Fotos: Presidencia de la Nación
El primer año del gobierno popular pasó a puro vértigo, minado de urgencias, imprevistos, un par de conquistas y algunos errores, en el marco de una agenda que estuvo marcada de punta a punta por la pandemia del Covid-19.
Los cuatro años de gobierno de Cambiemos fueron una fatalidad. Dejaron el país en ruinas, endeudado y lo más preocupante, con una parte de la sociedad enferma de odio. A aquella nueva tragedia neoliberal hubo que sumar, tres meses después de asumir la gestión de gobierno, el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y psicológicas. Muchísimo ha hecho el gobierno central para amortiguar la crisis, teniendo en cuenta la inversión en infraestructura hospitalaria, camas para terapia intensiva, respiradores y materiales sanitarios traídos en barco desde la China, y también en el plano económico, centralmente, a través de las herramientas del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), aparte de la Tarjeta Alimentar y la suma de un millón de nuevos beneficiarios a la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras iniciativas.
Con las cifras de la pobreza e indigencia que informó la Universidad Católica Argentina (UCA) a principios de mes, el esfuerzo estatal parece insuficiente, y más aún teniendo en cuenta que no habrá una cuarta edición del IFE, aunque sí otras políticas de asistencia. La consigna de empezar por los últimos para llegar a todos, que lanzó Alberto a comienzo de año, habrá que revalidarla en el inicio del nuevo año. Son varios millones de compatriotas los que están pasando por una situación de emergencia. Sin el Estado, no tienen chances de salir del pozo.
En el haber del gobierno del Frente de Todos hay que sumar la exitosa reestructuración de la deuda con los acreedores externos que encabezó el ministro Martín Guzmán, la esperada sanción de la ley de aporte solidario y extraordinario de los tenedores de grandes fortunas, la media sanción de la ley que prevé cambios en la estructura y funcionamiento de la justicia federal, el saneamiento de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), la puesta en marcha de la actividad industrial, la presentación que hizo el poder ejecutivo nacional del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el proyecto complementario conocido como Los 1000 días, la incorporación del cupo laboral para la población travesti y trans en la administración pública nacional, y en el mismo plano, las capacitaciones que se están realizando en la esfera pública, en materia de género, con la Ley Micaela; por último, también es un gran avance en la reconstrucción de un país federal, la sanción de la ley que corrige la arbitrariedad de Macri de otorgarle un dineral, por coparticipación, a la Ciudad de Buenos Aireas, el distrito más rico y desigual del país. El Senado de la Nación, por su parte, a cargo de la vicepresidenta Cristina, encabezó más sesiones que en los cuatro años de Cambiemos.
En el debe hay también unos cuantos puntos. El más reciente, todavía en carne viva, tiene que ver con la desorganización y falta de muñeca para manejar el funeral de Estado de Diego Armando Maradona. Se podría haber evitado el desbande y lo más importante, se podría haber garantizado que cientos de miles de argentinos y argentinas se despidan de su ídolo en Casa de Gobierno, en las calles. Todo sucedió muy rápido y con altas dosis de improvisación.
Octubre de 2020. Acto oficial en una fábrica de la ciudad de Avellaneda.
En el marco de una disputa incesante e inclemente con los factores de poder que ven en el gobierno popular una amenaza a sus intereses y privilegios, cada uno de estos movimientos deberían medirse con rigurosidad. El gobierno no debería volver a chocarse de frente a una experiencia como la de Vicentín y el costo político que hubo que pagar por los errores de cálculo en la correlación de fuerzas y el termómetro social.
El enfrentamiento con el poder judicial no es novedad, y se pone al rojo vivo cada vez que el gobierno popular intenta avanzar con su programa de gobierno democratizador, inclusivo, redistributivo. Son, en su mayoría, los gendarmes del orden establecido y los privilegios de sectores minoriatarios.
Dos hechos de carácter político marcaron la agenda de los últimos días. En la Cámara de Casación Penal convalidaron las actas con los testimonios de los arrepentidos, en la Causa Cuadernos, en una instrucción encabezada por el fallecido Claudio Bonadío, sospechado de toda parcialidad, cuando la ley dice que esas presentaciones deben registrarse en formato audiovisual. Por otro lado, la Corte Suprema, presidida por un magistrado que defendió en la actividad privada los intereses de corporaciones económicas como el Grupo Clarín, primero se tomaron varias semanas para tratar el per saltum por el traspaso irregular de dos jueces de la estratégica Cámara Federal porteña, y ahora hace unos días, para la ratificación de la condena para Amado Boudou, no ofrecieron un solo argumento sobre la condena, teniendo en cuenta las irregularidades que se denuncia que tiene la instrucción como el juicio que se le realizó al ex vicepresidente.
No pareciera exagerado afirmar que la guerra jurídica contra integrantes del movimiento nacional, sigue vigente, tal como lo denuncian figuras de la primera línea del gobierno.
Otro acierto y triunfo de Alberto Fernández tuvo que ver con haberle dado asilo político a Evo Morales, y su vice Linera, entre otros, luego del Golpe del Estado que sufrieron en su país. Un año después, y gracias al proceso de 14 años de gobierno popular, una abrumadora mayoría de los bolivianos y bolivianas, eligió al MAS para que vuelva a conducir el futuro del Estado Plurinacional de Bolivia. La foto de Evo y Alberto, en la frontera, minutos antes de que el ex cocalero regrese a su país, ya forma parte de la historia grande de la Patria Grande.
El pueblo se movilizó en las calles en tres oportunidades, de manera masiva, contundente, como lo supo hacer cada vez qiue hizo falta defender a un gobierno popular.
La movilización popular, con motivo del 17 de octubre, los diez años de la partida física de Néstor Kirchner y el Día del Militante, le dieron al gobierno un envión anímico para enfrentar a una oposición salvaje, que ataca de manera sistemática y por medio de varios frentes, como el mediático, muy poderoso, con una capacidad de daño muchas veces determinante. La calle, se sabe, aún en pandemia, es un terreno clave para la disputa política. Fueron las organizaciones y el pueblo empoderado quienes dieron el paso para sumar un poroto a favor del gobierno popular, de los intereses de la Nación, del bien común, y más aún teniendo en cuenta las marchas y banderazos anticuarentena y antigobierno que la oposición venía organizando cada veinte días, con la amplificación del sistema de medios opositor.
Pareciera ser que el estilo moderado, dialoguista y facilitador de consensos que caracteriza a Alberto Fernández, en este primer año no alcanzaron para torcerle el brazo al poder real y avanzar en los niveles de redistribución de riqueza e inclusión social que hubiese esperado por lo menos una parte del electorado que echó a Macri y volvió a poner en la Rosada a un gobierno popular. Las intenciones de profundizar el modelo de gobierno pernonista están, se sabe, se siente, y eso probablemente sea lo más importante, pero no se puede desatender las alarmas que se encendieron durante el año, pensando en lo que sigue, en un año, aparte, electoral, con o sin PASO.
La unidad hacia el interior de la coalición de gobierno, por último, sigue vigente, al parecer, intacta, a pesar de los roces y tensiones que se generan con la gestión del gobierno. Esa sigue siendo la clave para poder avanzar, aunque sea de manera lenta y por momentos, insuficiente. Ahí anida la garantía de la continuidad del proceso de reconstrucción del país y la recuperación y conquista de nuevos derechos para las mayorías; por eso también el macrismo y los grandes medios de desinformación intentan, todos los días, romper el acuerdo entre los espacios del frente gobernante.
El próximo paso, luego de la fiestas y la probable sanción de la IVE, será el operativo de vacunación contra el Covid-19 que dispondrá el Estado nacional, por medio de un operativo multiagencial, gigantesco.
El primer año del gobierno popular pasó a puro vértigo, minado de urgencias, imprevistos, un par de conquistas y algunos errores, en el marco de una agenda que estuvo marcada de punta a punta por la pandemia del Covid-19.
Los cuatro años de gobierno de Cambiemos fueron una fatalidad. Dejaron el país en ruinas, endeudado y lo más preocupante, con una parte de la sociedad enferma de odio. A aquella nueva tragedia neoliberal hubo que sumar, tres meses después de asumir la gestión de gobierno, el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y psicológicas. Muchísimo ha hecho el gobierno central para amortiguar la crisis, teniendo en cuenta la inversión en infraestructura hospitalaria, camas para terapia intensiva, respiradores y materiales sanitarios traídos en barco desde la China, y también en el plano económico, centralmente, a través de las herramientas del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), aparte de la Tarjeta Alimentar y la suma de un millón de nuevos beneficiarios a la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras iniciativas.
Con las cifras de la pobreza e indigencia que informó la Universidad Católica Argentina (UCA) a principios de mes, el esfuerzo estatal parece insuficiente, y más aún teniendo en cuenta que no habrá una cuarta edición del IFE, aunque sí otras políticas de asistencia. La consigna de empezar por los últimos para llegar a todos, que lanzó Alberto a comienzo de año, habrá que revalidarla en el inicio del nuevo año. Son varios millones de compatriotas los que están pasando por una situación de emergencia. Sin el Estado, no tienen chances de salir del pozo.
En el haber del gobierno del Frente de Todos hay que sumar la exitosa reestructuración de la deuda con los acreedores externos que encabezó el ministro Martín Guzmán, la esperada sanción de la ley de aporte solidario y extraordinario de los tenedores de grandes fortunas, la media sanción de la ley que prevé cambios en la estructura y funcionamiento de la justicia federal, el saneamiento de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), la puesta en marcha de la actividad industrial, la presentación que hizo el poder ejecutivo nacional del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el proyecto complementario conocido como Los 1000 días, la incorporación del cupo laboral para la población travesti y trans en la administración pública nacional, y en el mismo plano, las capacitaciones que se están realizando en la esfera pública, en materia de género, con la Ley Micaela; por último, también es un gran avance en la reconstrucción de un país federal, la sanción de la ley que corrige la arbitrariedad de Macri de otorgarle un dineral, por coparticipación, a la Ciudad de Buenos Aireas, el distrito más rico y desigual del país. El Senado de la Nación, por su parte, a cargo de la vicepresidenta Cristina, encabezó más sesiones que en los cuatro años de Cambiemos.
En el debe hay también unos cuantos puntos. El más reciente, todavía en carne viva, tiene que ver con la desorganización y falta de muñeca para manejar el funeral de Estado de Diego Armando Maradona. Se podría haber evitado el desbande y lo más importante, se podría haber garantizado que cientos de miles de argentinos y argentinas se despidan de su ídolo en Casa de Gobierno, en las calles. Todo sucedió muy rápido y con altas dosis de improvisación.
Octubre de 2020. Acto oficial en una fábrica de la ciudad de Avellaneda.En el marco de una disputa incesante e inclemente con los factores de poder que ven en el gobierno popular una amenaza a sus intereses y privilegios, cada uno de estos movimientos deberían medirse con rigurosidad. El gobierno no debería volver a chocarse de frente a una experiencia como la de Vicentín y el costo político que hubo que pagar por los errores de cálculo en la correlación de fuerzas y el termómetro social.
El enfrentamiento con el poder judicial no es novedad, y se pone al rojo vivo cada vez que el gobierno popular intenta avanzar con su programa de gobierno democratizador, inclusivo, redistributivo. Son, en su mayoría, los gendarmes del orden establecido y los privilegios de sectores minoriatarios.
Dos hechos de carácter político marcaron la agenda de los últimos días. En la Cámara de Casación Penal convalidaron las actas con los testimonios de los arrepentidos, en la Causa Cuadernos, en una instrucción encabezada por el fallecido Claudio Bonadío, sospechado de toda parcialidad, cuando la ley dice que esas presentaciones deben registrarse en formato audiovisual. Por otro lado, la Corte Suprema, presidida por un magistrado que defendió en la actividad privada los intereses de corporaciones económicas como el Grupo Clarín, primero se tomaron varias semanas para tratar el per saltum por el traspaso irregular de dos jueces de la estratégica Cámara Federal porteña, y ahora hace unos días, para la ratificación de la condena para Amado Boudou, no ofrecieron un solo argumento sobre la condena, teniendo en cuenta las irregularidades que se denuncia que tiene la instrucción como el juicio que se le realizó al ex vicepresidente.
No pareciera exagerado afirmar que la guerra jurídica contra integrantes del movimiento nacional, sigue vigente, tal como lo denuncian figuras de la primera línea del gobierno.
Otro acierto y triunfo de Alberto Fernández tuvo que ver con haberle dado asilo político a Evo Morales, y su vice Linera, entre otros, luego del Golpe del Estado que sufrieron en su país. Un año después, y gracias al proceso de 14 años de gobierno popular, una abrumadora mayoría de los bolivianos y bolivianas, eligió al MAS para que vuelva a conducir el futuro del Estado Plurinacional de Bolivia. La foto de Evo y Alberto, en la frontera, minutos antes de que el ex cocalero regrese a su país, ya forma parte de la historia grande de la Patria Grande.
El pueblo se movilizó en las calles en tres oportunidades, de manera masiva, contundente, como lo supo hacer cada vez qiue hizo falta defender a un gobierno popular.La movilización popular, con motivo del 17 de octubre, los diez años de la partida física de Néstor Kirchner y el Día del Militante, le dieron al gobierno un envión anímico para enfrentar a una oposición salvaje, que ataca de manera sistemática y por medio de varios frentes, como el mediático, muy poderoso, con una capacidad de daño muchas veces determinante. La calle, se sabe, aún en pandemia, es un terreno clave para la disputa política. Fueron las organizaciones y el pueblo empoderado quienes dieron el paso para sumar un poroto a favor del gobierno popular, de los intereses de la Nación, del bien común, y más aún teniendo en cuenta las marchas y banderazos anticuarentena y antigobierno que la oposición venía organizando cada veinte días, con la amplificación del sistema de medios opositor.
Pareciera ser que el estilo moderado, dialoguista y facilitador de consensos que caracteriza a Alberto Fernández, en este primer año no alcanzaron para torcerle el brazo al poder real y avanzar en los niveles de redistribución de riqueza e inclusión social que hubiese esperado por lo menos una parte del electorado que echó a Macri y volvió a poner en la Rosada a un gobierno popular. Las intenciones de profundizar el modelo de gobierno pernonista están, se sabe, se siente, y eso probablemente sea lo más importante, pero no se puede desatender las alarmas que se encendieron durante el año, pensando en lo que sigue, en un año, aparte, electoral, con o sin PASO.
La unidad hacia el interior de la coalición de gobierno, por último, sigue vigente, al parecer, intacta, a pesar de los roces y tensiones que se generan con la gestión del gobierno. Esa sigue siendo la clave para poder avanzar, aunque sea de manera lenta y por momentos, insuficiente. Ahí anida la garantía de la continuidad del proceso de reconstrucción del país y la recuperación y conquista de nuevos derechos para las mayorías; por eso también el macrismo y los grandes medios de desinformación intentan, todos los días, romper el acuerdo entre los espacios del frente gobernante.
El próximo paso, luego de la fiestas y la probable sanción de la IVE, será el operativo de vacunación contra el Covid-19 que dispondrá el Estado nacional, por medio de un operativo multiagencial, gigantesco.