina (LSA) atado al cuello, explicó que el ajuste del gobierno impacta sobre todos los sectores que trabajan con las personas con discapacidad. “Es a través de la obra social de los pensionados no contributivos, Incluir Salud, que el Estado atiende al sector, y arrastran problemas de pago desde 2017, aparte de no actualizar los nomencladores”, explicó, y agregó que “Esto es una reducción del servicio para las personas con discapacidad y hoy muchos pibes ya no van a realizarse sus tratamientos porque no tienen como trasladarse”.
Desde el acceso a la Diagonal Norte, y hasta Hipólito Irigoyen a la altura de la calle Defensa, más de un par de decenas de camionetas escolares ocupaban el asfalto. Los choferes, mientras tanto, acompañaban el acto. Desde el potente equipo de sonido, sonaron canciones de León Gieco, Víctor Heredia y Gilda.
[video width="1920" height="1080" mp4="https://kranear.com.ar/wp-content/uploads/2019/08/VID_20190827_121100597.mp4"][/video]
“El observatorio habla por todos aquellos que tienen relación con las personas con discapacidad, como los prestadores, el sistema de salud, los transportistas, los ayudantes terapéuticos. No puede ser que esas personas no perciben un sueldo. ¿Vos trabajarías gratis?”, señaló Filipa, un hombre con discapacidad que hace muchos años defiende los intereses del sector, y que hoy se expresa con indignación por la situación que se vive en el país. Y cerró: “Haber bajado la categoría de la cartera de Trabajo de Ministerio a Secretaría, y a su vez, la Secretaría de Discapacidad, al rango de Subsecretaría, te está dando la pauta de que estos tipos no quieren a las personas”.
Durante el acto se reclamó el cumplimiento de La Ley Nº 24.308, que dispone “que las personas con discapacidad pueden acceder a la concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios (en su mayoría kioscos) en organismos públicos dentro del Estado nacional, entes descentralizados y autárquicos y empresas mixtas donde concurran como mínimo un promedio diario de 300 personas”. Los organizadores denunciaron que esta es otra de las leyes que el gobierno no cumple.
Las rejas de la Pirámide de Mayo fueron revestidas por los distintos carteles y cartulinas pintadas a mano que las familias y profesionales pusieron a la vista de todos los oficinistas que por esa hora caminaban a través de la plaza. “Que el Estado no nos abandone”, “Una sociedad más justa para todos” y “Piensen un poco en el otro” se mezclaban con las banderas de las instituciones y organizaciones presentes, aparte de unas cuantas celestes y blancas, argentinas. Una enorme silla de ruedas, armada con un inflable, completaba el decorado del acto.
Daniel Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), contó que la actividad se suma a otras realizadas en los últimos dos años, en el Congreso, en la Quinta de Olivos, ya que “Desde hace unos años se viene profundizando medidas de ajuste en la atención de las personas con discapacidad, como el arancelamiento deficitario de las prestaciones”, y que “las instituciones prestadoras de servicios, que en muchos casos son congregaciones religiosas, o asociaciones de padres, no puedan sostener la atención”. Lo mismo sucede “con distintos tipos de hogares, centros de día o terapéuticos”, advirtió.
El primer gran avance del gobierno en contra del sector se produjo en 2016, cuando eliminaron 170 mil pensiones por discapacidad y un discurso muy peligroso acerca de la viveza criolla de apropiarse por ejemplo de una pensión. Hubo un tira y afloje muy importante, impulsado por las organizaciones y las familias, que incluyó un recurso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Alianza Cambiemos se vio obligada a restablecer una buena parte de las pensiones. Luego, con la paulatina implementación del plan económico, el sector, al igual que la mayoría de los argentinos y argentinas, comenzó a empobrecerse y a chocarse de frente con una realidad desesperante, agravada por la complejidad que implica, hacia el interior de una familia, padecer una discapacidad.
“El otro problema es que el gobierno sacó una serie de resoluciones que dificultan el acceso a una pensión” ya que ahora “se te exige que tramites un certificado médico obligatorio de discapacidad laboral que debe ser digitalizado en el centro de salud”, retoma Ramos. “Ningún médico te va a dar el certificado de discapacidad para un chico, porque no está en condiciones de trabajar”, y en consecuencia “te dan una pensión por incapacidad laboral pero no por discapacidad”, detalló.
Por otro lado, el referente CAIDIS cuenta que hoy para recibir la pensión, aparte de ser una persona con discapacidad, tenés que estar en una situación de pobreza. “Si le pedís a esa persona, o familia, que a lo mejor tiene dos chicos con discapacidad, y que aparte apenas tiene para comer, y que quizá requiere alimentación especial para sus hijos por su discapacidad, que vaya a hacer un trámite, que antes se podía realizar en centros de atención locales y que ahora está unificado en Anses, le estás poniendo barreras a las personas que menos barreras tienen que tener”.
La historia del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que organizó la actividad nació en la misma Plaza de Mayo en la que se realizó la actividad. El espacio, conformado por organizaciones de y para las personas con discapacidad, nació el 15 de Mayo de 2001, a través de “La marcha de las sillas vacías”. Tanto en aquellos días sombríos, como en los actuales, el blanco de los reclamos es el Estado nacional, por su falta de respuestas y sensibilidad.
“Si aumenta la pobreza y la desigualdad, aumenta la discapacidad”, apunta Ramos, antes de despedirse, y ante la pregunta de si hay diferencias entre el 2001 y la actualidad, apunta que sí, que en el medio las Naciones Unidas se creó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), destinada a proteger los derechos humanos del sector, a la que nuestro país adhirió en 2014. Por lo tanto, el Estado nacional está obligado a garantizar el cumplimiento de una serie de derechos para las personas con discapacidad ya no solo por una cuestión humanitaria, o ética, sino también porque debe cumplir con la ley.