La cuarta Marcha Federal Universitaria fue multitudinaria en todas las provincias, en todas las ciudades, en todas las plazas del territorio argentino. Desde que gobierna Milei, el ataque a las universidades, a la ciencia, a la salud, a la investigación, es permanente y sistemático.

Esta vez la consigna fue que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario -votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada-, que recomponga los salarios del sistema y que deposite los fondos que adeudan a los hospitales universitarios. Ayer, facultades, como la de Ingeniería, la de Agronomía y la de Derecho, amanecieron con carteles que dicen: En democracia la ley se cumple. El Gobierno incumple desde hace meses una ley del Congreso y en lugar de sostener el presupuesto, ya informó que lo bajará todavía más.

Un gobierno que incumple leyes no tiene autoridad moral ni cívica para gobernar. Marchamos por la universidad pública y en defensa de la democracia.

La gente desbordó las plazas de todo el país para exigir que el dinero de nuestros impuestos vaya a la educación y a la salud, tal como indicó el Congreso de la Nación, como indica la Ley.

Volví a ver ese video en el que Milei (antes de ser presidente) dijo que: “La educación no es un derecho porque alguien lo tiene que pagar”. Todas las veces que reviso el archivo pienso: lo votaron tres veces. La educación, como la salud, es un derecho y por supuesto que sale dinero. El estado tiene el deber de recaudar el dinero necesario para garantizar esos derechos. El dinero es de los ciudadanos. No hay plata, dice el gobierno, quita y /o reduce  impuestos a los más ricos y, hablando de austeridad, viven una vida de lujos entre viajes, propiedades y escándalos de corrupción.

Este año 2026 tendremos el presupuesto universitario real más bajo desde 1989. Otro punto central del reclamo son los salarios. El Presidente Milei está pagando los salarios universitarios más bajos de la historia de nuestro país. El salario real de docentes y no docentes es actualmente todavía más bajo que el teníamos post crisis de 2001.

Desde el gobierno Nacional generan humo y confusión, como en todos los temas. Se jactan de que nunca fue una intención de la gestión libertaria cerrar las universidades. No cierran las puertas directamente, basta con aplicar el brutal desfinanciamiento que están llevando adelante para que las instituciones colapsen. Desde que Milei es presidente, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en las universidades nacionales debido a los salarios de pobreza, según el informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tan solo en la UBA, hay una renuncia docente cada dos días.

Planean un país en el que solo puedan estudiar los más ricos. La universidad pública es una vía de movilidad social importantísima en nuestro país. El 59,5% de los ingresantes a la UBA en 2026 son primera generación universitaria en sus familias.

Por otro lado, los centros asistenciales que dependen de las universidades nacionales atraviesan una situación crítica. Los hospitales de la UBA -entre ellos el Hospital de Clínicas y el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo- no recibieron un solo peso del Estado nacional en lo que va de 2026. La semana pasada, las autoridades de estos establecimientos advirtieron que, en estas condiciones, solo podrían funcionar 45 días más. Dichos hospitales atienden a alrededor de 700.000 personas por año, lo que equivale a casi 2.000 pacientes por día.

Cada médica, docente, científica, enfermera y profesional que sostiene la vida cotidiana de nuestro país fue formado por una universidad pública. Defender la universidad pública es defendernos. No solamente hablamos de defender a estudiantes y docentes, estamos hablando de defender la salud, la educación, la ciencia, la producción, el trabajo y el futuro de nuestro país.

Un Estado ausente, corrupto y criminal, demanda un pueblo presente. Todo está destruido o a punto de ser destruido. Se juega el futuro del país.