Conversaciones con la compañera María Ester Mamaní

9 de Septiembre de 2015

Por Santiago Alonso

La Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, tiene uno de los paisajes más preciosos del mundo, y se encuentra en la provincia de Jujuy. Además de su belleza natural posee una gran cultura, que se ha transmitido a través de las comunidades indígenas locales: el Pueblo Colla. Lengua, música, tejidos, ceremonias, leyendas, comidas, la hoja de coca, las coplas, formas de cultivo, y otros, conforman un entramado cultural fortísimo en el norte profundo de nuestro país.

En términos políticos, se torna imposible no mencionar el trabajo social y político que está desarrollado la Organización Barrial Tupac Amaru. La Tupac, como la llaman sus integrantes, nació en 1999, en medio de una crisis política local y una desocupación provincial del 17%, por la decisión de sus fundadores, Milagro Sala, en aquella época secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y Fernando Acosta (secretario general del mismo espacio), de meterse hasta el cuello a trabajar en los barrios para dar vuelta la apremiante realidad social que atravesaba su comunidad.

La capacidad y organización de la organización es sorprendente, y son una prueba fehaciente de que “mejor que decir es hacer”: construyeron 8000 viviendas; el Centro Médico Integral de Rehabilitación; 23 polideportivos; fábricas cooperativas textiles, bloqueras de muebles, y metalúrgicas; instituciones educativas que van del nivel inicial al terciario; un centro de salud con cuatro ambulancias; un centro cultural; la radio Pachamama y un canal de TV abierta digital; copas de leche; y otros. Además, se han expandido a quince provincias, donde su labor siempre se realiza con un sentido comunitario, solidario, cooperativo, porque son concientes de que únicamente de ese modo se logrará la liberación definitiva de la patria.

Diálogos
- Contanos sobre vos, María.
- Soy María Ester Mamaní, de Maimará (Jujuy), y pertenezco a la comunidad aborigen Maimará. Me inicié en la actividad social de base comunitaria indígena. Me recibí de maestra de grado. En una de las materias que teníamos para rendir tuvimos que preparar una monografía y hablar sobre la población indígena del Norte. Entonces, investigando, comenzamos a profundizar lo que es la historia de las comunidades, sus derechos, que, en ese momento, no eran conocidos, y era muy difícil decir que pertenecíamos a una comunidad aborigen porque éramos discriminados. A las comunidades, todavía, en la provincia, no las reconocía el Estado.

En 1997 las comenzaron a reconocer, con personería jurídica y una serie de reglamentaciones. Y muchas de las comunidades se han organizado con base estatutaria de organismos que no tenían que ver con la esencia de las comunidades. Actualmente, las comunidades que se presentan para solicitar su personería jurídica pueden tener un estatuto que sea de base comunitaria, muy propia de cómo vive la comunidad. Las primeras personerías que se entregaron, por ejemplo, nos daban un modelo de estatuto que era similar a un centro vecinal. Las autoridades eran presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Pero la esencia de una comunidad es comunero, comunero suplente; en otras comunidades hay caciques.



Fue una lucha muy particular que tuvimos en ese momento las comunidades, que dijimos bueno, lo importante es que nos den la personería jurídica y, después, la luchamos para que nos cambien ese estatuto. Y, ahora, ya las comunidades que se presentan solicitando una personería jurídica la hacen de acuerdo a la asamblea, a lo que decide el consejo de ancianos, el consejo de jóvenes.

En toda esta región las comunidades están definidas como Pueblo Colla. Hay algunas que están como Pueblo Guaraní, como Pueblo Atacama, Omaguaca. Y empezamos a luchar de adentro, a hablar con las comunidades, a recorrer las distintas comunidades que estaban en conflictos territoriales. Hasta que también, a nivel nacional, se reconoce al Consejo de Participación Indígena (CPI, creado en 2004 en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI-, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación).

El INAI comienza a hacer asambleas por pueblo y en estas asambleas se eligen sus representantes. En el Pueblo Colla hicimos una asamblea en Abrapampa, y estábamos reunidos alrededor de doscientas comunidades collas y elegimos dos representantes. Estaba presente el INAI, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Comunidades, como legalizando esa elección. Y bueno, ahí fui elegida como CPI. Nuestro rol era ser nexo entre las comunidades y el Estado Nacional y Provincial. Una linda tarea (risas).

- ¿Y cómo les fue?
- Nos fue bien. Recorrimos casi todas las comunidades viendo sus necesidades, que, luego, las transmitíamos a los distintos ministerios. Logramos que se trabaje muy fuerte con respecto a la restitución de los territorios a las comunidades.

- Los territorios son comunales, ¿no?
- Sí. Y ese cargo tiene una duración de dos años. Cumplimos los dos años y se vuelve a juntar de nuevo a todas las comunidades collas y elegimos otra vez. Y fui reelegida. En el último año de esta reelección fue cuando conocí a Milagro (Sala). Porque ella estaba buscando un referente fuerte en el norte de Jujuy. Y ahí me convocó. Hace cuatro años, más o menos. Mi función fue trabajar como secretaria de la comunidad.



Milagro trabaja más con lo que son las organizaciones sociales, las copas de leche y las cooperativas de trabajo que hacen viviendas. Nosotros teníamos una función distinta, nuestra lucha era que el gobierno restituya los territorios, que respete a las comunidades donde se quería hacer minería a cielo abierto, que se logre la consulta libre, previa e informada. Y Milagro, también, tiene su convicción colla, indígena. Y cuando logramos sentarnos a hablar ha sido muy duro porque yo, en ese momento, era representante del CPI y me debía a las comunidades.

Entonces, yo hice una asamblea y pregunté a toda la asamblea si era conveniente que me pudiera reunir con Milagro. Las comunidades me dijeron que sí, la mayoría, otras no. Y me reuní con ella y le planteé las luchas que veníamos teniendo, pudo solucionar algunas cosas y empezamos a trabajar juntas. Porque sentíamos de que con Milagro y en la Organización Tupac Amaru encontramos muchas similitudes. Después, cuando la organización decide trabajar como partido también decidimos ser parte. Y ahí Milagro me propone en la lista para diputada provincial.

- Eso fue en el 2013.
- Claro. Y bueno, logramos que el partido Unidos y Organizados (se refiere al Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular –FuyO-), de todos los diputados que se propuso, cuatro podamos entrar en la lista, y también en la legislatura. Milagro, Germán Noro, Emilio Callo y yo. Yo, más que nada, llevando la bandera de las comunidades, como pueblo originario colla.

- ¿Cómo fue tu participación en la Legislatura jujeña, cómo te fue con los proyectos que presentaste y cuáles se lograron sancionar?
- Hemos preparado uno que es sobre el ministerio de los Pueblos Originarios. Porque, en la provincia de Jujuy, nosotros calculamos que más del 60% es de población indígena. Entonces, entendemos que tiene que tener su ministerio, su representatividad en la provincia. Y lo planteamos en el seno del partido y decidimos, entre todos, que la autora sea Milagro.

Después, el otro proyecto es que en la Legislatura debe haber una comisión de pueblos originarios. Porque sentimos que tiene que haber una presencia indígena en la legislatura. Y, también, preparamos un proyecto sobre la consulta libre, previa e informada, porque sentimos que en la provincia, habiendo tantas comunidades y tantas problemáticas en los últimos tiempos, el gobierno debería hacer la consulta a las comunidades antes de ejecutar alguna cuestión que tenga que ver con ellas.

- ¿Y cómo les fue?
- Nosotros sabíamos que, al ser cuatro, no todo nos iba a ir bien. Porque la mayoría lo tiene el bloque Justicialista. Los proyectos han sido tratados, han ingresado a la Legislatura, estuvieron en el orden del día y pasaron a las comisiones a las que corresponden. Esperamos que se logre el consenso y que la mayoría de los diputados que están integrando la comisión puedan verlos. Sabemos que es una cuestión muy fuerte, no nos van a dar tampoco, así fácilmente, la posibilidad de marcar una presencia dentro del Gobierno como pueblos originarios.



- ¿Qué opinás sobre el juicio a José Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma?
- Desde la Organización, tanto de la Tupac Amaru como del partido mismo, todo el proceso que estuvo en juicio tuvo un acompañamiento muy fuerte. Nosotros sentimos que eso se tiene que terminar, que se haga justicia. Porque hay muchos compañeros y familiares de desaparecidos que están esperando.

- ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de la educación?
- Mejoró bastante, en el sentido de que nosotros, en otros gobiernos, hablamos de tener un complejo de educación indígena, porque sabemos que hay muchos hablantes quechuas, guaraníes, tilián también, y sentíamos que tenía que haber una presencia fuerte en las escuelas de docentes indígenas. Ha sido una lucha muy de muchos años que nunca se escuchó. Pero en este Gobierno sí.

Porque desde el INAI, por ejemplo, se pudo lograr que se conforme el CEAPI (Concejo Educativo Autónomo de Pueblo Indígenas), conformado por dirigentes de los distintos pueblos. En Jujuy, por ejemplo, se logró de que, dentro del ministerio, haya una modalidad que trate el tema de multiculturalidad, con docentes que están dando clase tanto en idioma guaraní como quechua. Creo que es un avance importante, que ayuda a que la lengua materna indígena no se pierda, como hasta ahora se estaba perdiendo.

Con las becas también se avanzó. Desde el INAI, con las luchas de las comunidades, los indígenas que están en el secundario pueden tener una beca y seguir estudiando o que tengan una beca universitaria, también. Esto, antes, no existía, para que estudien alumnos indígenas.

- ¿Y la cuestión laboral?
- Siento de que cada comunidad es distinta y, por lo tanto, su necesidad es distinta también. Hay algunos que optan por cultivar, por fortalecer sus comunidades, sea en la agricultura o la artesanía. La preparación profesional pocos la tienen. Nosotros luchamos porque se reconozca la formación natural. Por ejemplo, en los proyectos que nos pedía el INAI nos pedían técnicos que sean matriculados, que tengan su título y nosotros dijimos: ¿por qué? Si también hay integrantes de comunidades que han aprendido de la forma natural, no tienen un título pero saben, capaz, igual que los que tienen título; un poquitito más porque están en la comunidad. Y ese fue un paso que se dio desde la Comunidad Maimará.

- ¿Y cómo ves la cuestión cultural?
- La cuestión cultural, así, en grandes rasgos, podría decir que, tanto en el norte de la provincia como en lo que es el ramal jujeño, las comunidades siguen manteniendo la cuestión cultural en todos los ámbitos. En lo espiritual, una ceremonia muy fuerte es ahora en agosto, por ejemplo, es la ceremonia del Inti Raymi, la Pachamama, que antes la hacíamos los pueblos que la sabíamos hacer y la Iglesia nos prohibía hacerla. Y nosotros seguíamos practicándola y, ahora, todos la practican, hasta la misma Iglesia la practica. Y, entonces, ya no podemos decir: esto se está perdiendo, o: hay que recuperarlo. Ya está recuperado y lo practican.

- ¿Qué opinás sobre los candidatos para las elecciones de este año?
- Siento de que este Gobierno, que comenzó con Néstor (Kirchner) nos abrió muchas puertas a nosotros, como pueblos originarios. Porque nunca antes habíamos llegado, por ejemplo, a la casa rosada. Estuvo el malón de la paz, que Perón nos recibió, y después hay una historia oscura ahí. Después, hubo otros momentos muy esporádicos de presencia indígena en el gobierno. Pero sentimos que este gobierno ha sido el que abrió un poco más la cancha para nosotros.

Por ejemplo, con la aprobación de la 26.160 (Ley de emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, sancionada el 1 de noviembre de 2006), donde se hace el relevamiento territorial en cada provincia. Y cada comunidad, ahora, tiene su carpeta con su relevamiento aprobado, que es una herramienta para poder litigar en caso de que alguien quiera usurpar o desalojarnos. Eso es un paso bastante grande para las comunidades.

También, el reconocimiento con respecto a las personerías jurídicas. Se empezó a entablar un diálogo más directo con las comunidades y a mejorar ese campo que, en realidad, se sentía que, por ahí, estaba muy cerrado, que solamente se alcanzaba si tenías la aprobación de algún político que pudiera avanzar con tu personería, ahora no es así.

Siento que, como pueblo, nosotros estamos apoyando y vamos a apoyar a este gobierno nacional y popular que nos ha contenido, y que no ha hecho, como dice la constitución de la provincia, que hay que proteger a la población indígena. Nosotros dijimos siempre que había que cambiar esa palabra, porque no somos animales, no somos plantas para que nos protejan, somos seres humanos, somos personas. Y necesitamos que reconozcan la preexistencia de las comunidades. Y este gobierno ha sido el que ha abierto esto y nos ha dado la esperanza de luchar para que seamos reconocidos.

Litio
En el salar Olaroz, departamento de Susques, está funcionando el primer proyecto minero del sector, llamado Sales de Jujuy, que pertenece a los grupos Orocobre LTD, Toyota Tsusho y Jujuy Energía, y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Esta última empresa, que posee el 8,5 % de Sales de Jujuy, se constituyó a partir de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), cuyo objetivo es garantizar el trabajo conjunto de las empresas privadas, los gobiernos provinciales y las comunidades indígenas.

Se estima que la mina dará una producción anual de 17.500 toneladas de carbonato de litio y 20.000 toneladas de cloruro de potasio. Los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio, junto a otros legisladores del FpV, elaboraron un proyecto de ley, que ya tiene estado parlamentario, para garantizar la soberanía sobre el litio, y que su uso tenga como fin el desarrollo científico, social y económico en beneficio de los 40 millones de argentinos. Su sanción sería un avance en la batalla de la democracia contra leyes de la dictadura y el neoliberalismo, en este caso en relación al actual Código Minero, y el proyecto, además, incluye en su texto a los pueblos originarios.