Apuntes sobre la candidatura de Correa a la vicepresidencia

• Por Emanuel Bonforti
•   28 de Agosto de 2020

Ecuador es un mendigo sentado en un saco de oro.
Alejandro de Humboldt

Ecuador atraviesa jornadas agitadas en su escenario político y social. El pasado 19 de agosto, un día después de presentar su candidatura a la vicepresidencia, Rafael Correa sufría una maniobra judicial. La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a través de su representante Daniela Camacho, determinaba que el expresidente tiene sentencia ejecutoriada por una causa de soborno, una medida por lo menos llamativa si se tiene en cuenta que el caso se encuentra en proceso de casación.

Días más tarde, la coalición Unión por la Esperanza (UNES) lanzaba y apoyaba la fórmula Andrés Arauz-Correa de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2021. A continuación, el Grupo Puebla, espacio progresista de la región, celebraba la noticia.

En el medio, el espacio político de Rafael Correa, a sabiendas del frente judicial que se avecinaba, inscribía una segunda fórmula presidencial conformada por el mismo Andrés Arauz y como vicepresidente el comunicador Carlos Rabascall.

El elemento que hace dramático el futuro de Correa es que debe presentarse ante la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, sabiendo que pesa sobre él toda una batería de medidas judiciales, entre ellas una orden de prisión preventiva.

Un equipo de abogados, a estas horas, trabaja en una estrategia para evitar que la presentación de Correa como vicepresidente sea efectiva a pesar de que no concurra al Consejo Nacional Electoral. Entre las estrategias que manejan, figura la presentación de un poder firmado por Correa para que otra persona concurra en su lugar. En paralelo, el organismo electoral sostuvo que esa acción invalidaría la candidatura del ex presidente. Correa ya que tiene plazo hasta el 1ro de septiembre para formalizar el trámite.

Simultáneamente, el UNES ordena su estrategia electoral, y debe blindar a su candidato a presidente ante la avanzada liberal.

A principios del mes de julio, se conformaba el UNES como frente electoral donde confluyen los Movimientos Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, además de otras organizaciones. En esa línea, Andrés Arauz aparece como la carta de la renovación del arco progresista ecuatoriano. Se trata de un joven economista de 35 años conocido por todo el grupo de líderes progresista, que cuenta con el apoyo de Álvaro García Linera, Celso Amorín, y hasta de Bernie Sanders y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Arauz se autodefine como patriótico, demócrata y progresista, además de conocedor de la realidad ecuatoriana. Se muestra como un político conciliador, con un perfil menos confrontativo que otros líderes de la primera oleada de gobiernos populares de principios de siglo XXI.

Dentro de los problemas que apremian a la mayoría de los ecuatorianos, figura la abultada deuda externa contraída por el gobierno de Lenin Moreno. A esto último se le suma el impacto económico de la pandemia, donde el 80% de los ecuatorianos perdieron poder adquisitivo.

Pandemia, política y entrega de la soberanía
La preocupación de Arauz atraviesa a buena parte de la población ecuatoriana. En los últimos días, se formó la Veeduría Ciudadana de la Deuda Externa, órgano que intentará fiscalizar la deuda contraída por Lenin Moreno con los organismos multilaterales de crédito. En esa línea se analizará la deuda de los tenedores de privados de bonos soberanos y la contraída por el Fondo Monetario Internacional. Todo indicaría que el gobierno de Moreno endeudó al país bajo la excusa de la pesada herencia correista teniendo un amplio margen para realizarlo producto de encontrar en buen estado las arcas del tesoro ecuatoriano.

A la crisis de endeudamiento se le suma la catástrofe social, producto de la ejecución de una batería de recortes económicos, la reducción de la jornada laboral al 50% y la reducción de los salarios en un 45% promedio. La desregulación del mundo del trabajo también es una marca del período, con una escalada de despidos en el sector privado. Por otra parte, la educación sufrió un alto recorte poniendo en riesgo el dictado de clases, las becas y la intervención directa en la comunidad educativa.

Pero, como todo ajuste, implicó una reorientación y transferencia de ingresos, y así fue que durante la pandemia el gobierno de Moreno pagó 324 millones de dólares en concepto de intereses a acreedores internacionales. Si los autores europeos del estilo de Agamben o Zizek estaban preocupados por el recorte de las libertades en el viejo continente, producto de la pandemia, les recordamos que en el Ecuador fue la excusa perfecta para transferir recursos al sector externo y profundizar la dependencia y el empobrecimiento del pueblo.

Viejas recetas y misma realidad. Preguntas en laberintos
Alguna vez García Linera haciendo gala de su formación leninista, sostenía que en la lucha de clases las acciones del adversario no son las únicas que explican el resultado del conflicto, y que también son variables explicativas las propias acciones e inacciones.

En ese sentido, la confianza expresada hacia Lenin Moreno en la elección del 2017 no fue una buena decisión, obviamente esta reflexión surge al calor de los hechos consumados. Pero como la política es dinámica, la reversión de la historia siempre es posible.

Mucho se dijo sobre el poder de los monopolios de comunicación que inciden y terminan sedimentando los proyectos políticos emancipadores. En ese sentido, más de uno en algún momento sostuvo que el triunfo de la coalición conservadora de 2015 en Argentina se debía al accionar del grupo monopólico periodístico. Sin embargo, a la hora de explicar la derrota electoral del 2019, decidieron correr del análisis que seguía contando con el mismo apoyo mediático.

En este punto y retomando a Linera, éste señalaba que dentro de las fragilidades de la década empancipatoria se encontraba una serie de puntos entre los que figuraban el crecimiento y la estabilidad económica; el vice de Evo argumenta que la disposición de bienes sociales, es decir, su distribución, es lo que estructura la dinámica de la lucha de clases que se traduce en experiencias colectivas y adquiere correlato en el plano electoral.

De esta manera, una primera lectura que se podría realizar es que una elección la determinan las condiciones materiales de reproducción. Con lo cual, en el caso ecuatoriano, a pesar de que Moreno cuenta con el apoyo de los medios de comunicación y la superestructura jurídica, la realidad económica anunciaría el fin de ciclo de este capítulo liberal de la historia ecuatoriana.

Rodolfo Puiggros en su paso por México durante la década del 60 analizaba el devenir del proceso ecuatoriano, y quizás algunas de sus reflexiones puedan ser espejo del presente, no por aciertos de Puiggros, sino por las fortalezas de los grupos del poder que siguen teniendo injerencia en aquel país.

En épocas de gobiernos militares y la primera oleada de tecnócratas, Puiggros identificaba que la pobreza ecuatoriana estaba digitada por los empresarios norteamericanos y los planes hegemónicos de los Estados Unidos. Y cuando los gobiernos militares cumplían su función, es decir, dejar al Ecuador como una pieza domesticada para la libre empresa extranjera, se convocaba a elecciones. El nuevo gobierno emergente del proceso electoral deambulaba con las manos atadas, obligado a mendigar clemencia a los acreedores y aceptar las órdenes de la OEA, entre lo que figuran, renunciar a la solidaridad con los pueblos latinoamericanos y reprimir a las masas trabajadoras.

Ni el lector ni quien escribe querrá un desenlace así en el futuro ecuatoriano. Para eso habrá que derribar la estructura heredada por el morenismo, y parafraseando a Mariátegui, no copiar, no calcar y ser creadores. Por lo pronto, en términos tácticos, aguardamos la posibilidad de recuperar un aliado en el tablero latinoamericano, el cual se presenta complejo y difuso.