AReCIA exige protección para ejercer la libertad de prensa

25 de Febrero de 2019

Desde la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) repudiamos la represión y posterior detención durante 12 horas a los fotoperiodistas Bernardino Ávila del diario Página 12 y Juan Pablo Barrientos de Revista Cítrica, ocurrida el 20 de febrero pasado, mientras cubrían la manifestación pacífica de trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf (Ex–Donnelley) denominada “Cuadernazo”, frente al Congreso. En ella, las y los integrantes de la empresa recuperada se disponían a regalar cuadernos como forma de reclamar por una licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Nación, en la que habían sido adjudicados por tener el menor costo y luego retirados de manera irregular.

Es en este contexto, y al momento en que, por pedido de la Policía de la Ciudad, las y los manifestantes se disponían a liberar los carriles principales de la Av. Callao, fue cuando, sin mediar aviso, arreció la represión y Bernardino Ávila fue, en principio, señalado por un efectivo policial y, al ser detenido, brutalmente golpeado; al tiempo que Juan Pablo Barrientos logró registrar con su cámara esos hechos y luego también él fue golpeado y detenido junto con Roberto Torres, trabajador de MadyGraf, y Quimey Miguez, quien pasaba por allí y se solidarizó por la situación de violencia. Del mismo modo, AReCIA repudia el accionar de dicha Fuerza de Seguridad sobre el periodista Pablo Bruetman, también integrante de Revista Cítrica, que recibió una descarga de gas en los ojos, a menos de un metro de distancia, cuando quiso ayudar a su compañero Barrientos, y sobre Lucas Martínez, periodista integrante de El Destape, a quien un efectivo policial le quebró su muñeca derecha al asestarle un bastonazo en el teléfono con el que filmaba la golpiza a Bernardino Ávila.

Cabe destacar que ambos fotoperiodistas, además de ser reconocidos trabajadores con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, fueron autores de las imágenes emblemáticas que captaron la -otra- salvaje represión en el “Feriazo” de Plaza Constitución, organizado por la Unión de Trabajadores de Tierra, el pasado 15 de febrero, y quienes, por ello mismo, con fotografías que recorrieron el mundo tras su viralización, dejaron al descubierto el accionar de la Policía de la Ciudad y la administración de Horacio Rodríguez Larreta que impidieron la comercialización a precios económicos de verduras y frutas.

En una metodología que se repite con idénticas señales por parte de las Fuerzas de Seguridad y del poder político que las dirige, es posible ver un modelo instalado de represión y criminalización de la protesta social en general y al trabajo de la prensa en particular por parte de las administraciones macristas. Así sucedió el 1° de septiembre del 2017, al término de la masiva movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, cuando fueron detenidos el reportero gráfico Daniel Lara y dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone; también en las jornadas de diciembre del 2017 en las que se trató en el Congreso de la Nación la Reforma Jubilatoria, y donde fueron reprimidos los reporteros gráficos Leandro Teysseire (Página/12), Germán García Andrasti (Clarín), Federico Hauscarriaga (Red Nacional de Medios Alternativos), Pablo Cuarterolo y Marcelo Silvestro (Perfil), además de haber sido heridos el camarógrafo de C5N Guido Rodríguez y el fotógrafo Pablo Piovano, y Estefanía Cámera Da Boa Morte, de Mundo Villa, detenida por la Gendarmería nacional cuando cubría la represión; mientras que el día 18 de diciembre fueros heridos y con lesiones graves Agustín Gulman (Big Bang News), Suyai Serrano (Télam), Adrián Pérez, Gonzalo Martínez, Leandro Teysseire y Bernardino Ávila (Página/12), Juan Pablo Barrientos (Revista Cítrica), Lucas Molinari (Radio Gráfica), Silvina Rouvier (La García), Ignacio Petunchi (Ámbito Financiero), Sebastián Hacher (Cosecha Roja), Ayelén Rodríguez (Marcha Noticias), Bárbara Leiva (Notas), Julio Rodríguez (Radio 10) y Mariano Pacheco (La luna con gatillo/Resumen Latinoamericano); además de las detenciones a Diego Murrone, Francisco Scarzella, Lorena Sfreir, Lula Lillo (FM La Patriada) y a Gustavo Figueredo (Diario Popular). Asimismo, es preciso recordar que en mayo del 2018 Roque Azcurraire, fotógrafo de La Garganta Poderosa, fue detenido cuando intentaba filmar una represión de Prefectura en la villa 21 en Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, y que durante las protestas en el Congreso por la Ley de Presupuesto 2019 fueron detenidos de forma arbitraria Nacho Levy, Francisco Pandolfi, Matías Zamudio y Lucas Zunino, también integrantes de La Garganta.

En este sentido, frente a un modelo de represión a la protesta social y a trabajadoras y trabajadores de prensa que se mantiene intacto en el tiempo, que promete seguir su curso en un año de alta conflictividad social debido al contexto económico adverso, profundizado por las políticas recesivas del Gobierno Nacional, y que tuvo en la represión y detención de Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos una muestra de lo que nos espera en este 2019 a quienes pretendemos hacer periodismo comprometido con la verdad; al día siguiente de la represión y detención arbitraria de ambos fotoperiodistas, AReCIA presentó una acción de hábeas corpus colectivo en la Cámara Nacional de Apelaciones a través de su presidente Sergio Ciancaglini, junto con Fernando ’Tato’ Dondero, secretario general de SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), y Claudia Acuña de Periodistas Argentinas, patrocinados por Verónica Heredia, abogada especialista en derechos humanos. Tramitado a través del Expediente N° CCC 12308/2019, se solicitó en el hábeas corpus colectivo, además de un pedido de informe, realizar una audiencia con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno Diego Santilli, prevista por el art. 14 de la Ley 23.098. Del mismo modo, se requirió que las autoridades públicas denunciadas se “abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los trabajadores de prensa” que ejercen su profesión, en particular, en contextos de protestas sociales “contra decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires”.

De esta manera, desde AReCIA nos solidarizamos con los colegas reprimidos y detenidos, y exigimos protección por parte del Estado para que podamos ejercer nuestro trabajo con la libertad que requiere; entendiendo que tanto las manifestaciones públicas, la libertad ambulatoria y la comunicación de los hechos sin que medie violencia de ningún tipo son derechos que debe garantizar el Estado. Por ello, finalmente, desde AReCIA sostenemos que al peligrar la libertad de expresión, la democracia se pone en duda.

(Foto portada: Viojf)