Allanamientos en dos depósitos, uno de la firma Cremer Argentina, ubicado en Ramallo y otro depósito de Terminales y Servicios (TyS), en San Nicolás, en el puerto, se produjeron aquel 12 de junio de este año. Ese mismo día —anteriormente— se incautó un camión sin habilitación legal. La ampliación de la pesquisa constató mediante enlace con el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) que ni el transportista, ni los dominios, ni el destino final, contaban con habilitación para operar con este tipo de sustancias.
La investigación judicial penal contra la firma y su titular se basa en la prueba de que el trasladado y almacenado de más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio era irregular e ilegal, sin cumplir con los requisitos de registro y trazabilidad. Se comprobó que:
- Terminales y Servicios (TyS) de Juan Manuel Ondarcuhú transportaba y almacenaba 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas de manera irregular desde el puerto mediante una flota de 31 camiones. Sin inscripción de los vehículos y del depósito utilizado para almacenar parte de la mercadería en el RENPRE;
- el empleo de camiones y choferes de una empresa tercerizada, no estaba registrado ante el organismo de control;
- los traslados se realizaron sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA);
- el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito de la firma TyS no contaba con la habilitación correspondiente;
- comprobadas diferencias en el stock, unas 20 toneladas respecto de los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma;
- inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros aduaneros;
- 18 de los 31 camiones utilizados no tenían activo el sistema de GPS y, en los restantes, se detectaron desvíos de ruta que no habían sido informados;
- inconsistencias en documentación presentada para operar la carga, declarada como fertilizante;
- no se entregó información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito.
Si ben la empresa de Ondarcuhú luego regularizó la inscripción del depósito y de los vehículos secuestrados ante el RENPRE, en el ámbito administrativo el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados. Evidenciando que el inicio del trámite no autorizaba el acopio anticipado de sustancias. Los papeles después del operar ilegal, no hicieron más que confirmar el turbio operar de Ondarcuhú.
En el proceso penal, en la sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, el fiscal Matías Di Lello solicitó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de Terminales y Servicios S.A., con el objetivo de asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa. Durante la audiencia, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos constituían irregularidades de índole administrativa. Sin embargo, el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal respecto de la materialidad de los hechos y las evidencias reunidas.
Depósito sin habilitación.
Villafuerte Ruzo también fijó un año como plazo para el desarrollo de la investigación. Como informó el Ministerio Público Fiscal en su comunicado, el carbonato de sodio “aunque no es un estupefaciente, está incluido en la lista II de precursores químicos contemplados en el Decreto Nacional 593/2019 (y su actualización mediante el Decreto 128/26) que reglamenta el RENPRE, por lo que su transporte y almacenamiento están sujetos a obligaciones específicas de registro y control”.
Y como el carbonato de sodio puede ser “posible precursor químico eventualmente empleado para el narcotráfico, la ley exige el registro obligatorio de toda su cadena logística”. Y como sucedió en este caso la falta de remitos, transportes autorizados o depósitos no declarados interrumpió la trazabilidad en tiempo real, “generando un canal ciego que impide verificar si el destino final de la sustancia es la industria legal o la producción de drogas ilícitas”.
La foto que molesta a la famiglia Ondarcuhú-Passaglia: el allanamiento en junio a Terminales y Servicios la empresa de Ondarcuhú.
Inicio y crecimiento
Los Ondarcuhú comenzaron a operar en puertos desde hace mucho tiempo. Conocer su lazo familiar con los Passaglia permite advertir el vínculo con los negocios legales e ilegales. La dupla Ondarcuhú-Passaglia le permite a los patroncitos que gobiernan San Nicolás, contar con recursos económicos más que suficientes para seguir en su aventura de sello propio proyectándose a nivel provincial y nacional como pretenden, no abandonando el camino de conquistar pueblos vecinos como Ramallo. La billetera para la campaña de Cecilia Giammaria —actual concejal del espacio Hechos de Passaglia en Ramallo— que desea convertirse en intendenta 2027 estará cada vez más llena por los negocios de la famiglia que engordan las cuentas para tal fin.
Aunque a veces son pescados, como sucedió con este operar ilegal y sideral de carbonato de sodio, se sabe que los poderosos cuentan con aquel sutil asunto del dinero. Así, pueden tajear la red judicial que los atrapa, que solamente no la pueden cortar las mojarras que entran en ella. Aquello que se repite como si fuera realidad: “Entran por una puerta y salen por la otra”, solamente aplica para los que tienen el poder económico —grandes tiburones— que cortan la red que los podría conducir a cualquier condena. La puerta no es giratoria y no hay salida para pobres diablos, eslabones más débiles de la escala delictiva que son los que pagan en el sistema penitenciario.
Como contamos en Revista Kranear (sepa disculpar memoriosa/o la pertinente reiteración), Ondarcuhú comenzó con importantes negocios durante la última dictadura cívico militar. Fue ahí cuando el abogado Jorge Ondarcuhú comenzó a transitar el camino de operador legal y político, vinculado con sectores militares y empresariales de la región San Nicolás-Rosario. Conoció a Roberto Scaglia, detenido por causas de fraude. Ondarcuhú, junto al teniente coronel Norberto Ferrero, quien acababa de asumir como jefe del Área Militar 132, vieron en Scaglia al hombre ideal para emprender los negocios.
Juan Manuel Ondarcuhú.
Jorge Ondarcuhú era un abogado de San Nicolás, influyente en la zona. Representaba a grandes empresas, a familias poderosas, y era el letrado de confianza de Norberto Ferrero que se desempeñaba como jefe del Área Militar 132 —desde el 6 de diciembre de 1977, finales de 1978—, a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, que abarcaba los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón, Pergamino y que dependía de la Sub Zona 13 con sede en Junín, a cargo a su vez de la Zona de Defensa 1 del Primer Cuerpo de Ejército.
Ferrero tenía el poder para darle a Scaglia la misión de emprender negocios de transporte, logística y puertos. Tras producirse la liberación de Scaglia —en 1977—, comenzaron los primeros negocios en transporte de granos; acopio cerealero; obras públicas; servicios logísticos ligados al Estado. Ese mismo año crean Transportes del Litoral SRL, considerada la primera empresa del entramado empresarial. Pero su expansión y consolidación vendría años después al lograr tener acceso sobre el corredor fluvial Paraná Rosario–San Nicolás. Controlando transporte y almacenamiento de granos. Norberto Ferrero tenía relación cercana con Leopoldo Fortunato Galtieri. Gracias a ese nexo obtuvieron permisos exclusivos y control sobre espacios portuarios.
El periodista y diputado provincial por Santa Fe, Carlos del Frade recordó el 23 de abril en su intervención como legislador, que el 24 de abril de 1978 llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, presentado como 200 kilos de azúcar. Negocio de la dictadura de Videla. En Rosario Leopoldo Fortunato Galtieri era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. La exposición de Carlos del Frade fue en referencia a la privatización del servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Dijo que Ayda Levy, mujer de Roberto Suárez Gómez, conocida como “El rey de la cocaína”, empresario que desarrolló el negocio, contó que había un acuerdo con el Ejército a través de Pascual Guerrieri —ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes— de liberar el noroeste de la Argentina para el ingreso de la cocaína hasta hoy.
Controlar puertos es contralar negocios legales e ilegales. La alianza Ondarcuhú-Ferrero-Scaglia logró acceso privilegiado a muelles y terminales, absorbiendo y desplazando competidores. Extendieron negocios a rutas, logística y servicios estatales. Es un año después de la vuelta de la democracia, en 1984, cuando fundaron oficialmente Servicios Portuarios SA, estructura central del grupo. Jorge Ondarcuhú fue cerebro legal y financiero de la estructura. Cuando cayó Galtieri en 1982 y terminó la dictadura, muchos empresarios que fueron la pata civil beneficiada perdieron negocios, pero su base y ganancia estaba realizada, como lo hizo Ondarcuhú. Sabiendo adaptarse, porque la estructura continuaba con Scaglia y Ferrero que siguió como asesor y puente.
Juntos empezaron a tejer relaciones con nuevos funcionarios. Entre 1986 y 1988 se incorporó Bernardo Rubinstein, especialista financiero y el Capitán Jorge Rodríguez, experto operativo y portuario, profesionalizando y blindando estructura empresarial. Es con las privatizaciones del menemismo cuando el grupo alcanzó su mayor expansión. Por ley 24.093 de 1992, el menemismo decidió transferir la administración de puertos a las provincias y entregar su operación al sector privado, bajo el argumento de que el Estado era ineficiente y que se necesitaban inversiones millonarias que el gobierno no tenía.
En octubre de 1994 Servicios Portuarios S.A obtiene la concesión por 30 años de las Terminales III, VI y VII del Puerto de Rosario. Se convirtió en operador dominante del corredor exportador más rentable. Dedicados a embarque y almacenamiento de granos, movían más del 60% de las exportaciones del país. La concesión vencía en 2024 pero lograron su renovación hasta 2061. Entre los activos y negocios que controlan se destacan: terminales portuarias en Rosario; operaciones en San Nicolás y Villa Constitución; transporte fluvial y terrestre; silos y acopio de granos; infraestructura logística; participaciones inmobiliarias y financieras. La familia logró preservar el patrimonio, los contactos y el control estratégico.
El lazo Passaglia-Ondarcuhú
Jorge Ondarcuhú se casó con María Graciela Passaglia, en 1963. La hermana de Ismael Passaglia, que es el padre del intendente Santiago, a cargo de la ciudad de San Nicolás y de su hermano, Manuel, diputado bonaerense, que logró banca con sello propio que armaron para competir en la segunda sección electoral. El padre de Ismael Passaglia —abuelo de Manuel y Santiago—, era Juan Passaglia, juez federal de San Nicolás que fue nombrado durante el primer gobierno de Perón. Pero no le causó ningún cargo de consciencia —siendo conservador—, cuando la dictadura terminó con el gobierno de Perón, realizar como juez todo acto de persecución para detener a todo peronista en la ciudad, por el delito de serlo. Saber de su comportamiento, es entender la cría.
Del matrimonio María Graciela Passaglia y Jorge Ondarcuhú nacieron tres hijos varones. Juan Manuel, con relación directa con negocios que llevó adelante su padre. Jorge, quien comparte negocios junto a su hermano y se encarga del manejo operativo del diario El Norte de San Nicolás, que comparten como dueños junto a sus primos Passaglia. El otro hijo es José Ignacio Ondarcuhú, juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 de San Nicolás.
Que el diario El Norte de San Nicolás se encontraba desde hacía tiempo en manos de la familia Passaglia era un secreto a voces, pero lo pude comprobar con la burda maniobra espuria que tuvieron los Passaglia de sacarse de encima a tres maquinistas gráficos de su diario ofreciéndoles que pasaran a formar parte del plantel municipal. Proponían que el Estado municipal absorbiera a los trabajadores. De ese modo los Passaglia evitaban la indemnización que su empresa mediática privada debía pagarles a los trabajadores.
Pero volviendo a la historia del trío comercial, Norberto Ferrero fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad el 25 de junio de 2015. Murió el 15 de diciembre de 2016, a los 84 años mientras estaba detenido. Jorge Ondarcuhú falleció en 2017. De los tres mosqueteros de los negocios continúa vivo Scaglia. Juan Manuel Ondarcuhú comenzó en el grupo empresarial como abogado, asesor legal hábil que actúa también representando —gracias al poder construido por su padre en dictadura— a grandes empresas.
Tras la muerte de Jorge Ondarcuhú, Juan Manuel continuó con la red de contactos y el control legal y societario. Es decir, el manejo operativo del grupo. Lo que conservó le permitió control y ampliación de poder: Servicios Portuarios SA; operación de las Terminales VI y VII del Puerto de Rosario, concesión renovada hasta 2061. Posee Terminales y Servicios SA, empresa vinculada al grupo familiar, enfocada en logística, acopio, servicios portuarios, desarrollo de infraestructura y operaciones legales e ilegales, como se vio con más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio.
Las operaciones de los Ondarcuhú tienen presencia en San Nicolás, Rosario, Villa Constitución, Quequén, Puerto General San Martín, Arroyo Seco. Timbúes, proyecto importante actual con una inversión estimada en 200 millones de dólares, más allá que el anuncio oficial del por entonces vocero-bolacero presidencial Manuel Adorni (eyectado por las evidencias de su corruptela que ni el podrido Poder Judicial pudo hacerse el distraído) en 2024, fue de 550 millones de dólares. Quienes manejan los puertos, saben, son conocedores de las ilegalidades. Los negocios de Ondarcuhú se concentran en los muelles, pero varias veces han estado implicados en causas del Poder Judicial. Su asociado más notorio en ese rubro es el sindicalista de los trabajadores marítimos, Omar Suárez, conocido como El Caballo.
Una nota del periodista Horacio Verbitsky en 2024, titulada FRU-LA-LÁ detalló que, en diciembre de 2019, ambos (Suárez y Ondarcuhú) fueron procesados por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral. La razón, el contrabando y lavado de dinero a través de la empresa marítima Maruba, de la que Ondarcuhú era directivo y abogado. En junio de 2020 la sala I de la Cámara Federal de la Capital, constituida por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, revocó el procesamiento por insuficiencia de prueba, una clara protección. El fiscal Gerardo Pollicita, continuó con la protección y solicitó que fueran sobreseídos y el juez federal Daniel Rafecas accedió en octubre de 2023.
Verbitsky también describió que “en junio de 2024, el diario inglés The Guardian investigó la expansión del narcotráfico en Rosario. La hidrovía fue descripta como la ruta clave para el transporte de cocaína desde Perú y Bolivia hacia Europa y África. La mención al África también remite a Ondarcuhú. El 30 de mayo de 2019, Juan Manuel y su hermano menor, Jorge Alberto, constituyeron la sociedad anónima Costas Africanas. Su objeto es realizar 'operaciones comerciales mediante la compra, venta, importación, exportación, consignación y/o distribución de mercaderías y/o materias primas'”.
Así también “negocios de armadores, agente marítimo, de transporte aduanero, de buques, seguros, transporte multimodal, estibajes y alijes, amarre y desamarre de buques, contratistas de estibadores, fleteros, barraqueros y depositarios, aprovisionamiento de buques, control de cargas, servicios de mantenimiento y reparaciones marítimas, asistencia técnica y operativa”. Según The Guardian, “entre febrero de 2020 y julio de 2022, se incautaron en puertos europeos una decena de cargamentos de cocaína desde la hidrovía, de más de 500 kg”.
Ondarcuhú-Passaglia es la dupla perfecta de negocios legales e ilegales que permiten expansión y aventura política de sus primos (Manuel y Santiago) intentando conquistar ciudades vecinas como Ramallo. Por ahora no pudieron, pero si el negocio lo permite, poder económico no les faltará para poner en campañas futuras la lana que haga falta, como para que en Ramallo la siempre candidata a intendenta, actual concejal de Hechos, Cecilia Giammaria, cuente con recursos para seguir insistiendo. Los Passaglia ya son dueños de grandes extensiones de campo en Ramallo, también están construyendo casas en barrio privado —no regularizado— Estrella Federal, en la localidad El Paraíso, partido de Ramallo, junto a la que proyecta Giammaria.
Como se sabe, el gobierno de Milei otorgó la concesión de la Vía Navegable Troncal (fundamental porque vincula puertos y terminales fluviales del Río Paraná y del Río de La Plata con el océano) por 25 años a la compañía belga Jan de Nul. Reveló Ámbito Financiero y el periodista Alejandro Bercovich en su programa La Ley de la selva, por C5N, que el Grupo Neuss (liderado por los hermanos Juan y Patricio) actuarían como “socios ocultos” de la empresa belga.
La estrecha relación de amistad desde la infancia que existe de los hermanos Neuss con el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo, nuevamente los beneficia. En el reparto de subcontrataciones del millonario negocio, tareas exclusivas de balizamiento y señalización de la vía, quedaron reservadas para operadores locales, específicamente el empresario portuario Juan Ondarcuhú junto a Gustavo Elías.
Si Ondarcuhú ya demuestra su operar ilegal en el puerto San Nicolás ¿qué se puede esperar si opera en la Vía Navegable Troncal? Que los ríos Paraná y Paraguay son utilizados por organizaciones criminales para contrabando de estupefacientes a gran escala hacia Europa y otros destinos globales, no es novedad. Lo dramático es que, sabiéndolo, se haya otorgado por 25 años a empresas privadas que gestionen dragado, balizamiento y puertos fluviales, perdiendo el Estado capacidad de control en tiempo real de flujos de cargas y descargas, facilitando la ilegalidad.