Ordenanzas, decretos. Desplazamientos de concejales elegidos democráticamente. Faltas arbitrarias impuestas en los códigos contravencionales. Todo ello fue diseñado por la dictadura de Videla y compañía en cada municipio del país, como un plan sistemático de modificación de la conducta popular a través de las normativas.

En San Isidro, donde nació el proyecto del concejal por el Frente de Todos, Gastón Fernández, el interventor de la dictadura prohibía, a través del código contravencional local, que las y los ciudadanos “fabricaran, prepararan o exhibieran aparatos para usar con fines de placer”. El disciplinamiento sobre los cuerpos y las almas.

Pero no era solo individual: también desarticularon los balnearios populares sobre el Río de la Plata que el último intendente peronista de San Isidro había puesto en marcha antes del golpe. El objetivo era mayor: junto a la violencia y las desapariciones, imperaba la necesidad de expulsar al pueblo de las calles, de los espacios compartidos. El mismo destino que sufrieron los carnavales.

En el marco de los 40 años de Democracia, el proyecto de un concejal sanisidrense y militante de los Derechos Humanos, Gastón Fernández, que fue compartido por todo el peronismo local, propone archivar, derogar y reescribir el Digesto de la última dictadura cívico-militar. Como nunca antes sucedió en San Isidro, la convocatoria se amplió a todas las legisladoras y legisladores que asumieron cargos desde 1983 a la fecha y rápidamente recibió el apoyo de 31 concejales, además del Partido Justicialista local y de la presidenta del Bloque de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García. El proyecto, además, fue discutido con la Federación Argentina de Municipios y con el diputado nacional Eduardo Valdés.

La presentación de este proyectó alcanzó un objetivo que en estos tiempos parecía imposible: saltarse la grieta interna del Frente de Todos. Se lo tituló “en defensa de la Democracia” y el gesto de hacer partícipe a todos los legisladores peronistas expresa que las diferencias políticas exceden al acuerdo que alcanzó el pueblo argentino en 1983 - y que actualmente desde los discursos de odio hasta el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner - parece estar en debate.

El pacto democrático nacional merece una legislación que no guarde ningún rastro de los tiempos oscuros de la Argentina.