“Es un conflicto social, político y cultural”

27 de Febrero de 2017

Por Kranear. Foto: Mariano Abrevaya Dios.

El inicio del ciclo lectivo no suele estar ajeno de conflicto. En los últimos años, las tensiones entre los gremios docentes y el Estado nacional y los gobiernos provinciales, en el marco de las negociaciones paritarias, llevaron a que muchas veces las clases no iniciaran en los tiempos previstos.

Sin embargo, el ciclo lectivo 2017 se encuentra comprometido por una serie de circunstancias inéditas. Por un lado, la cartera nacional de Educación no convocó a una paritaria docente federal. Es decir, que el Ministerio de Educación de la Nación anuló la instancia de acuerdo a nivel nacional del piso salarial docente que debiera regir en todo el país. La segunda, con la puja salarial en la provincia de Buenos Aires –el subsistema educativo más grande de todo el país- que se encuentra estancada ante el aparentemente inamovible 18 % de aumento ofrecido por la gobernadora Vidal, y avalado por el presidente de la Nación Mauricio Macri, que resulta irrisorio para la gremial docente. Finalmente, el actual conflicto salarial se inscribe en una escalada de tensión que vive el ámbito educativo, a raíz del la decisión del Gobierno nacional de cerrar numerosos programas y despedir cientos de trabajadores. Quizás el punto más álgido de esas medidas fue a finales de diciembre del año pasado, con la toma de la cartera nacional ante la falta de respuestas de las autoridades y la intervención inusitada de las Fuerzas de Federales de Seguridad.

En este contexto, y en el marco de un relevamiento por falta de vacantes que el Frente para la Victoria (FPV) de la comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires realizó en la Villa 20, en Lugano, entrevistamos a Francisco “Tito” Nenna, miembro de Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), ex legislador porteño por el FPV y ex titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio docente que más trabajadores nuclea en la CABA.

“Hoy lo que no se está cumpliendo no es la paritaria nacional. La paritaria parte del articulado de la Ley de Financiamiento Educativo, que nos permitió subir del 3% de inversión en Educación al 6,7%. La diferencia con otros momentos, es que una cosa es la discusión y tensión lógica que se presenta entre los trabajadores y la patronal; pero otra cosa que es desaparezca uno de esos actores. Y hoy hay una desaparición del Ministerio de Educación Nacional. Con esto lo que están planteando las autoridades es que el ministerio vuelva a ser una cartera sin responsabilidad en materia de financiamiento en el plano nacional. Nos quieren nuevamente llevar a la destrucción que nos llevaron en los 90, en donde se discutían los sistemas educativos provincia por provincia, en donde teníamos 24 sistemas educativos desconectados y desiguales donde, por ejemplo las provincias pobres que no llegaban a cubrir los días de clase”.

Muchas de las consecuencias de la descentralización educativa de la década de los 90 se mantienen hasta hoy. La lógica de desconcentración de la administración de la Educación, motorizada más por necesidades fiscales del Estado Nacional que por objetivos pedagógicos, implicó la transferencia de las escuelas a manos de las provincias, sin los recursos necesarios para solventar estas nuevas responsabilidades. Como consecuencia, se produjo la fragmentación del sistema educativo federal en tantos subsistemas como provincias.

En este sentido, la desigualdad más evidente se materializó en el financiamiento educativo provincial: cada provincia es responsable por la administración del sistema educativo. Ello incluye el pago de los salarios docentes, que ocupan en todos los casos el porcentaje más alto de los presupuestos educativos provinciales. En conclusión, la diferencia de recursos entre las provincias conlleva no sólo a que los trabajadores docentes perciban salarios diferenciados de acuerdo al lugar donde ejerzan su tarea, sino que los recursos propios de las provincias destinados a la implementación de políticas educativas, equipamiento o construcción de escuelas, entre otros, sea profundamente desigual.

El profundo avance que representó la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) en 2005, ratificada luego por la Ley de Educación Nacional (LEN) en 2006, fue la intervención del Ministerio de Educación de la Nación en el financiamiento de la Educación, intentando salvar el complejo mosaico educativo que había dejado la reforma de los años 90. A partir de los acuerdos impuestos por ley, se logró el tan mentado aumento de la participación de la inversión educativa en el PBI, que logró un porcentaje histórico de más del 6%.

Específicamente en materia salarial docente, el corolario de la aplicación de la LFE fue la creación de una instancia federal vinculante, en la que el Ministerio Nacional, junto con el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes, acordaran marcos generales a partir de los que se fijen las condiciones laborales, el salario mínimo y la carrea docente en todo el país (Art. 10). La decisión unilateral de las autoridades de la cartera de Educación de no convocar tal instancia prevista por ley, implica entonces un profundo retroceso en materia de financiamiento educativo.

El principal riesgo de tal acción es profundizar las desigualdades del sistema y agudizar la fragmentación educativa a nivel nacional. Es por ello que Nenna advirtió: "La diferencia esencial [respecto a los conflictos del sector educativo de años anteriores] es que no es un conflicto salarial. Es un conflicto que habla de la Educación como proyecto político, en tanto derecho social, tal como está planteado en la Ley Nacional de Educación. Y tal como está ratificado en los acuerdos a los que se arribó en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Es un conflicto social, político y cultural, que no lo tenemos que tomar solamente los docentes, sino la sociedad en su conjunto. Por eso la necesidad de trabajar en los barrios, de armar discusiones con los papás para que podamos llegar con estas cuestiones que, por supuesto, desde los medios de comunicación tapan absolutamente y quieren reducirlo a una cuestión salarial. No es así”.

A esta escalada en el conflicto educativo, se sumó en los últimos días una virulenta campaña de desprestigio de los trabajadores docentes, orquestada desde los Calls Centers que trabajan para la Alianza Cambiemos. Ante el paro convocado por la gremial docente, se impulsó un supuesto “voluntariado” espontáneo de ciudadanos preocupados por la falta de inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, y en apoyo a la gobernadora Vidal. Rápidamente la trama mediática fue desarticulada y se desnudó la participación de dirigentes del gobierno –tanto nacional como bonaerense- en la ofensiva contra los maestros.

Sin embargo, resulta al menos preocupante la legitimación de ciertos discursos sociales, que se montan sobre viejos estereotipos, y que tienden a vulgarizar el trabajo docente e invisibilizar la actual problemática educativa. Ante el enraizamiento de estos discursos en parte de la comunidad, y a la necesidad de expandir el conflicto educativo más allá de las fronteras del reclamo salarial, Nenna afirmó que “Nosotros estamos dispuestos, desde la CTERA, la UTE y la CTA, a salir por los barrios, a armar reuniones con las cooperadoras, con los padres que están luchando por el tema de las vacantes. Es desde ahí que esos sectores tienen que ser protagonistas. Porque si no, nuevamente, nos van a ganar en esta cuestión que no separan. Hoy no nos tienen que separar. Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos en función de un proyecto político y en función de la necesidad de organización popular a través de los conflictos que hoy están surgiendo, no solamente del docente, sino de todos los trabajadores, con los despidos, con el cierre de fábricas. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra responsabilidad política como militantes políticos. Porque nosotros no somos militantes gremiales, somos militantes políticos. Y lo que se está discutiendo es política, política de Estado".